STC11301-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11301-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02981-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Oliva L\u00f3pez de Vargas contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa misma ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y defensa de su representada, que dijo vulnerados por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, declarar la nulidad: <\/p>\n
i). A partir del auto del 7 de diciembre de 2018, mediante el cual la Juez a quo neg\u00f3 la solicitud de suspensi\u00f3n del proceso ejecutivo. <\/p>\n
ii). A partir de la sentencia del 23 de abril de 2019 proferida en primera instancia por la Juez Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga\u2026 <\/p>\n
iii). A partir del 15 de febrero de 2021, fecha en la que el entonces apoderado especial de la demandada\u2026 solicit\u00f3 al magistrado sustanciador que se apartara del conocimiento del caso por haber dejado vencer sin justificaci\u00f3n el t\u00e9rmino establecido en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
iv). \u2026de la sentencia del 23 de febrero de 2021, mediante el cual\u2026 el Tribunal\u2026 revoc\u00f3 el resolutivo primero y modific\u00f3 el resolutivo tercero de la sentencia proferida\u2026 <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Comunicaciones Celular S.A. -COMCEL S.A. inco\u00f3 juicio ejecutivo mixto contra Hispana Comunicaciones Ltda., Sandra Janeth Olarte Mateus y Oliva L\u00f3pez de Vargas, exigiendo la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n contenida en un pagar\u00e9, asunto cuyo conocimiento le fue asignado al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga, que el 28 de abril de 2014 libr\u00f3 mandamiento de pago; luego, el 7 de diciembre de 2018 neg\u00f3 la petici\u00f3n de suspensi\u00f3n del proceso por prejudicialidad; y, surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 23 de abril siguiente, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n formulada por la accionante, denominada \u00abfalta de requisitos de validez del t\u00edtulo valor\u00bb, limitando la obligaci\u00f3n en contra de la Oliva L\u00f3pez a la suma de $28.335.000; determinaci\u00f3n recurrida en apelaci\u00f3n por ambas partes. <\/p>\n
2.2. Refiri\u00f3 la gestora que el 22 de septiembre de 2020 el Tribunal adelant\u00f3 la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo, empero, una de las togadas ten\u00eda ausencia justificada, y la Sala Dual no tuvo consenso, raz\u00f3n por la que el 20 de octubre siguiente, en audiencia \u00abya con la presencia de los tres integrantes de la Sala y habiendo o\u00eddo las alegaciones de las partes\u00bb, se derrot\u00f3 la ponencia del Magistrado inicial, pasando al siguiente en turno, proyecto que, en sentir de la quejosa, estaba destinada a \u00abrevocar el resolutivo primero del fallo impugnado y en su lugar declarar impr\u00f3spera o no probada la excepci\u00f3n denominada \u201cfalta de requisitos de validez del t\u00edtulo valor\u201d junto con todas las dem\u00e1s excepciones\u00bb. <\/p>\n
2.3. Anot\u00f3 que el expediente s\u00f3lo paso al despacho de la magistrada siguiente en turno hasta el 15 de enero de 2021; que la Sala se \u00abreconform\u00f3\u00bb el 1\u00b0 de febrero siguiente, pues dicha togada renunci\u00f3 al cargo por jubilaci\u00f3n y, la otra magistrada est\u00e1 disfrutando \u00abdel a\u00f1o sab\u00e1tico que le fue concedido\u00bb, raz\u00f3n por la que el d\u00eda 8 del mismo mes y a\u00f1o, el togado nombrado en reemplazo, devolvi\u00f3 el expediente \u00abal magistrado ponente inicial\u00bb, pues la Sala se recompuso, por lo que era necesario atender nuevamente la audiencia prevista en el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso; determinaci\u00f3n que, en sentir de la tutelante, no era viable, pues lo pertinente \u00abera redactar el fallo en concordancia con lo decidido por la Sala el 20 de octubre de 2020 y convocar a audiencia para noticiarlo a las partes\u00bb. <\/p>\n
2.4. El 23 de febrero de 2021 el ponente inicial, preliminarmente neg\u00f3 la nulidad por p\u00e9rdida de competencia contemplada en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, al considerar que la misma fue saneada ante el actuar silente de la actora; determinaci\u00f3n que cobr\u00f3 ejecutoria sin ning\u00fan reparo. <\/p>\n
Luego, tras recepcionar nuevamente las alegaciones decidi\u00f3 \u00abrevocar el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia materia de impugnaci\u00f3n\u2026 y, en su lugar, declara no probada la excepci\u00f3n de falta de requisitos de validez del t\u00edtulo valor, propuesta por la ejecutada Oliva L\u00f3pez de Vargas\u00bb, modificando \u00abel numeral tercero de la secci\u00f3n decisoria de dicha providencia, en el sentido de que la ejecuci\u00f3n prosigue contra todas las partes demandadas conforme se dispuso por la Juez de primer grado en el mandamiento de pago del 28 de abril de 2014\u00bb. <\/p>\n
2.5. Por v\u00eda de tutela se duele la quejosa, en s\u00edntesis, de las decisiones referidas a espacio, pues, deduce, la Sala contravino lo dispuesto en el Acuerdo n\u00b0 PCSJA17-10715 de 25 de julio de 2017, habida cuenta de que en Sala de 20 de octubre de 2020 \u00abhubo posici\u00f3n mayoritaria contraria a [la] ponencia y, en consecuencia, deb\u00eda [el ponente inicial] circunscribirse a consignar su salvamento de voto\u00bb, que no a dictar nuevamente fallo, tras indicar que la Sala se \u00abrecompuso\u00bb; sumado a que, en su sentir, al derrotarse la ponencia, \u00abaqu\u00e9l perdi\u00f3 competencia\u00bb, por lo que lo \u00fanico procedente era que el magistrado siguiente en turno procediera a \u00abproferir fallo\u2026 con ratio decidendi\u2026 en sentido contrario\u00bb, esto es, a su favor; que tal situaci\u00f3n la estudi\u00f3 la Corte Constitucional con un fallo emitido en un asunto similar al ac\u00e1 auscultado (T-1087\/03). <\/p>\n
2.6. Manifest\u00f3 que el despacho accionado err\u00f3 al no remitir el expediente al magistrado siguiente en turno, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, pues \u00abneg\u00f3 la petici\u00f3n como si fuese un planteamiento de nulidad\u00bb, cuando lo pretendido era la p\u00e9rdida de competencia, lo que, a su parecer, \u00abno depende de que se declare la nulidad, dicho en otras palabras: es saneable la nulidad pero el saneamiento no prorroga la competencia, que se pierde irremediablemente, s\u00f3lo que la p\u00e9rdida no es autom\u00e1tica, sino que requiere solicitud previa de parte\u00bb. <\/p>\n
2.7. Asever\u00f3 que el 7 de diciembre de 2018 el Juzgado de conocimiento neg\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso por prejudicialidad, por \u00abprematura la solicitud, aduciendo que se hallaba en estado de proferir sentencia de primera instancia, y no de segunda (o de \u00fanica), seg\u00fan la previsi\u00f3n del art\u00edculo 162 del C. G. del P. De modo que la solicitud de suspensi\u00f3n qued\u00f3 aplazada para que sobre ella resolviese en segunda instancia el magistrado sustanciador… Sin embargo, la regla procedimental aplicable era el art\u00edculo 171 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que permit\u00eda decretar la suspensi\u00f3n sin importar la instancia y contemplaba la posibilidad de apelar su denegaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.8. Anot\u00f3 que el fallo emitido por el Juzgador de primera instancia contiene defectos f\u00e1cticos y procedimentales, pues las excepciones que se declararon impr\u00f3speras no fueron debidamente atendidas conforme el caudal probatorio; entre ellos, que el t\u00edtulo valor estaba incompleto, porque \u00abtrat\u00e1ndose de una ejecuci\u00f3n mixta y del recaudo de un pagar\u00e9 entregados con espacios en blanco, deb\u00eda aportarse desde el principio \u201ccopia de \u00e9ste contrato y la certificaci\u00f3n del saldo insoluto firmada por el Revisor Fiscal de COMCEL sobre la existencia de la obligaci\u00f3n, monto y exigibilidad\u00bb; que \u00abde las diez (10) excepciones de m\u00e9rito propuestas en [su] defensa\u2026, la mitad de ellas no fueron examinadas, respondidas ni resueltas\u00bb, sumado a que, de oficio, debi\u00f3 declarar probadas las excepciones de \u00abrevocaci\u00f3n o extinci\u00f3n del pagar\u00e9 y\/o de falta de causa del pagar\u00e9\u00bb. <\/p>\n
2.9. Destac\u00f3 que el fallo del Tribunal contiene una indebida valoraci\u00f3n probatoria; que no le \u00abimpor[t\u00f3] el requisito convenido para la certificaci\u00f3n de la revisor\u00eda fiscal en el sentido de especificar la exigibilidad de la obligaci\u00f3n, adem\u00e1s de su existencia y \u201cmonto\u201d\u00bb; que afirm\u00f3 que ninguna de las ejecutadas desconoci\u00f3 la existencia de la deuda, empero, olvid\u00f3 que ella \u00abno es deudora de nada, en absoluto, sino garante hipotecaria de las obligaciones contractuales de Hispana Comunicaciones Ltda., bajo el umbral de 50 SMMLV, y olvida tambi\u00e9n que la \u201cdeuda\u201d no es m\u00e1s que un n\u00famero fijado abusiva y unilateralmente por Comcel S.A., violentando, adem\u00e1s, las condiciones estipuladas\u00bb. <\/p>\n
2.10 Indic\u00f3 que respecto de las excepciones en la \u00abprimera\u2026 aleg\u00f3 la inoponibilidad absoluta de los negocios jur\u00eddicos (los tres contratos de distribuci\u00f3n y los tres pagar\u00e9s en blanco) por exceder los t\u00e9rminos de las facultades estatutarias de la representante de HISPANA COMUNICACIONES LTDA.; en la segunda\u2026 falta de claridad por ignorarse el origen causal de la obligaci\u00f3n reclamada; en la tercera\u2026 el incumplimiento del tr\u00e1mite y las condiciones estipulados para la determinaci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de obligaciones; en la cuarta objet\u00f3 la certificaci\u00f3n de la revisor\u00eda fiscal de COMCEL S. A.,\u2026; en la sexta\u2026 el incumplimiento por parte de COMCEL S. A. del tr\u00e1mite y los requisitos estipulados en la cl\u00e1usula 17.5 para efectos de \u201cdeterminar las obligaciones rec\u00edprocas\u201d y se dej\u00f3 en evidencia la falta del acta de liquidaci\u00f3n; en la s\u00e9ptima\u2026 que la obligaci\u00f3n reclamada \u201cno se encuentra garantizada por la hipoteca\u201d; en la octava se invoc\u00f3 la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 2455 del C\u00f3digo Civil y se plante\u00f3 la ineficacia de la hipoteca; en la novena se aleg\u00f3 la nulidad de la hipoteca por vicios del consentimiento; en fin. \u00a1Y el fallo reprocha y levanta como indicio en contra que \u201cen ninguna de ellas la demandada OLIVA L\u00d3PEZ DE VARGAS desconoce la existencia de la deuda que reclama COMCEL ni su cuant\u00eda!\u00bb; adem\u00e1s, que el ad quem cometi\u00f3 los mismos errores del Juzgado. <\/p>\n
2.11. Refiri\u00f3 que el Tribunal no invoc\u00f3 ninguna norma sustancial en su fallo; que no pod\u00eda exig\u00edrsele que deb\u00eda informar el l\u00edmite de la negociaci\u00f3n de la representante legal de la sociedad, toda vez que \u00abese l\u00edmite obra visible en los estatutos y en el certificado del registro p\u00fablico expedido por la C\u00e1mara de Comercio, documentos que fueron minuciosamente examinados por el \u00e1rea jur\u00eddica de la poderosa multinacional\u00bb; que la hipoteca fue abierta y sin l\u00edmite de cuant\u00eda, porque \u00ablos tres contratos de distribuci\u00f3n, la minuta de la hipoteca referida fue redactada, extendida e impuesta por los abogados de COMCEL S. A., sin posibilidad ninguna de modificar una sola palabra, de modo que\u2026 no pod\u00eda a\u00f1adir ni se\u00f1alar nada y la otorg\u00f3 en el entendido de que los negocios entre COMCEL S. A. e HISPANA COMUNICACIONES LTDA se celebrar\u00edan\u2026 dentro de las previsiones legales\u00bb; que el colegiado \u00abdesestim\u00f3 todas las excepciones y sin embargo no se pronunci\u00f3 sobre la reducci\u00f3n de la garant\u00eda, expuesta en la excepci\u00f3n 8\u00bb. <\/p>\n
2.12. Agreg\u00f3 que es una persona de protecci\u00f3n especial, pues cuenta con 76 a\u00f1os de edad, que al decretar el remate del inmueble en el que reside con su esposo de 69 a\u00f1os de edad le causar\u00eda un perjuicio irremediable, sumado a que \u00abel valor de la vivienda no ser\u00e1 suficiente para satisfacer el voraz apetito de la multinacional, propiedad de uno de los hombres m\u00e1s ricos del mundo\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga manifest\u00f3 que se remite a las consideraciones efectuadas en el fallo censurado, el que est\u00e1 debidamente motivado con argumentos de hecho y de derecho, por lo que no ha vulnerado las prerrogativas invocadas; destac\u00f3 que si bien la ponencia inicial fue derrotada por las magistradas que para ese entonces integraban la Sala de Decisi\u00f3n, lo cierto es que all\u00ed \u00abno se comunic\u00f3 a las partes el sentido de esa decisi\u00f3n judicial, luego no es correcto, como lo sostiene la tutelante, que se pretend\u00eda confirmar \u00edntegramente la providencia recurrida\u00bb; que ante la recomposici\u00f3n de la Sala se adelant\u00f3 nuevamente la audiencia de alegatos, conforme lo dispone el art\u00edculo 107 del C\u00f3digo General del Proceso; que la decisi\u00f3n de negar la nulidad contemplada en el canon 121 \u00eddem, no fue recurrida por la tutelante, destacando que \u00ablo planteado en la acci\u00f3n de amparo respecto de ese t\u00f3pico, es novedoso para el Tribunal, pue son fue alegado mientras el proceso estuvo en la Corporaci\u00f3n, ni antes ni despu\u00e9s de que se emitir\u00e1 la sentencia de la que ahora se duele la actora\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; manifest\u00f3 que adelant\u00f3 el tr\u00e1mite con apego a la ley y al respectivo precedente jurisprudencial, sin vulnerar garant\u00edas fundamentales; remiti\u00f3 link para consultar el expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Defensor\u00eda del Pueblo dio acogerse a las determinaciones que adopte el fallador constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso bajo estudio, se advierte que las quejas se centran en (i) el auto de 7 de diciembre de 2018 por medio del cual el Juzgado neg\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso por prejudicialidad, pues refiere la gestora que tal petici\u00f3n se desech\u00f3 bajo lo dispuesto en el art\u00edculo 162 del C\u00f3digo General del Proceso, cuando lo pertinente era darle aplicaci\u00f3n al canon 171 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil; (ii) los autos de 8 y 16 de febrero de 2021, por medio de los cuales el Tribunal, en su orden, devolvi\u00f3 las diligencias al Magistrado Ponente inicial, tras la recomposici\u00f3n de la Sala de Decisi\u00f3n; y, por otra parte, citando nuevamente a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo; pues, en sentir de la quejosa, tales actuaciones son irregulares, habida cuenta de que al existir derrota de ponencia, lo pertinente era dictar fallo en sentido contrario, al margen de la recomposici\u00f3n de la Sala de Decisi\u00f3n, raz\u00f3n por la que, considera, el ponente inicial hab\u00eda perdido competencia para emitir el fallo; (iii). la decisi\u00f3n de 23 de febrero de 2021 que neg\u00f3 la nulidad por p\u00e9rdida de competencia, conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, tras considerar la tutelante que el Tribunal aplic\u00f3 las normas de las nulidades, cuando lo pretendido era solamente la p\u00e9rdida de competencia, pues si bien las nulidades son saneables, lo cierto es que dicho saneamiento no prorroga la competencia que se pierde irremediablemente; y (iv). la sentencia de 23 de febrero de 2021, que revoc\u00f3 el numeral primero de la proferida el 23 abril de 2019 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga, al considerar que existi\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria, sumado a que, el Tribunal no se pronunci\u00f3 respecto de todas las excepciones formuladas. <\/p>\n
3. Respecto del primero de los reproches, anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre el prove\u00eddo de 7 de diciembre de 2018 mediante el cual el Juzgado enjuiciado neg\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso por prejudicialidad; y la interposici\u00f3n de la tutela el 18 de agosto de 2021, transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que fuera demostrado ning\u00fan motivo que justifique esa tardanza. <\/p>\n
Frente al requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n
4. Por otra parte, respecto del segundo y tercer reproche, se destaca que frente al particular la salvaguarda tambi\u00e9n es impr\u00f3spera, pues incumple el presupuesto de subsidiariedad, habida cuenta que la gestora tuvo a su alcance los medios de defensa id\u00f3neos al interior del proceso fustigado, empero, no formul\u00f3 recursos contra los prove\u00eddos que censura (8, 16 y 23 de febrero de 2021 -que niega nulidad del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso-), decisiones que fueron debidamente notificadas; siendo dichos mecanismos ordinarios procedentes para exponer, ante el fallador natural los reparos aqu\u00ed tra\u00eddos, circunstancia que evidencia el descuido en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos; destacando que, respecto a la aplicaci\u00f3n del precedente T-1087\/03, no s\u00f3lo es un fallo con efectos inter partes, sino que los supuestos f\u00e1cticos all\u00e1 auscultados, son diferentes a los ac\u00e1 planteados, sumado a que, tal jurisprudencia pudo pretenderla a trav\u00e9s de los remedios referidos, que desaprovech\u00f3. <\/p>\n
De ese modo el amparo resulta improcedente, comoquiera que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos. <\/p>\n
En otras palabras, cuando no se utilizan los medios ordinarios de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Frente al particular la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si el gestor del resguardo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n alegada resulta improcedente, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, ante la evidente e injustificada falta de agotamiento del referido medio ordinario de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, los reparos ac\u00e1 tra\u00eddos. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Finalmente, frente al \u00faltimo de los reproches, esta acci\u00f3n constitucional tambi\u00e9n carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que en la sentencia de 23 de febrero de 2021 -con la que se zanj\u00f3 el asunto-, que confirm\u00f3 la proferida el 23 de abril de 2019 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga, el Tribunal, tras hacer un recuento de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, analizar los reparos formulados por los apelantes y estudiar las probanzas allegadas al plenario, de cara a opugnaci\u00f3n de la gestora, consign\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026se tiene que, de acuerdo con los medios de prueba que militan en el expediente, que entre las partes Comcel e Hispana Comunicaciones representada legalmente por la tambi\u00e9n demandada Sandra Janeth Olarte Mateus, existi\u00f3 para el a\u00f1o 2010 una relaci\u00f3n contractual derivada de tres contratos de distribuci\u00f3n de datos, voz y blackberry suscritos el 18 de marzo de 2010. En la cl\u00e1usula 31 de cada uno de ellos se pact\u00f3 lo siguiente, la cl\u00e1usula es exacta para los tres contratos: <\/p>\n
\u201c31. Saldos Insolutos: Si a la terminaci\u00f3n de este contrato por cualquier causa, realizadas las deducciones, descuentos y compensaciones de que trata el numeral precedente, resulta alg\u00fan cr\u00e9dito, prestaci\u00f3n o alguna deuda a favor de Comcel y a cargo del Distribuidor, este la pagara a Comcel dentro de los quince (15) d\u00edas siguientes a la terminaci\u00f3n del contrato. Si no lo hiciere Comcel podr\u00e1 cobrar ejecutivamente la obligaci\u00f3n principal con la cl\u00e1usula penal pactada o la indemnizaci\u00f3n ordinaria de perjuicios. En uno u otro caso bastar\u00e1 la copia de este contrato y la certificaci\u00f3n del saldo insoluto firmada por el Revisor Fiscal de Comcel sobre la existencia de la obligaci\u00f3n, monto y exigibilidad y sin requerimiento alguno al que renuncia expresa y espont\u00e1neamente. El Distribuidor otorga un pagar\u00e9 para ser completado de conformidad con las instrucciones indicadas en Anexo a este contrato. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Ahora bien, de forma previa a la ejecuci\u00f3n y desarrollo de la mencionada relaci\u00f3n contractual, la aqu\u00ed ejecutada Sandra Janeth Olarte Mateus firm\u00f3 como persona natural y como representante legal de Hispana Comunicaciones un \u00fanico pagar\u00e9, base del actual proceso coactivo, que, aunque no cuenta con fecha de suscripci\u00f3n, al respaldo tiene nota de reconocimiento de firmas impuesta el 9 de marzo de 2010 ante el Notario Noveno de Bucaramanga. Huelga advertir que este cartular fue firmado en blanco por la obligada y luego diligenciado o llenado por COMCEL, hecho que no ha sido objeto de discusi\u00f3n, pues as\u00ed lo aceptaron tanto la ejecutada como la sociedad ejecutante. Se trajo tambi\u00e9n como anexo de la demanda el documento titulado \u201ccarta de instrucciones\u201d, con doble firma de Sandra Janeth Olarte Mateus y nota de reconocimiento en las mismas condiciones y fecha del pagar\u00e9. Y se alleg\u00f3 igualmente al proceso, por la parte actora, certificaci\u00f3n expedida el 15 de noviembre de 2013 por Luz Helena Rodr\u00edguez, revisora fiscal de Comcel, en la que hace constar que, una vez auditados los estados financieros de esa compa\u00f1\u00eda, encontr\u00f3 que los registros contables de las cuentas Puc1310 \u201cCuentas Corrientes Comerciales\u201d y 2335 \u201cCostos y Gastos Por Pagar\u201d incluyen transacciones realizadas con Hispana Comunicaciones con corte al 28 de octubre de 2013 por $393.025.140 y $4.488.639. <\/p>\n
De manera que, de inmediato, el Tribunal descarta la arg\u00fcida insuficiencia de las instrucciones para llenar el pagar\u00e9 o el incumplimiento de la cl\u00e1usula 31 de los contratos, a que se refiere la parte demandada recurrente, pues n\u00f3tese c\u00f3mo en dicha estipulaci\u00f3n solo se indica que, ya optara Comcel por la v\u00eda ejecutiva o por la indemnizaci\u00f3n de perjuicios para recuperar los saldos insolutos de parte de Hispana Comunicaciones, bastar\u00eda en cualquiera de esos escenarios la copia del contrato y la certificaci\u00f3n emitida por su revisor fiscal en la que se indicara la existencia de la obligaci\u00f3n y su monto, sin necesidad de requerimiento alguno. <\/p>\n
En realidad, el respeto a la aludida cl\u00e1usula por parte de la aqu\u00ed demandante es evidente, pues a este asunto se aport\u00f3, como ya se dijo, no s\u00f3lo el t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n, sino la carta de instrucciones y la certificaci\u00f3n de la revisora fiscal de la sociedad demandante, en la que consta la deuda a cargo de los obligados y su monto, junto con los soportes contables, donde aparecen los conceptos a que corresponden los valores cobrados. Obran, as\u00ed mismo en el plenario, los tres contratos de distribuci\u00f3n suscritos entre Comcel e Hispana Comunicaciones, arrimados por la demandada Oliva L\u00f3pez de Vargas al contestar la demanda. Aunado a ello, el t\u00edtulo valor en que se apuntala la ejecuci\u00f3n que nos re\u00fane fue diligenciado con sujeci\u00f3n a la carta de instrucciones que la obligada suscribi\u00f3, en la que, entre otras cuestiones, se autoriz\u00f3 a Comcel a se\u00f1alar como cuant\u00eda del pagar\u00e9 el monto de todas las sumas de dinero que por cualquier concepto le debiera Hispana Comunicaciones con corte al d\u00eda en que se\u00f1alara, que corresponder\u00eda tambi\u00e9n, se dice all\u00ed, a la fecha de vencimiento del pagar\u00e9. N\u00f3tese que no se incluy\u00f3 en ese documento que debiera especificarse el contrato al que correspond\u00eda lo debido o el concepto de los montos adeudados ni mucho menos que se debiera suscribir un pagar\u00e9 en blanco para cada uno de los contratos de distribuci\u00f3n o que la certificaci\u00f3n del revisor fiscal del acreedor deb\u00eda contar con determinadas especificaciones m\u00e1s all\u00e1 de dar cuenta de la deuda y su monto. <\/p>\n
Tampoco se dej\u00f3 plasmado por las partes en la antedicha cl\u00e1usula 31 de los contratos ni por la deudora en la carta de instrucciones, que ven\u00eda a integrarse el t\u00edtulo valor con un acta de conciliaci\u00f3n o documento de transacci\u00f3n o de compensaci\u00f3n, como plante\u00f3 el apoderado de la disconforme en su escrito de reparos. Sobre el particular se destaca por esta colegiatura, que en la cl\u00e1usula 17.5 de los contratos de suministro, se convino como obligaci\u00f3n del distribuidor, o sea Hispana Comunicaciones, el firmar el acta de liquidaci\u00f3n que le remitiera Comcel, pero el alcance de esta disposici\u00f3n dista mucho de ser el que la ejecutada discorde alega en el sentido de que deb\u00edan establecerse de com\u00fan acuerdo los valores insolutos de cada contrato, pues la misma cl\u00e1usula se\u00f1ala que para la ejecuci\u00f3n de los valores adeudados bastar\u00eda dicha acta m\u00e1s la afirmaci\u00f3n de Comcel y la certificaci\u00f3n del revisor fiscal. <\/p>\n
Con todo, se insiste en que ni en la carta de instrucciones ni en la nombrada cl\u00e1usula 31 de los contratos de suministro se estipula que para reclamaci\u00f3n de las obligaciones insolutas a cargo del distribuidor debiera adjuntarse al t\u00edtulo valor y a la certificaci\u00f3n del revisor fiscal el acta de liquidaci\u00f3n, compensaci\u00f3n o transacci\u00f3n. De ah\u00ed que su ausencia en este evento no impide el cobro forzado de la suma representada en el cartular base de este proceso. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
debe tenerse en cuenta que, no obstante haberse opuesto a las pretensiones de la demanda a trav\u00e9s de sendas excepciones, en ninguna de ellas la demandada Oliva L\u00f3pez de Vargas desconoce la existencia de la deuda que reclama Comcel ni su cuant\u00eda. Significa, entonces, que la impugnaci\u00f3n jer\u00e1rquica que formul\u00f3, valida de su abogado, la demandada Oliva L\u00f3pez de Vargas, carece de vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n
Seguidamente, estudio los reparos formulados por la ejecutante, los cuales se enfilaron a contra la forma en que se dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n, atendiendo el limitante dispuesto en los estatutos de Hispana Comunicaciones, precisando que: <\/p>\n
\u2026si bien el art\u00edculo 13 de los estatutos de la sociedad ejecutada y en su certificado de existencia y representaci\u00f3n legal aparece tal limitante, consistente en que su representante legal \u00fanicamente pod\u00eda celebrar actos o contratos hasta por 50 salarios m\u00ednimos mensuales, lo cierto es que para el otorgamiento del t\u00edtulo valor que se efectu\u00f3 en blanco, \u2026lo cierto es que para el momento en que se otorg\u00f3 el t\u00edtulo valor en blanco no exist\u00eda un valor determinado ni causado por el cual se suscrib\u00eda, efectu\u00e1ndose ello a t\u00edtulo de garant\u00eda por las obligaciones que a futuro resultaran de la ejecuci\u00f3n de los contratos de suministro que ligaron a Comcel e Hispana Comunicaciones, es decir, que para el tiempo en que se firm\u00f3 el pagar\u00e9 base de esta causa coactiva, ninguna de las partes conoc\u00eda, porque no exist\u00eda, la cuant\u00eda por la cual se llenar\u00eda ese cartular, es m\u00e1s, no pod\u00eda determinarse a\u00fan si el distribuidor incurrir\u00eda en mora en el pago de las obligaciones que vendr\u00eda a adquirir con posterioridad en desarrollo de los contratos de distribuci\u00f3n frente a Comcel, luego no es de recibo el argumento exteriorizado por la ejecutada Oliva L\u00f3pez de Vargas relativo a la ausencia de buena fe contractual de Comcel, pues le era imposible saber o intuir a la firma del pagar\u00e9 que la otorgante eventualmente no pagar\u00eda las obligaciones contractuales y el monto de tal erogaci\u00f3n, como para que pudiera establecer que se trataba de otorgar una garant\u00eda u obligar a Hispana Comunicaciones por un valor que exced\u00eda a la facultad que en tal sentido asignaban los estatutos a su representante legal. En estrictez, el otorgamiento y suscripci\u00f3n del pagar\u00e9 no entra\u00f1a una negociaci\u00f3n u operaci\u00f3n de venta o de cr\u00e9dito, sino la constituci\u00f3n de una garant\u00eda para respaldar obligaciones futuras, circunstancia por la cual se firm\u00f3 en blanco junto con la carta de instrucciones. <\/p>\n
Y si de buena fe se trata, llama de forma significativamente la atenci\u00f3n del Tribunal que a\u00fan con el pleno conocimiento del l\u00edmite obligacional que pesaba sobre Sandra Janeth Olarte Mateus como representante legal de Hispana Comunicaciones, tal cuesti\u00f3n no fuera expuesta por ella en su \u00edndole de representante legal de la sociedad al suscribir los negocios jur\u00eddicos y el cartular base de la ejecuci\u00f3n, pues dicho instituto, la buena fe contractual, la compel\u00eda al obrar en tal condici\u00f3n para proteger no s\u00f3lo a la sociedad de la que era vocera sino a s\u00ed misma y en tal medida dejar sentado al menos en la carta de instrucciones que no pod\u00eda obligarse m\u00e1s all\u00e1 de los 50 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes al a\u00f1o 2012, empero nada de lo anterior ocurri\u00f3. <\/p>\n
Pero\u2026 nos sorprende que el contrato o contratos se ejecutaran por sumas\u2026 superiores al l\u00edmite en comento sin que tampoco durante esa etapa, es decir, durante el desarrollo contractual, Hispana Comunicaciones algo esterilizara en punto del exceso de las sumas que se mov\u00edan entre una y otra compa\u00f1\u00eda por el suministro de productos de comunicaci\u00f3n celular, en otras palabras, mientras dur\u00f3 la relaci\u00f3n contractual Hispana Comunicaciones estuvo conforme con que se ejecutaran los contratos, aun sobrepasando con creces la facultad de obligarse que ten\u00eda su representante legal sin que ese aspecto le inquietara para nada, contrario a lo que en este escenario sucede, en donde a ra\u00edz del cobro por parte de Comcel de la totalidad de las sumas que aquella le adeuda, el tan nombrado marco obligacional s\u00ed le result\u00f3 relevante. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, se anota que la hipoteca se constituy\u00f3 sin ning\u00fan l\u00edmite de cuant\u00eda ni restricci\u00f3n alguna por su otorgante Oliva L\u00f3pez de Vargas, quien siendo socia de Hispana Comunicaciones en un 50% y conocedora, por tanto, de los estatutos de la empresa sab\u00eda que la representante legal Sandra Janeth Olarte Mateus ten\u00eda una limitante para obligarse a nombre de esa persona jur\u00eddica, luego bien pudo haber se\u00f1alado ese hecho en la escritura p\u00fablica n\u00famero 132 del 29 de enero de 2010 de la Notar\u00eda 25 de Bogot\u00e1, que contiene dicho acto, para restringir el alcance de la garant\u00eda real que otorg\u00f3 a Comcel conforme lo permite el art\u00edculo 2455 del C\u00f3digo Civil, que se\u00f1ala que la hipoteca puede limitarse a determinada suma siempre y cuando se exprese inequ\u00edvocamente en el acto de constituci\u00f3n. <\/p>\n
Y, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026el Tribunal se aparta del colof\u00f3n al que arrib\u00f3 la juez competente en torno al tema tratado, pues no puede sostenerse que la ejecutada Sandra Janeth Olarte Mateus, en su calidad de representante legal de Hispana Comunicaciones, se extralimit\u00f3 en sus funciones al suscribir el pagar\u00e9 tra\u00eddo a cobro, pues este fue llenado en blanco antes de que se expidiera la ya mencionada certificaci\u00f3n por parte de la revisora fiscal de Comcel en la que se plasm\u00f3 la deuda a cargo de aquella y a favor de esta \u00faltima, lo que no pod\u00eda preverse para cuando se elabor\u00f3 el t\u00edtulo valor tan mencionado. <\/p>\n
En realidad, no es de recibo para la Corporaci\u00f3n equiparar el otorgamiento de una garant\u00eda, en este caso, mediante la suscripci\u00f3n de un t\u00edtulo valor en blanco, con la adquisici\u00f3n de obligaciones concretas, pues en el primer evento, como aqu\u00ed sucedi\u00f3, se trat\u00f3 de garantizar una eventual deuda indeterminada e incierta de Hispana Comunicaciones a favor de Comcel, por la ejecuci\u00f3n de contratos sin cuant\u00eda, por lo que, como se ha insistido, para cuando se suscribi\u00f3 el pagar\u00e9 que se trajo a cobro no pod\u00eda siquiera establecerse y menos inferirse que la primera de dichas sociedades incurrir\u00eda en mora o en el no pago de sus obligaciones. Es que se trataba de garantizar un eventual incumplimiento en la ejecuci\u00f3n de un contrato de tracto sucesivo, como lo son los de distribuci\u00f3n suscritos entre las partes de la litis, en los que se pact\u00f3 una ganancia a favor de Hispana Comunicaciones equivalente al 20% del producto de las ventas que realizar\u00e1 y que deb\u00edan ser remitidas a Comcel una vez efectuadas, luego era f\u00e1ctica y jur\u00eddicamente imposible determinar a la firma del pagar\u00e9, como se ha insistido, que la representante legal de la sociedad demandada estuviera asumiendo una deuda, la que todav\u00eda no se sab\u00eda que fuera a ocurrir, por fuera de los l\u00edmites que le se\u00f1alaban los estatutos. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, se denota por el Tribunal que, como la actual especie contenciosa tiene origen en el incumplimiento de las obligaciones que asumi\u00f3 Hispana Comunicaciones frente a Comcel con los tan se\u00f1alados contratos de distribuci\u00f3n, lo que movi\u00f3 a esta a diligenciar el cartular otorgado por aquella en garant\u00eda, no es admisible que los ejecutados pretendan eludir el cobro de lo adeudado esgrimiendo la tan consabida limitante, pues ello ser\u00eda tanto como permitirse valer de su propia culpa, esto es, el incumplimiento en cuant\u00eda superior a dicho margen para soslayar el derecho de cr\u00e9dito inmerso en el t\u00edtulo valor tra\u00eddo a cobro, proceder que por supuesto proscribe nuestro ordenamiento jur\u00eddico. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia T-112 de 2017 record\u00f3 que, seg\u00fan el principio denominado \u201cno se escucha a quien alega su propia culpa\u201d, una persona no es digna de ser o\u00edda ni menos pretender el reconocimiento de un bien jur\u00eddico a partir de su conducta reprochable, por lo que nadie puede presentarse a la justicia para pedir la protecci\u00f3n de los derechos bajo la conciencia de que su comportamiento no est\u00e1 conforme a derecho ni a los fines que persigue la misma norma. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la quejosa es una diferencia de criterio acerca de la manera como la Corporaci\u00f3n accionada interpret\u00f3 las normas que regulan el caso concreto y valor\u00f3 las probanzas allegadas al plenario, concluyendo que, para cuando se firm\u00f3 el pagar\u00e9 en blanco se desconoc\u00eda el valor que podr\u00eda, eventualmente, llegar a adeudarse, sumado a que, para cuando se constituy\u00f3 la hipoteca la garante no puso de presente ni aplic\u00f3 el limitante, conforme la restricci\u00f3n dispuesta en los estatutos de Hispana Comunicaciones, limitante que bien conoc\u00eda para ese momento; asimismo, destaca la Sala que, al margen de las anteriores consideraciones, si bien la actora formul\u00f3 la excepci\u00f3n de \u00abfalta de requisitos de validez del t\u00edtulo valor\u00bb, lo cierto es que dicho medio exceptivo lo pod\u00eda proponer como garante, ya que de forma indirecta puede proponer excepciones contra el negocio causal, pues, se itera, fue ejecutada en calidad de garante, que no como socia. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
<\/p>\n
6. Finalmente, frente al pronunciamiento que la gestora ech\u00f3 de menos, respecto de, supuestamente, algunas de las excepciones y reproches formulados, la salvaguarda tambi\u00e9n se torna improcedente al incumplir el presupuesto de subsidiariedad, en la medida en que, si consideraba dicha ausencia, pudo solicitar la adici\u00f3n de la sentencia de 23 de febrero de 2021, en los t\u00e9rminos del canon 287 del C\u00f3digo General del Proceso; mecanismo que, se itera, no hizo uso. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC11301-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC11301-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02981-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de septiembre de dos mil veintiuno) Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Oliva L\u00f3pez de Vargas contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57296","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57296","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57296"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57296\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57296"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57296"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57296"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}