STC11304-2021<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11304-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02986-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Tiani Esther Rodr\u00edguez contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, rog\u00f3 el resguardo de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, igualdad, m\u00ednimo vital, \u00abconfianza leg\u00edtima, buena fe\u2026 [y] seguridad jur\u00eddica\u00bb, presuntamente vulneradas por la autoridad judicial accionada al dictar sentencia en el juicio de restituci\u00f3n de tierras en el cual fungi\u00f3 como opositora. <\/p>\n
Pidi\u00f3, entonces, en lo medular, ordenar al Tribunal convocado \u00abproferir un nuevo fallo que tenga en cuenta el ordenamiento jur\u00eddico existente con relaci\u00f3n a los requisitos necesarios para el reconocimiento de [su] Buena Fe Exenta de Culpa\u00bb; o subsidiariamente, \u00abproferir un nuevo fallo que tenga en cuenta el ordenamiento jur\u00eddico existente con relaci\u00f3n a los requisitos necesarios para el reconocimiento de [su] calidad de Segundo Ocupante\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mario de Jes\u00fas Salazar Lotero y Mar\u00eda Ernestina Fern\u00e1ndez Jaimes presentaron solicitud de restituci\u00f3n \u00abrespecto del inmueble El Placer, que actualmente hace parte de uno llamado Los Prados de Cenday\u00bb, ubicado en la vereda El Marfil del municipio de San Vicente de Chucur\u00ed. Asunto en el cual fungi\u00f3 como opositora la aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
2.2. Surtidas las etapas de rigor, el 5 de mayo de 2021 el Tribunal convocado dict\u00f3 sentencia favorable a los all\u00ed solicitantes, declar\u00f3 \u00abimpr\u00f3spera la oposici\u00f3n formulada por\u2026 Tiani Esther Rodr\u00edguez\u00bb y le neg\u00f3 \u00abla compensaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 98 de la Ley 1448 de 2011, sin lugar a tomar medidas en favor de segundos ocupantes\u00bb. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que no exist\u00eda en la actuaci\u00f3n ninguna probanza que \u00abcontrar\u00ede que\u2026 realiz\u00f3 todas las consultas y averiguaciones m\u00e1s all\u00e1 de las que se realizan en cualquier negocio, con el fin de cerciorarse de la normalidad de su negociaci\u00f3n, sin que fuera advertida de inconveniente alguno\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la demanda de amparo, orden\u00f3 enterar a la sede judicial accionada, a las partes y terceros intervinientes en el juicio censurado. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Bucaramanga limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a proporcionar los datos de ubicaci\u00f3n para la notificaci\u00f3n de las partes e intervinientes en el asunto fustigado. <\/p>\n
2. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta indic\u00f3 remitirse a los argumentos expuestos en la providencia que se le cuestion\u00f3, en la cual se pronunci\u00f3 respecto a cada una de las alegaciones de la quejosa; y destac\u00f3 que, contrario a lo aducido por \u00e9sta, \u00abel an\u00e1lisis de la buena fe exenta de culpa se ciment\u00f3 bajo precedente obligatorio -seg\u00fan lo prev\u00e9 el inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 243 de la Carta Pol\u00edtica- sentado por la Corte Constitucional en la sentencia C-330 de 2016[,] en la que declar\u00f3 ajustado a la norma fundamental[,] entre otros[,] el art\u00edculo 98 de la Ley 1448 de 2011; al igual que no resultaron satisfechos los presupuestos para reconocer la calidad de segunda ocupante, en los t\u00e9rminos all\u00ed se\u00f1alados y no bajo la perspectiva que ahora quiere otorgarle la accionante\u00bb. <\/p>\n
3. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas – UAEGRTD y la Agencia Nacional de Tierras – ANT pidieron su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite supralegal por no ser las competentes para atender el reclamo de la accionante. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por l\u00ednea jurisprudencial, trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Descendiendo al sub examine, en el cual la gestora critic\u00f3 que el Tribunal encausado incurri\u00f3 en supuesto \u00abdefecto procedimental absoluto (sic)\u00bb al definir el asunto en cuesti\u00f3n, especialmente de cara al despacho adverso de su oposici\u00f3n y el no reconocimiento de medidas de protecci\u00f3n a su favor a pesar de \u2013adujo- \u00abdemostrar [su] buena fe exenta de culpa\u00bb; advierte la Corte que el presente ruego supralegal est\u00e1 llamado al fracaso, comoquiera que la sentencia fustigada, contrario a lo aducido por aqu\u00e9lla, para esta Sala no luce arbitraria, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, por las razones que se pasa a exponer. <\/p>\n
2.1. En efecto, en tal providencia, la Colegiatura acusada previamente se\u00f1al\u00f3 que el problema jur\u00eddico a resolver se contra\u00eda a \u00ab[d]eterminar si resulta procedente o no el amparo del derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras\u00bb exigido por los solicitantes, \u00abteniendo en cuenta los presupuestos consagrados en la Ley 1448 de 2011, esto es, su calidad de v\u00edctimas por hechos ocurridos en el periodo comprendido en el art\u00edculo 75 de la ley en cita, su relaci\u00f3n jur\u00eddica con los inmuebles solicitados y la acreditaci\u00f3n del abandono y despojo conforme al art\u00edculo 74 ib\u00eddem\u00bb; y respecto a la oposici\u00f3n, \u00abanalizar si se logr\u00f3 desvirtuar alguno de los anteriores presupuestos de la acci\u00f3n, o, en su defecto, acreditar la buena fe exenta de culpa, o si hay lugar al reconocimiento de mejoras. Finalmente, de ser necesario, se examinar\u00e1 si se ostenta la calidad de segundos ocupantes, seg\u00fan los lineamientos de la Sentencia C-330 de 2016\u00bb. <\/p>\n
Luego, tras advertir que, \u00abcon fundamento en los an\u00e1lisis efectuados en otras oportunidades por la Sala para casos del municipio, en los reportes de entidades oficiales y en los testimonios\u2026 rese\u00f1ados de pobladores de la vereda El Marfil y sus alrededores -que tienen credibilidad en tanto que presenciaron de manera directa las atrocidades de la guerra, siendo incluso muchos de ellos v\u00edctimas tambi\u00e9n-, resulta evidente que en esa zona, los actores armados tuvieron un fuerte control territorial, en los 90, principalmente los paramilitares, los que ejercieron intimidaciones sobre sus habitantes, amenaz\u00e1ndolos para que abandonaran la regi\u00f3n ante cualquier desconfianza que les generaran o la negativa de proveer sus requerimientos; palmariamente, hubo gran temor en medio de este contexto b\u00e9lico, el que no fue negado por las opositores y que\u2026 se encuentra soportado en numerosos elementos de prueba y no exclusivamente en los relatos de los ahora reclamantes\u00bb; pas\u00f3 a ocuparse del caso concreto. <\/p>\n
Con tal prop\u00f3sito, en cuanto a los \u00ab[h]echos victimizantes concretos, despojo, temporalidad y oposici\u00f3n\u00bb, tras auscultar detenidamente las pruebas que daban cuenta de los mismos, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026no se desvirtuaron los hechos victimizantes concretos de MARIO DE JES\u00daS SALAZAR LOTERO y MAR\u00cdA ERNESTINA FERN\u00c1NDEZ JAIMES, enmarcados en lo previsto en el art\u00edculo 74 de la Ley 1448 de 2011 y cobijados por la presunci\u00f3n de veracidad. Adem\u00e1s, se configura la hip\u00f3tesis del literal a del numeral 2 del art\u00edculo 77 ejusdem, en raz\u00f3n de lo cual, por no haberse logrado el desmerecimiento de la ausencia de consentimiento en el negocio celebrado por los accionantes y que ocasion\u00f3 la p\u00e9rdida de su v\u00ednculo jur\u00eddico con el predio, se reputa inexistente, y todos los actos posteriores se encuentran viciados de nulidad absoluta. <\/p>\n
Finalmente, el requisito de la temporalidad contenido en el art\u00edculo 75 ibid. fue superado, en raz\u00f3n a que los hechos victimizantes ocurrieron con posterioridad al 1\u00b0 de enero de 1991. Sobre esto, puntual\u00edcese que, en algunas declaraciones se mencion\u00f3 que el desplazamiento se dio en 1993, en la solicitud se indic\u00f3 1991 conforme a lo dicho por el reclamante cuando se diligenci\u00f3 el formulario de inscripci\u00f3n en el registro de tierras y obra la constancia de una denuncia penal por dicho delito con ocasi\u00f3n de sucesos ocurridos en 1984. A pesar de la falta de univocidad en la \u00e9poca, s\u00ed es posible inferir con alto grado de convicci\u00f3n, en atenci\u00f3n a la ampliaci\u00f3n brindada por el accionante y las entrevistas rendidas por PABLO VICENTE y MANUEL, que este ocurri\u00f3 entre 1992 y 1993 y, en todo caso, con anterioridad al abandono de estos \u00faltimos, quienes en sus declaraciones sostuvieron que MARIO DE JES\u00daS fue el primero en salir de la regi\u00f3n, versi\u00f3n que es consistente con lo afirmado por PABLO VICENTE en sede judicial. <\/p>\n
Zanjado tal aspecto, abord\u00f3 el estudio de la buena fe exenta de culpa invocada por la opositora de cara a su adquisici\u00f3n del fundo, para tal prop\u00f3sito aludi\u00f3 al contenido del precepto 91 de la pluricitada Ley 1448, en consonancia con las sentencias C-740\/03, C-820\/12, C-795\/14, C-330\/16, T-367\/16 y T-315\/16 de la Corte Constitucional, y resalt\u00f3 que aqu\u00e9lla figura \u00abimplica, adem\u00e1s de un componente subjetivo consistente en la conciencia de obrar con lealtad, rectitud y honestidad y obtener el dominio de su leg\u00edtimo propietario, otro elemento objetivo, tendiente a verificar en grado de certeza, mediante el despliegue de acciones positivas prudentes y diligentes, la regularidad de la adquisici\u00f3n, esto es, que las tradiciones fueron ajenas al conflicto armado, exigi\u00e9ndose que sea probado por la persona que pretende consolidar una situaci\u00f3n jur\u00eddica derivada de tal actuaci\u00f3n cualificada\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, compendi\u00f3 as\u00ed las alegaciones de la opositora en torno a la forma en que adquiri\u00f3 el \u00ab50% del inmueble denominado Los Prados de Cenday, cuya \u00e1rea comprende el 100% del predio El Placer\u00bb: <\/p>\n
\u2026Este derecho lo deriva de una compraventa celebrada con\u2026 GELBER ANTONIO\u2026, por Escritura P\u00fablica Nro. 936 del 04 de diciembre de 2015, ante la Notar\u00eda \u00danica de San Vicente Chucur\u00ed. <\/p>\n
Al respecto, la opositora indic\u00f3 que para esta negociaci\u00f3n recibi\u00f3 orientaci\u00f3n de un profesional del derecho, visit\u00f3 el inmueble y averigu\u00f3 en la zona con los vecinos sobre los antecedentes del mismo, aunado a que para el a\u00f1o 2015 advirti\u00f3 la inscripci\u00f3n de una medida cautelar de protecci\u00f3n jur\u00eddica del predio por la UAEGRT (anotaci\u00f3n Nro. 15), la cual se encontraba cancelada en virtud de la Resoluci\u00f3n Nro. 124 del 27 de febrero del 2014 (anotaci\u00f3n Nro. 16); por ello, confi\u00f3 y celebr\u00f3 la compra, se\u00f1alando de extra\u00f1o que poco tiempo despu\u00e9s la administraci\u00f3n iniciara un procedimiento con una consecuencia distinta. De igual forma, sostuvo que realiz\u00f3 las indagaciones requeridas, hizo uso de sus conocimientos y verific\u00f3 la informaci\u00f3n que reposaba en el folio de matr\u00edcula. <\/p>\n
Explic\u00f3 tambi\u00e9n la forma en que se adquiri\u00f3 el terreno Los Prados de Cenday por los se\u00f1ores CARLOS ANDR\u00c9S\u2026 (propietario del otro 50%) y GELBER ANTONIO\u2026 (su vendedor), para lo cual acudieron a un comisionista, contactaron a un abogado para realizar el estudio de t\u00edtulos del predio e indagaron con los vecinos\u2026 Rueda Pinilla, \u2026Ram\u00edrez y\u2026 Pab\u00f3n, habitantes en la zona por m\u00e1s de 10 a\u00f1os, aseverando que esta era muy segura y no hab\u00eda presencia de grupos armados ilegales. <\/p>\n
Despu\u00e9s, desech\u00f3 tales planteamientos al observar que: <\/p>\n
\u2026en relaci\u00f3n con los vecinos indagados, \u2026no se arrim\u00f3 el testimonio del se\u00f1or\u2026 Rueda Pinilla; por su parte, \u2026PAB\u00d3N en estrados afirm\u00f3 haber llegado a la regi\u00f3n en el a\u00f1o 2002, por lo que no podr\u00eda dar cuenta de la situaci\u00f3n de orden p\u00fablico en la \u00e9poca en que se hizo la transacci\u00f3n por MARIO DE JES\u00daS y, con todo, s\u00ed refiri\u00f3 saber acerca de la presencia de grupos armados, espec\u00edficamente de autodefensas en el 2002, y las exacciones perpetradas a finqueros y, finalmente, \u2026RAM\u00cdREZ, quien vivi\u00f3 en la vereda El Marfil desde 1992 y asegur\u00f3 haber sido vecino de\u2026 VILLALBA, expres\u00f3 que para ese entonces integrantes del ELN y las FARC patrullaban la zona, ocurr\u00edan combates y se realizaban imposiciones econ\u00f3micas a los pobladores, dando cuenta de la comisi\u00f3n de asesinatos. Es as\u00ed que no se entiende c\u00f3mo, al ser indagados por los compradores -seg\u00fan se sostuvo en el escrito de oposici\u00f3n- estos aseveraran que la regi\u00f3n donde se encuentra ubicado Los Prados de Cenday, era muy segura, sin condiciones irregulares de violencia. <\/p>\n
Por ese rumbo, encontr\u00f3 tambi\u00e9n que en el \u00abtr\u00e1mite se tuvo conocimiento de otros vecinos de la vereda con m\u00e1s a\u00f1os en la regi\u00f3n que pudieron haber sido indagados para advertir la situaci\u00f3n de orden p\u00fablico, como\u2026 G\u00d3MEZ SAMACA, \u2026PORTILLA y\u2026 BLANCO G\u00d3MEZ (este \u00faltimo ocup\u00f3 los predios Las Brisas y El Bamb\u00fa desde el 2009 hasta 2015 y por comentarios, sab\u00eda de lo ocurrido con los parceleros de la localidad); en consecuencia, tanto CARLOS ANDR\u00c9S y GELBER ANTONIO\u2026, como TIANI ESTHER RODR\u00cdGUEZ se encontraban en posibilidad de acceder, con cierto grado de viabilidad, a la informaci\u00f3n requerida previo a la celebraci\u00f3n de cualquier transacci\u00f3n respecto de Los Prados de Cenday\u00bb. <\/p>\n
Aunado a ello, refiri\u00f3 que la accionante, \u00abal ser consultada en sede judicial sobre las gestiones o indagaciones desplegadas respecto al predio que estaba comprando\u00bb, respondi\u00f3: <\/p>\n
\u2026\u201cS\u00ed\u2026, obviamente que pues, yo verifiqu\u00e9 en el certificado de tradici\u00f3n, quienes hab\u00edan sido pues los due\u00f1os, tambi\u00e9n pues al hablar con el se\u00f1or Gelber vi una anotaci\u00f3n que dec\u00eda, pues que inicialmente hab\u00eda, pues una afectaci\u00f3n. Sin embargo, pues \u00e9l me aclar\u00f3 y obviamente pues como dice en el mismo certificado, pues eso ya se hab\u00eda cancelado, luego eso me dio mucha seguridad, adem\u00e1s pues precisamente por mi profesi\u00f3n, pues igual yo verifiqu\u00e9 que todo estaba en orden y yo no vi ning\u00fan inconveniente para comprarla tanto as\u00ed que se pudo hacer el negocio sin ning\u00fan inconveniente\u201d. Y, cuando se le pidi\u00f3 que informara qu\u00e9 otras b\u00fasquedas realiz\u00f3, contest\u00f3: \u201cDoctora, yo de primera mano pues con ellos, con Gelber especialmente y aparte de eso pues con el certificado de tradici\u00f3n, yo lo verifiqu\u00e9, lo mir\u00e9, le reitero, me llam\u00f3 la atenci\u00f3n obviamente pues la anotaci\u00f3n que hab\u00eda ah\u00ed 15 o 16 y habl\u00e9 con ellos. Ellos me comentaron que pues no hab\u00eda ning\u00fan problema e inclusive, pues ah\u00ed estaba cancelado, tambi\u00e9n llam\u00e9 inclusive a un amigo y le pregunt\u00e9 y me dijo no, eso no, desde que ya est\u00e9 cancelado y desde que usted pueda hacer el negocio, desde que se haya mirado, pues obviamente yo sab\u00eda que no hab\u00eda ning\u00fan problema, porque ellos tambi\u00e9n ya hab\u00edan hecho sus averiguaciones cuando compraron la finca, inclusive con un cu\u00f1ado de ellos, con los abogados de la familia, pues entonces yo ten\u00eda la certeza que estaba haciendo un buen negocio y jam\u00e1s se me pas\u00f3 por la mente que iba a estar en estas condiciones\u2026 pero a uno siempre le queda como la duda, pero yo al hacer mis averiguaciones vi que no hab\u00eda ning\u00fan problema, tan as\u00ed que se pudo hacer el negocio, entonces ten\u00eda como esa certeza que estaba haciendo, o sea nunca pens\u00e9 encontrarme en este momento aqu\u00ed, porque pens\u00e9 que eso ya se hab\u00eda superado\u201d. Finalmente, cuando se le cuestion\u00f3 por sus vecinos, indic\u00f3: \u201c\u2026as\u00ed de vista s\u00e9 que por ah\u00ed vi un se\u00f1or que se llama Carlos Ram\u00edrez que tiene una finca muy bonita, eh, cerca de ah\u00ed tambi\u00e9n hay una se\u00f1ora, pues que uno escucha nombrar que tambi\u00e9n tiene una finca que est\u00e1n un poquito distantes. Pero as\u00ed que yo los conozca no\u201d. <\/p>\n
De all\u00ed, seguidamente, extrajo que \u00abla opositora no realiz\u00f3 directamente pesquisas sobre la situaci\u00f3n de orden p\u00fablico para la d\u00e9cada de los 90, pese a que en dicho periodo se llevaron a cabo varias transacciones respecto al fundo El Placer (FMI 320-12286, anotaciones Nro. 2, 3 y 4)\u00bb, en tanto que \u00abel examen de la cadena de tradici\u00f3n implicaba un estudio no solo del certificado de la matr\u00edcula inmobiliaria Nro. 320-15745 sino tambi\u00e9n de los registros con base en los cuales aquella hab\u00eda sido abierta, esto es, la Nro. 320-14425 y, al revisar esta, la Nro. 320-12286, especialmente, en atenci\u00f3n a la complementaci\u00f3n sobre los modos de adquirir previos, que dan cuenta de todo este historial de manera sucinta en el mismo certificado\u00bb; a lo cual agreg\u00f3 que: <\/p>\n
En cuanto a la inscripci\u00f3n y posterior cancelaci\u00f3n de la medida de protecci\u00f3n jur\u00eddica en el FMI 320-15745 (anotaciones Nro. 15 y 16), debe se\u00f1alarse que ese hecho no relevaba del deber de cerciorarse por otros medios que la llevaran a convencerse de que el\u2026 inmueble no ten\u00eda huellas de violencia y de que los negocios celebrados hubiesen estado condicionados por la presencia del conflicto armado. S\u00famese que, m\u00e1s all\u00e1 de la revisi\u00f3n de las anotaciones, no aparece acreditada la gesti\u00f3n ante la UAEGRTD sobre el tr\u00e1mite administrativo adelantado, en aras de determinar las razones por las cuales tal acto se hab\u00eda cancelado, pues, antes que generar tranquilidad, esa circunstancia exig\u00eda hacer revisiones adicionales. Para la \u00e9poca en que TIANI ESTHER\u2026 realiz\u00f3 la transacci\u00f3n, ya se encontraban en curso procedimientos de predios aleda\u00f1os para la inclusi\u00f3n en el RTDAF, como los aqu\u00ed reclamados Las Brisas y El Bamb\u00fa, en cuyos certificados, desde el a\u00f1o 2013, constaba la referida medida por parte de la UAEGRTD. <\/p>\n
Con apoyo en todas esas disquisiciones, tras memorar que \u00abla buena fe que ahora se examina no apunta a la mera conciencia de la compradora, sino a los comportamientos objetivos desplegados para la efectiva comprobaci\u00f3n de la situaci\u00f3n\u00bb; hall\u00f3 que en el caso concreto \u00ablo que la misma opositora devel\u00f3 es que, m\u00e1s all\u00e1 de la revisi\u00f3n del certificado, simplemente confi\u00f3 en lo que le dijo su vendedor\u00bb; supuestos bajo los cuales \u00abno puede hallarse configurada esa buena fe, con fundamento en que no hubiera presencia de organizaciones al margen de la ley para el momento de la adquisici\u00f3n, o en que la compradora no fuera recomendada por estas para conseguir el bien o nunca ostentara alguna relaci\u00f3n con las mismas, pues no son esos los presupuestos de la buena fe exenta de culpa\u00bb. <\/p>\n
Adicion\u00f3, por la misma l\u00ednea argumentativa, en cuanto a las dem\u00e1s alegaciones de la opositora, que: <\/p>\n
La interesada esboz\u00f3 adem\u00e1s varios reproches frente a la Ley 1448 de 2011, advirtiendo un trato desproporcionado entre el accionante, a quien se le presum\u00eda la buena fe, y el opositor, al que se le exig\u00eda actuar con buena fe exenta de culpa, aun trat\u00e1ndose de una v\u00edctima o de un sujeto vulnerable de especial protecci\u00f3n. No obstante, al margen de que el escenario para tal debate no es precisamente este proceso, es cierto, porque la Corte Constitucional al examinar este asunto -y luego de aclarar que la buena fe exenta de culpa, en el contexto de dicha ley era un par\u00e1metro de conducta calificado, esto es, que lo cualificado era el hecho a probar y no la carga probatoria en s\u00ed misma, por cuanto que la imposici\u00f3n de la prueba para los contradictores era la que se establec\u00eda como regla general en los procesos judiciales: demostrar el supuesto que alegan y cimenta su inter\u00e9s jur\u00eddico- el \u201ctrato desproporcionado\u201d, en verdad, se configuraba en tanto a los que se hallaban en condiciones para ser reconocidos segundos ocupantes se les exig\u00eda para acceder a la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica lo mismo que a los que no se enfrentaban a dichas circunstancia; siendo que, esta Sala en sus pronunciamientos, siguiendo tal derrotero jurisprudencial, vinculante por dem\u00e1s, cuando ha sido procedente ha morigerado la rigurosidad del est\u00e1ndar, en atenci\u00f3n justamente a la situaci\u00f3n de vulnerabilidad y victimizaci\u00f3n que ostenta el sujeto, aunados al hecho de no encontrarse relacionado con el despojo. Las sentencias de este Tribunal, tra\u00eddas a colaci\u00f3n en su manifestaci\u00f3n, dan cuenta de ello. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, como la Corte Constitucional lo esboz\u00f3 en la misma sentencia, la estructura probatoria del proceso, marcadamente favorable a las v\u00edctimas, es constitucionalmente admisible, pues refleja la imperiosa necesidad de revertir el despojo y develar distintas formas de encubrirlo, por lo que la ley asumi\u00f3 como premisa las dificultades que aquellas tienen en la demostraci\u00f3n de los hechos que dan fundamento a sus pretensiones, derivadas de la violencia generalizada y a su vez, el legislador presumi\u00f3 v\u00e1lidamente que, por regla general, los opositores no enfrentan id\u00e9nticas condiciones a las suyas. <\/p>\n
A su vez, en la oposici\u00f3n se aleg\u00f3 que circunscribir la buena fe al conocimiento de la violencia resultaba ser un \u201ccriterio facilista\u201d, porque la excepci\u00f3n era que, en un pa\u00eds en guerra, no se supiera, de ah\u00ed que la mera existencia de \u00e9sta en la zona donde se situaba el inmueble objeto de solicitud, no pod\u00eda implicar la paralizaci\u00f3n de los negocios jur\u00eddicos, poniendo de presente la enorme dificultad que supon\u00eda probar la buena fe exenta de culpa. Sin embargo, no es tan as\u00ed, es decir, que por la sola existencia de este fen\u00f3meno se suprimiera la posibilidad de cualquier transacci\u00f3n sino que quien en medio de semejante escenario decidiera aventurarse a ello deb\u00eda tomar las precauciones debidas, desplegar las indagaciones adicionales pertinentes justamente para descartar que la misma estuviese determinada o condicionada por tal situaci\u00f3n, como se dej\u00f3 plasmado l\u00edneas atr\u00e1s, que per se no torna diab\u00f3lica o maquiav\u00e9lica la prueba de la conducta, sin desconocerse que en efecto se trate de un est\u00e1ndar exigente, pero que ya la m\u00e1xima autoridad competente no hall\u00f3 contraria a los postulados constitucionales si se repara en el fin de estos tr\u00e1mites cual es la salvaguardada de los derechos fundamentales de las v\u00edctimas frente al contexto injusto de privaciones masivas producidas en su contra, siendo por ello que el legislador leg\u00edtimamente optara por una espec\u00edfica estructura procesal en la que algunas cargas son relevadas a ellas y otras v\u00e1lidamente impuestas a las dem\u00e1s personas que adquirieron los fundos con posterioridad a los hechos victimizantes. <\/p>\n
Ahora bien, en relaci\u00f3n con la aplicaci\u00f3n de la Sentencia C-327 de 2020 referida a los procesos de extinci\u00f3n de dominio y que trat\u00f3 el tema de la carga de la prueba de la buena fe exenta de culpa en la compra de inmuebles por parte de terceros propietarios, no puede descontextualizarse lo apuntado all\u00ed por la Corte, puesto que, cuando lo que se acredita es justamente una irregularidad en la ocupaci\u00f3n o adquisici\u00f3n del predio, como la que qued\u00f3 aqu\u00ed demostrada, entonces resulta equiparable a lo que el Alto tribunal en aquella providencia tra\u00edda por la opositora clasific\u00f3 como propiedades originadas directa o indirectamente en una ilicitud, supuestos en los cuales, los vicios son trasladados a los sujetos que los compran sucesivamente, con la limitante de la buena fe que, seg\u00fan la Ley 1708 de 2014, debe ser exenta de culpa. As\u00ed, cuando la Corporaci\u00f3n se refiri\u00f3 a los adquirentes, a quienes correspond\u00eda cerciorarse del estado jur\u00eddico del bien para establecer la cadena de t\u00edtulos, mas no indagar sobre la historia o las condiciones personales del vendedor, alud\u00eda exclusivamente a los eventos de activos de origen y destinaci\u00f3n l\u00edcita, en tanto carentes de cualquier viso de ilegalidad, lo que de todos modos no resultar\u00eda aplicable a su favor, pues no trat\u00e1ndose de una imposici\u00f3n desproporcionada para ella, teniendo en cuenta que de la sola lectura del folio de matr\u00edcula pudo extraer un antecedente relacionado con el conflicto armado, derivado de la medida de inscripci\u00f3n de la UAEGRTD, ni si quiera acredit\u00f3 una m\u00ednima gesti\u00f3n al respecto frente la persona que le traspas\u00f3 para saber si hab\u00eda surgido con ocasi\u00f3n de alguna reclamaci\u00f3n conform\u00e1ndose con su propia conclusi\u00f3n tras la cancelaci\u00f3n, lo que le impedir\u00eda abrigarse bajo los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la resoluci\u00f3n judicial que ahora invoca. <\/p>\n
As\u00ed, concluy\u00f3 que la quejosa \u00abno acredit\u00f3 haber cumplido con lo que le era exigido al momento de adquirir, y que constitu\u00eda una carga probatoria de su resorte en este tr\u00e1mite\u00bb, m\u00e1xime cuando \u00abninguna prueba arrimada permite deducir que, en verdad, aquella no se encontraba en condiciones de conocer lo que sucedi\u00f3 con dicho bien, en concreto, el contexto de violencia que deriv\u00f3 en el abandono forzado por el primer propietario. Siendo as\u00ed que, no es posible concluir que de veras se tratara de una compradora de buena fe \u201cexenta de culpa\u201d, por lo que sus reclamaciones no pueden prosperar ni en cuanto a la compensaci\u00f3n ni en lo referente al reconocimiento de mejoras, para los que no bastaba en este caso la comprobaci\u00f3n de la buena fe simple\u00bb; supuesto \u00faltimo que reafirm\u00f3 exteriorizando que: <\/p>\n
Precisamente, por no enfrentar condici\u00f3n alguna de vulnerabilidad aqu\u00ed acreditada ni ostentar la calidad de v\u00edctima del conflicto armado, no puede ser eximida del requisito, en tanto no resulta admisible desde el punto de vista legal y constitucional que haya seguido un est\u00e1ndar de conducta ordinario en ese escenario, aun cuando no hubiera sido quien tom\u00f3 provecho directo del contexto de violencia generalizada. Si bien dentro del precedente horizontal de esta Sala en algunas excepcionales oportunidades se ha apreciado la buena fe simple como suficiente, ello ha sido en virtud de la morigeraci\u00f3n de esa exigencia, al encontrarse satisfechos todos los presupuestos jurisprudenciales que ameritan tal flexibilizaci\u00f3n, circunstancias que ac\u00e1 no se observaron; de igual forma, en atenci\u00f3n a su profesi\u00f3n que le exig\u00eda un mayor cuidado, una diligencia t\u00e9cnica adicional al momento de celebraci\u00f3n del negocio. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como quiera que las mejoras hacen parte de las compensaciones de que trata la Ley 1448 de 2011 y la teleolog\u00eda de esta para tales efectos es que precisamente se haya demostrado la buena fe exenta de culpa, el literal j) del art\u00edculo 91 de la misma, no puede leerse aisladamente sino sistem\u00e1ticamente y bajo la interpretaci\u00f3n contextual de dicha normativa, por lo cual, siempre la condici\u00f3n para la obtenci\u00f3n de una compensaci\u00f3n econ\u00f3mica, incluidas las aludidas mejoras, ser\u00e1 que, efectivamente, se hubiera acreditado un actuar cualificado. La sentencia citada por la opositora en torno a esta cuesti\u00f3n, en la cual se reconoci\u00f3 buena fe simple al margen de aquellos supuestos, obedeci\u00f3 en su momento a las circunstancias particulares que all\u00ed fueron analizadas y, en todo caso, se trata de un precedente que fue replanteado por la Sala desde hace m\u00e1s de 2 a\u00f1os y medio. <\/p>\n
Por \u00faltimo, tambi\u00e9n desech\u00f3 el reconocimiento de la censora como segunda ocupante porque, \u00abpese a haberse negado a que se le practicara la caracterizaci\u00f3n por parte la UAEGRTD, se cuenta en el expediente con la declaraci\u00f3n judicial rendida por ella, a partir de la cual es factible determinar que no se trata de una persona en situaci\u00f3n de vulnerabilidad ni que derive del predio su derecho a la vivienda o a su m\u00ednimo vital, y, por tanto, no es procedente reconocerle tal calidad\u00bb, en tanto que \u00abno reside en el predio objeto de solicitud, y como bien lo admiti\u00f3, ha ido al mismo solo en 3 ocasiones. Conforme a la declaraci\u00f3n de renta del a\u00f1o gravable 2018, cuenta con ingresos cuya fuente es distinta al fundo aqu\u00ed reclamado y, de acuerdo con la certificaci\u00f3n del RUNT, es propietaria de un veh\u00edculo automotor; as\u00ed tambi\u00e9n, seg\u00fan lo indic\u00f3 ante la juez de instrucci\u00f3n, es profesional del Derecho, es soltera, no tiene hijos y habita en otro inmueble diferente en la ciudad de Barrancabermeja\u00bb, aunado a que: <\/p>\n
Aunque no es propietaria de otros bienes inmuebles, claramente ni su vivienda ni su m\u00ednimo vital se hallan vinculados en modo alguno a la heredad reclamada en restituci\u00f3n, en tanto nunca la ha habitado ni la ha explotado para derivar de all\u00ed recursos econ\u00f3micos -seg\u00fan lo reconoci\u00f3 en estrados-, de manera que la p\u00e9rdida de la misma no la colocar\u00eda en estado de vulnerabilidad, aunado al hecho de que el terreno aqu\u00ed solicitado no abarca la totalidad de \u00e1rea del que le pertenece en un 50%, quedando, en todo caso, inc\u00f3lumes un poco m\u00e1s de 20 hect\u00e1reas de las que seguir\u00e1 siendo cotitular. <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3, en verdad, no pasa de ser una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Tribunal encartado valor\u00f3, en conjunto y bajo el tamiz de la sana cr\u00edtica, las pruebas recaudadas en el proceso bajo an\u00e1lisis y concluy\u00f3 que conflu\u00edan los presupuestos necesarios para acceder al amparo del derecho de restituci\u00f3n de tierras rogado y declarar infundada su oposici\u00f3n, acorde con la Ley 1448 de 2011; en cuyo caso tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello se desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juez constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Y es que no podr\u00eda ser de otra forma la conclusi\u00f3n, pues la Corte ha indicado, sobre los procesos del linaje que aqu\u00ed se analiza, que: <\/p>\n
La estructura, etapas y recursos consagrados por el legislador en la Ley 1448 de 2011 para el tr\u00e1mite de restituci\u00f3n de tierras, se han estimado como suficientes para garantizar, en lo medular, o, en su n\u00facleo esencial, los derechos de las v\u00edctimas, opositores, intervinientes y terceros. De ello da cuenta la sentencia C-099 de 27 de febrero de 2013, en la que Corte Constitucional destac\u00f3 que no obstante la brevedad del respectivo procedimiento, justificada como \u00abuna medida necesaria para proteger a las v\u00edctimas del empleo de artima\u00f1as jur\u00eddicas y del abuso del derecho para perpetuar el despojo jur\u00eddico de los predios\u00bb, se definieron en la norma \u00abgarant\u00edas suficientes para que quienes tengan inter\u00e9s puedan intervenir en el proceso, solicitar pruebas y controvertir las que hayan sido presentadas\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2013, rad. 00797-00; reiterada, entre otras decisiones, en CSJ STC, 4 jun. 2014, rad. 01016-00; y STC11957-2015, 7 sep., rad. 01947-00). <\/p>\n
De all\u00ed que, una vez agotada la tramitaci\u00f3n judicial, en la que se haya permitido la participaci\u00f3n de todos los interesados, as\u00ed como la exposici\u00f3n oportuna de sus puntos de vista, sin que se advierta un desconocimiento flagrante del derecho aplicable o las pruebas recaudadas, deber\u00e1n estarse al fallo emanado, sin que sea viable la intervenci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Tanto m\u00e1s cuando el sentenciador natural, como se advierte en el caso bajo estudio, efectu\u00f3 su valoraci\u00f3n probatoria considerando el contexto en que ocurrieron los hechos victimizantes y la disposici\u00f3n del predio objeto de restituci\u00f3n, especialmente en cuanto a quien, con ocasi\u00f3n de dichos actos de violencia, no tuvo opci\u00f3n diferente que abandonar el fundo, incluso, su arraigo a la tierra de la cual derivaba su sustento, a fin de salvaguardar su integridad personal; de la misma manera se procedi\u00f3 al ponderar las garant\u00edas de la opositor, quien adujo la titularidad actual del predio fundada en su adquisici\u00f3n a quienes previamente compraron al grupo familiar solicitante de la restituci\u00f3n, para lo cual, como se dej\u00f3 anotado, en descr\u00e9dito de una buena fe exenta de culpa y muy a pesar de sus alegaciones, no demostr\u00f3 la cualificaci\u00f3n de su actuaci\u00f3n de cara a realizar tal negociaci\u00f3n, m\u00e1xime cuando \u00abninguna prueba arrimada permite deducir que, en verdad, aquella no se encontraba en condiciones de conocer lo que sucedi\u00f3 con dicho bien, en concreto, el contexto de violencia que deriv\u00f3 en el abandono forzado por el primer propietario\u00bb. <\/p>\n
Aqu\u00ed se muestra relevante recordar que la buena fe exenta de culpa, conforme a la Corte Constitucional: <\/p>\n
\u2026exige ser probada por quien requiere consolidar jur\u00eddicamente una situaci\u00f3n determinada. As\u00ed, la buena fe exenta de culpa exige dos elementos: de un lado, uno subjetivo, que consiste en obrar con lealtad y, de otro lado, uno objetivo, que exige tener la seguridad en el actuar, la cual solo puede ser resultado de la realizaci\u00f3n [de] actuaciones positivas encaminadas a consolidar dicha certeza. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el tema que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, vale decir que la aplicaci\u00f3n y la interpretaci\u00f3n de la buena fe exenta de culpa a que se refiere la Ley de v\u00edctimas y restituci\u00f3n de tierras\u2026 se circunscribe a la acreditaci\u00f3n de aquellos actos que el tercero pretenda hacer valer en relaci\u00f3n con la tenencia, la posesi\u00f3n, el usufructo, la propiedad o dominio de los predios objeto de restituci\u00f3n. Estos actos pueden ser, entre otros, posesiones de facto, negocios jur\u00eddicos de car\u00e1cter dispositivo o situaciones que tienen origen en \u00f3rdenes judiciales o actos administrativos. La comprobaci\u00f3n de la buena fe exenta de culpa lleva a los terceros a ser merecedores de una compensaci\u00f3n, como lo dispone la Ley 1448 de 2011 (CC C-330\/16). <\/p>\n
Por ese sendero, refulge que el Alto Tribunal, como garante de prerrogativas esenciales, fij\u00f3 como derrotero que a los opositores les resulta insuficiente demostrar que, en su convicci\u00f3n profunda, actuaron con probidad o lealtad, evaluaci\u00f3n que valga la pena mencionarlo deber\u00e1 hacerse caso por caso seg\u00fan las condiciones personales de aqu\u00e9llos, sino que deber\u00e1n exhibir un comportamiento prudente exigible de cualquier persona puesta en sus mismas condiciones objetivas. Sin duda se trata de un est\u00e1ndar diferencial, que debe ser examinado dentro del contexto de violencia que deriv\u00f3 en el despojo y constituye el sustrato de la solicitud de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras abandonadas forzosamente o despojadas. <\/p>\n
Dicho de otra forma, atendiendo a lo relatado, la buena fe subjetiva no es m\u00e1s que la legalidad y honradez con la que el opositor efectu\u00f3 el negocio jur\u00eddico por el cual adquiri\u00f3 el predio objeto de restituci\u00f3n, siendo consciente que al efectuar dicho acto no estaba actuando con violencia, fraude o dolo, acci\u00f3n de donde se deriva el derecho reclamado; a su vez, la buena fe objetiva exige un comportamiento encaminado a evitar un aprovechamiento injusto, expresado en las verificaciones que se esperan de un sujeto con formaci\u00f3n, experiencia y comprensi\u00f3n equiparable al del opositor; situaciones que necesariamente han de ser probadas al interior del juicio, pues se debe desvirtuar que su conducta, para adquirir la heredad, no advert\u00eda la intenci\u00f3n de causar da\u00f1o ni de obtener alg\u00fan tipo de aprovechamiento indebido en menoscabo de su contraparte. <\/p>\n
Este estudio contextual, de cara al caso concreto y a la buena fe exenta de culpa pretendida por la opositora, sirvi\u00f3 al Tribunal para evaluar los elementos subjetivos y objetivos de su oposici\u00f3n, concluyendo que no \u00abacredit\u00f3 haber cumplido con lo que le era exigido al momento de adquirir, y que constitu\u00eda una carga probatoria de su resorte en este tr\u00e1mite\u00bb, lo que el Tribunal hall\u00f3 suficiente para descartar la buena fe subjetiva, interpretaci\u00f3n que no se advierte contraevidente, cerr\u00e1ndose la prosperidad de la tutela en este punto espec\u00edfico. <\/p>\n
Entonces, como la buena fe exenta de culpa debe ser suficientemente acreditada por el tercero que pretenda hacer valer su titularidad del fundo objeto de restituci\u00f3n, que al estar debidamente probada, ser\u00eda digna de una compensaci\u00f3n conforme a lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011, lo que ac\u00e1 no qued\u00f3 demostrado, seg\u00fan la valoraci\u00f3n efectuada por el sentenciador, sin que se adviertan en ella yerros superlativos que constituyan una v\u00eda de hecho, no procede la intervenci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
3. Lo dicho impone denegar la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a todos los intervinientes, por el medio m\u00e1s expedito y eficaz, y en caso de no impugnarse este fallo, oportunamente rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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STC11304-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC11304-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02986-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Tiani Esther […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57298","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57298","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57298"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57298\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57298"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57298"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57298"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}