STC11308-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
STC11308-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2021-01595-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 4 de agosto de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Chemical Product SAS, Asistencia Domiciliaria Integrada SAS y Seguridad Centauro Ltda. contra el Juzgado Doce Civil del Circuito de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las sociedades promotoras del amparo reclamaron protecci\u00f3n constitucional de la prerrogativa fundamental al debido proceso, que dicen vulnerada por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicitan se disponga \u00abdecretar la nulidad del auto admisorio de la demanda de fecha 21 de abril del 2017\u2026 por ser\u2026 ilegal\u00bb; y que \u00abse ordene la terminaci\u00f3n y archivo del proceso\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Banco de Occidente promovi\u00f3 proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado contra Chemical Product SAS, Asistencia Domiciliaria Integrada SAS y Seguridad Centauro Ltda., cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el que en auto de 28 de agosto de 2017 resolvi\u00f3 no o\u00edr a la parte demandada y tener por no contestada la demanda. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, el referido despacho en fallo de 21 de septiembre de 2017 dict\u00f3 sentencia, en la que declar\u00f3 terminado el contrato de arrendamiento y decret\u00f3 la restituci\u00f3n del bien pretendida. El extremo demandado pidi\u00f3 la nulidad del proceso, solicitudes que fueron rechazadas en prove\u00eddos de 9 de septiembre de 2019 y 29 de julio de 2021. <\/p>\n
2.3. Indicaron las sociedades gestoras que en el poder otorgado no se se\u00f1alaron cuales eran los c\u00e1nones de arrendamiento que se adeudaban y los motivos de la mora, pues esta \u00faltima pod\u00eda configurarse por pago de servicios o cuotas de administraci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Sostuvieron que el apoderado del Banco de Occidente SA no ten\u00eda la facultad de se\u00f1alar cuales eran los c\u00e1nones adeudados, pues no fue autorizado para ello; que el poder debe ser especial para reclamar la deuda, claro y preciso, pues de lo contrario se configura la causal de nulidad prevista en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.5. Refirieron que el poder conferido no observaba los art\u00edculos 74 \u00eddem que precisa que los asuntos deben ser determinados y claramente identificados, ni el 83 ib\u00eddem; que la demanda fue admitida sin que se subsanara lo atinente al domicilio de la demandante, pues solo inform\u00f3 el del extremo pasivo y tampoco se se\u00f1alaron los linderos actuales, la competencia y cuant\u00eda. <\/p>\n
2.6. Agregaron que el fallador incurr\u00eda en prevaricato por acci\u00f3n y omisi\u00f3n conforme con los art\u00edculos 413 y 414 del C\u00f3digo Penal y el apoderado del extremo actor en fraude procesal; que el despacho acusado debi\u00f3 abstenerse de avocar el conocimiento del asunto por los yerros que exist\u00edan; y que el funcionario criticado no cumpli\u00f3 con sus deberes establecidos en el art\u00edculo 74 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogot\u00e1 realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que no se cumpl\u00eda con el requisito de subsidiariedad, pues el prove\u00eddo de 28 de agosto de 2017, a trav\u00e9s del que se dispuso no escuchar al demandado, no fue recurrido; que tampoco se observaba el presupuesto de la inmediatez, puesto que los autos criticados eran de 28 de agosto y 21 de septiembre de 2017; y que se pretend\u00eda usar este mecanismo excepcional para revivir etapas procesales o como una instancia adicional. <\/p>\n
2. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no cumpl\u00eda con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, pues las irregularidades que se reclamaban constitu\u00edan vicios espec\u00edficos que debieron ser manifestados en la oportunidad procesal pertinente, esto es, en la contestaci\u00f3n de la demanda; que el auto de 28 de agosto de 2017 no fue recurrido; que la deficiencia del poder no fue puesta de presente en la contestaci\u00f3n de la demanda ni tampoco tenida en cuenta por la no acreditaci\u00f3n del pago de las mensualidades insolutas, actuaci\u00f3n que se surti\u00f3 conforme a la normatividad aplicable y que no se halla en las excepciones estipuladas para o\u00edr a los convocados conforme con el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso; que las promotoras pretenden reabrir un debate, superando aparentemente la inmediatez, con la presentaci\u00f3n de un incidente de nulidad el 29 de julio de 2021, lo que de ninguna manera habilita el examen constitucional, pues es palmario que las decisiones que las afectan datan del 2017, sin que en ese momento se hubieran controvertido, ni siquiera por motivos distintos a los ahora aducidos. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La parte accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y aduciendo que esta acci\u00f3n constitucional no deb\u00eda \u00abestar sometidas a la figura jur\u00eddica de la inmediatez, ya que la tutela fue instituida para defender los derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre las decisiones criticadas de 28 de agosto, 21 de septiembre de 2017, 9 de septiembre de 2019 (providencias con las que, entre otras cosas, se dispuso no escuchar al extremo demandado, se dict\u00f3 fallo y se rechaz\u00f3 de plano la nulidad); y la interposici\u00f3n de la tutela el 28 de julio de 2021, transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional. <\/p>\n
Es de advertirse que no son de recibo los argumentos con los que las gestoras pretenden superar el anotado presupuesto, pues el t\u00e9rmino se contabiliza a partir de las decisiones que denuncian como vulneradoras de sus prerrogativas fundamentales, destac\u00e1ndose que la reiteraci\u00f3n de la solicitud de nulidad no comporta la vigencia de dicho requisito. <\/p>\n
Respecto a dicho presupuesto: <\/p>\n
\u2026 si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ, STC 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00). <\/p>\n
3. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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