STC11314-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11314-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 47001-22-13-000-2021-00256-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 3 de agosto de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Elizabeth Molina Campo contra los Juzgados Tercero Civil del Circuito y S\u00e9ptimo Civil Municipal, ambos de esa ciudad; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por los estrados convocados, por lo que pidi\u00f3 \u00abdeclarar la nulidad de las sentencias de\u2026 8 de junio de 2021\u2026 y\u2026 14 de julio de 2021\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Elizabeth Molina Campo promovi\u00f3 una anterior acci\u00f3n de tutela contra Carlos Eduardo Caicedo Omar, en su condici\u00f3n de Gobernador del Magdalena, al considerar que dicho funcionario violent\u00f3 su buen nombre y la presunci\u00f3n de inocencia, al realizar \u00abacusaciones calumniosas\u00bb en su contra, en intervenciones p\u00fablicas y a trav\u00e9s de redes sociales, por lo que reclam\u00f3 que se le ordenara la rectificaci\u00f3n de dichas imputaciones. <\/p>\n
2.2. El prenotado resguardo fue desestimado con sentencia del 8 de junio de 2021, decisi\u00f3n que impugn\u00f3 la promotora, siendo confirmada con providencia del 14 de julio siguiente. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que las sedes judiciales acusadas negaron su tutela con fundamento en un \u00abprecedente desactualizado\u00bb, toda vez que se le exigi\u00f3 reclamar a su antagonista una rectificaci\u00f3n previa, como requisito de procedibilidad del mecanismo de amparo, desconociendo que la jurisprudencia vigente no establece dicho presupuesto cuando la tutela se dirige contra un particular. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Gustavo Adolfo Dur\u00e1n Revollo, Jair Alexander Mej\u00eda Alvear y Claudia Patricia Aar\u00f3n Viloria respaldaron las afirmaciones efectuadas por la promotora, por lo que pidieron conceder la protecci\u00f3n reclamada, la cual piden sea extensiva a ellos. <\/p>\n
2. La Gobernaci\u00f3n del Magdalena defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n censurada. <\/p>\n
3. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta resalt\u00f3 que \u00ablos argumentos sobre los cuales se edific\u00f3 la decisi\u00f3n que puso fin a la segunda instancia\u2026, fueron fruto del an\u00e1lisis serio y mesurado del acervo probatorio allegado a la actuaci\u00f3n, as\u00ed como de la normatividad vigente y jurisprudencia aplicable al caso concreto\u2026\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de esa localidad pidi\u00f3 que se declarara improcedente el amparo, \u00abtoda vez que lo que se pretende en este caso es quebrantar unas sentencias proferidas en un tr\u00e1mite similar linaje, planteamiento que, per se, desatiende una de las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales\u2026\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo, al considerar que \u00ab\u2026 el cuestionamiento que la [accionante] hace a los fallos\u2026, evidentemente no constituye un reparo del que se avizore una situaci\u00f3n de fraude o que las decisiones tutelares sean producto de la misma\u2026, circunstancias que valga decir, ni siquiera se aleg\u00f3 por la libelista, descart\u00e1ndose as\u00ed el \u00e9xito de la solicitud de resguardo\u00bb; y, adem\u00e1s, porque \u00abtampoco se advierte que la tutelante haya intentado la selecci\u00f3n de la tutela a efectos de su eventual revisi\u00f3n, siendo dable inferir que es una posibilidad con la que aun cuenta atendiendo la fecha de proferimiento del fallo de segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La promotora pidi\u00f3 que se \u00abrevoque la decisi\u00f3n, aplique los precedentes jurisprudenciales y ampare los derechos fundamentales al debido proceso en conexidad con la presunci\u00f3n de inocencia y buen nombre\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De acuerdo al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En trat\u00e1ndose de actuaciones surtidas en tr\u00e1mites de esta misma naturaleza, la Corte Constitucional en fallo T-353 de 2012, reiterando lo afirmado en la SU-1219 de 2001, manifest\u00f3: <\/p>\n
\u2026 la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna (T-353 de 2012, SU-1219 de 2001, reiterada por la CSJ STC178, 21 ene. 2016 rad. 2015-03107) <\/p>\n
Respecto de la protecci\u00f3n constitucional de cara a decisiones del mismo linaje, la Sala ha considerado que: <\/p>\n
[r]esulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp.2009-00126-00 (STC 21 feb 2011, rad.2010-00723-00; STC6334, 25 may. rad 2014-00303-02; STC-2015, 2 dic. rad. 02397-99 y STC178, 21 ene. 2016 rad. 2015-03107) <\/p>\n
3. En el caso bajo estudio la queja de la promotora est\u00e1 dirigida contra las sentencias del 14 de julio de 2021 y 8 de junio de estas mismas calendas, al considerar que en dichas providencias se desconoci\u00f3 la l\u00ednea jurisprudencial vigente. <\/p>\n
Con base en tales premisas, se concluye la improcedencia de esta nueva acci\u00f3n por cuanto la quejosa debe acudir directamente ante el m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n Constitucional a reclamar la revisi\u00f3n de la prenotada acci\u00f3n constitucional (art\u00edculos 33 del Decreto 2591 de 1991, 56, 57 y 58 del Acuerdo 02 de 2015 -Reglamento Interno de la Corte Constitucional), tr\u00e1mite que a\u00fan no se ha surtido, conforme se verific\u00f3 en la p\u00e1gina web de dicha Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
En un asunto de contornos similares al aqu\u00ed estudiado dej\u00f3 dicho la Corte que: <\/p>\n
(\u2026) en el presente asunto no se cumple con el requisito de subsidiariedad, dado que la querellante cuenta con la opci\u00f3n de exponer las irregularidades que por esta v\u00eda alega ante la Corte Constitucional, pidiendo la revisi\u00f3n del pronunciamiento que no comparte o su falta de notificaci\u00f3n, lo que constituye un medio de defensa id\u00f3neo. <\/p>\n
(\u2026) sobre la viabilidad de exponer inconsistencias formales por v\u00eda de revisi\u00f3n al fallo de resguardo, la misma Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado <\/p>\n
(\u2026) el mecanismo constitucional dise\u00f1ado para controlar las sentencia de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisi\u00f3n del propio constituyente, es el de revisi\u00f3n\u2026\u201d, que \u201c\u2026incluye las v\u00edas de hecho de los mismos jueces de tutela\u2026\u201d, que deben ser corregidas en ese tr\u00e1mite, adem\u00e1s de que cualquier afectado e inconforme con una decisi\u00f3n en estas acciones, puede acudir ante esa Corporaci\u00f3n para solicitar su revisi\u00f3n (fallo SU-1219 de 21 de noviembre de 2001). Sentencia de 28 de sep. 2007, exp. 01495-00, citada el 26 de en. 2012, rad. 2011-02523-01 y el 10 abr. 2014, rad. 00654-00, STC1673-2014, 13 ag. exp. 01761-00) (criterio reiterado en CSJ STC, 8 oct. 2014, rad. 2014-02195-00). <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, la revisi\u00f3n es el mecanismo id\u00f3neo para esgrimir las circunstancias que aqu\u00ed denuncia el tutelante, el cual no puede ser desconocido, so pretexto de ser un mecanismo \u00abeventual\u00bb y que no ostenta \u00abcar\u00e1cter obligatorio\u00bb. <\/p>\n
4. Lo consignado impone respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 <\/p>\n
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