STC11316-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11316-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-02103-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Luis Alfonso Becerra Valencia le instaur\u00f3 a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2003-00010. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb y \u00abdefensa\u00bb para que, en consecuencia, se ordenara a la Magistratura enjuiciada \u00abdejar sin efectos el prove\u00eddo proferido el 24 de mayo de 2021 (\u2026) [y, en su lugar,] le d\u00e9 la interpretaci\u00f3n id\u00f3nea a la sentencia dictada por esta Corporaci\u00f3n STC351-2021 (\u2026), [en el sentido de] dar por terminado el proceso hipotecario por falta de reliquidaci\u00f3n y reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito (\u2026), tal como lo estipula la Ley 546 de 1999\u00bb. <\/p>\n
En sustento adujo que el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena, en el ejecutivo hipotecario que el Banco Central Hipotecario (B.C.H.) adelant\u00f3 en su contra para el cobro de la suma de $39\u2019415.093 contenida en el pagar\u00e9 \u201cn\u00ba 13006239-6\u201d suscrito el 28 de diciembre de 1994, m\u00e1s los \u201cintereses corrientes y moratorios\u201d causados, dispuso la venta en p\u00fablica subasta del predio embargado identificado con M.I. \u201cn\u00ba 060-21862\u201d (1\u00ba jun. 2003) y, posteriormente, lo adjudic\u00f3 a Mauricio Vel\u00e1squez Castiblanco y Yuraima Blanquicet G\u00f3mez, de conformidad con el art\u00edculo 557 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (8 feb. 2019). <\/p>\n
Sostuvo que frente a esa determinaci\u00f3n interpuso los recursos de ley y solicit\u00f3 \u201ccontrol de legalidad\u201d del litigio, pues se incurri\u00f3 en \u201cv\u00eda de hecho\u201d con el auto que libr\u00f3 mandamiento de pago (3 feb. 2013), porque la entidad bancaria no reestructur\u00f3 el cr\u00e9dito con sujeci\u00f3n al art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, por lo que el t\u00edtulo base del recaudo \u201cperd\u00eda toda su eficacia\u201d; empero, el despacho encartado mantuvo inc\u00f3lume la decisi\u00f3n y desestim\u00f3 la rogativa, al apreciar que ante la existencia de \u201cembargo de remanentes\u201d en su contra ello no era procedente, negando la concesi\u00f3n de la alzada (27 ag. 2019). <\/p>\n
Manifest\u00f3 que elev\u00f3 recurso de queja; pero el Tribunal convocado lo declar\u00f3 bien denegado (16 jul. 2020). <\/p>\n
Acot\u00f3 que el Juzgado, en cumplimiento del mandato constitucional expedido por esta Sala (STC351-2021, 28 en. 2021) en la salvaguarda por \u00e9l promovida (Rad. 2021-00065), \u201cdej\u00f3 sin efectos\u201d el interlocutorio de 27 de agosto de 2019 y orden\u00f3 la terminaci\u00f3n del litigio \u201cpor no haberse reestructurado el cr\u00e9dito\u201d (1\u00ba feb. 2021). <\/p>\n
Expres\u00f3 que los adjudicatarios, inconformes con esa directriz, presentaron recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n; la juez no repuso (25 mar.), sin embargo, el ad quem la infirm\u00f3 y, en su lugar, dispuso la continuaci\u00f3n de la lid (24 may.). <\/p>\n
Reproch\u00f3 que en ambas instancias no le corrieron traslado de las impugnaciones, de acuerdo con lo reglado en el Decreto 806 de 2020, quebrantando su prerrogativa a la \u201cdefensa\u201d; adicionalmente, critic\u00f3 que el superior le dio \u201cvalor probatorio\u201d a un \u201cestado de cuenta\u201d que aportaron los beneficiados, concluyendo que \u00e9l \u201cestaba insolvente\u201d y, por tanto, no era \u201cconducente\u201d culminar con el compulsivo por \u201cfalta de reestructuraci\u00f3n\u201d, lo que, en su sentir, \u201ccontrari[\u00f3] lo dispuesto por esta Corporaci\u00f3n, en diferentes fallos de tutela, (\u2026) [en especial, la] STC351-2021\u201d. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Cartagena indic\u00f3 que lo censurado por el gestor est\u00e1 soportado en las \u201cpruebas oportunamente recaudadas y en los argumentos razonables que se consignaron\u201d. <\/p>\n
El Juzgado Sexto Civil del Circuito relat\u00f3 las etapas surtidas en el coercitivo objetado y afirm\u00f3 que no ha violentado los atributos del precursor, por cuanto lo dictado en esa sede se ci\u00f1\u00f3 a las \u201cnormas procedimentales\u201d existentes; en ese orden, rog\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del auxilio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, examinado el prove\u00eddo emitido por la Colegiatura querellada (24 may. 2021), surge ostensible que la impetraci\u00f3n tuitiva tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, ya que se cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia del juez de tutela, como a continuaci\u00f3n se explica. <\/p>\n
1.2.- Mem\u00f3rese que, en relaci\u00f3n con la reestructuraci\u00f3n de obligaciones hipotecarias prevista en la Ley 546 de 1999, trat\u00e1ndose de juicios ejecutivos en los que persiguen cr\u00e9ditos otorgados para la adquisici\u00f3n de vivienda antes del 31 de diciembre de 1999, la Sala ha predicado que para acceder al resguardo, es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos: (i) Que la acci\u00f3n haya sido interpuesta oportunamente, esto es, antes del registro del auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble hipotecado o, a\u00fan, con posterioridad, si el bien fue entregado a la parte ejecutante; (ii) Que se haya actuado con una m\u00ednima diligencia dentro del asunto, ejerci\u00e9ndose los mecanismos de defensa procedentes y, (iii) Que directa o indirectamente se afecte el \u00abderecho a la vivienda digna\u00bb, gobernado por la Ley 546 de 1999. <\/p>\n
En torno a lo aludido, en la Sentencia SU-813 de 2007, la Corte Constitucional razon\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los jueces que est\u00e9n conociendo de acciones de tutela relativas a la terminaci\u00f3n de procesos ejecutivos que se refieran a cr\u00e9ditos de viviendas iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, deber\u00e1n seguir, entre otros, el precedente sentado en la presente sentencia de unificaci\u00f3n. Por lo tanto, a) deber\u00e1n conceder la acci\u00f3n de tutela cuando i) \u00e9sta haya sido interpuesta de manera oportuna antes de que se haya registrado el auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble y ii) cuando el demandante en dicho proceso ejecutivo haya actuado con una diligencia m\u00ednima dentro del mismo (\u2026)\u201d. Reiterado en CC T- 881\/13). <\/p>\n
Esa Corporaci\u00f3n esboz\u00f3, adem\u00e1s, que \u201c(\u2026) en trat\u00e1ndose de procesos ejecutivos hipotecarios iniciados antes de 1999, esta Corporaci\u00f3n ha especificado que el principio de inmediaci\u00f3n se cumple \u2013para efectos de proteger a terceros adquirientes de buena fe\u2013 si la acci\u00f3n de tutela ha sido instaurada antes de que el bien rematado en p\u00fablica subasta sea registrado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
De acuerdo con lo discurrido y evaluados los elementos de convicci\u00f3n, se extrae la observancia de los presupuestos rese\u00f1ados, porque el accionante cumpli\u00f3 con la \u201cm\u00ednima diligencia\u201d en el pleito debatido y, a la fecha actual no se ha efectuado la inscripci\u00f3n de la adjudicaci\u00f3n de la heredad. <\/p>\n
1.2.- En el sub lite el Tribunal de Cartagena, en el auto atacado, coligi\u00f3 que \u00ablos cr\u00e9ditos otorgados en UPAC deben ser reestructurados, so pena de que se entienda que el t\u00edtulo que los contiene es ineficaz para el cobro jur\u00eddico\u00bb; sin embargo, advirti\u00f3 que esa \u201cregla tiene [unas] excepciones\u201d que se contraponen para clausurar el cobro forzado y, para ello, extrajo de la sentencia SU-787 de 2012: \u00ab(a) Que existan otros procesos ejecutivos en curso contra el deudor; o, (b) Que el deudor carezca de la capacidad financiera para asumir la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Con esos lineamientos, hall\u00f3 que, pese a la ausencia de la \u201creestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u201d reclamada ante la jurisdicci\u00f3n, resultaba improcedente cesar el coercitivo, pues al inspeccionar el paginario encontr\u00f3: \u00abi) Que la Asociaci\u00f3n de Copropietarios Parque Habitacional El Refugio adelanta contra LU\u00cdS ALFONSO BECERRA VALENCIA los procesos ejecutivos Rads. Nos. 13001- 40-03-008-2008-00908-00, 13001-40-03-012-2015-00910-00 y 13001-40-03-004-2008- 00899-00, \u00e9ste \u00faltimo con solicitud de embargo de remanentes, la cual fue aprobada por auto de 19 de enero de 2019; ii) Que el demandado adeuda $6\u2019027.129 por concepto de impuesto predial del inmueble que aqu\u00ed se persigue, tal y como consta en la factura No. 01901930051901; iii) Que el demandado adeuda la suma de $58\u2019003.152 por concepto de cuotas de administraci\u00f3n desde el a\u00f1o 2002, seg\u00fan el certificado emitido el 19 de enero de 2021 por la Asociaci\u00f3n de Copropietarios Parque Habitacional El Refugio, tambi\u00e9n respecto del inmueble objeto de este proceso\u00bb; medios suasorios que lo llevaron a revocar la resoluci\u00f3n del Juzgado para, en su lugar, disponer la continuidad de la lid, comoquiera que <\/p>\n
\u00abesos documentos, los cuales no fueron controvertidos, ni desvirtuados por la parte demandada al descorrer el traslado de los aludidos recursos, analizados en conjunto y bajo las reglas del sentido com\u00fan, son indicativos no s\u00f3lo de que se siguen varios procesos ejecutivos contra el demandado, sino que, adem\u00e1s, su capacidad econ\u00f3mica podr\u00eda verse comprometida al adeudar m\u00e1s de $60\u2019000.000 por obligaciones generadas por el inmueble aqu\u00ed perseguido desde el a\u00f1o 2002 (\u2026) lo cual afecta su capacidad econ\u00f3mica\u00bb. <\/p>\n
N\u00f3tese que dicha Magistratura para soportar la \u201cincapacidad de pago\u201d del petente, discrimin\u00f3 las deudas de aqu\u00e9l en tres \u00edtems; empero, al revisar el material que reposa en el infolio, se observa que los mismo confluyen en obligaciones del mismo inmueble, por \u201ccuotas de administraci\u00f3n\u201d que ascienden a $58\u2019003.152 cobradas a trav\u00e9s de los \u201cejecutivos n\u00ba 2008-00908, 2015-00910 y 2008-00899\u201d y por lo que existe un embargo de remanentes, y por predial (sin cobro coactivo). <\/p>\n
1.3.- La situaci\u00f3n descrita, demuestra que con dicha decisi\u00f3n se cometi\u00f3 un desatino, porque la Corporaci\u00f3n querellada no ofreci\u00f3 elementos adicionales a los expuestos por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena en el prove\u00eddo de 27 de agosto de 2019, que esta Sala orden\u00f3 dejar sin efectos en el fallo de tutela STC351-2021 (28 en.), al estimar que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) As\u00ed las cosas, evidente es que, en \u00faltimas, el Juzgado termin\u00f3 resolviendo que en el caso concreto no se impon\u00eda la reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, por cuanto el ejecutado carec\u00eda de la solvencia econ\u00f3mica necesaria para sufragarla, circunstancia que extract\u00f3, simplemente, de la existencia del embargo de remanentes, fundamentaci\u00f3n que, como lo ha sostenido esta Sala, resulta insuficiente (\u2026). <\/p>\n
En ese contexto, como se anunci\u00f3, la motivaci\u00f3n del prove\u00eddo de 12 de agosto de 2019 es insuficiente, toda vez que pretermiti\u00f3 efectuar un an\u00e1lisis concienzudo de la real situaci\u00f3n financiera de los entonces enjuiciados, aspecto nodal para la resoluci\u00f3n del conflicto sometido a su consideraci\u00f3n (CSJ STC14779-2019, 30 oct., rad. 2019-03453-00; criterio reiterado, entre otras decisiones, en STC474-2020, 29 en., rad. 2019-03992-00; y STC3010-2020, 18 mar., rad. 2020-00757-00)\u00bb. <\/p>\n
Desconoci\u00f3 el Juez plural que en ese pronunciamiento y en otros varios (STC14779-2019; STC5248-2021 y STC5305-2021;) esta Corporaci\u00f3n adopt\u00f3 una \u00fanica posici\u00f3n, consistente en que la existencia de otros compulsivos en donde se haya decretado el embargo de los remanentes o cobros coactivos, per se, no constituyen elementos que lleven impl\u00edcita la incapacidad de pago del ejecutado. <\/p>\n
Ante sucesos como los detallados, importa recalcar que, le incumbe al cognoscente, en aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, apreciar las pruebas \u00aben conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos\u00bb, con el prop\u00f3sito de esclarecer con suficiencia esa eventualidad, it\u00e9rese, la capacidad de pago del demandado \u00abteniendo en cuenta que de ello depende la prerrogativa para los deudores de reorganizar su cr\u00e9dito hipotecario atendiendo a sus \u00abreales posibilidades financieras\u201d, para, de esa manera, garantizarles la facultad de conservar su lugar de habitaci\u00f3n, derecho de rango supralegal y fin primordial de la Ley 546 de 1999\u00bb (CSJ STC14779-2019, 30 oct., rad. 2019-03453-00). <\/p>\n
Bajo ese derrotero, se advierte que qued\u00f3 menguada la actividad del juez instructor, ya que como lo ha asentado esta Colegiatura, en el escenario que se discute \u201cresulta indispensable una labor proactiva del juzgador\u201d (STC STC14779-2019); lo que se acompasa, en igual sentido, con la importancia de la \u201cfacultad oficiosa de decretar pruebas en segunda instancia\u201d como una herramienta valiosa para la resoluci\u00f3n de los litigios. <\/p>\n
Ahora, si el Tribunal, a prop\u00f3sito de la \u201cfalta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u201d, ten\u00eda dudas acerca de la \u201cincapacidad de pago de Luis Alfonso\u201d, debi\u00f3 hacer uso del art\u00edculo 170 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual: \u201c[e]l juez deber\u00e1 decretar pruebas de oficio, en las oportunidades probatorias del proceso (\u2026) cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia\u201d y, con cimiento en ese precepto, decretar las pruebas necesarias que le permitieran visualizar los ingresos, los egresos y la conformaci\u00f3n en general del patrimonio del auspiciante, con el objetivo de conocer su verdadero contexto financiero para, con base en ello, emprender un an\u00e1lisis minucioso de cara a las obligaciones de aquel. <\/p>\n
Frente al punto ha dicho la Sala, que [c]uando los litigios ofrecen deficiencia probatoria, es obligaci\u00f3n del juzgador emplear los poderes oficiosos para decretar todos los elementos de convicci\u00f3n que, a su juicio, considere convenientes para verificar los hechos alegados por las partes, ante todo, cuando se afectan los derechos fundamentales o el orden p\u00fablico (STC1144-2020). <\/p>\n
En un caso an\u00e1logo al aqu\u00ed auscultado, que mutatis mutandis resulta ajustable al presente, se dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Seg\u00fan se acot\u00f3 con antelaci\u00f3n, el ente fustigado estim\u00f3 improcedente finiquitar el decurso analizado, por cuanto, si bien no se realiz\u00f3 la \u201creestructuraci\u00f3n\u201d de la obligaci\u00f3n all\u00ed reclamada, los deudores eran insolventes, pues mediaba un \u201cembargo coactivo\u201d iniciado por la administraci\u00f3n municipal de Cartagena, acorde con la anotaci\u00f3n n\u00b0 14 del certificado del libertad y tradici\u00f3n del inmueble gravado. <\/p>\n
Ahora, pese a haberse entendido, como elemento demostrativo de esa eventualidad, la existencia de otros compulsivos en donde se haya decretado el embargo de los remanentes o cobros coactivos, tal circunstancia, per se, no apareja tal conclusi\u00f3n, porque ese mero hecho, contemplado en bruto, no lleva impl\u00edcita la incapacidad de pago del enjuiciado. <\/p>\n
Por el contrario, resulta indispensable una labor proactiva del juzgador para esclarecer con suficiencia este presupuesto, teniendo en cuenta que de ello depende la prerrogativa para los deudores de reorganizar su cr\u00e9dito hipotecario atendiendo a sus \u00abreales posibilidades financieras\u201d, para, de esa manera, garantizarles la facultad de conservar su lugar de habitaci\u00f3n, derecho de rango supralegal y fin primordial de la Ley 546 de 1999. <\/p>\n
En el asunto objeto de la queja constitucional, se desconoci\u00f3 la potestad de los promotores \u00c9lida Carmelia Hoyos Anaya y William Mesa G\u00f3mez de acceder a la mencionada \u201creestructuraci\u00f3n\u201d, la cual, como viene dici\u00e9ndose, en estos eventos, al estar acreditado que se trata de un cr\u00e9dito destinado para la adquisici\u00f3n de \u201cvivienda\u201d originado en el extinto sistema Upac, est\u00e1 directamente relacionado con la garant\u00eda iusfundamental a la \u201cvivienda\u201d. <\/p>\n
No puede, bajo ning\u00fan derrotero, estimarse demostrada la \u00abincapacidad econ\u00f3mica\u00bb del extremo all\u00e1 demandado por la sola presencia del aludido \u00abembargo coactivo\u00bb, pues, como se anot\u00f3 en precedencia, esa mera circunstancia no sirve para certificar ese supuesto. <\/p>\n
Avalar ese proceder aparejar\u00eda el desconocimiento de las reglas probatorias propias del procedimiento civil porque introduce una presunci\u00f3n de car\u00e1cter judicial sin sustento en la ley o en la Constituci\u00f3n, donde el hecho base pasa a ser el \u201cembargo coactivo\u201d para de ah\u00ed deducirse la insolvencia patrimonial de los deudores. <\/p>\n
Ello es inadmisible, por cuanto acarrea la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso del accionado, consagrado constitucionalmente (art. 29 CN), al permitir la intromisi\u00f3n, en el juicio, de reglas probatorias no previstas ni preestablecidas por el legislador, sino obtenidas de la imaginaci\u00f3n del juez, al ubicar a la parte d\u00e9bil en la relaci\u00f3n crediticia en un visible estado de indefensi\u00f3n. <\/p>\n
El objetivo de la \u201creestructuraci\u00f3n\u201d consiste en la posibilidad de que los deudores concierten con el ente financiero o quien lo represente, la modalidad de pago de la acreencia de acuerdo a su actual capacidad econ\u00f3mica. <\/p>\n
No puede truncarse tal prerrogativa sin mediar pleno convencimiento de la imposibilidad de \u00e9stos de hacer frente al mutuo, luego de su renegociaci\u00f3n, que deber\u00e1 ser apreciada conforme lo establece el canon 176 C\u00f3digo General del Proceso. (CSJ STC14779-2019, 30 oct., rad. 2019-03453-00; criterio reiterado, entre otras decisiones, en STC474-2020, 29 en., rad. 2019-03992-00; STC3010-2020, 18 mar., rad. 2020-00757-00; y STC351-2021, 28 en., rad. 2021-00065-00), negrilla fuera de texto. <\/p>\n
2.- Ergo, se conceder\u00e1 la ayuda superlativa a fin, de que la autoridad cuestionada deje sin efectos el interlocutorio de 24 de mayo de 2021 para que, en su lugar, proceda a decretar, de oficio, las pruebas que estime pertinentes a efectos de conocer el contexto financiero real de Luis Alfonso Becerra Valencia y, seguidamente, emitir la determinaci\u00f3n que en derecho corresponda. <\/p>\n
Finalmente, se precisa que como el ruego concedido conlleva la invalidaci\u00f3n de la referida providencia, la Corte se abstendr\u00e1, por sustracci\u00f3n de materia, de definir las dem\u00e1s quejas elevadas por el tutelante, pues ser\u00e1 necesario que el Tribunal primero se pronuncie de nuevo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve: <\/p>\n
Primero: Conceder la tutela instada por Luis Alfonso Becerra Valencia contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. <\/p>\n
Segundo: Ordenar a la accionada, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su notificaci\u00f3n, deje sin efectos la determinaci\u00f3n proferida el 24 de mayo de 2021 para que, en su lugar, proceda a decretar las pruebas de que estime pertinentes, que le permitan conocer el verdadero estado financiero de Luis Alfonso Becerra Valencia y, seguidamente, emitir el prove\u00eddo que en derecho corresponda, con observancia de las consideraciones aqu\u00ed vertidas. <\/p>\n
Tercero: Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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STC11316-2021 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC11316-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-02103-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del primero de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Desata la Corte la tutela que Luis Alfonso Becerra Valencia le instaur\u00f3 a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57309","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57309","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57309"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57309\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57309"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57309"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57309"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}