STC11317-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11317-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-02963-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (01) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Dirime la Corte la tutela que Luis Eduardo L\u00f3pez Rosero le instaur\u00f3 a la Sala Civil -Familia del Tribunal Superior y al Juzgado Primero Civil del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Pasto, extensiva a Sthela del Carmen Narv\u00e1ez Solarte, a los herederos indeterminados de \u00c1lvaro Javier Navarrete y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 001-2015-00124-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abdefensa\u00bb, y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb para que, en consecuencia, se dejara sin efectos el fallo proferido por la Magistratura acusada el 17 de febrero de 2021 y se le ordenara \u00abdictar sentencia conforme a los alegatos de apelaci\u00f3n esgrimidos por las partes dando por acreditado el presupuesto de existencia y validez del contrato de promesa de compraventa de fecha 26 de diciembre de 2014 comprometido en ese asunto\u00bb. <\/p>\n
En respaldo adujo que en el juicio declarativo que le adelant\u00f3 a \u00c1lvaro Javier Navarrete (rad 2015-00124) el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto accedi\u00f3 a las pretensiones y declar\u00f3 \u00ab(i) la resoluci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa celebrado entre Luis Eduardo L\u00f3pez Rosero y \u00c1lvaro Javier Navarrete Carvajal que consta en el documento adosado a la demanda, fechado a 26 de diciembre de 2014, (ii) orden\u00f3 las restituciones mutuas que encontr\u00f3 acreditadas, (iii) conden\u00f3 al demandado \u2013 sucesores de \u00c1lvaro Javier Navarrete Carvajal al pago de perjuicios materiales – la cl\u00e1usula penal pactada en el contrato de promesa, (iii) e impuso la condena al pago de las costas al extremo pasivo del proceso\u00bb (13 ag. 2020). <\/p>\n
Asever\u00f3 que apelada la sentencia por ambos extremos, el superior la revoc\u00f3 (17 feb. 2021) y, en su lugar: i) Declar\u00f3 la nulidad absoluta del citado convenio; ii) Conden\u00f3 \u00abal demandado \u00c1lvaro Javier Navarrete Carvajal o sus sucesores procesales a restituir al demandante Luis Eduardo L\u00f3pez Rosero, en el t\u00e9rmino de DIEZ (10) DIAS, siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, la camioneta de placas HMK-972 en buen estado de funcionamiento, tanto mec\u00e1nico como de carrocer\u00eda, con el respectivo pago de impuestos, hasta cuando se verifique su entrega, SOAT y certificado de revisi\u00f3n t\u00e9cnico mec\u00e1nica y de gases vigentes, con su respectiva llanta de repuesto completa, sin ning\u00fan cargo a su costa, lo que incluye el pago del parqueadero donde ha permanecido desde el a\u00f1o 2014, gastos que deben ser sufragados por el demandado \u00c1lvaro Javier Navarrete Carvajal o sus sucesores procesales\u00bb y, iii) Neg\u00f3 las dem\u00e1s s\u00faplicas del libelo introductorio. <\/p>\n
Acus\u00f3 al ad quem de incurrir en v\u00edas de hecho por \u00abdefectos f\u00e1cticos probatorios y sustantivos\u00bb y de \u00abdesconocimiento del precedente en materia de interpretaci\u00f3n de los contratos\u00bb, en la medida que: <\/p>\n
i) No realiz\u00f3 una adecuada y razonable valoraci\u00f3n del material probatorio, \u00abtampoco escrut\u00f3 completamente el conjunto de los elementos de convicci\u00f3n arrimados al plenario; (\u2026) dej\u00f3 de considerar y atribuir eficacia demostrativa a elementos de prueba que obran en el expediente y, en otros eventos, (\u2026) termin\u00f3 ostensiblemente alterando el contenido objetivo de la prueba y, es as\u00ed, que conforme a la evidencia probatoria que emana del debate, decidi\u00f3 separarse de los hechos debidamente probados en el proceso\u201d, a saber, respecto de la singularizaci\u00f3n y especificaci\u00f3n del inmueble prometido en venta y del precio determinado. <\/p>\n
Por ende, se\u00f1al\u00f3, que \u00abomiti\u00f3, valorar y atribuir valor alguno a los diferentes elementos de prueba que fueron recaudados legalmente dentro del proceso, entre ellos, (i) la declaraci\u00f3n de parte y confesi\u00f3n del se\u00f1or demandado y promitente vendedor, el testimonio del se\u00f1or Jorge Humberto Meza, la diligencia de inspecci\u00f3n judicial (\u2026) igualmente referirse por completo e integralmente, (\u2026) al documento – plano que aport\u00f3 el testigo Jorge Humberto Meza-, documento con el cual se soport\u00f3 la negociaci\u00f3n, y que adem\u00e1s de la informaci\u00f3n del promitente vendedor, sirvi\u00f3 para la singularizaci\u00f3n y determinaci\u00f3n del inmueble, documento que claramente fue incorporado por los contratantes para ser parte del contrato de promesa como expresamente se estipul\u00f3 en la cl\u00e1usula QUINTA\u00bb. <\/p>\n
ii) Valor\u00f3 \u00abcaprichosamente\u00bb la voluntad negocial \u00abpara ponerla o dejarla a la suerte de lo que digan los testigos, y menos del se\u00f1or Vicente Llerena Salazar, quien ni siquiera fuera testigo presencial del contrato y, si bien se informa que fue contratado para hacer un trabajo de medici\u00f3n, es lo cierto, que ese trabajo jam\u00e1s lleg\u00f3 a su final, ni fue presentado a Curadur\u00eda Urbana para obtenci\u00f3n de la licencia de subdivisi\u00f3n, (\u2026) \u00bfcu\u00e1l es la raz\u00f3n para que el Tribunal se haya dado a la tarea de poner en entredicho o de ingresar en el objeto material del contrato, si el \u00e1rea general de todo el inmueble en mayor extensi\u00f3n ten\u00eda o no que considerarse para la determinaci\u00f3n del precio?, si bien clara es la voluntad de los contratantes, se fall\u00f3 entonces con decidida y deliberada omisi\u00f3n y alteraci\u00f3n de los precisos t\u00e9rminos contractuales que ajustaron las partes del contrato\u00bb. <\/p>\n
iii) Desatendi\u00f3 \u00abde manera ostensible e inexcusable el real contenido y naturaleza del referido contrato y, por esa senda, no solo concluye de manera contrar\u00eda a la real intenci\u00f3n negocial, fraguada por los contratantes. Adem\u00e1s, cuando se da a la tarea de exigir elementos adicionales a los legales para la determinaci\u00f3n o singularizaci\u00f3n del bien y del precio y pretende traer al escenario del contrato de promesa, con relaci\u00f3n a los dos aspectos, elementos meramente tangenciales o supletorios o accidentales y en este caso innecesarios, cometi\u00f3 graves yerros, manifiestos y protuberantes, defectos de linaje f\u00e1ctico y, como sobre dicha falencia jur\u00eddico \u2013probatorio termina apuntalando su decisi\u00f3n, incursiona su fallo en una evidente v\u00eda de hecho. <\/p>\n
iv) Omiti\u00f3 analizar por falta de aplicaci\u00f3n, precisas reglas de interpretaci\u00f3n y hermen\u00e9utica contractual, \u00abjustamente las previstas en los art\u00edculos 1618, 1619, 1620, 1621 y 1622 del C. Civil; de haber acudido a ellas, la decisi\u00f3n, seg\u00fan el material probatorio y el contexto pactado en el contrato se impon\u00eda en una conclusi\u00f3n judicial contraria a lo sentenciado\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, indic\u00f3 que se \u00abdesconocieron reiterados precedentes de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en materia de interpretaci\u00f3n de los contratos, Corporaci\u00f3n Judicial que en sentencia de casaci\u00f3n civil 07 de febrero de 2008, expediente 2001-06915-01. Bajo la Ponencia del Dr. WILLIAM NAMEN VARGAS\u00bb, al margen que presuntamente \u00abquebrant\u00f3 de forma evidente, la disposici\u00f3n contenida en el numeral 4\u00aa. del art\u00edculo 89 de la ley 153 de 1887, al pretender hacer decir, lo que la norma no exige ni consagra, yerro may\u00fasculo de interpretaci\u00f3n, que como qued\u00f3 advertido conforme a la Sentencia de la Honorable Corte \u2013 CS- de fecha 14 de enero de 2015-, los elementos apenas supletorios, accidentales que si bien pueden converger a la identificaci\u00f3n del bien prometido en venta, no son determinantes para ello, como si lo es la ubicaci\u00f3n y alinderaci\u00f3n del bien ra\u00edz, que compromete la prometida compraventa\u00bb <\/p>\n
Asegur\u00f3, que en cuanto a la regla del numeral 4\u00ba del art. 89 L. 153\/87, \u00abdej\u00f3 de aplicar en su genuina dimensi\u00f3n normativa, lo dispuesto en el art\u00edculo 1864, cuando claramente esta disposici\u00f3n faculta a los contratantes en el escenario de la compraventa para fijar dicha determinaci\u00f3n del precio \u201cpor cualesquiera medios o indicaciones que lo fijen\u201d\u00bb, al punto de extralimitarse en su facultad interpretativa del contrato y \u00abdesatendi\u00f3 de forma evidente la orden procesal contenida en los art\u00edculos 176 del C. General del Proceso\u00bb, seg\u00fan el cual, las pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto. <\/p>\n
2.- El Tribunal de Pasto defendi\u00f3 la legalidad del veredicto refutado y resalt\u00f3 la inviabilidad del ruego, porque \u00abes evidente la ausencia de las causales de procedencia del amparo constitucional reclamado, tanto las gen\u00e9ricas como las espec\u00edficas\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil del Circuito se atuvo \u00abal tr\u00e1mite impartido en primera instancia y a las resultas de esta, contenida en providencia del 13 de agosto de 2020\u00bb. <\/p>\n
Juan Felipe Navarrete Erazo y \u00c1lvaro Navarrete Eraso, en calidad de herederos de \u00c1lvaro Javier Navarrete Carvajal, y Sthela Narv\u00e1ez Solarte se opusieron a la queja superlativa. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Constituye una regla invariable la improsperidad de este instrumento residual y sumario para disentir o revisar las providencias judiciales, sendero especial que tan s\u00f3lo se abre paso cuando quien est\u00e1 llamado a dispensar justicia socava o pone en riesgo las garant\u00edas fundamentales de los litigantes, es decir, frente a un obrar a todas luces arbitrario, grosero o ajeno a la ley, dado que no cualquier animadversi\u00f3n tiene la virtualidad de quebrantar la autonom\u00eda que el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica les reconoce. <\/p>\n
As\u00ed lo ha sostenido de tiempo atr\u00e1s esta Sala, al advertir que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y, menos a\u00fan, \u00abacometer, bajo ese pretexto, (\u2026) una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (STC 7 mar. 2008. rad. 2007-00514-01), ya que debe tenerse en cuenta que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28 mar. 2012, rad. 2012-00022-01, reiterada en STC128-2021). <\/p>\n
2.- En el sub examine se avizora que la determinaci\u00f3n de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pasto (17 feb. 2021), no luce antojadiza, ni ilegal; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario, en atenci\u00f3n a que valor\u00f3 \u00abrazonablemente\u00bb los elementos suasorios obrantes en el proceso de cara a \u00ablas exigencias legales\u00bb establecidas en el art. 1611 del C.C., en la promesa de compraventa celebrada entre \u00c1lvaro Javier Navarrete (vendedor) y Luis Eduardo L\u00f3pez Rosero (comprador). <\/p>\n
En efecto, liminarmente, aclar\u00f3, conforme con el art\u00edculo 328 del C.G.P., que como \u00ablas partes involucradas en la litis apelaron la sentencia de primera instancia, (\u2026) resolver\u00eda sin limitaci\u00f3n alguna\u00bb. <\/p>\n
Luego, puntualiz\u00f3 que, \u00abcorresponde establecer de manera inicial si el contrato cuya resoluci\u00f3n se pretende, re\u00fane las exigencias legales establecidas en la norma citada, a efectos de definir si el mismo es o no v\u00e1lido\u00bb; enseguida cit\u00f3 el contenido del art\u00edculo 89 de la L. 153\/87, para precisar que <\/p>\n
\u00abla determinaci\u00f3n de que habla la ley comprende tanto la cosa como el precio, respecto a que aquella se concreta, en t\u00e9rminos precisos, a que se especifique el inmueble, si a ese tipo de bienes se refiere la promesa, de forma tal que pueda distinguirse de cualquier otro, por lo que \u201ccuando se refiere a una cuota o porci\u00f3n de otro de mayor extensi\u00f3n, debe tambi\u00e9n individualizarse este en la misma forma, es decir, por su alinderaci\u00f3n\u201d [Corte Suprema de Justicia, SC004-2015, Rad. 2006, 00256-01, 14 de enero de 2015, M.P.: Jes\u00fas Vall De Rut\u00e9n Ru\u00edz.], doctrina que, para la Corte, de donde se ha tomado esta cita, se fundamenta en la interpretaci\u00f3n de los art\u00edculos 2594 del C.C. y 15 de la Ley 40 de 1932\u00bb. <\/p>\n
Ese raciocinio lo soport\u00f3 en un pronunciamiento de esta Corporaci\u00f3n as\u00ed: <\/p>\n
\u00abCon respecto a la imperiosa necesidad de se\u00f1alar los linderos del predio materia del contrato prometido, el m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n ordinaria puntualiz\u00f3: <\/p>\n
\u201cRazones suficientes para que la jurisprudencia de la Corte haya sostenido que la determinaci\u00f3n del inmueble prometido requiere que se especifiquen por los linderos (XXXI, 306), doctrina inalterada hasta la fecha, a\u00fan en tiempos de la actual Constituci\u00f3n, en la medida en que no ha sido objeto de mutaci\u00f3n; muy por el contrario, ha sido ratificada como puede verse en casaci\u00f3n civil del 30 de octubre de 2001, expediente 6849. <\/p>\n
Exigencia que \u2018\u2026otrora se hac\u00eda estribar en el contenido del art\u00edculo 2594 del c\u00f3digo civil, se encuentra hoy en las ordenaciones del decreto 960 de 1970, seg\u00fan las cuales los inmuebles que sean objeto de enajenaci\u00f3n \u2018se identifican\u2026 por su nomenclatura, por el paraje o localidad donde est\u00e1n ubicados y por sus linderos\u2019 (art\u00edculo 31). Y es que trat\u00e1ndose de inmuebles no es admisible otra manera o forma de determinarlos legalmente\u2019 (CLIX, 284). <\/p>\n
Es as\u00ed como la Corte en torno al entendimiento del art\u00edculo 89 de la ley 153 de 1887, ha reiterado que \u2018como en el contrato ajustado como promesa de compraventa no se dieron los linderos del inmueble objeto de ella, el bien qued\u00f3 indeterminado y por ello la promesa no produce obligaci\u00f3n alguna (…). En frente de lo preceptuado por la regla 4\u00aa del precitado art\u00edculo 89 de esa ley 153, la doctrina y la jurisprudencia han interpretado siempre esa disposici\u00f3n legal en el sentido de que, cuando la promesa versa sobre un contrato de enajenaci\u00f3n de un inmueble, como cuerpo cierto, \u00e9ste debe determinarse o especificarse en ella por los linderos que lo distinguen de cualquiera otro\u2019. (CLXXX – 2419 p\u00e1gina 226). <\/p>\n
Y en providencia posterior se\u00f1al\u00f3: \u2018en cambio, cuando el objeto del contrato es un bien inmueble la direcci\u00f3n del problema cambia de rumbo, pues si su identificaci\u00f3n por medio de linderos tiene que aparecer en el instrumento p\u00fablico tambi\u00e9n deben consignarse en la promesa, porque al notarse su ausencia en \u00e9sta, simbolizar\u00eda que el perfeccionamiento del contrato quedar\u00eda supeditado, no s\u00f3lo al otorgamiento de la escritura p\u00fablica -como es lo que dice el precepto-, sino tambi\u00e9n a la averiguaci\u00f3n de los detalles por medio de los cuales se distingue un inmueble. (…) En suma, el alindamiento del inmueble objeto del contrato prometido ha de formar parte de la descripci\u00f3n que de dicho contrato se realice en la promesa a causa de que sin \u00e9l ese contrato no podr\u00eda ser perfeccionado. Desde luego, otro podr\u00eda ser el cariz de la cuesti\u00f3n si legalmente no se exigiera que, en el contrato prometido, destinado a la enajenaci\u00f3n de un inmueble, \u00e9ste se especificara por medio de sus linderos porque, en tal hip\u00f3tesis, por fuera de las solemnidades legales, no habr\u00eda ninguna otra cosa que interfiriera con la efectuaci\u00f3n del contrato. (…). <\/p>\n
Concluyese que la especificaci\u00f3n o singularizaci\u00f3n del bien prometido no queda sometida a la discrecionalidad de los promitentes pactantes, pues si de acuerdo con la ley, lo \u00fanico que debe quedar pendiente es la tradici\u00f3n o la ejecuci\u00f3n de las formalidades legales, es porque el contrato prometido est\u00e1 determinado a cabalidad\u201d (las negrillas y el interlineado no son del texto)\u00bb Exp. 1999-01213-01, M.P. Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez. <\/p>\n
M\u00e1s adelante sostuvo, que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si la ley exige que para la perfecci\u00f3n del contrato solo debe faltar \u2018la tradici\u00f3n\u2019 de la cosa, esto es el modo, es porque el contentivo de la promesa debe apegarse, inocultablemente, a los mismos presupuestos que se exigen para el t\u00edtulo, o sea que al momento de otorgarse la escritura, pr\u00e1cticamente la promesa deba servir de minuta notarial para tal fin, lo que de suyo requiere la identificaci\u00f3n del bien ra\u00edz de manera plena y completa, con el prop\u00f3sito ya subrayado, que pueda distinguirse de cualquier otro\u00bb. <\/p>\n
Despu\u00e9s, al citar las cl\u00e1usulas primera y segunda del precontrato y descendiendo al caso concreto, asever\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abesa aparente determinaci\u00f3n del predio, se alter\u00f3 porque no se especific\u00f3 el \u00e1rea de terreno que quedaba localizada por fuera de la cuota parte que se pretend\u00eda adquirir, esto es, la que se reservar\u00edan los propietarios del terreno de mayor extensi\u00f3n y con la que colindar\u00edan por el costado izquierdo, ya que solamente se expres\u00f3 que correspond\u00eda a \u201cuna extensi\u00f3n lineal aproximada de 27.50 metros\u201d, imprecisi\u00f3n que sube de tono, porque en el par\u00e1grafo de la cl\u00e1usula primera transcrita, se especific\u00f3 que el \u00e1rea total del primer piso del inmueble prometido se fijar\u00eda por el total que de la misma resultara luego de hacer las mediciones correspondientes, pero si lo anterior no fuera suficiente, tampoco se alind\u00f3 el terreno de mayor extensi\u00f3n del que se dijo hace parte la franja materia del acuerdo preparatorio\u00bb. <\/p>\n
A lo que agreg\u00f3 que \u00ab(\u2026) por m\u00e1s que se intente dar una interpretaci\u00f3n correcta o comprensiva para el derecho a esa parte de la cl\u00e1usula, queda una verdadera incertidumbre que afecta, necesariamente, la precisi\u00f3n de lo prometido en venta\u00bb. <\/p>\n
Continu\u00f3 indicando, que <\/p>\n
\u00ab(\u2026.) no puede someterse la promesa a que la determinaci\u00f3n del bien se especifique, luego de que se efect\u00fae la medici\u00f3n del \u00e1rea, esto no lo tolera la ley y quiebra de suyo las caracter\u00edsticas especiales a que somete la promesa para que produzca efectos legales, omisiones que no pueden ser suplidas con pruebas testimoniales o, inclusive, con la inspecci\u00f3n judicial, ya que si bien en esta \u00faltima, la titular del juzgado concluy\u00f3 que \u201cel inmueble objeto de la inspecci\u00f3n coincide con el descrito en los hechos y pretensiones y con el descrito en el contrato base de la misma\u201d, la distinci\u00f3n del inmueble debe quedar comprendida en el contrato inicial\u00bb. <\/p>\n
Para esbozar que, <\/p>\n
\u00abigualmente, se requiere que en el escrito que recoge la promesa se determinen a cabalidad las cosas que son de la esencia del contrato prometido, \u201cpues de otro modo no podr\u00eda saberse cu\u00e1l fue el verdaderamente acordado, desde luego que, faltando la expresi\u00f3n de una de las cosas esenciales, el contrato no produce efecto o degenera en otro diferente\u201d, siendo indispensable que el precio sea determinable o est\u00e9 determinado\u00bb. <\/p>\n
Raciocinio que apoy\u00f3 en providencias de la Sala de Casaci\u00f3n Civil (SC 8 jul. 1977, no publicada y SC, 12 mar. 1990). <\/p>\n
\u00ab[d]el transcrito pacto, se evidencia que el precio no fue determinado, pero tampoco es determinable, por cuanto si bien el mismo estaba sujeto a la medici\u00f3n que del primer piso se hiciera y a la liquidaci\u00f3n de la comunidad, tarea esta \u00faltima que jam\u00e1s se concluy\u00f3, seg\u00fan aceptaron los extremos en contienda y se corrobora con la informaci\u00f3n suministrada por la Notaria Primera del C\u00edrculo de Pasto, al se\u00f1alar que no se hizo la \u201csubdivisi\u00f3n del inmueble\u201d identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 240-94287 de la O.R.I.P. de Pasto, por parte del se\u00f1or \u00c1lvaro Javier Navarrete Carvajal7 y con la comunicaci\u00f3n enviada con destino al expediente por el I.G.A.C\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, coligi\u00f3, <\/p>\n
\u00abseg\u00fan el precontrato el precio se establecer\u00eda atendiendo el \u00e1rea del primer piso, el deponente Meza L\u00f3pez dijo que esa superficie se definir\u00eda seg\u00fan el metraje del lote que resultara de la subdivisi\u00f3n y no de la construcci\u00f3n, al paso que el arquitecto Llerena Salazar expres\u00f3 en su declaraci\u00f3n que el levantamiento arquitect\u00f3nico recay\u00f3 sobre \u00e9sta \u00faltima \u2013la construcci\u00f3n- y as\u00ed se puede constatar en el trabajo aportado, divergencias que no permiten concretar el precio, m\u00e1xime si seg\u00fan el contrato preparatorio el \u00e1rea del terreno transferido era de aproximadamente 331 metros cuadrados y seg\u00fan el plano aportado, el \u00e1rea del lote correspondiente al demandado, denominado No 2, es de 335,27 M2 y no aparece cu\u00e1l es la faja del primer piso que permitiera determinar el precio, si la que corresponde a la totalidad del inmueble, o de la que es propietario el demandado, si incluye o no la construcci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3, en cuanto a la cuarta exigencia del art. 1611 del C\u00f3digo Civil, <\/p>\n
\u00abPor consiguiente, luego de verificar la ausencia de los elementos esenciales de la promesa de compraventa (precio y objeto), procede declarar su nulidad absoluta, inclusive de oficio, al estar de por medio el orden p\u00fablico, siempre y cuando se hallen cumplidos los requisitos previstos en el art\u00edculo 1742 del C\u00f3digo Civil, subrogado por el canon 2 de la Ley 50 de 1936, esto es, se encuentren presentes quienes participaron en su celebraci\u00f3n o le sucedan legalmente, el vicio aparezca de manifiesto y el acuerdo de voluntades declarado nulo se invoque como fuente de las obligaciones; cuya declaratoria impone al juez definir acerca del estado en que han de quedar las cosas, m\u00e1xime cuando con venero en el nulo convenio se consumaron algunas prestaciones, sin que sea necesario haberlas demandado ya en el libelo introductor del proceso o en su respuesta. <\/p>\n
Tal situaci\u00f3n fue contemplada por el legislador, previendo que la declaraci\u00f3n de nulidad del contrato genera como efecto primordial el que las cosas vuelvan al estado precontractual y, que, por ende, entre los presuntos negociantes se ordenen las prestaciones bilaterales o mutuas a que haya lugar, debiendo retrotraerse las cosas al estado en que se encontraban antes de su celebraci\u00f3n\u00bb <\/p>\n
3.- Como qued\u00f3 rese\u00f1ado, la Magistratura fustigada consider\u00f3, a partir del an\u00e1lisis del contrato de promesa suscrito entre los extremos de la Lid, que a pesar de que lo que pretend\u00eda el actor en la \u00abdemanda\u00bb era la resoluci\u00f3n del mismo con la consecuente condena al pago de perjuicios, lo cierto es que ese pacto preparatorio adolec\u00eda de un defecto que lo viciaba de \u00abnulidad absoluta\u00bb, situaci\u00f3n que impon\u00eda hacer la declaraci\u00f3n en tal sentido y emitir las \u00f3rdenes tendientes a restituir a los contratantes al mismo estado que estar\u00edan de no haberlo celebrado, derrotero que la llev\u00f3 a mandar al promitente vendedor devolver lo que hab\u00eda recibido como precio, esto es, la camioneta de placas HMK-972. <\/p>\n
Significa, entonces, que la conducta del sentenciador cuestionado no es m\u00e1s que el resultado del cumplimiento de la ley sustancial, espec\u00edficamente el art\u00edculo 1742 del C\u00f3digo Civil, seg\u00fan el cual \u00abla nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aun sin petici\u00f3n de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato (\u2026)\u00bb, por lo que no confluyen las v\u00edas de hecho enrostradas, menos a\u00fan la presunta \u00abextralimitaci\u00f3n en su facultad interpretativa del contrato\u00bb. <\/p>\n
Ahora, que el impulsor disienta de esa \u00abvaloraci\u00f3n\u00bb porque, en su opini\u00f3n, tales evidencias no se estudiaron de forma correcta, no es \u00abargumento\u00bb que abra paso a la injerencia constitucional implorada, ya que como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, <\/p>\n
\u00ab[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, STC4937-2016, STC6631-2018 y STC419-2021, entre otras). <\/p>\n
4.- Como colof\u00f3n, se desestimar\u00e1 el socorro implorado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Luis Eduardo L\u00f3pez Rosero. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este prove\u00eddo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC11317-2021 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC11317-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-02963-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., primero (01) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Dirime la Corte la tutela que Luis Eduardo L\u00f3pez Rosero le instaur\u00f3 a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57310","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57310","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57310"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57310\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57310"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57310"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57310"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}