STC11321-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11321-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-10-000-2021-00212-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Mar\u00eda Margarita Melo Ardila frente al fallo proferido el 26 de julio de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida ella contra el Juzgado Primero de Familia de Bello, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos esenciales al debido proceso, igualdad, m\u00ednimo vital, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb y \u00abprevalencia de la ley sustancial\u00bb, presuntamente vulnerados por el estrado acusado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar a la sede judicial accionada disponer \u00abla entrega de los t\u00edtulos para [su] subsistencia hasta que\u2026 Colpensiones\u2026 responda a los requerimientos del Despacho y se pueda allegar liquidaci\u00f3n con los saldos reales de la deuda\u00bb; y que, \u00ab[s]i fuere el caso, vincular a Colpensiones, dada la negligencia en responder las solicitudes del Juzgado\u00bb. <\/p>\n
2. Los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso son los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el juicio ejecutivo de alimentos de mayor de edad que la actora inco\u00f3 contra Luis Arcadio Villegas Arias (quien, como c\u00f3nyuge culpable, fue condenado a proporcionarle a ella, por tal concepto, el 40% de su asignaci\u00f3n pensional), el 3 de febrero de 2012 se libr\u00f3 mandamiento de pago por las cuotas de octubre y noviembre de 2011, as\u00ed como por las que se causasen a partir de diciembre de ese a\u00f1o; el 5 de octubre de 2012 se orden\u00f3 continuar el cobro; el 10 de diciembre siguiente se modific\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito allegada por la ejecutante; y el 19 de junio de 2015 se aprob\u00f3 una actualizaci\u00f3n de \u00e9sta. <\/p>\n
2.2. Luego, el 30 de enero de 2019 se requiri\u00f3 a las partes para que, acorde con el canon 446 del C\u00f3digo General del Proceso, presentaran la \u00abreliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb; el 14 de julio de 2020 la accionante pidi\u00f3 se le proporcionara certificaci\u00f3n de Colpensiones respecto \u00abdel salario del demandado\u2026 para efectos de realizar correctamente la nueva liquidaci\u00f3n\u00bb; el 4 de agosto posterior el Juzgado encausado, entre otros aspectos, dispuso advertir a la ejecutante que \u00abrevisada la demanda ah\u00ed solamente se cobraron cuotas mensuales, mas no las adicionales, y as\u00ed fue como se dispuso tanto en el mandamiento de pago, como en el auto que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n y por eso es que en las liquidaciones no se tienen en cuentas (sic) las cuotas adicionales\u00bb; el d\u00eda 27 siguiente, por solicitud de la quejosa, orden\u00f3 oficiar a Colpensiones \u00abpara que certifique los salarios y primas semestrales que ha percibido el\u2026 demandado\u2026 desde el a\u00f1o 2011 al\u2026 2020, con el fin de establecer sumas adeudadas y poder presentar una liquidaci\u00f3n ajustada al t\u00edtulo ejecutivo de la demanda\u00bb; el 28 de octubre de ese a\u00f1o reiter\u00f3 el llamado a la Administradora de Pensiones; el pasado 21 de enero orden\u00f3 entregar a la actora los \u00abt\u00edtulos judiciales que se encuentren en la cuenta del Juzgado y para [ese] proceso\u00bb y se inform\u00f3 que el fondo pensional no hab\u00eda dado respuesta; por lo que, infructuosamente, en autos de 8 de abril y 3 de junio \u00faltimos orden\u00f3 requerirlo nuevamente. <\/p>\n
2.3. En sede de tutela la gestora, quien se\u00f1al\u00f3 ser persona de la tercera edad y no contar con ning\u00fan otro tipo de ingreso distinto a la referida cuota alimentaria, adujo, en concreto, que i) en las liquidaciones no se han tenido en cuenta las cuotas adicionales de junio y de diciembre durante los a\u00f1os en que se han causado las mismas; y ii) que no ha podido presentar la liquidaci\u00f3n actualizada del cr\u00e9dito para obtener el pago de los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial debido a la falta de respuesta de Colpensiones frente a los requerimientos del Juzgado. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero de Familia de Bello solicit\u00f3 \u00abse declare un hecho superado y\/o improcedente la presente acci\u00f3n constitucional\u00bb, en tanto que \u00abno ha vulnerado derecho alguno a\u2026 Melo Ardila\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que la accionante le ha presentado varias solicitudes, \u00abentre ellas, las copias de cada una de las liquidaciones del proceso desde que inici[\u00f3], solicitud que fue resuelta mediante auto del 4 de agosto de 2020, por auto del 27 de agosto de 2020\u2026 orden[\u00f3] oficiar al cajero pagador de Colpensiones, para que certifique los salarios y primas semestrales que ha percibido\u2026 Villegas Arias desde el a\u00f1o 2011 hasta el a\u00f1o 2020, para lo cual se envi\u00f3 el oficio Nro. 799 de noviembre 5 de 2020, sin que hasta la fecha Colpensiones, haya dado respuesta al mismo\u00bb. <\/p>\n
2. Luis Arcadio Villegas Arias se\u00f1al\u00f3 que se le ha \u00abdescontado mes a mes la cuota de pensi\u00f3n de\u2026 Margarita Melo\u00bb y que es de cargo del Juzgado entregarle el dinero a \u00e9sta. <\/p>\n
3. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones rog\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite por \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, comoquiera que \u00abno es posible considerar que\u2026 tiene responsabilidad en la transgresi\u00f3n de los derechos fundamentales alegados y considerando que la acci\u00f3n de tutela se refiere a una prestaci\u00f3n que no es [de su] competencia\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que en tres ocasiones, con oficios de 24 de septiembre, 2 de diciembre de 2020 y 28 de mayo de 2021, por correo certificado, remiti\u00f3 las respuestas frente a los requerimientos que le efectu\u00f3 el despacho acusado, pero las mismas le fueron devueltas por la empresa de correos bajo las causales \u00ab\u201cNadie para recibir\/cerrado\u201d y \u201cRehusado\u201d\u00bb; ante lo cual, \u00abprocedi\u00f3 a remitir el Oficio BZ 2021_4449294 del 28 de mayo de 2021 al buz\u00f3n de correo electr\u00f3nico j01fctobello@cendoj.ramajudicial.gov.co el 23 de julio de 2021, donde se certificaron los valores netos de las mesadas pensionales desde el a\u00f1o 2011 a la fecha, de acuerdo a lo solicitado\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 la salvaguarda al concluir, en lo medular, que la vulneraci\u00f3n de derechos denunciada por la accionante es inexistente porque \u00e9sta \u00abno act\u00fao v\u00e1lidamente en el proceso referido, toda vez que las solicitudes de entrega de t\u00edtulos, se oficiar\u00e1 a Colpensiones para que certificar\u00e1 sobre la pensi\u00f3n y primas semestrales devengadas por el ejecutado y se requiriera a dicha entidad por no haber dado respuesta a lo ordenado por el juzgado, las ha venido presentando en nombre propio sin ser abogada y los art\u00edculos 73 del C\u00f3digo General del Proceso y 25 del Decreto 196 de 1971\u00bb, as\u00ed como la jurisprudencia sobre la materia, \u00abdeterminan que debi\u00f3 promoverla[s] por intermedio de un profesional del derecho en virtud de la naturaleza del asunto -tr\u00e1mite de \u00fanica instancia- y la autoridad jurisdiccional que lo tramita -Juez de Familia del Circuito-\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la actora aduciendo que el fallador de tutela de primer grado tambi\u00e9n \u00abdesconoce [sus] derechos\u00bb porque: i) es evidente que el \u00abJuzgado\u2026 incurre en error recurrente al expedir oficios a\u2026 Colpensiones, donde no se le brinda la debida informaci\u00f3n a la entidad de c\u00f3mo debe hacer llegar la informaci\u00f3n solicitada esto es, v\u00eda correo electr\u00f3nico\u2026 Dando lugar a\u2026 no poder presentar una liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito por falta de informaci\u00f3n\u00bb; y ii) le impone \u00abacudir por medio de apoderado judicial, desconociendo [los] derechos\u2026 que h[a] invocado y que est\u00e1n siendo vulnerados por el Despacho accionado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, se advierte que la salvaguarda propuesta estaba llamada al fracaso, lo que impone ratificar la decisi\u00f3n de primer grado, pero por las razones que se pasa a exponer: <\/p>\n
2.1. En lo tocante con que en la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y sus actualizaciones dejaron de incluirse las cuotas adicionales de junio y de diciembre de los a\u00f1os por los cuales se sigue la ejecuci\u00f3n, la solicitud de resguardo carece del requisito de procedibilidad de la subsidiariedad, pues ninguna objeci\u00f3n plante\u00f3 la accionante frente al prove\u00eddo de 4 de agosto de 2020, en el cual el Juzgado encausado le advirti\u00f3 que \u00abrevisada la demanda ah\u00ed solamente se cobraron cuotas mensuales, m[a]s no las adicionales, y as\u00ed fue como se dispuso tanto en el mandamiento de pago, como en el auto que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n y por eso es que en las liquidaciones no se tienen en cuentas (sic) las cuotas adicionales\u00bb; circunstancia que evidencia su descuido en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos ante el fallador natural e impide al de tutela interferir el tr\u00e1mite respectivo, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los medios de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que les sean adversas, en tanto el resultado es fruto de su propia incuria. <\/p>\n
En cuanto al particular la Corte ha sostenido que si la gestora de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en cuanto al aspecto bajo an\u00e1lisis, la protecci\u00f3n rogada no se abre paso a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, por la evidente e injustificada falta de agotamiento de los medios ordinarios de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, la decisi\u00f3n criticada en sede de tutela. <\/p>\n
2.2. Por otro lado, la salvaguarda tampoco se abre paso en lo tocante con las cr\u00edticas formuladas frente a la entrega de los dep\u00f3sitos judiciales y la ausencia de respuesta de parte de Colpensiones a los requerimientos del juzgado. <\/p>\n
2.2.1. En cuanto a lo primero, porque auscultada la actuaci\u00f3n surtida ante el Juzgado encausado, contrario a lo aducido por la reclamante, no se vislumbra la alegada afectaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, por el contrario, se halla que dicho estrado judicial, con auto del 21 de enero \u00faltimo, accedi\u00f3 a su solicitud de entrega de t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial, sin imponerle ninguna condici\u00f3n ni restricci\u00f3n. <\/p>\n
Entonces, al respecto, ninguna irregularidad halla la Corte, que hubiera comprometido las garant\u00edas esenciales que invoc\u00f3 la accionante y que resulte imputable a la oficina judicial enjuiciada. <\/p>\n
2.2.2. Respecto a lo segundo, porque de los anexos allegados por Colpensiones a este tr\u00e1mite constitucional, se desprende que esa entidad, mediante mensaje de datos remitido el 23 de julio de 2021 a la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico del juzgado acusado, dio respuesta a los requerimientos efectuados por \u00e9ste. <\/p>\n
De esta manera, es claro que en el curso del presente tr\u00e1mite supralegal se super\u00f3 la situaci\u00f3n denunciada como quebrantadora de derechos fundamentales, raz\u00f3n por la cual se colige que la supuesta vulneraci\u00f3n ha cesado. <\/p>\n
2.2.3. Ante situaciones como las aqu\u00ed referidas, donde se advierte la inexistencia de la vulneraci\u00f3n de derechos denunciada o su superaci\u00f3n en el curso del tr\u00e1mite tutelar, en casos que resultan plenamente aplicables al de ahora, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente\u2026 la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01; y STC 18211-2016). <\/p>\n
3. Las anteriores razones imponen respaldar el fallo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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