STC11322-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11322-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2021-01398-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 19 de julio de 2021 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Marcial Rocha Toloza, en su calidad de apoderado general de Delthac 1 Seguridad Ltda., contra los Juzgados Treinta y Cinco Civil del Circuito y Cuarenta y Siete Civil Municipal, ambos de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de las prerrogativas fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se ordene al estrado del circuito acusado que \u00abrehaga el auto proferido el 10 de junio de 2021\u2026 revocando la decisi\u00f3n con fundamento en el estricto cumplimiento de los precedentes jurisprudenciales y de las normas de la jurisdicci\u00f3n civil respecto a la aplicaci\u00f3n del principio de legalidad\u00bb; y se conmine al juzgado municipal querellado \u00abpara que el ejercicio propio de las funciones a su cargo, garanticen el respeto del principio de legalidad conforme al postulado constitucional dispuesto en el art\u00edculo 29\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Delthac 1 Seguridad Ltda. promovi\u00f3 un proceso ejecutivo contra Tequatro SAS con miras a obtener el pago de unas facturas. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarenta y Siete Civil Municipal de Bogot\u00e1, el que en prove\u00eddo de 28 de agosto de 2020 neg\u00f3 librar el mandamiento de pago, decisi\u00f3n que fue recurrida en reposici\u00f3n y subsidio apelaci\u00f3n, por lo que el 7 de diciembre siguiente se mantuvo y se concedi\u00f3 la alzada. <\/p>\n
2.2. El Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de esta ciudad en auto de 10 de junio de 2021 confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el gestor que los autos emitidos desconoc\u00edan el precedente de la Corte Suprema de Justicia, pues conforme con la sentencia STC290-2021 la firma del creador de los t\u00edtulos pod\u00eda ser sustituida; y que no se aplicaron los art\u00edculos 621, 773 y 774 del C\u00f3digo de Comercio, ni tampoco el Decreto 1154 de 2020. <\/p>\n
2.4. Adujo que las facturas s\u00ed cumpl\u00edan con los requisitos legales a saber: (i) la firma del emisor y obligado y (ii) la fecha de recibido de la factura con indicaci\u00f3n del nombre o identificaci\u00f3n o firma de quien sea encargado de recibirla; y que la No. 140089 al ser electr\u00f3nica fue enviada por medio digital, correos certificados o facturadores electr\u00f3nicos aprobados por la DIAN, por lo que era l\u00f3gico que no contara con las dos exigencias se\u00f1aladas, siendo improcedente que se pidieran las mismas. <\/p>\n
2.5. Sostuvo que conforme con el art\u00edculo 621 del C\u00f3digo de Comercio se permite que la firma sea sustituida, bajo la responsabilidad del creador del t\u00edtulo, por un signo o contrase\u00f1a, por lo que era desproporcional indicar la inexistencia del mismo; que se consign\u00f3 que faltaba la firma del obligado, pero esta se encontraba en todas las facturas f\u00edsicas; que se configur\u00f3 un defecto material o sustantivo; y que la falta de revisi\u00f3n de la jurisprudencia y las normas aplicables transgredieron sus garant\u00edas procesales y generaron una desigualdad entre las partes. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarenta y Siete Civil Municipal de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que la providencia de 28 de agosto de 2020 ten\u00eda sustento en el art\u00edculo 442 del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia con el art\u00edculo 774 del C\u00f3digo de Comercio y la Ley 1231 de 2008, pues las facturas aportadas para su ejecuci\u00f3n carec\u00edan de la firma del emisor y del obligado, as\u00ed como de la fecha de recibido de la factura con indicaci\u00f3n del nombre, identificaci\u00f3n o firma de quien sea el encargado de recibirla; que el fallador de segundo grado confirm\u00f3 la decisi\u00f3n emitida; y que no exist\u00eda vulneraci\u00f3n a prerrogativa esencial alguna. <\/p>\n
2. El Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de esta ciudad refiri\u00f3 que el prove\u00eddo de 10 de junio de 2021, con el que se confirm\u00f3 el auto que neg\u00f3 la orden de pago, se encontraba ajustado a la normatividad que rige el asunto, puesto que las facturas aportadas adolec\u00edan de los requisitos de que trata el C\u00f3digo de Comercio para su ejecuci\u00f3n, pues no conten\u00edan el requisito com\u00fan de todos los t\u00edtulos valores \u00abcual es la firma del creador\u00bb; que no se hab\u00eda conculcado derecho fundamental alguno; y que actu\u00f3 \u00abcon apego a la ley que rige el presente asunto, sin que ello se muestre desbordante o caprichoso ni en contra v\u00eda de nuestro ordenamiento procesal civil\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no se satisfac\u00eda el requisito de relevancia constitucional, pues el actor se limit\u00f3 a invocar de manera gen\u00e9rica la transgresi\u00f3n de los derechos, sin brindar los argumentos que permitir\u00edan determinar qu\u00e9 contenido esencial o faceta constitucional se estar\u00eda afectando con ocasi\u00f3n de la decisi\u00f3n judicial; que en todo momento se respet\u00f3 el derecho de defensa de las partes y no se advert\u00eda yerro alguno en la actuaci\u00f3n; que en todo caso no evidenciaba que las determinaciones criticadas fueran arbitrarias o caprichosas, pues la decisi\u00f3n de abstenerse de librar mandamiento de pago porque las facturas aportadas no reun\u00edan integralmente las exigencias del art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia con el 774 del C\u00f3digo de Comercio y la Ley 1231 de 2008, se enmarcaba dentro de los preceptos que regulan la materia; que no observaba omisi\u00f3n o exceso en el tr\u00e1mite impartido, un alcance distinto de la normatividad, ni desconocimiento de precedentes interpretativos de las disposiciones aplicables; y que no se conculc\u00f3 el derecho a la igualdad del tutelante, pues no demostr\u00f3 que le hubiesen dado un trato diferente a una persona que se encontrara en id\u00e9nticas circunstancias a las suyas. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y aduciendo que no se hizo un estudio de fondo de sus pretensiones ni del asunto; y que s\u00ed cumpl\u00eda con el presupuesto de relevancia constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
\u2026la legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso. (C.C. T-878 de 2007). <\/p>\n
3. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que el peticionario Luis Marcial Rocha Toloza, quien dice actuar como apoderado general de Delthac 1 Seguridad Ltda., carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar por esta v\u00eda las actuaciones surtidas en el asunto fuente del reclamo, teniendo en cuenta que conforme a reiterada jurisprudencia, un poder general no \u00abpuede tener\u2026 la virtud de transferirle al apoderado los derechos fundamentales de su poderdante, ni mucho menos habilitarle para interponer acciones de tutela adyacentes\u2026, al ser este mecanismo un proceso judicial aut\u00f3nomo, que promovido a trav\u00e9s de abogado, requiere sujetarse a las reglas generales del derecho de postulaci\u00f3n\u00bb (Cfr. fallos de 15 may. 1995, rad. 2169; 14 nov. 1997, rad. 4568). <\/p>\n
Sobre el particular, en un caso de similares contornos, esta Sala precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la Corte al verificar la documentaci\u00f3n obrante en el plenario, advierte que si bien la titular de los derechos fundamentales cuya protecci\u00f3n aqu\u00ed se invoca, es decir, Jessica P\u00e9rez Bedoya, otorg\u00f3 poder general a favor de Luz Estela Bedoya Murillo, con el fin de que la represente \u00abante cualquier corporaci\u00f3n, entidad, funcionario o empleado de la rama ejecutiva y sus organismos vinculados o adscritos; en la rama judicial, y de la rama legislativa, del poder p\u00fablico, en cualquier petici\u00f3n, actuaci\u00f3n, diligencia, o proceso, sea como demandante, sea como demandado o como coadyuvante de cualquiera de las partes, para iniciar o seguir hasta su terminaci\u00f3n, los procesos, actos diligencias y actuaciones respectivas\u00bb\u2026, dicho mandato no habilita a esta \u00faltima para cuestionar las decisiones emitidas por las autoridades accionadas mediante este mecanismo extraordinario de defensa, puesto que si bien la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela no exige la calidad de abogado en quien la suscribe, ya que puede ser interpuesta por la persona que estime pertinente solicitar ante un Juez el amparo de sus garant\u00edas constitucionales, ha sido criterio de esta Corte de tiempo atr\u00e1s, que cuando de derechos fundamentales ajenos se trata, es necesario que se acompa\u00f1e a la demanda poder especial por medio del cual se act\u00faa, o que se proceda en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, valga decir, alegando agencia oficiosa. <\/p>\n
En ese sentido esta Sala ha precisado, que: <\/p>\n
\u00abCuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para (\u2026) su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. (\u2026) La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente (\u2026). (Sentencias T-658 de 2002; T-451 de 2006 y T. 2011-00118-01 de 10 de junio de 2011 y T. 2011-00153-01 de 27 de julio del mismo a\u00f1o, entre otras). (Subrayas fuera del texto)\u00bb (ver en CSJ STC19645-2017) (CSJ STC2312-2018). <\/p>\n
4. Las anteriores razones se consideran suficientes para confirmar la decisi\u00f3n de primer grado, pero por los motivos aqu\u00ed expuestos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC11322-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC11322-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2021-01398-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57313","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57313","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57313"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57313\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57313"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57313"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57313"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}