STC11325-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11325-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-02950-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por C\u00e9sar Augusto Ortiz Ospino, en nombre de Yolanda Farf\u00e1n Alfonso, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Superintendencia Financiera de Colombia y Axa Colpatria Seguros de Vida S.A. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, m\u00ednimo vital y dignidad humana de la se\u00f1ora Farf\u00e1n Alonso, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2.- En sustento de su queja se\u00f1al\u00f3 que \u00abYolanda Farf\u00e1n Alfonso interpuso Acci\u00f3n de Protecci\u00f3n al Consumidor Financiero ante la Superintendencia Financiera de Colombia, cuya demandada es la aseguradora AXA COLPATRIA, dentro del proceso identificado con n\u00famero 2018131253. La demanda se interpuso con el fin de reclamar las p\u00f3lizas identificadas con n\u00famero de certificados individuales 7630672 y 7784873, dentro de la p\u00f3liza familiar con grupo individual 11000, que cubre el siniestro o contingencia de incapacidad total y permanente\u00bb. <\/p>\n
La Superintendencia Financiera de Colombia, \u00ab(\u2026) mediante sentencia del 31 de enero de 2021 resolvi\u00f3 declarar contractualmente responsable a AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. al reconocimiento del amparo de Incapacidad total y permanente de la p\u00f3liza Seguro de Vida Grupo Planes Familiares n\u00famero 11000, certificado 7784873 a la se\u00f1ora Yolanda Farf\u00e1n Alfonso, y Condenar a AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. a pagar la suma de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000)\u00bb. <\/p>\n
La demandada interpuso recurso de apelaci\u00f3n, que sustent\u00f3 ante el Tribunal convocado, el cual revoc\u00f3 el fallo del a quo y deneg\u00f3 las pretensiones de la demandante, conden\u00e1ndola en costas. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que \u00abEl primer error cometido por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en su Sala Civil, en sentencia del 27 de julio de 2021 consiste en que ha realizado una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de las condiciones generales de la p\u00f3liza familiar identificada con el n\u00famero 11000 para emitir su fallo\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que \u00abEl segundo error o la segunda irregularidad cometida (\u2026) consiste en que este despacho ha interpretado de forma err\u00f3nea el concepto de Incapacidad Total y Permanente de acuerdo con lo que define AXA COLPATRIA\u00bb. Y \u00abLa tercera irregularidad (\u2026) consiste en que en la p\u00e1gina 8 de la sentencia proferida por este despacho, faltando a la verdad, en el punto 8 de las consideraciones, en el numeral denominado \u2018E\u2019, falsamente afirma el Tribunal que una de las condiciones de la p\u00f3liza 11000 para acreditar el siniestro, es que se haya acreditado la incapacidad total y permanente, lo cual es totalmente falso y err\u00f3neo ya que AXA COLPATRIA no exige que se haya acreditado la incapacidad total y permanente al asegurado\u00bb. <\/p>\n
De modo que \u00abeste alto tribunal ha tenido un desconocimiento del precedente judicial y un desconocimiento normativo para emitir la sentencia de segunda instancia toda vez que basa su fallo con el argumento principal de que de acuerdo al dictamen de la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Bogot\u00e1 y Cundinamarca del 26 de abril de 2019, que calific\u00f3 a la asegurada Yolanda Farf\u00e1n Alfonso, defini\u00f3 que la fecha de estructuraci\u00f3n de la enfermedad de ella se configur\u00f3 el 06 de marzo de 2018, y que la p\u00f3liza con certificado individual No. 7784873 tuvo vigencia hasta el 02 de octubre de 2017, raz\u00f3n por la cual la p\u00e9rdida de capacidad laboral se estructur\u00f3 por fuera de la vigencia de la p\u00f3liza reclamada\u00bb. <\/p>\n
3.- Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, \u00abPRIMERA: Con base en los fundamentos f\u00e1cticos narrados, en las normas y consideraciones expuestas, le solicito a este honorable despacho TUTELAR en favor de mi representada Yolanda Farf\u00e1n Alfonso sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, SEGUNDA: Solicito comedidamente, que la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casaci\u00f3n Civil, revoque la decisi\u00f3n emitida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en su Sala Civil en la sentencia del 27 de julio de 2021 con n\u00famero de radicado 11001319900320180227202, por medio de la cual este Tribunal rechaz\u00f3 las pretensiones incoadas por mi representada Yolanda Farf\u00e1n, y en su lugar, ordenar al Tribunal Superior de Bogot\u00e1 que profiera una nueva sentencia de acuerdo a los lineamientos ordenados por la Corte en donde se acceda a las pretensiones de demanda, o se confirme la sentencia de primera instancia emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia dentro del proceso No. 2018131253\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS DE LA ACCIONADA <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 adujo que \u00ablo pretendido por la promotora del amparo es reabrir un debate que se encuentra concluido, bajo una discrepancia subjetiva en torno a la valoraci\u00f3n realizada por esta Corporaci\u00f3n, sobre el caso particular, aspecto para lo cual no fue creado este ruego tuitivo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, el gestor manifest\u00f3 que act\u00faa en calidad de apoderado especial de Yolanda Farf\u00e1n Alonso, cuyos derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, m\u00ednimo vital y dignidad humana considera vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2.- Advierte la Sala que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, dado que el gestor no es el titular de los derechos fundamentales cuya vulneraci\u00f3n se atribuye al Tribunal convocado y no alleg\u00f3 poder especial que lo faculte para actuar. <\/p>\n
2.1.- En cuanto a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2.2.- En ese aspecto, debe resaltarse que la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que <\/p>\n
<\/p>\n
\u00abla legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto\u2026 <\/p>\n
<\/p>\n
\u00abDe este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n
<\/p>\n
\u00abLa falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CSJ STC1042-2019) (Se subraya). <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed mismo, debe se\u00f1alarse que, en torno a la \u00ablegitimaci\u00f3n por activa\u00bb de los apoderados, la Sala ha establecido que: <\/p>\n
\u00ab(…) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb (Se subraya) (STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en STC926-2018, STC4611- 2018, STC1042-2019). <\/p>\n
<\/p>\n
Por su parte, la Corte Constitucional, en un caso de similares contornos al sub judice, afirm\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEn efecto, el tema de la especificidad en los poderes toma importancia, pues el cumplimiento de este principio hace posible que un apoderado judicial interponga una acci\u00f3n de tutela a nombre de su poderdante, ya que de la estructura del poder depende que el juez de tutela identifique con claridad si existe o no legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
Es entonces una exigencia que el poder por medio del cual se faculta al abogado para actuar cuente con una serie de elementos en los que se identifique en forma clara y expresa: (i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto de poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. <\/p>\n
Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n\u00bb (T-1025\/06 Corte Constitucional). <\/p>\n
2.3.- Cabe recordar que, cuando una persona distinta del titular de las garant\u00edas que se consideran vulneradas acude en su representaci\u00f3n para solicitar la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, es necesario que est\u00e9 debidamente habilitada por la ley o que le haya sido otorgado poder especial para el efecto. A su turno, cuando se act\u00fae como agente oficioso se debe demostrar la imposibilidad del titular para actuar en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
<\/p>\n
En cuanto al poder especial, de conformidad con la postura de la Corte Constitucional, \u00abes entendido, por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n, que todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T\u001f001\/97) (Se subraya). <\/p>\n
<\/p>\n
2.4.- En este caso, si bien el promotor alleg\u00f3 un poder, \u00e9ste no re\u00fane las caracter\u00edsticas requeridas, en los t\u00e9rminos atr\u00e1s referidos, en la medida en que no identifica la autoridad judicial accionada, la providencia cuestionada ni los derechos fundamentales vulnerados, raz\u00f3n por la cual no pod\u00eda invocar la salvaguarda pretendida ni reclamar por las garant\u00edas de quien aduce representar y, por lo mismo, resulta inviable estudiar de fondo el ruego impetrado, a lo cual se suma que tampoco aleg\u00f3 ni acredit\u00f3 actuar en calidad de agente oficioso de la supuesta afectada con el prove\u00eddo controvertido. <\/p>\n
3.- Con base en estas consideraciones, la Sala denegar\u00e1 el amparo solicitado. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado, por improcedente. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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