STC11340-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11340-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01109-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (02) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 15 de junio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Blas Sarmiento Marimon le instaur\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de esta Corporaci\u00f3n, a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2012-00347. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, \u00abseguridad social\u00bb y \u00abm\u00ednimo vital\u00bb y, en consecuencia, exigi\u00f3 que se \u00abrevoque\u00bb la sentencia que emiti\u00f3 la hom\u00f3loga especializada (SL1333 5 abr. 2021), \u00abdeje sin efectos jur\u00eddicos\u00bb la que dict\u00f3 el Tribunal fustigado (10 feb. 2015) y, por tanto, quede \u00aben firme\u00bb la del Juzgado Laboral del Circuito (26 nov. 2013) <\/p>\n
En sustento narr\u00f3 que el a quo acogi\u00f3 las pretensiones de la demanda ordinaria laboral que su difunta esposa, Sara \u00c1vila de Sarmiento promovi\u00f3 en contra de Colpensiones y el Fondo Territorial de Pensiones del Departamento de Bol\u00edvar, para que se declarara la nulidad de la Resoluci\u00f3n n\u00b0 0006669 de 2011, a trav\u00e9s de la cual se neg\u00f3 el reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez y otorg\u00f3 la indemnizaci\u00f3n sustitutiva (26 nov. 2013), decisi\u00f3n que el superior revoc\u00f3 (10 feb. 2015), al paso que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2, no quebr\u00f3 la del Tribunal (SL1333, 5 abr. 2021). <\/p>\n
Afirm\u00f3 que con las \u00faltimas providencias se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, porque desconocieron el precedente establecido en la SU 769 de 2014, seg\u00fan el cual el ordenamiento jur\u00eddico ni la jurisprudencia exigen \u00abexclusividad a un Fondo de Pensiones, sino por el contrario se permite la sumatoria de aportes en distintos escenarios de la Seguridad Social\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena relat\u00f3 el tr\u00e1mite surtido en el litigio confutado. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 y el Tribunal Superior de Cartagena defendieron la legalidad de sus veredictos, ya que siguieron las normas y jurisprudencia vigentes para la \u00e9poca en que se dictaron. <\/p>\n
Colpensiones destac\u00f3 la improcedencia del resguardo, puesto que lo que busca el precursor es convertirlo \u00aben una tercera instancia\u00bb. <\/p>\n
El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n indic\u00f3 que \u00abel Decreto 2011 de 2012 que en su art\u00edculo 3\u00b0 numeral 1\u00b0 estableci\u00f3 que COLPENSIONES debe resolver las solicitudes de reconocimiento de derechos pensionales, incluyendo aquellas que habiendo sido presentadas ante el ISS no se hubieren resuelto a la entrada en vigencia del citado Decreto\u00bb. <\/p>\n
3.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el ruego, en atenci\u00f3n a que el gestor no puede \u00abpretender que, en sede de tutela, se impartan decisiones diferentes a las admitidas dentro del proceso ordinario laboral (\u2026), cuando se evidencia que, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral (\u2026) y la Sala Laboral del Tribunal (\u2026), actuaron en derecho, y la acci\u00f3n de amparo (\u2026), solo se fundamenta en las discrepancias de criterios frente a interpretaciones normativas realizadas por los jueces (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4.- El libelista impugn\u00f3 sin exponer los argumentos de su descontento. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, la Sala advierte que, no obstante, la queja se dirige tambi\u00e9n contra la sentencia expedida en segunda instancia, se analizar\u00e1 \u00fanicamente la proferida en sede de casaci\u00f3n, por ser la que resolvi\u00f3 de manera definitiva el asunto controvertido. <\/p>\n
2.- Revisada la providencia cuestionada se evidencia el decaimiento de la \u00abtutela\u00bb y, por ende, la convalidaci\u00f3n del fallo de primer grado, por cuanto se avizora que el pronunciamiento de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 (5 abr. 2021) que no cas\u00f3 el de 10 de febrero de 2015, no luce antojadizo, ni ilegal; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario, en atenci\u00f3n a que valor\u00f3 \u00abrazonablemente\u00bb las pruebas que soportaron el juicio de cara a la \u00absumatoria de tiempo p\u00fablico con el privado\u00bb para verificar el cumplimiento de los presupuestos previstos en el art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990 para el otorgamiento de la pensi\u00f3n de vejez, confront\u00e1ndolas con los preceptos y jurisprudencia que rigen la materia. <\/p>\n
En efecto, para arribar a dicha conclusi\u00f3n, la Magistratura asegur\u00f3 que en la Litis no exist\u00eda discrepancia en torno a los siguientes aspectos: <\/p>\n
i) que la se\u00f1ora Sara \u00c1vila de Sarmiento, al 1\u00b0 de abril de 1994, ten\u00eda 49 a\u00f1os de edad; ii) que entre 1983 y 1998, labor\u00f3 para el Departamento de Bol\u00edvar; iii) que su primera cotizaci\u00f3n al ISS se efectu\u00f3 el 1\u00b0 de julio de 1995; iv) que los tiempos anteriores a dicha data, fueron aportados a la caja de previsi\u00f3n social de la gobernaci\u00f3n; v) que cumpli\u00f3 55 a\u00f1os de edad el 20 de julio de 1999; vi) que no cumpl\u00eda con los requisitos del art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 71 de 1988, la Ley 33 de 1985 y ni la Ley 100 de 1993 y, vii) que el Juez de primera instancia encontr\u00f3 probado el tiempo requerido por el art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990, al tener en cuenta el tiempo laborado en el sector p\u00fablico con el cotizado al ISS. <\/p>\n
Luego, coligi\u00f3 que el Tribunal de Cartagena se equivoc\u00f3 al establecer que resultaba \u00abinviable la sumatoria de tiempo p\u00fablico con el privado, para el estudio de los requisitos del art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990\u00bb, pues deb\u00eda tenerse en cuenta que en las providencias SL1981-2020, SL2590-2020, SL2557-2020, SL3110-2020, SL3838-2020, SL3657-2020 y SL4480-2020, adoctrin\u00f3 <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en favor de un beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, s\u00ed era posible obtener la pensi\u00f3n por vejez del Acuerdo 049 de 1990, contabilizando las semanas laboradas en el sector p\u00fablico, sufragadas o no a una caja, fondo o entidad de previsi\u00f3n social. <\/p>\n
Lo anterior, en raz\u00f3n a que la Ley 100 de 1993 tiene como eje central, unificar la pluralidad de reg\u00edmenes pensionales preexistentes, en un sistema \u00fanico, inclusivo y universal denominado \u2018sistema general de pensiones\u2019, por lo que, \u2018concedi\u00f3 validez a todos los tiempos laborados\u2019, conforme lo dispuesto en el literal f) del art\u00edculo 13 de dicha normativa y en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 33 de la misma. <\/p>\n
En consecuencia, como el r\u00e9gimen de transici\u00f3n del art\u00edculo 36 en reflexi\u00f3n, no se a\u00edsla de \u201c[\u2026] los principios rectores y preceptos del sistema general de pensiones\u201d, en tanto que \u201ces una regulaci\u00f3n especial englobada en la misma [ley]\u201d, debe entenderse que para sus beneficiarios \u201c[\u2026] la forma de computar o establecer el n\u00famero de semanas se rige por lo dispuesto en el literal f) del art\u00edculo 13 y el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 33\u201d. <\/p>\n
Efectivamente la Corporaci\u00f3n, en la decisi\u00f3n que se comenta, estim\u00f3 que no existe justificaci\u00f3n alguna que permita no aplicar aquellos preceptos, cuando se trata de ese grupo de personas, cuyas expectativas de obtener una pensi\u00f3n bajo el r\u00e9gimen al que se encontraban adscritos, fueron protegidas por el legislador a trav\u00e9s de la transici\u00f3n, pues, <\/p>\n
[\u2026] en estricto rigor, dichas personas est\u00e1n afiliadas del sistema general de pensiones, conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 15 de la Ley 100 de 1993. Luego, les asiste el derecho a la portabilidad de las semanas efectivamente laboradas, independientemente de que su empleador p\u00fablico no las hubiera cotizado al ISS o a otra caja o entidad de previsi\u00f3n social\u00bb. <\/p>\n
No obstante, reliev\u00f3 que lo anterior no era suficiente para casar la determinaci\u00f3n del Tribunal, en vista que, con fundamento en el beneficio de transici\u00f3n, no resultaba viable analizar el derecho pensional de la reclamante a la luz del art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990, por cuanto fue afiliada al ISS despu\u00e9s de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, el 1\u00b0 de julio de 1995 y, por tanto, no gozaba de una expectativa pensional protegible frente a tal reglamentaci\u00f3n. Ello tal y como se estableci\u00f3 en las sentencias CSJSL4165-2020 y SL4392-2020, primera de las cuales ense\u00f1a <\/p>\n
As\u00ed, la Corte advierte que en el presente asunto no es aplicable el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, toda vez que el empleador afili\u00f3 a la accionante al Instituto de Seguros Sociales despu\u00e9s de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, el 1.\u00ba de julio de 1995 (f.\u00ba 28 a 30) y la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha indicado que si se pretende la aplicaci\u00f3n del mencionado Acuerdo en virtud del beneficio de transici\u00f3n es necesario contar con este r\u00e9gimen pensional desde antes del inicio de la ley de seguridad social. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se apoy\u00f3 en la sentencia CSJSL2129-2014, reiterada en SL4392-2020, seg\u00fan la cual <\/p>\n
[\u2026] el predicamento del r\u00e9gimen pensional inmediatamente anterior al previsto por la Ley 100 de 1993, que exige el art\u00edculo 36 de la misma para amparar a ciertos sectores de la poblaci\u00f3n trabajadora que ten\u00edan una expectativa pensional conforme a las disposiciones que en ese momento reg\u00edan, y que por su vigencia fueron derogadas, solamente se puede hacer respecto de quienes hubieran tenido las condici\u00f3n de afiliados a los diversos reg\u00edmenes pensionales que para esa \u00e9poca subsist\u00edan, pues, la afiliaci\u00f3n posterior a la vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, del 1\u00ba de abril de 1994, se entiende efectuada al respectivo r\u00e9gimen por el que se hubiere optado, es decir, al de prima media con prestaci\u00f3n definida o al de ahorro individual con solidaridad. <\/p>\n
Finalmente, afirm\u00f3 que en vista que la demandante \u00abcotiz\u00f3 al ISS tan solo a partir del 1\u00b0 de julio de 1995 (\u2026), esto es, despu\u00e9s de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (que para el caso de la demandante fue el 30 de junio de 1995), no le resultaba aplicable el art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990, ni siquiera a la luz de la nueva comprensi\u00f3n jurisprudencial sobre la sumatoria de tiempo p\u00fablico y privado\u00bb. <\/p>\n
3. En ese orden, independientemente que esta Sala comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como quiere el sedicente, quien busca imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 d\u00e1rsele a la pugna, sin que dicha pretensi\u00f3n se acompase con la finalidad de esta salvaguarda, cuyo objetivo tuitivo no fue servir de tercera instancia con el fin de discutir los \u00abfundamentos de la entidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
4.- As\u00ed las cosas, se avalar\u00e1 el veredicto confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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