STC11345-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11345-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-02937-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de primero de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Resuelve la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Marleni Garc\u00eda Rico, Miguel Millares Salinas, John Alexander Forero Pinilla, Jordan Hernando Cervera Miranda, Edilberto San\u00edn Sarmiento, Rodolfo Lozano y Erika Paola Guataqu\u00ed Buitrago contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes, actuando en su propio nombre, acuden a esta herramienta constitucional para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal debido proceso, y a la debida administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
2. Dicen ser arrendatarios \u00abpor m\u00e1s de 10 a\u00f1os\u00bb de los locales comerciales ubicados en el inmueble de la calle 12 n\u00famero 11-55 de esta ciudad y que su arrendador, \u00abJohn Ferney Mun\u00e9var Agudelo, desapareci\u00f3 hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os y hasta la fecha no se ha presentado a responder por los locales arrendados\u00bb. <\/p>\n
Aseguran que el pasado mes de julio un empleado del Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se present\u00f3 en cada uno de sus locales asegurando que \u00abpor orden del Tribunal Superior de Bogot\u00e1-Sala Civil, hab\u00eda orden de desalojo y, por ende, deb\u00edamos entregar[los]\u2026 desocupados a m\u00e1s tardar el d\u00eda 19 de agosto\u2026 conforme una acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Alejandro Iriarte Ontiveros\u2026 quien alega ser el propietario inscrito de los locales\u00bb. <\/p>\n
Sostienen que, pese a su inter\u00e9s en el resultado del referido resguardo, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 no los vincul\u00f3 por lo que \u00abno han sido escuchados ni ejercido el derecho de contradicci\u00f3n como lo ordenan los c\u00e1nones procedimentales\u00bb. <\/p>\n
3. Solicitan ordenar a la colegiatura \u00abvincular\u2026 a las dem\u00e1s personas que figuran como afectadas con la decisi\u00f3n tutelar y que son sujetos procesales y terceros como en nuestro caso que somos ocupantes o tenedores de buena fe para que se resuelva la acci\u00f3n de tutela promovida por el se\u00f1or Iriarte Ontiveros\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Veintiocho Civil del Circuito indic\u00f3 que por orden del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 contenida en sentencia del pasado 10 de mayo dentro de la acci\u00f3n de tutela 2021-00837, se dispuso la realizaci\u00f3n de la diligencia de restituci\u00f3n del bien vinculado al proceso 2013-00091 promovido por Luis Alejandro Iriarte Ontiveros, para el 10 de agosto del a\u00f1o en curso a las 9 de la ma\u00f1ana, no obstante \u00abse convino con los ocupantes del inmueble que entregar\u00edan desocupado\u2026 el\u2026 23 de agosto a las 2:00 p.m.\u00bb. Pidi\u00f3 denegar el resguardo por cuanto \u00abno se advierte vulneraci\u00f3n alguna atribuible\u00bb a ese Despacho. <\/p>\n
2. El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por conducto del magistrado ponente de la decisi\u00f3n de tutela cuestionada, se\u00f1al\u00f3 que en dicha providencia \u00abquedaron plasmadas las razones de hecho y de derecho que llevaron a esa corporaci\u00f3n a conceder el amparo\u00bb reclamado por Luis Alejandro Iriarte Ontiveros, ordenando al \u00abJuzgado 28 Civil del Circuito de Bogot\u00e1\u2026 fijar fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de restituci\u00f3n de inmueble [dentro] del proceso con radicado\u2026 2013-00091\u00bb. <\/p>\n
3. El Juez Sexto Civil Municipal de Bogot\u00e1 pidi\u00f3 declarar improcedente la salvaguarda, en lo que a ese despacho ata\u00f1e, por cuanto \u00abel proceso que se tramita en esa sede judicial es el ejecutivo para el recauda de las obligaciones\u2026 derivadas de la sentencia dictada en proceso de restituci\u00f3n de inmueble por parte del Juzgado 28 Civil del Circuito\u00bb sin que tenga injerencia alguna en las decisiones que en dicho tr\u00e1mite se adopten como, por ejemplo, en la diligencia de entrega. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a esta Sala establecer si el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 vulner\u00f3 las garant\u00edas fundamentales de los gestores dentro de la acci\u00f3n de tutela 2021-00837 formulada por Luis Alejandro Iriarte Ontiveros contra los Juzgados Sexto y Veintiocho Civiles del Circuito de esta ciudad, por no haberlos vinculado a dicho tr\u00e1mite pese a que, supuestamente, les asist\u00eda inter\u00e9s en su resultado. <\/p>\n
2. La improcedencia de este mecanismo contra sentencias de tutela. <\/p>\n
La acci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3 como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos casos la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional. En este sentido se ha expuesto: \u00ab(\u2026) ha de tenerse en cuenta que en el tr\u00e1mite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acci\u00f3n constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnaci\u00f3n ante el inmediato superior funcional y la revisi\u00f3n eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos\u00bb (CSJ STC 2 oct. 2008, rad. 01619-00, reiterada en STC4241 de 7 abr. de 2016). <\/p>\n
3. Hechos probados <\/p>\n
Con los medios de convicci\u00f3n recaudados, se logr\u00f3 acreditar lo siguiente: <\/p>\n
3.1 Luis Alejandro Iriarte Ontiveros promovi\u00f3 contra \u00c1ngel Said Madarriaga Reyes y otros, proceso de restituci\u00f3n del inmueble arrendado ubicado en la calle 12 n\u00famero 11-55 (sector de San Victorino) de esta ciudad, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1, bajo la radicaci\u00f3n 2013-00091. <\/p>\n
3.2 Mediante sentencia de 29 de julio de 2013, aclarada con auto de 7 de julio de 2015, dicho despacho judicial declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento y orden\u00f3 la restituci\u00f3n del bien, comisionando, para tal efecto, a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda competente. <\/p>\n
3.3 El 27 de enero de 2017 el Inspector Tercero Distrital de Polic\u00eda inici\u00f3 la diligencia, suspendi\u00e9ndola para que los ocupantes efectuaran la entrega voluntaria a m\u00e1s tardar el 7 de febrero de 2019. <\/p>\n
3.4 Como en dicha fecha no se materializ\u00f3 la devoluci\u00f3n del inmueble, el demandante solicit\u00f3 al Inspector de Polic\u00eda se\u00f1alar fecha y hora para el desalojo; sin embargo, por la entrada en vigor del C\u00f3digo Nacional de Polic\u00eda dicho funcionario manifest\u00f3 carecer de competencia y orden\u00f3 devolver la comisi\u00f3n al juzgado de origen. <\/p>\n
3.5 En paralelo con el anterior proceso, Iriarte Ontiveros interpuso demanda ejecutiva buscando el cobro de las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento, asunto que se adelanta en el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esta ciudad (2015-00725) <\/p>\n
3.6 Recientemente Luis Alejandro Iriarte Ontiveros promovi\u00f3 un resguardo constitucional contra los Juzgados Sexto y Veintiocho Civiles del Circuito buscando la protecci\u00f3n del derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la tutela judicial efectiva y que se les ordenara llevar a cabo la entrega del bien tantas veces referido. <\/p>\n
3.7 Con sentencia del pasado 10 de mayo, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 concedi\u00f3 el amparo solicitado y orden\u00f3 al Juzgado Veintiocho Civil del Circuito \u00abagendar fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de restituci\u00f3n de inmueble\u2026 dentro del proceso\u2026 2013-00091\u00bb <\/p>\n
3.8 Esta decisi\u00f3n no fue impugnada por lo que el expediente se remiti\u00f3 a la Corte Constitucional el 12 de agosto siguiente. <\/p>\n
4. El caso concreto <\/p>\n
4.1. Con sujeci\u00f3n a lo dicho precedentemente, observa la Corte que no se abre paso el amparo propuesto comoquiera que, en esta oportunidad, los querellantes pretenden quebrantar el fallo proferido en virtud de una acci\u00f3n de tutela y ello significa desatender una de las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad, ya que de permitirse, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de procedimientos de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del asunto (ver, entre otras, CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, STC11794-2014 y STC1894-2016, 18 feb. 2016, rad. 00245-01). <\/p>\n
Sobre la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela en estos casos, la reiterada postura de la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que es un aspecto unificado y constante que debe ser atendido, ya que \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (CC SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras). <\/p>\n
Significa lo anterior que el mecanismo de resguardo tambi\u00e9n debe cumplir con el requisito de subsidiariedad, el cual es inherente a la acci\u00f3n de tutela, como lo precis\u00f3 esta Corte, acogiendo precedentes jurisprudenciales de la misma Corporaci\u00f3n, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Como no es factible interponer una nueva acci\u00f3n de tutela contra la sentencia que defini\u00f3 una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem est\u00e1 construida sobre v\u00edas de hecho, debe solicitar a esa Corporaci\u00f3n que revise dicho fallo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. (\u2026) Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la \u00faltima palabra sobre el asunto, y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituy\u00f3 \u2018como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb. (CSJ SC, 30 ago. 2012, rad. 00258-01, reiterada, en STC8289, 22 jun. 2016). <\/p>\n
4.2. Ahora bien, esta Corporaci\u00f3n se ha pronunciado en punto a la posibilidad de acudir a esta justicia especial en aras de controvertir decisiones emanadas de otras acciones de igual naturaleza, afirmando, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) s\u00f3lo en el evento de flagrantes violaciones \u201cal debido proceso\u201d, por omitir vincular a interesados o indebida notificaci\u00f3n de las partes es posible estudiar la queja contra un auxilio anterior, al asegurar que \u00abpor regla de principio, la tutela contra tutela no est\u00e1 consagrada en la ley y, por consiguiente, es improcedente\u00bb. Empero, por v\u00eda de excepci\u00f3n, y \u00aben presencia de una vulneraci\u00f3n del debido proceso y, en particular, cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio, ser\u00eda admisible la acci\u00f3n de amparo, para restablecer el statu quo lesivo del derecho fundamental. <\/p>\n
(\u2026) cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo, la protecci\u00f3n no puede tener cabida, pues en caso contrario, esta Corte ha dicho que se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo. (\u2026) la inconformidad que se suscite frente a un fallo de amparo, no puede encontrar respuesta a trav\u00e9s de una nueva invocaci\u00f3n del mismo mecanismo jur\u00eddico, pues para el efecto, el legislador dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para ello, siendo instituida la Corte Constitucional, \u00abcomo el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ. STC4314-2018, reiterado en STC7107-2018) <\/p>\n
4.3. Al revisar los medios de convicci\u00f3n acopiados, la Sala concluye que no se demostr\u00f3 trasgresi\u00f3n alguna por parte del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en el amparo cuestionado habida consideraci\u00f3n que, en dicho tr\u00e1mite, se efectu\u00f3 el enteramiento a las personas y autoridades pertinentes, que no son otras que aquellas vinculadas a los procesos de restituci\u00f3n y ejecutivo iniciados por Luis Alejandro Iriarte Ontiveros, es decir, a los juzgados de conocimiento, as\u00ed como a las partes demandadas en tales asuntos y dem\u00e1s intervinientes, de all\u00ed que no se observe alguna omisi\u00f3n atribuible al tribunal. <\/p>\n
4.4. No obstante, los promotores pueden acudir por intermedio de los funcionarios competentes ante la Corte Constitucional, a donde fue remitido recientemente el expediente de tutela, a efectos de exponer su situaci\u00f3n pues, al no haber concluido el tr\u00e1mite de la eventual revisi\u00f3n ante dicha Corporaci\u00f3n, los quejosos a\u00fan cuenta con ese instrumento para la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas, as\u00ed como tambi\u00e9n con la formulaci\u00f3n de la insistencia en caso de no resultar seleccionada la salvaguarda, por lo que se incumple tambi\u00e9n el requisito de procedibilidad de la subsidiariedad. <\/p>\n
El instrumento de la revisi\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991 es eficaz porque, como lo ha sostenido esta Sala, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) que no se diga que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (Sentencia 7 de noviembre de 2012, exp. 2012-2041-01, reiterada en STC13335-2016, 21 sep. 2016, rad. 201513-01 entre otras) <\/p>\n
Adicionalmente, en otras oportunidades se agreg\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) La seguridad jur\u00eddica es el desider\u00e1tum del Derecho y todo cuanto conspire contra ella niega al Derecho mismo. S\u00f3lo al legislador compete la consagraci\u00f3n de los casos y las formalidades bajo las cuales es posible desquiciar los efectos de la cosa juzgada, pues si se permitiera reciclar ab aeternum la misma controversia el derecho dejar\u00eda de ser lo que es. Los fallos de tutela pueden ser objeto de revisi\u00f3n porque as\u00ed lo tiene previsto el ordenamiento, pero con ello se clausura el debate. De esta manera, estando pendiente la revisi\u00f3n, as\u00ed sea eventual, no hay lugar a reanudar la controversia\u00bb (CSJ STC, 2 sep. 2003, rad. 00561-01; 14 oct. 2004, rad. 1120; 8 mar. 2006, rad. 00263-00; y 7 mar. 2013, rad. 00122-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, se desestimar\u00e1 el resguardo en atenci\u00f3n a que no se cumplen las exigencias jurisprudenciales que habilitan la procedencia excepcional de la acci\u00f3n de tutela contra una decisi\u00f3n adoptada en un tr\u00e1mite de similar naturaleza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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