STC11349-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11349-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-02979-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Pablo Felipe Marulanda Quintero contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Tercero Civil del Circuito de ese lugar y las partes e intervinientes en el juicio n\u00ba 2019-00128. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Actuando por conducto de apoderado judicial, el querellante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, igualdad, y dignidad, supuestamente conculcadas por la autoridad convocada, al proferir el fallo de segunda instancia en virtud del proceso n\u00ba 2019-00128. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la resoluci\u00f3n del presente auxilio los siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2. El asunto fue asignado por reparto al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Manizales, quien el 2 de marzo de 2021 dict\u00f3 sentencia favorable a las pretensiones y conden\u00f3 a los demandados a pagar \u00aba favor de Julio Cesar Quintero Osorio la suma de $63.595.820, por concepto de da\u00f1o moral y $45.425.300 por concepto de da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n. (\u2026) a favor de Pablo Felipe Marulanda Quintero $18.170.520, por concepto de da\u00f1o moral\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La anterior providencia fue objeto de apelaci\u00f3n por los extremos de la Litis, en s\u00edntesis, (i) los demandantes censuraron que no se les reconoci\u00f3 las costas y agencias en derecho, (ii) Allianz S.A., manifest\u00f3, entre otros reparos, su inconformidad con las sumas reconocidas como perjuicios morales, al considerar que se tornan \u00abexorbitantes\u00bb, (iii) Daniela P\u00e9rez Vel\u00e1zquez no sustent\u00f3 el recurso, por lo que fue declarado desierto. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, el 21 de julio de 2021 al desatar la apelaci\u00f3n confirm\u00f3 parcialmente la sentencia de primer grado, en tanto que dispuso \u00abMODIFICAR los ordinales CUARTO y QUINTO de la parte resolutiva de la providencia, los cuales quedar\u00e1n as\u00ed: \u201cCUARTO: CONDENAR a Daniela P\u00e9rez Vel\u00e1squez y Mar\u00eda Limbania P\u00e9rez de Gonz\u00e1lez, al pago de las siguientes sumas de dinero: A favor de Julio C\u00e9sar Quintero Osorio la suma de $40.883.670, por concepto de da\u00f1o moral. A favor de Pablo Felipe Marulanda Quintero $4.542.630, por concepto de da\u00f1o moral. Par\u00e1grafo: Allianz Seguros deber\u00e1 responder por las cantidades a las que se hizo alusi\u00f3n en este numeral hasta el monto en que le sea permitido conforme a las cl\u00e1usulas que aparecen en la p\u00f3liza 022125807\/0, la cual estaba vigente al momento de la ocurrencia del accidente. QUINTO: CONDENAR en costas a cargo de los codemandados en favor de la parte demandante\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Inconforme con lo anterior, Pablo Felipe Marulanda Quintero formula la presente solicitud de amparo, cuestionando, en suma, la valoraci\u00f3n probatoria efectuada en segunda instancia, pues en su criterio, en el plenario se acredit\u00f3 con suficiencia los perjuicios morales y el da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n que se reclam\u00f3. <\/p>\n
Afirma, que \u00abest\u00e1 claro que el Tribunal dej\u00f3 de valorar pruebas, pruebas que estando dentro del plenario, no tuvo en cuenta para respaldar el fundamento f\u00e1ctico en que se apoyaban las pretensiones y en las que se bas\u00f3 el A quo para adoptar su decisi\u00f3n, con lo que se constituy\u00f3 una v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico, ya que resulta evidente que el fundamento de la decisi\u00f3n es absolutamente inadecuado\u00bb. <\/p>\n
Asegura, que \u00abresulta evidente la consumaci\u00f3n de una v\u00eda de hecho por defecto procedimental, en el entendido que el tribunal desconoci\u00f3 los fundamentos legales que le proh\u00edben fallar ultra y extra petita, al modificar la decisi\u00f3n frente a los perjuicios de vida de relaci\u00f3n, cuando frente a \u00e9stos no se hizo ning\u00fan reparo al momento de formular la apelaci\u00f3n, y que de haberlo hecho, no fueron objeto de sustentaci\u00f3n por el apelante\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de este particular mecanismo se ordene a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales que \u00abmodifique la sentencia atacada, dejando inc\u00f3lume los perjuicios de vida de relaci\u00f3n, por no haber sido objeto de reparo por la codemandada ALLIANZ S.A., y respecto a los perjuicios morales, se digne tasarlos de manera objetiva, atendiendo a todas las pruebas y medios suasorios que se encuentran en el expediente y que fueron practicados dentro del proceso\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, por conducto de uno de sus magistrados, asegur\u00f3 que la providencia acusada \u00abse tom\u00f3 tras el an\u00e1lisis juicioso e integral de las pruebas recogidas en el tr\u00e1mite primario, a m\u00e1s de la decretada de manera oficiosa en esta instancia, de cara a las disposiciones sustanciales que regulan lo atinente a la responsabilidad aquiliana en ejercicio de las llamadas actividades peligrosas, sujetando el reconocimiento de los menoscabos morales, as\u00ed como su cuant\u00eda, a lo revelado por los elementos suasorios. En cuanto a la admisi\u00f3n del da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n a favor de la v\u00edctima directa, tal aspecto fue objeto de reparo espec\u00edfico por parte de la compa\u00f1\u00eda aseguradora frente a la sentencia del a-quo y su concesi\u00f3n deven\u00eda improcedente no s\u00f3lo por la ausencia de pruebas que los respaldaran, sino tambi\u00e9n por los argumentos sobre los que ciment\u00f3 el Despacho cognoscente\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, se opuso a la prosperidad del auxilio advirtiendo que la acci\u00f3n de tutela no puede ser utilizada como instancia adicional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales transgredi\u00f3 las garant\u00edas invocadas por el convocante, al dictar, en sede de apelaci\u00f3n, el fallo de 21 de julio de 2021, en virtud del litigio n\u00ba 2019-00128-01. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n efectuada a la queja constitucional y con observancia en la informaci\u00f3n y piezas procesales adosadas al expediente, establece la Sala que habr\u00e1 de negarse el auxilio por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian. <\/p>\n
<\/p>\n
1. De la acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional. <\/p>\n
Observa la Corte que las discrepancias tra\u00eddas por el gestor, son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues denotan que lo pretendido por la parte demandante en el proceso de responsabilidad civil que origina el reclamo, es cuestionar la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por la magistratura acusada, anteponer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica a la de la referida autoridad y atacar, por esta senda, una decisi\u00f3n que result\u00f3, en cierta medida, adversa a sus intereses, finalidad que es ajena a la acci\u00f3n tuitiva pues, dada su naturaleza excepcional, no puede utilizarse a modo de instancia adicional o paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
Como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala, incumbe a quien ejercite la herramienta supralegal contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional, no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la hermen\u00e9utica o la sind\u00e9resis del juzgador, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando la labor interpretativa del juez, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
En efecto, la motivaci\u00f3n expuesta en dicha providencia relativa al reconocimiento de los perjuicios morales y al da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n se ciment\u00f3 en que \u00abla providencia confutada ser\u00e1 objeto de modificaci\u00f3n en cuanto a abolir los perjuicios reconocidos a la v\u00edctima directa por el da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n, disminuir el monto fijado por da\u00f1os morales\u00bb. <\/p>\n
Para arribar a la anterior determinaci\u00f3n precis\u00f3 que \u00abde las probanzas recaudadas, se tiene que la historia cl\u00ednica del peat\u00f3n relata la cantidad de atenciones que tuvo que recibir producto de sus lesiones, cuya gravedad impusieron desde su entrada, la remisi\u00f3n a la unidad de cuidados intensivos con ocasi\u00f3n de un sangrado masivo que arriesgaba su capacidad respiratoria. All\u00ed estuvo por t\u00e9rmino de 15 d\u00edas, en los cuales debi\u00f3 ser asistido por ventilaci\u00f3n mec\u00e1nica, intervenido quir\u00fargicamente en 3 diferentes oportunidades por los galenos especialistas en cirug\u00eda maxilofacial, oftalmolog\u00eda y ortopedia, perdiendo la funcionalidad del ojo izquierdo por los golpes en su cara\u00bb. <\/p>\n
Recalc\u00f3, que \u00aba pesar de la avanzada edad del paciente, que para la fecha contaba con 83 a\u00f1os, afortunadamente logr\u00f3 salir de tan lamentable situaci\u00f3n, aunque le quedaron las secuelas documentadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal a que se hizo referencia al inicio de esta providencia, surgiendo di\u00e1fano que, como bien entendi\u00f3 la instancia primaria, la aflicci\u00f3n, tristeza, angustia provenientes del dolor f\u00edsico que tuvo que padecer, con las alteraciones no solo est\u00e9ticas sino tambi\u00e9n funcionales en su rostro y pierna derecha, son da\u00f1os permanentes con comprobada trascendencia en su vida, que se constituyen en rubro que debe ser indemnizado\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3, que \u00abno obstante, en lo que toca a la cuant\u00eda determinada por el Juez cognoscente difiere esta Corporaci\u00f3n, bajo el entendido que si bien las cifras se\u00f1aladas por la Sala de Casaci\u00f3n Civil no pueden interpretarse como l\u00edmite m\u00e1ximo, s\u00ed compete atenderlas en su calidad de criterio orientador de la actividad judicial que ha de regirse por postulados de racionalidad y equidad, teniendo presentes en toda ocasi\u00f3n las circunstancias f\u00e1cticas efectivamente acreditadas en el proceso, que en el asunto estudiado se traduce en que el tiempo de hospitalizaci\u00f3n dur\u00f3 menos de un mes, el alta se dio el 10 de agosto de 2017 y seg\u00fan narr\u00f3 el codemandante Marulanda Restrepo en la evaluaci\u00f3n ps\u00edquica llevada a cabo el 20 de noviembre de 2019: \u201c(\u2026) hacia los tres meses empez\u00f3 a recuperar (sic), volvi\u00f3 a caminar con bast\u00f3n. Cuando se recuper\u00f3 empez\u00f3 a tener independencia en su arreglo personal (\u2026) es as\u00ed que el prove\u00eddo atacado ser\u00e1 modificado a efectos de reconocer como perjuicio moral a favor del se\u00f1or Julio C\u00e9sar Quintero Osorio, la suma de 45 salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes, que equivalen a $40.883.670\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, se refiri\u00f3 al da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n relievando que \u00abcorresponde a la alteraci\u00f3n de las condiciones de existencia de la v\u00edctima respecto a su entorno exterior; el desmedro que padece con el hecho generador del da\u00f1o impidi\u00e9ndole gozar de su vida del modo que ven\u00eda haci\u00e9ndolo antes de su ocurrencia, comprendiendo tanto las actividades rutinarias como el disfrute de los placeres vitales, distingui\u00e9ndose por ello del perjuicio moral que irradia a la esfera m\u00e1s \u00edntima del damnificado\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3, que \u00abimperativo se vuelve que quien depreca su reparaci\u00f3n, proceda a la precisa comprobaci\u00f3n a trav\u00e9s de la pluralidad de herramientas suasorias concebidas por el ordenamiento jur\u00eddico a dicho fin; no pudiendo ser de otra forma por el principio onus probandi a partir del cual se afirma como deber de las partes el acreditar los supuestos de hecho que sustentan sus pretensiones. En otras palabras, conforme la teor\u00eda general de la prueba quien pretende le sea reconocido un derecho debe acreditar con suficiencia los elementos constitutivos del mismo; la carga probatoria no se colma con la formulaci\u00f3n de hip\u00f3tesis o conjeturas, sino mediante la real aportaci\u00f3n de medios que permitan formar la convicci\u00f3n en la c\u00e9lula judicial, m\u00e1xime trat\u00e1ndose de la demostraci\u00f3n de los perjuicios de la naturaleza que se estudia, habida cuenta que su certidumbre siempre debe emerger indiscutible como requisito forzoso para acceder a la petici\u00f3n indemnizatoria, sin que en el caso de marras ello se satisfaga\u00bb. <\/p>\n
Relat\u00f3, que en el escrito de la demanda se resalt\u00f3 de manera general \u00abque el perjuicio se sustentaba en que: \u201c(\u2026) en virtud a este siniestro lamentable, perdi\u00f3 la posibilidad de realizar actividades vitales, que aunque no producen usufructo patrimonial, Tornan agradable su existencia (\u2026)\u201d olvidando explicitar y de paso acreditar, la forma en que se present\u00f3 la merma en su calidad de vida, las actividades de su d\u00eda a d\u00eda o las que previo al accidente disfrutaba realizar, justificando c\u00f3mo las lesiones padecidas ten\u00edan incidencia directa en la afectaci\u00f3n de estas o en su desenvolvimiento con el mundo exterior\u00bb (Subrayado fuera del texto). <\/p>\n
Concluy\u00f3, que \u00abno brotan en el expediente circunstancias que apoyen la alegada transformaci\u00f3n externa de la existencia del se\u00f1or Julio C\u00e9sar en relaci\u00f3n con su entorno por raz\u00f3n del hecho da\u00f1oso, que sus actividades rutinarias o las que le brindaban placer cambiaron porque ya no pueden realizarse, como quiera que no se aprecian piezas de convicci\u00f3n, ni documentales, ni testimoniales, de las que se infieran, y en ese sentido es posible indicar que la actividad probatoria de la activa fue insuficiente en la medida que no logr\u00f3 establecer los menoscabos padecidos bajo la modalidad deprecada, siendo esto ineludible como presupuesto para su reparaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Adujo, que \u00ablos argumentos proporcionados por el Juzgado primario para acceder a la pretensi\u00f3n emergen vagos, insuficientes y bien podr\u00edan confundirse con el resarcimiento del menoscabo moral, derivando en la improcedencia de indemnizar dos veces un mismo rubro; bajo dichas condiciones no queda camino diferente que la modificaci\u00f3n de la sentencia en lo atinente a la concesi\u00f3n de los perjuicios emanados del da\u00f1o a la vida en relaci\u00f3n a favor del se\u00f1or Quintero Osorio, para <\/p>\n
excluirlos\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la indemnizaci\u00f3n otorgada a favor de Pablo Felipe Marulanda Quintero sostuvo que \u00abfue \u00e9l quien se encarg\u00f3 del cuidado de su t\u00edo, al menos durante el periodo de la recuperaci\u00f3n, que lo acompa\u00f1\u00f3 a sus citas de reconocimiento m\u00e9dico legal, lo recibi\u00f3 en su casa suministr\u00e1ndole lo requerido para suplir sus necesidades b\u00e1sicas, en s\u00edntesis, le brind\u00f3 el acompa\u00f1amiento respectivo en tan dif\u00edcil momento, torna plausible que verlo reducido en cama padeciendo dolores extremos le haya generado los sentimientos de desasosiego y desesperanza que aludi\u00f3 en la demanda (\u2026) sin embargo, no se evidencia del dossier la solidez del v\u00ednculo afectivo que previo al suceso ten\u00eda con el se\u00f1or Julio C\u00e9sar, no de otra forma podr\u00eda justificarse que sucedi\u00f3, pese a haberse enterado del accidente el mismo d\u00eda que s\u00f3lo acudiera a la Cl\u00ednica 4 d\u00edas despu\u00e9s, as\u00ed lo denota la historia del 29 de julio de 2017, que con anterioridad a esa fecha expresa la ausencia de parientes: \u201cHoy asisten familiares (sobrinos) a la visita y se les informa sobre las condiciones de salud del paciente. El paciente no tiene esposa o hijos. Tiene una pobre red de apoyo familiar y no se conoce si hay afiliaci\u00f3n al SGSSS\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que \u00absurge incontrovertible que el codemandante falt\u00f3 a la verdad en su declaraci\u00f3n donde manifest\u00f3 que desde el evento lo ten\u00eda viviendo en su casa, neg\u00f3 que se encontrara recluido en un hogar para personas mayores en contrav\u00eda de lo plasmado en el informe de psiquiatr\u00eda forense e incurri\u00f3 en sendas imprecisiones en torno al lugar donde habitaba la v\u00edctima al 25 de julio de 2017, deliberada acci\u00f3n que de acuerdo a los art\u00edculos 241 y 280 del C\u00f3digo General del Proceso, se califica como grave indicio en contra de lo pretendido\u00bb. En consecuencia, determin\u00f3 que \u00abhay lugar a disminuir el monto otorgado por perjuicios morales al se\u00f1or Pablo Felipe Marulanda Restrepo, que se fijar\u00e1 en esta sede en 5 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, esto es, $4.542.630\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una determinaci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, sin que devenga procedente, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del ejercicio de la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Sobre la posibilidad de conceder el auxilio bajo esta modalidad la Corte no encuentra que se hubiere acreditado la configuraci\u00f3n de las m\u00ednimas exigencias que lo hagan posible, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone denegar el resguardo implorado puesto que esta excepcional senda constitucional no ha sido erigida como instancia adicional para reabrir debates legalmente concluidos, y porque no se acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC11349-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC11349-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-02979-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Pablo Felipe Marulanda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57324","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57324","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57324"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57324\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57324"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57324"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57324"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}