STC11350-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11350-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-03005-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de primero de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Claudia Dinelly Castril\u00f3n Gonz\u00e1lez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Rionegro, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el incidente de desacato n\u00ba 2021-00106. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, la querellante reclama la protecci\u00f3n de su garant\u00eda esencial al debido proceso, supuestamente conculcadas por las autoridades acusadas al emitir los prove\u00eddos de 27 de julio y 6 de agosto de 2021, en virtud del desacato n\u00ba 2021-00106. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo, refiere, en s\u00edntesis, que se desempe\u00f1a como Registradora Seccional de Rionegro, Antioquia, y que fue adelantado en su contra el referido tr\u00e1mite incidental, porque en criterio de Mar\u00eda Romelia Ocampo -promotora en ese asunto, no se dio cabal cumplimiento a la orden de tutela emitida el 14 de mayo hoga\u00f1o, por medio de la cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de ese lugar dispuso que \u00ab(\u2026) en el t\u00e9rmino improrrogable de 48 horas siguientes a que se le notifique esta decisi\u00f3n, profiera una respuesta de fondo y completa al derecho de petici\u00f3n presentado por la accionante el 25 de marzo de 2021\u00bb. <\/p>\n
Enuncia que, tanto en el desarrollo de la acci\u00f3n constitucional como en el incidente de desacato, las autoridades incurrieron en un \u00abflagrante desconocimiento de toda gesti\u00f3n realizada por la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos de Rionegro\u00bb, pues pese a que advirti\u00f3 que la solicitud elevada ya hab\u00eda sido atendida, respuesta que se notific\u00f3 el 14 de mayo anterior, sin embargo, fue sancionada el 27 de julio con \u00abTRES (03) D\u00cdAS DE ARRESTO Y MULTA POR VALOR DE 73,95 UVT\u00bb, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 en sede de consulta la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia. <\/p>\n
Indica, que el 12 de agosto hoga\u00f1o pidi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Rionegro que \u00abarchivara el incidente de desacato por cumplimiento, por cuanto al momento de remitirse el expediente en grado jurisdiccional de consulta, el Tribunal Superior de Antioquia al momento de confirmarse la sanci\u00f3n no tuvo en cuenta ninguno de los argumentos expuestos en primera instancia para sancionar\u00bb, no obstante, asegura, que a la fecha de radicaci\u00f3n del presente auxilio la referida autoridad no se hab\u00eda pronunciado al respecto. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de \u00e9sta excepcional senda constitucional \u00abse REVOQUE el AUTO NRO 464 de 12 de julio de 2021 en el que se resuelve incidente de desacato en [su] contra, por encontrarse contrario a derecho y no haberse valorado las pruebas aportadas y la respuesta dada al peticionario (\u2026) y por consiguiente se deje sin efecto la sanci\u00f3n impuesta a la Registradora Seccional, Claudia Dinelly Castrill\u00f3n Gonz\u00e1lez\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, por conducto de uno de sus magistrados defendi\u00f3 su proceder, e indic\u00f3 que \u00abal no evidenciarse dentro del dossier el cumplimiento de la orden de tutela por parte de la accionada OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE RIONEGRO, en tanto ninguna prueba se alleg\u00f3 para demostrar que se hab\u00eda ofrecido una respuesta de fondo y completa a la petici\u00f3n elevada por la accionante el 25 de marzo de 2021, ni de haberse comunicado de la misma efectivamente a la actora constitucional, tal como se dispuso en el fallo proferido el 14 de mayo de 2021 por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE RIONEGRO, ning\u00fan otro remedio tuvo este Tribunal, m\u00e1s que confirmar la sanci\u00f3n impuesta por el citado despacho judicial, lo anterior, no sin antes fundamentar las razones de lo decidido\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales accionadas, transgredieron las garant\u00edas esenciales reclamadas por la gestora en desarrollo del tr\u00e1mite incidental de desacato n\u00ba 2021-00106, al proferir los autos de 27 de julio y 6 de agosto de 2021, por medio de los cuales se impuso sanci\u00f3n y se confirm\u00f3 tal determinaci\u00f3n en sede jurisdiccional de consulta, respectivamente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De la tutela contra decisiones adoptadas dentro de un incidente de desacato. <\/p>\n
Se ha dicho y reiterado que cuando el amparo se enfila a censurar lo decidido al interior de un tr\u00e1mite incidental por incumplimiento a lo resuelto en acci\u00f3n de similar raigambre constitucional, en principio se torna improcedente, en la medida en que: <\/p>\n
\u00abla actividad judicial que se inicia en el marco del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, solo puede ser examinada por los funcionarios competentes para tramitar los instrumentos jur\u00eddicos enunciados y previstos, que frente a los prove\u00eddos que se profieran en el tr\u00e1mite de los incidentes de desacato, no se considera procedente ning\u00fan otro instrumento diferente de reestudio, incluida como es natural la acci\u00f3n de tutela, [ya que] es evidente que la real intenci\u00f3n del legislador, en relaci\u00f3n con el incidente de desacato, era que se regulara a s\u00ed mismo, a trav\u00e9s de la decisi\u00f3n incidental y su eventual consulta cuando se impusiere sanci\u00f3n, con total autonom\u00eda y sin injerencia de \u00f3rganos externos, aun de nivel constitucional, que puedan interferir en sus decisiones\u00bb (CSJ STC, 29 nov. 2006, exp. 01927-01, citada entre otras en STC4260-2019, 3 abr. 2019, rad. 00053-00). <\/p>\n
Sobre las excepciones para atacar la decisi\u00f3n de un incidente de desacato por la misma v\u00eda en el que se origin\u00f3, se ha expuesto que procede cuando se extraiga con solvencia la violaci\u00f3n de derechos tambi\u00e9n de orden superior, como cuando el juez de dicha tramitaci\u00f3n \u00abse extralimita en el cumplimiento de sus funciones, cuando vulnera el derecho a la defensa de las partes o cuando impone una sanci\u00f3n arbitraria\u00bb (CC T-1113\/05), y se ceder\u00eda al principio de la cosa juzgada si \u00abse encuentra plenamente probada la ilegalidad de una decisi\u00f3n por parte de las autoridades disciplinarias competentes, como el fraude a la ley o un fraude procesal\u00bb, precisando que en este caso, es el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n el llamado a remediarlo para evitar \u00abdecisiones contradictorias que terminen en un desconocimiento masivo de la cosa juzgada constitucional\u00bb (CC T-218\/12). <\/p>\n
Por su parte, esta Corte ha dispensado el auxilio en los eventos en que la providencia reviste caracter\u00edsticas vulneradoras del debido proceso, \u00abcomo cuando se omiten etapas de su tr\u00e1mite legal y en aquellos casos excepcionales, en que se invoca ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 8 feb. 2008 rad. 00344-01, citada en STC16838-2018, 19 dic. 2018, rad. 00048-01, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Revisadas las diligencias, advierte esta Sala que habr\u00e1 de concederse, de forma parcial, el amparo rogado a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo; lo cual no obsta para precisar, en primer lugar, que para imponer y mantener la sanci\u00f3n por desacato a la promotora, en su calidad de Registradora Seccional de Rionegro, en el referido tramite incidental (2021-00169), las autoridades convocadas no incurrieron en defecto espec\u00edfico capaz de quebrantar lo all\u00ed resuelto, en la medida que pese al esfuerzo de la gestora en asegurar que efectivamente emiti\u00f3 la respuesta echada de menos, lo cierto es, que en dicho tr\u00e1mite no acredit\u00f3 tal circunstancia, sin embargo, la protecci\u00f3n se ce\u00f1ir\u00e1, exclusivamente, a la orden de arresto decretada, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, el procedimiento seguido para adelantar el incidente se ajust\u00f3 a lo preceptuado en el Decreto 2591 de 1991, identificando e individualizando al funcionario que deb\u00eda cumplir el mandato, y, previo un juicio de responsabilidad subjetiva, se impuso la sanci\u00f3n que est\u00e1 dentro de los l\u00edmites se\u00f1alados por la disposici\u00f3n legal en cita, la cual fue avalada por el superior funcional en virtud de la consulta desatada el 6 de agosto de 2021, por encontrarla ajustada a derecho. <\/p>\n
Ello, porque al tenor del art\u00edculo 52 de la normativa en menci\u00f3n, quien desconozca lo ordenado por el juez del amparo \u00abincurrir\u00e1 en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios m\u00ednimos mensuales salvo que en este Decreto ya se hubiere se\u00f1alado una consecuencia jur\u00eddica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar\u00bb, y que \u00abla sanci\u00f3n ser\u00e1 impuesta por el mismo juez mediante tr\u00e1mite incidental y ser\u00e1 consultada al superior jer\u00e1rquico quien decidir\u00e1 dentro de los tres d\u00edas siguientes si debe revocarse la sanci\u00f3n\u00bb. Se resalta. <\/p>\n
Ahora, respecto de la responsabilidad del infractor, se ha sostenido que es subjetiva, \u00aben la medida que es imperativo apreciar, no solo el incumplimiento, sino, tambi\u00e9n, las condiciones en las que \u00e9ste se produjo, vale decir, el descuido o negligencia que le sean imputables, a trav\u00e9s de juicios valorativos que den cuenta de su \u00e1nimo rebelde\u00bb (CSJ ATC, 14 sep. 2009, rad. 01417-00). As\u00ed, la sanci\u00f3n por desatender una orden de tutela debe estar plenamente demostrada, ya que si, por el contrario, media eximente como fuerza mayor, caso fortuito o cualquier otra justificaci\u00f3n que revista la condici\u00f3n de razonable o insuperable, no hay lugar a ella. <\/p>\n
3.2. Bajo el anterior entendimiento, para establecer la razonabilidad de la decisi\u00f3n reprochada, se precisa que la orden que imparti\u00f3 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Rionegro, al tutelar el derecho fundamental de petici\u00f3n elevado por Mar\u00eda Romelia Ocampo, consisti\u00f3 en que \u00abse orden\u00f3 a la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO \u2013 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE RIONEGRO que en el t\u00e9rmino de 48 horas ofreciera respuesta de fondo y completa a la petici\u00f3n elevada por la accionante el 25 de marzo de 2021\u00bb Se destaca. <\/p>\n
En ese orden, el incidente de desacato se adelant\u00f3 con la finalidad de verificar si la funcionaria encargada de resolver la enunciada solicitud hab\u00eda atendido o no dicha orden, en punto de lo cual, con decisi\u00f3n de 27 de julio de 2021, el a quo en esa causa sancion\u00f3 por desacato a la aqu\u00ed inconforme, tras considerar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no existe ni el m\u00e1s m\u00ednimo indicio que permita establecer que la entidad ya le dio cabal cumplimento al fallo de tutela, pues la OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE RIONEGRO ANTIOQUIA, a pesar de haber sido debidamente enterada de este tr\u00e1mite incidental no ha acreditado o siquiera insinuado que se ha dado cumplimiento a los servicios requeridos por la accionante. As\u00ed las cosas, la responsabilidad de la entidad es materializar todos los servicios, lo cual no ha sucedido en este caso\u00bb <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, que \u00abes evidente que la actitud del Representante Legal de la OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE RIONEGRO ANTIOQUIA en el tr\u00e1mite del incidente de desacato muestra su negligencia y renuencia para cumplir con el tratamiento ordenado para la afectada, y conforme las constancias que obran en el plenario al accionante no se le han prestado todas las atenciones que le ordenaron, por lo que resulta evidente que no se han superado los hechos que motivaron el incidente de desacato, situaci\u00f3n que refleja el desd\u00e9n y la negligencia administrativa de la entidad que hasta el momento no aleg\u00f3 en su totalidad que la situaci\u00f3n fuese diferente\u00bb. <\/p>\n
Recalc\u00f3, que \u00abla responsabilidad de la entidad accionada implica garantizar a los usuarios el cumplimiento de los deberes que le corresponde lo cual no ha sucedido en este caso porque conforme lo que obra en el tr\u00e1mite incidental a la se\u00f1ora MARIA ROMELIA OCAMPO a la fecha no le han sido materializado lo requerido por ella; sin que hasta el momento exista una justificaci\u00f3n para tal omisi\u00f3n que mantiene en el tiempo la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
Con posterioridad, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en sede de consulta, confirm\u00f3 la resoluci\u00f3n sancionatoria, teniendo en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) estudiadas las piezas procesales del presente tr\u00e1mite, la Sala advierte que, en realidad, dentro del dossier no aparece evidencia alguna sobre el cumplimiento de la orden de tutela, cuya omisi\u00f3n ha generado el presente incidente. Lo anterior, teniendo en cuenta que pese a que la accionada afirm\u00f3 que el 11 de mayo de 2021 procedi\u00f3 a responder la petici\u00f3n de certificado especial elevada por la se\u00f1ora MARIA ROMELIA OCAMPO el 25 de marzo de 2021 y que para tales efectos hizo entrega de la misma al se\u00f1or DANIEL BAUTISTA ARRUBLA en fecha 14 de mayo de la misma anualidad, no aport\u00f3 ninguna prueba de su afirmaci\u00f3n y es as\u00ed como no existe evidencia en el expediente de que la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Rionegro, haya procedido conforme lo orden\u00f3 el juez constitucional. <\/p>\n
Ergo, no es posible que con la sola afirmaci\u00f3n que realiza la incidentada en este sentido se tenga por cumplida la orden de tutela, en raz\u00f3n a que a dicho correspond\u00eda ente acreditar que ofreci\u00f3 respuesta de fondo a la petente y que la notific\u00f3 de la misma; empero, no se avizora ning\u00fan documento o constancia en este sentido, siendo as\u00ed como el pronunciamiento de l accionada no es respaldado por ning\u00fan anexo o escrito relacionado con una respuesta de fondo a la solicitud elevada el 25 de marzo de 2021 y con la que se demuestre la manifestaci\u00f3n de cumplimiento por parte de la convocada. <\/p>\n
Lo anterior permite concluir que la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Rionegro no cumpli\u00f3 la orden de tutela en los t\u00e9rminos establecidos, actuaci\u00f3n dilatoria que no se compadece con la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de la afectada. <\/p>\n
De tal manera que, al no ser ofrecida una respuesta de fondo y completa a la solicitud elevada por la afectada, acorde a lo expuesto en el escrito incidental, ello conlleva a que \u00e9sta se vea privada de obtener el certificado especial que requiere\u00bb. <\/p>\n
3.3. Conforme a lo que acaba de verse, el sentido de las decisiones revisadas no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, y no se advierte la concurrencia de causal o defecto de procedibilidad de la tutela, al paso que los razonamientos all\u00ed contenidos denotan una adecuada valoraci\u00f3n probatoria y de la normativa aplicable, circunstancias que hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial que inhiben al juez constitucional para inmiscuirse en el asunto. <\/p>\n
Sobre el particular, se precisa que cuando la determinaci\u00f3n reprochada cuenta con el suficiente soporte jur\u00eddico, la tutela no se abre paso en tanto, \u00abno constituye v\u00eda de hecho las meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb que resolvieron el asunto censurado (CSJ STC 21 jul. 1995, rad. 2397, citada entre otras en STC6819-2019, 30 may. 2019, rad. 00176-01). <\/p>\n
4. Precisi\u00f3n adicional sobre la medida de arresto. <\/p>\n
Pese a la razonabilidad de las resoluciones confutadas, esta Sala no pasa por alto que una de las sanciones impuestas a la aqu\u00ed accionante fue el arresto por tres (3) d\u00edas determinaci\u00f3n que contraviene el criterio de esta Corporaci\u00f3n, en punto a la naturaleza de las amonestaciones que se pueden aplicar, en atenci\u00f3n a las particulares circunstancias de salud p\u00fablica ocasionadas por la pandemia Covid\u201319. <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha sostenido que la autoridad judicial debe ponderar la finalidad de las medidas a adoptar en el tr\u00e1mite incidental \u2013cuando se advierta el desacato\u2013, con las prerrogativas esenciales a la salud y vida de la sancionada, especialmente vulnerables en contextos como el actual; toda vez que, de ser soslayada dicha pauta, eventualmente podr\u00eda ocasionarse una afectaci\u00f3n injustificada y desproporcionada al obligado, como en el sub ex\u00e1mine: <\/p>\n
\u00abAl margen de las anteriores consideraciones y atendiendo a la situaci\u00f3n actual en virtud de la pandemia generada por el virus Covid-19, es de advertirse que el juzgador de primer grado atacado debe efectuar una revisi\u00f3n de la orden de arresto impuesta al accionante. <\/p>\n
(\u2026) As\u00ed que, pese a la legalidad de imponer la privaci\u00f3n de la libertad como instrumento coercitivo para garantizar la observancia de las decisiones de tutela, el hecho de que una situaci\u00f3n sanitaria afecte el funcionamiento de la sociedad como hasta ahora se hab\u00eda conocido, debe ser objeto de ponderaci\u00f3n para que la finalidad propia del desacato no resulte gravosa de los derechos a la salud y la vida del ahora promotor. <\/p>\n
(\u2026) Luego, como al gestor (\u2026) se le impuso una orden de arresto por dos (2) d\u00edas, en lugar de detenci\u00f3n, es menester sopesar la finalidad loable de esta sanci\u00f3n con las consecuencias que la misma puede derivar para la sociedad en su conjunto y el promotor, raz\u00f3n por la cual se ordenar\u00e1 al acusado fallador de primer grado que la modifique por cualquier otra medida alternativa, atendiendo lo atr\u00e1s mencionado\u00bb (CSJ, E-2020-00075-01, 6 may., en el mismo sentido E-2020-00035-01, 27 may., STC4294-2020, 8 jul., ATC610-2020, 30 jul., STC6691-2020, 2 sep., et. al.) Resaltado y negrillas fuera de texto). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, aunque las providencias proferidas en el tr\u00e1mite incidental analizado se advierten razonables, se ordenar\u00e1 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Rionegro, que, en atenci\u00f3n al precedente de esta Corporaci\u00f3n, y como a quo en dicha causa, proceda a conmutar la referida orden de arresto, por cualquier otra medida que se ajuste a los est\u00e1ndares rese\u00f1ados. <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Primero Civil del Circuito de Rionegro para que, en el t\u00e9rmino de veinticuatro (24) horas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, proceda a conmutar la sanci\u00f3n de arresto, por cualquier otra medida, de acuerdo con las consideraciones expuestas. <\/p>\n
TERCERO: COMUNICAR lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
8 <\/p>\n
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