STC11351-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11351-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05001-22-03-000-2021-00272-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (02) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 5 de agosto de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la tutela que Rub\u00e9n Dar\u00edo Ib\u00e1\u00f1ez \u00c1ngel instaur\u00f3 en contra del Juzgado Noveno Civil del Circuito de esa ciudad, extensiva a Dargel Soraya y Gloria \u00c1ngel \u00c1lvarez y al Juzgado Octavo Civil Municipal de la misma urbe. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista solicit\u00f3 que se ordenara al estrado querellado invalidar la decisi\u00f3n de 19 de mayo de 2021 y \u00abproferir nueva sentencia de acuerdo con el art\u00edculo 16 de la Ley 1285 de 2009 que modific\u00f3 la Ley 270 de 1996, mediante la cual se amparen en la Jurisdicci\u00f3n Ordinaria al demandante RUBEN DARIO IBA\u00d1EZ ANGEL los Derechos Fundamentales a la Dignidad Humana, Derecho Fundamental a la Igualdad, Presunci\u00f3n de Inocencia como garant\u00eda integrante del Derecho Fundamental al Debido Proceso, Debido Proceso Probatorio como Derecho Fundamental Aut\u00f3nomo seg\u00fan la Sentencia C \u2013 496 de 2015, Derecho Fundamental a la Familia, espec\u00edficamente por desconocer la DECLARACI\u00d3N UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECON\u00d3MICOS, SOCIALES Y CULTURALES, PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POL\u00cdTICOS y CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS o (Pacto de San Jos\u00e9), aplicando correctamente el Bloque de Constitucionalidad de acuerdo a la FUENTE FORMAL DEL DERECHO Sentencia C-401 de 2005 expedida por la Corte Constitucional (\u2026)\u00bb, garantiz\u00e1ndole el goce espec\u00edfico de esos \u00abderechos\u00bb y condenando a las demandadas en el consecutivo n\u00ba 08-2019-00405-00 al pago de los perjuicios y costas pedidos. <\/p>\n
En suma, adujo que en el juicio de responsabilidad civil extracontractual que le adelant\u00f3 a Gloria y Dargel Soraya \u00c1ngel \u00c1lvarez (rad 2019-00405-00), el a quo neg\u00f3 las pretensiones (12 mar. 2020), sentencia que fue confirmada por el superior (31 may. 2021). <\/p>\n
Acus\u00f3 el ad quem de incurrir en las siguientes v\u00edas de hecho, por presuntos yerros de hecho y derecho: <\/p>\n
i). \u00abDefecto f\u00e1ctico\u00bb porque \u00abno valor\u00f3 y omiti\u00f3 las pruebas obrantes en el expediente surgiendo el denominado ERROR DE HECHO, pues el Juez no tuvo en cuenta al momento de proferir la providencia judicial los medios de prueba incorporados al proceso en debida forma de acuerdo con el art\u00edculo 164 del CGP\u00bb; adem\u00e1s, \u00abincurri\u00f3 en DEFECTO FACTICO al interpretar err\u00f3neamente el art\u00edculo 8 de la DECLARACI\u00d3N UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS en concordancia el art\u00edculo 25 de la CONVENCI\u00d3N AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, ya que de acuerdo al contenido normativo debe amparar contra actos que violen Derechos Fundamentales reconocidos por la Constituci\u00f3n, la ley o la presente Convenci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
ii). \u00abDefecto sustantivo\u00bb comoquiera que \u00abdurante la pr\u00e1ctica del interrogatorio de parte realizado ante el juzgado 8 civil municipal de Medell\u00edn en marzo 12 de 2019 aceptaron sin refutar en estar de acuerdo sobre el no permitir el ingreso al demandante para visitar mi abuelita por 491 d\u00edas contados desde mayo 30 de 2018 hasta octubre 07 de 2019, al impedir la entrada al asilo sin orden de autoridad competente, sin ninguna posibilidad de comunicaci\u00f3n con mi abuelita Mar\u00eda Lucila \u00c1lvarez de \u00c1ngel, adulto mayor de 92 a\u00f1os, o la oportunidad de reunirme con mi familiar en sus fechas especiales (\u2026) donde hubo (\u2026) restricci\u00f3n total y anulaci\u00f3n de derechos fundamentales como la dignidad humana (art\u00edculo 1, 42 inciso 2, constituci\u00f3n pol\u00edtica), el derecho fundamental a la igualdad (art\u00edculo 13 constituci\u00f3n pol\u00edtica) y el derecho fundamental a la familia (art\u00edculo 5, 42 constituci\u00f3n pol\u00edtica), todos los anteriores derechos fundamentales inherentes al ser humano con rango de inalienables, hasta que mediante acci\u00f3n de tutela n\u00b0 2019-800, que le correspondi\u00f3 por competencia al Juez Cuarto Municipal De Peque\u00f1as Causas Laborales De Medell\u00edn, ente jurisdiccional que restituy\u00f3 los derechos fundamentales de los accionantes, logrando al fin ver a la adulto mayor\u00bb. <\/p>\n
iii) \u00abDesconocimiento del precedente y violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n\u00bb, en tanto, el convocado descart\u00f3 la \u00absentencia C-401 de 2005, [que] manifest\u00f3 sin duda que todos los convenios internacionales ratificados por Colombia fueron integrados a la legislaci\u00f3n interna a trav\u00e9s del art\u00edculo 93, 94 y 230 de la Constituci\u00f3n, determinando como consecuencia que los convenios internacionales son fuente directa de derecho\u00bb y a\u00fan m\u00e1s \u00abadopt\u00f3 una decisi\u00f3n que desconoce la Carta Pol\u00edtica, porque en dejo de aplicar una disposici\u00f3n ius fundamental a un caso concreto, contenida en el Bloque de Constitucionalidad (Articulo 93 Constituci\u00f3n Pol\u00edtica)\u00bb <\/p>\n
Y por inaplicar \u00ablos art\u00edculos 1, 5, 42, 93, 94 y 230 de la Constituci\u00f3n de 1991, estando en la obligaci\u00f3n legal de aplicarlas, normas que gobiernan el caso por ser referentes a Derechos Fundamentales, desarrollando el tratamiento legal cuando los derechos son limitados, restringidos y menoscabados [y] desconoci\u00f3 el PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL FORMAL establecido en el art\u00edculo 228 C.P\u00bb. <\/p>\n
iv) \u00abExceso ritual manifiesto\u00bb, por cuanto, \u00abestableci\u00f3 motu propio que era obligaci\u00f3n del demandante traer e incorporar al proceso la sentencia de tutela que restableci\u00f3 los derechos fundamentales logrando ver a su abuelita Mar\u00eda Lucila \u00c1lvarez de \u00c1ngel, adulto mayor interna en el hogar gerontogeriatrico Hermano Sol Hermano Luna San Jos\u00e9, ubicado en la calle 41 # 32 \u2013 39 en Medell\u00edn (\u2026) la mencionada regla por el fallador de segunda instancia no est\u00e1 contemplada en el ordenamiento jur\u00eddico que gobiernan tanto la acci\u00f3n de Tutela o los procesos verbales en Colombia ni mucho menos las normas supraconstitucionales como Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos o (Pacto de San Jos\u00e9), sin mencionar la fuente formal del derecho y\/o doctrina probable que nos habla el art\u00edculo 10 de ley 153 de 1887 en que se bas\u00f3 o conjuro para confirmar la sentencia del a quo\u00bb. <\/p>\n
2.- Los Juzgados Noveno Civil del Circuito y Octavo Municipal de Medell\u00edn defendieron la legalidad de la actuado. <\/p>\n
Dargel Soraya \u00c1ngel \u00c1lvarez se opuso a la demanda superlativa. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El Tribunal de Medell\u00edn desestim\u00f3 el auxilio, al hallar razonada la providencia del juzgador cuestionado, en tanto, \u00ab(\u2026) la falladora analiz\u00f3 la prueba documental arrimada y concluy\u00f3 con acierto que esta no demostraba el da\u00f1o aducido por el se\u00f1or Ib\u00e1\u00f1ez \u00c1ngel, porque solo da cuenta de las condiciones de salud de la se\u00f1ora \u00c1lvarez de \u00c1ngel, pero no refleja por s\u00ed sola una conducta negligente o dolosa de las demandadas, lo que la llev\u00f3 a concluir que la actuaci\u00f3n de las hijas de Mar\u00eda Lucila no era il\u00edcita (\u2026) resolvi[\u00f3] el litigio mediante la aplicaci\u00f3n de las normas reguladoras del r\u00e9gimen de responsabilidad civil extracontractual y las disposiciones procesales pertinentes, esto es, los art\u00edculos 2341 y 2343 del C\u00f3digo Civil, el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso y dem\u00e1s normas concordantes\u00bb. <\/p>\n
Apel\u00f3 el gestor, con argumentos id\u00e9nticos a los inaugurales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De la evidencia allegada al plenario, ab initio se advierte el fracaso de la salvaguarda y la consiguiente convalidaci\u00f3n del veredicto confutado. <\/p>\n
2.- Se afirma lo anterior, porque de los medios suasorios obrantes en el plenario avizora la Sala que la sentencia del Tribunal Superior de Medell\u00edn (31 may. 2021) que aval\u00f3 la de primer grado, no luce antojadiza, caprichosa, ni ilegal; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa y jurisprudencia que rigen la materia, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del haz probatorio, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del dossier, en atenci\u00f3n a que valor\u00f3 \u00abrazonablemente\u00bb los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la lid de cara a la confluencia o no de la totalidad de los presupuestos de la acci\u00f3n de responsabilidad civil extracontractual. <\/p>\n
En efecto, liminarmente, aclar\u00f3 el reparo del apelante, consistente en la existencia de una \u00abindebida valoraci\u00f3n probatoria\u00bb del juez de primera instancia y preciso, conforme con el art\u00edculo 328 del C.G.P., que \u00abantes de abordar el objeto de la apelaci\u00f3n que se acaba de plantear, es indispensable recordar, que ser\u00e1 este reparo lo que determine el l\u00edmite sobre el cual el despacho judicial en apelaci\u00f3n se pronunciar\u00e1, es decir, que no ser\u00e1 posible abordar puntos que no fueron objeto de censura al momento de formularse la apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Luego, puntualiz\u00f3 que el an\u00e1lisis del caso concreto descansar\u00eda exclusivamente en los reproches al fallo, en tanto, \u00ab(\u2026) en el presente evento, como ya se expuso, el Juez de primer grado neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, por encontrar que no se hab\u00eda configurado el presupuesto axiol\u00f3gico de la acci\u00f3n de responsabilidad civil, denominado da\u00f1o, con argumento central de falta de prueba de haber sido un da\u00f1o il\u00edcito, contrario a la ley. Decisi\u00f3n que es recurrida en alzada por el demandante y quien bas\u00f3 sus reparos en lo que denomin\u00f3 error de derecho por no aplicaci\u00f3n de la normatividad que regula lo referente a administrar justicia y amparar los derechos a la dignidad humana y error hecho por indebida valoraci\u00f3n de la prueba concretamente la historia cl\u00ednica aportada y el testimonio t\u00e9cnico que sirvi\u00f3 de sustento a la decisi\u00f3n. Bajo este l\u00edmite se centrar\u00e1 el an\u00e1lisis para emitir la decisi\u00f3n que hoy nos ocupa\u00bb. <\/p>\n
Despu\u00e9s, coligi\u00f3 en punto de la primera inconformidad, que orbitaba en el presunto \u00aberror de derecho\u00bb, que <\/p>\n
\u00abEn lo que respecta a la formulaci\u00f3n del reparo, debe decirse que, por ERROR DE DERECHO, la censura adujo que se desconoci\u00f3 en la decisi\u00f3n apelada, los derechos fundamentales a una familia que conformaba con su abuela y a la dignidad humana, trasgrediendo la ley 1285 de 2009, que sea dicho desde ya, es la norma que reforma la Ley Estatutaria De La Administraci\u00f3n De Justicia, 270 de 1996, normatividad que no se avizora haya sido trasgredida por el funcionario que produjo la decisi\u00f3n impugnada, fue en un sentido l\u00f3gico y aplicando los dispositivos que regulan lo referente a la responsabilidad civil extracontractual que cumpli\u00f3 con la funci\u00f3n de administrar justicia, valorando para ello los elementos de prueba que se traen al proceso. <\/p>\n
En lo que respecta a la aplicaci\u00f3n de la normatividad que alude al manejo de la historia cl\u00ednica, esto es, la Resoluci\u00f3n 1999 de 1995 citada en sus reparos como de la sentencia SC 5641 de 2018, donde fue m p. la Dra. Margarita Cabello Blanco, y se decide sobre la responsabilidad hospitalaria y m\u00e9dica del paciente, debe decirse que el asunto que ocupa la atenci\u00f3n en este estrado judicial dista de una responsabilidad m\u00e9dica, por tanto, no es aplicable la jurisprudencia que sobre el particular se analiza en esa sentencia que cita el impugnante y, menos los criterios de an\u00e1lisis de la historia cl\u00ednica para determinar responsabilidad en la amputaci\u00f3n que sufri\u00f3 la se\u00f1ora Mar\u00eda Lucila \u00c1lvarez. luego no le era exigible al funcionario de primer grado entrar a valorar una prueba de forma diferente a la que all\u00ed se expuso, m\u00e1xime que, se insiste, no se debate en este caso una responsabilidad m\u00e9dica. <\/p>\n
En ese orden, encuentra esta agencia judicial que la aplicaci\u00f3n de la norma resulta adecuada para la responsabilidad civil extracontractual atribuida por quien demanda una conducta il\u00edcita, que puede ser a t\u00edtulo de dolo o culpa, cometida por las demandadas, quienes con esa conducta que se afirma, la separaci\u00f3n que sufri\u00f3 del lado de su abuelita con quien conviv\u00eda, se le causa un sufrimiento al demandante, traducido en el perjuicio moral que reclama a raz\u00f3n de 100 SMLMV. y, esa norma no es otra que el art. 2.341 y 2.343 del c. civil, como lo explic\u00f3 el funcionario de primera instancia. <\/p>\n
Por consiguiente, el yerro en derecho reclamado por el apelante en la decisi\u00f3n impugnada no logra determinarse. lo anterior sin invadir esferas de competencia que ata\u00f1en a otras autoridades judiciales, sino soportados en los reparos presentados por el apelante\u00bb. <\/p>\n
En lo que ata\u00f1e al \u00aberror de hecho\u00bb, apostill\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en cuanto al que denomina ERRO DE HECHO, el que entiende esta agencia judicial como reparo a una indebida valoraci\u00f3n de dos elementos de prueba, concretamente, la historia cl\u00ednica y el testimonio t\u00e9cnico, cuando afirma el recurrente que la primera debi\u00f3 analizarse desde la perspectiva de la resoluci\u00f3n 1999 de 1995 y la sentencia SC-5641 de 2018, adicional, no existiendo tampoco prueba de las conductas agresivas del demandante para con su abuelita, que permitiesen su separaci\u00f3n por espacio de 491 d\u00edas, no es entendible que se deniegue la pretensi\u00f3n indemnizatoria del perjuicio, debe explicarse que: <\/p>\n
a)-. El presente asunto ata\u00f1e a una conducta que se reprocha de las demandadas al separar al demandante de su abuela intern\u00e1ndola en un hogar para adulto mayor y priv\u00e1ndole de 491 d\u00edas de poderla visitar; <\/p>\n
b)-. que esa conducta es la que califica el demandante como determinante en la producci\u00f3n del da\u00f1o <\/p>\n
c)-. Que el da\u00f1o es de naturaleza moral, por tanto, corresponde al dolor, el desconsuelo, la angustia, congoja que padeci\u00f3 el demandante con aquella separaci\u00f3n y con los eventos que se presentaron a posteriori como ocurre cuando narra lo de la amputaci\u00f3n de la pierna de su abuelita, el hematoma que present\u00f3 en uno de sus ojos y la restricci\u00f3n de vistas. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva debe apuntar los elementos de prueba tra\u00eddos al proceso. Carga probatoria que est\u00e1 radicada en cabeza del demandante en voces del art. 167 del C. g. del Proceso, pues quien alega un hecho, debe probarlo si quiere triunfar en su pretensi\u00f3n. Adicional, conforme al tipo de responsabilidad alegada por el demandante, es deber del mismo probar la culpa, o si se quiere, la conducta il\u00edcita de la contraparte. Pues, como ya se advirti\u00f3, no basta con afirmar, es necesario traer elementos de prueba convincentes sobre esa conducta il\u00edcita atribuible a las demandadas. <\/p>\n
En ese orden de ideas, no se puede negar que el demandante, el abogado RUBEN DAR\u00cdO IBA\u00d1EZ ANGEL, trajo una serie de elementos al proceso que demuestran hechos, hechos tales como: <\/p>\n
a)-. Las condiciones de salud de su abuelita Mar\u00eda Lucila \u00c1lvarez, dentro de ellas, que padece diabetes, que es adulta muy mayor, pues cuanta con 92 a\u00f1os; que fue atendida por un evento de herida que presentaba en una de sus piernas, donde se describe la dimensi\u00f3n de la misma. Historia donde tambi\u00e9n reposa anotaciones de los facultativos como las siguientes: <\/p>\n
\u201cpaciente con m\u00faltiples comorbilidades, en el momento con poca respuesta, cifras tensionales con tendencia a la hipotensi\u00f3n, bradicardia, hipot\u00e9rmica, presenta escara sobre infectada sin tratamiento antibi\u00f3tico, adem\u00e1s con evaluaci\u00f3n el d\u00eda de hoy, se considera posible septicemia o trastorno, se solicita traslado para realizar paracl\u00ednicos\u201d dicha historia cl\u00ednica da cuenta que la paciente es trasladada por EMI con base en la anterior anotaci\u00f3n al Hospital Pablo Tob\u00f3n, seg\u00fan fl. 62 <\/p>\n
Por su parte, historia cl\u00ednica visible a folio 64 del el Hospital Pablo Tob\u00f3n Uribe se consigna como motivo de consulta \u201cingresa por cuadro cl\u00ednico de dos d\u00edas de evoluci\u00f3n dado por marcado deterioro neurol\u00f3gico, estupor, muy pobre respuesta a est\u00edmulos. Refieren que encuentran ulcera. Por presi\u00f3n en la base del primer dedo del pie izquierdo\u201d <\/p>\n
Adem\u00e1s, se indica el plan de manejo: \u201cpaciente femenina, en la novena d\u00e9cada de vida. Con antecedentes descritos, postrada en cama, dependiente para todas las actividades de la vida cotidiana. Ingresa por deterioro neurol\u00f3gico y lo que parece ser un cuadro de delirium hipo activo sumado a su demencia de base. Al examen f\u00edsico presenta \u00falcera en la base del primer dedo del pie derecho. F\u00e9tida, con material cero purulento. Con cambios in llama torios peri lesionales (como \u00fanico foco problema de infecci\u00f3n) dado el deterioro neurol\u00f3gico agudo, considerado ingresar para tomar de paracl\u00ednicos en b\u00fasqueda de proceso infeccioso alteraci\u00f3n metab\u00f3lica o trastorno hidro el\u00e9ctrico como causa de los s\u00edntomas\u201d. <\/p>\n
Historia cl\u00ednica que consigna no advertir en la paciente condici\u00f3n de vulnerabilidad social. <\/p>\n
N\u00f3tese que la entidad prestadora del servicio de salud consigna la b\u00fasqueda que inicia para establecer la causa del proceso infeccioso, de la alteraci\u00f3n metab\u00f3lica o trastorno hidroel\u00e9ctrico, pero en parte alguna consign\u00f3 all\u00ed que tuviese origen en una irregularidad o falencia en el cuidado de la paciente. Prueba que, valorada como tal, no refleja por s\u00ed sola una conducta negligente, o dolosa, es decir, il\u00edcita por parte de las demandadas, Solo da cuenta de las condiciones de salud de la se\u00f1ora Mar\u00eda Lucila \u00c1lvarez. Adicional, no hay una sola prueba que ense\u00f1e, que ese deterioro de la abuelita, tanto f\u00edsico como mental, sea atribuido a la conducta de las demandadas, lo que por dem\u00e1s no es materia de discusi\u00f3n en este asunto por cuanto no se pretende reclamaci\u00f3n indemnizatoria en favor de la se\u00f1ora Mar\u00eda Lucila. Sin embargo, esos hechos no generan duda sobre el dolor y tristeza que pudo causar en el demandante, ver a su madre de crianza y abuela padeciendo sufrimientos como los descritos. <\/p>\n
Sin embargo, era necesario que acreditase que la conducta de separaci\u00f3n de su abuelita y esas dolencias se generan por la conducta del agente a quien se le atribuye la responsabilidad en ese da\u00f1o moral que reclama el abogado demandante. Y, adicional, que esa conducta es il\u00edcita, dado como se trajo en cita de la Corte Suprema de Justicia en precedencia, no es cualquier conducta, debe ser una conducta il\u00edcita, es decir, que el da\u00f1o sea \u201ccon ocasi\u00f3n exclusiva del suceso arbitrario\u201d. <\/p>\n
Es en este punto donde radica la falencia probatoria que echo de menos el juez de primer grado para salir avante la pretensi\u00f3n del demandante, explicando que ese da\u00f1o il\u00edcito no se prob\u00f3. <\/p>\n
Y, es que se desconoce a quien es atribuible la actitud descuidada y negligente, si del centro geri\u00e1trico que tiene bajo su cuidado a la se\u00f1ora \u00c1lvarez, o de las demandadas, o si tienen incidencia al contratar los servicios de esa entidad que no cumple con las condiciones legales para el cuidado de la abuelita. Muy por el contrario, se trajo evidencia con la historia Cl\u00ednica y los testimonios de BLANCA CECILIA ALVAREZ, MARCO AURELIO ANGEL Y LILIANA MARIA RESTREPO, esta \u00faltima profesional que dio cuenta de las buenas condiciones en que se encuentra la se\u00f1ora Mar\u00eda Lucila, en consideraci\u00f3n a sus patolog\u00edas f\u00edsicas, la deficiencia en su salud mental y edad avanzada, que no hay prueba de maltrato de aquel ser que requiere por el contrario ser asistida en su totalidad por un grupo interdisciplinario, como se desprende igualmente de la prueba documenta obrante en el expediente, allegada por el mismo demandante, concretamente el Kardex de enfermer\u00eda, historia gerontol\u00f3gica, hojas de evoluci\u00f3n m\u00e9dica del Hogar Geri\u00e1trico Hermano Sol Hermana Luna San Jos\u00e9, historias cl\u00ednicas emitidas por EMI y por el Hospital Pablo Tob\u00f3n Uribe. <\/p>\n
Luego, pese al dolor de la separaci\u00f3n que sufre el demandante, no hay una conducta il\u00edcita en las demandadas que permitan atribuir el da\u00f1o moral reclamado por el accionante y hoy recurrente, tal como lo explic\u00f3 el juez de conocimiento en la sentencia apelada. <\/p>\n
b).- En id\u00e9ntico sentido puede afirmarse que, la prueba result\u00f3 insuficiente, para acreditar el da\u00f1o moral ocasionado con la restricci\u00f3n de las vistas al demandante para ver y compartir con su abuelita. No cabe duda que, esa limitante tiene que producir tristeza, dolor, angustia de no poder ver, abrazar y sentirse cerca de la persona que se ama, como ocurre con los abuelos y a\u00fan m\u00e1s, si han desempe\u00f1ado el rol de padre o madre. <\/p>\n
No obstante, ese da\u00f1o se debe acreditar. Cosa que no sucedi\u00f3 en este evento. <\/p>\n
En el plenario si bien existe prueba de la afirmaci\u00f3n sobre la medida restrictiva de ingreso a visitar a su abuelita en el primero de los hogares geri\u00e1tricos, tambi\u00e9n se analiz\u00f3 por el juez de primer grado, la existencia de los mismos elementos de prueba que dan cuenta sobre la raz\u00f3n para ello. Basta mirar la hora 3 del audio y concretamente en los minutos 10 a 12, donde analiza los tres testimonios recepcionados, BLANCA CECILIA, MARCOAURELIO, parientes de ambos extremos del litigio, como de la psic\u00f3loga LILIANA MARIA RESTREPO CORRALES funcionaria p\u00fablica quien actu\u00f3 en compa\u00f1\u00eda de la defensor\u00eda del Pueblo en el tr\u00e1mite de queja formulado por maltrato en favor de su abuelita Mar\u00eda Lucila Arbel\u00e1ez, advirtiendo la primera instancia que estos dan a conocer la actitud violenta o agresiva del demandante, y lo llevan a concluir que es lo que explica la raz\u00f3n para la restricci\u00f3n en las visitas, m\u00e1xime que uno de los testigos adujo que por esas conductas repetidas del demandante, no quiso el hogar continuar bajo su cuidado, e incluso que el hogar donde se encuentra ha realizado manifestaci\u00f3n en igual sentido. Argumentos que desvirt\u00faan el da\u00f1o deprecado por el demandante. <\/p>\n
Raciocinio que encuentra esta agencia judicial l\u00f3gico y acorde con el acervo probatorio, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que esa prueba testimonial no fue tacha por la parte contra la cual se adujo, menos trajo \u00e9sta otras pruebas para desvirtuar aquellas afirmaciones, por lo que, era imposible al juez de conocimiento no dar valor positivo para concluir que no se demostr\u00f3 la ilicitud, y en sentir de esta instancia, no hay elementos posteriores que as\u00ed permitan concluirse (\u2026). <\/p>\n
Tampoco se arrim\u00f3 al proceso por el demandante, prueba del tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela para lograr el amparo constitucional del cual alude el demandante se le otorg\u00f3. Elemento de convicci\u00f3n que era necesario traer al proceso para verificar ese da\u00f1o, a trav\u00e9s del reconocimiento del juez constitucional sobre la lesi\u00f3n del derecho fundamental, y cu\u00e1l de ellos fue. Ni siquiera de las quejas o denuncias en la fiscal\u00eda para lograr la protecci\u00f3n que requer\u00eda su ser amado por el maltrato que se dice ven\u00eda padeciendo y quien estaba infringiendo ese maltrato. Prueba que hubiese podido permitir avistar el panorama de la conducta il\u00edcita de las demandantes o agente del da\u00f1o y llegar a una conclusi\u00f3n, quiz\u00e1s diferente a la impugnada y que hoy pretende el demandante con la apelaci\u00f3n. Es que, ni siquiera existe prueba del tiempo que dur\u00f3 aquella restricci\u00f3n o si obedeci\u00f3 a orden de las demandadas o por decisi\u00f3n de las directivas del hogar \u2026\u00bb, (Subraya la Sala). <\/p>\n
Ese raciocinio lo soport\u00f3 en un pronunciamiento de esta Corporaci\u00f3n, seg\u00fan el cual <\/p>\n
\u00ab(\u2026) ante la duda, la falta de prueba de estos aspectos, el da\u00f1o deja de ser cierto, determinado y menos directo, como se explic\u00f3 en cita de la Corte Suprema de Justicia que vale recordar c\u00f3mo debe quedar probado no solo la autor\u00eda y existencia de un hecho injusto, sino tambi\u00e9n, el menoscabo que sufre una persona con ocasi\u00f3n del mismo, y, dijo la corte, s\u00f3lo podr\u00e1 ser resarcible siempre y cuando demuestre su ilicitud como la certidumbre del mismo, \u201cPORQUE LA CULPA, POR CENSURABLE QUE SEA, NO LOS PRODUCE DE SUYO\u201d [CSJ SC G.J. T. LX, p\u00e1g. 61]\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, frente a aspectos nuevos formulados por el actor en la sustentaci\u00f3n de la alzada y en lo atinente a la aplicaci\u00f3n de las disposiciones supralegales y bloque de constitucionalidad, el sentenciador esboz\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el recurrente en sus argumentos para sustentar el recurso en la trae de hoy, introduce aspectos que no fueron objeto de reparo al formular la apelaci\u00f3n ante el juez de primera instancia, tales como el cuestionar la manera como se recepcion\u00f3 la prueba testimonial, es decir, sin observancia de ubicar los testigos en recintos separados o apartados de donde se practica la prueba, tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 la ausencia de requisitos formales en la consideraci\u00f3n de la respuesta a la demanda que considera es irregular su incorporaci\u00f3n por parte del juzgado e incluso, se cuestiona la falta de motivaci\u00f3n de la sentencia. Pues bien, al inicio se dijo que en voces del art. 322 y 328 del C. d. del proceso, son los REPAROS CONCRETOS los que establecen la coherencia del fallo de segunda instancia, pues el juez de apelaci\u00f3n solo puede discurrir sobre aquellos y no inconformidades nuevas que se pretendan en momentos procesales diferentes a los establecidos por el legislador como en este caso ocurre. Por tanto, estas manifestaciones no pueden ser objeto de pronunciamiento alguno (\u2026). <\/p>\n
Llama la atenci\u00f3n de esta instancia de alzada en cuanto a darse aplicaci\u00f3n de las disposiciones constitucionales y del bloque de constitucionalidad, por tratarse de un asunto que toca con derechos reconocidos por el DI Humanitario y el Derechos Humanos, como el tener derecho a una familia; a ser indemnizado cuando se ocasiona un da\u00f1o; a ser aplicada por el juez natural la norma del caso y de igual manera las supraconstitucionales. <\/p>\n
Respecto de este argumento de sustentaci\u00f3n del recurso, del cual se duele el apelante, no fueron observados esos deberes del juez al proferir la sentencia, debe advertirse que estas disposiciones normativas no son de aplicaci\u00f3n directa, son disposiciones que de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de los art\u00edculos 4 y 93 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, se obtiene que la jurisprudencia incorpor\u00f3 en el ordenamiento jur\u00eddico la noci\u00f3n de Boque de Constitucionalidad todos aquellos tratados internacionales que versen sobre DD HH y, en especial, aquellos cuya limitaci\u00f3n se encuentre prohibida durante los estados de excepci\u00f3n. Para el caso bajo estudio, no aplica la restricci\u00f3n que se analiza para visitar a su abuelita. Como tampoco es la senda del proceso de responsabilidad civil, la destinado para garantizar os derechos a la familia, como ocurre con las visitas a su abuelita. Por tanto, bajo otros presupuestos analizados dentro de lo que es la responsabilidad civil, con pilares claros que se debe demostrar y a cargo de quien, no es permitido discutir aspectos diferentes como los que se\u00f1ala el apelante\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, concluy\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no yace prueba en el expediente que el da\u00f1o provenga de una conducta il\u00edcita, luego, no est\u00e1 probada la ilicitud del mismo, para ser reconocido como lo explic\u00f3 el funcionario de primer grado, quien realiz\u00f3 un an\u00e1lisis al conjunto de las pruebas arrimadas y practicadas en el litigio para llegar a la decisi\u00f3n que fue apelada diada el 12 de marzo de 2020 y que debe CONFIRMAR esta instancia\u00bb. <\/p>\n
3.- Que el precursor disienta de esa \u00abvaloraci\u00f3n\u00bb porque, en su opini\u00f3n, debi\u00f3 d\u00e1rsele otra interpretaci\u00f3n a \u00ablas pruebas obrantes en el expediente\u00bb, porque, en su sentir, \u00abel Juez no tuvo en cuenta al momento de proferir la providencia judicial los medios de prueba incorporados al proceso en debida forma de acuerdo con el art\u00edculo 164 del CGP\u00bb, no es \u00abargumento\u00bb que abra paso a la injerencia supralegal implorada, ya que como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, <\/p>\n
\u00ab[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, STC4937-2016, STC6631-2018 y STC419-2021, entre otras). <\/p>\n
4.- Como colof\u00f3n, se convalidar\u00e1 el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC11351-2021 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC11351-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 05001-22-03-000-2021-00272-02 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., dos (02) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 5 de agosto […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57326","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57326","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57326"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57326\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57326"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57326"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57326"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}