STC11352-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11352-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-00542-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de primero de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 20 de abril de 2021, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Yolanda Guti\u00e9rrez Baquero contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 1 de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al acceso a la justicia, debido proceso, igualdad, seguridad social, entre otros, supuestamente vulnerados por la autoridad convocada en un juicio laboral que inici\u00f3 (SL353-2020, rad. 76153). <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que naci\u00f3 el 31 de agosto de 1957, por lo que cumpli\u00f3 55 a\u00f1os en 2012, siendo beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n previsto en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, porque \u00abal 1 de abril de 1994 contaba con m\u00e1s de 35 a\u00f1os de edad y a julio de 2005 ten\u00eda m\u00e1s de 750 semanas acreditadas\u00bb, pese a lo cual la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013Colpensiones neg\u00f3 la solicitud de reconocimiento de pensi\u00f3n de vejez, argumentando que no acredit\u00f3 el requisito de semanas cotizadas. <\/p>\n
Por lo anterior, present\u00f3 demanda, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga, quien accedi\u00f3 al petitum, porque \u00abtiene derecho al reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de vejez por aportes de la que trata la Ley 71 de 1988, por el cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo de servicios, desde el 5 de noviembre de 2013\u00bb, pero, en grado jurisdiccional de consulta, la Sala Laboral del Tribunal de esa localidad revoc\u00f3 dicha resoluci\u00f3n y, en su lugar, deneg\u00f3 la prestaci\u00f3n. <\/p>\n
Inconforme, recurri\u00f3 en sede extraordinaria, pero la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 1 mantuvo en firme lo resuelto, pese a encontrar fundados los cargos frente a la inclusi\u00f3n de las semanas cotizadas en 2014, pues, en su criterio, \u00abmi mandante no cumpl\u00eda el requisito de las 750 semanas cotizadas a 29 de julio de 2005, que le permitieran extender el r\u00e9gimen de transici\u00f3n hasta el 31 de diciembre de 2014, debido que, a su juicio, no se acredit\u00f3 dentro del proceso, que en los periodos reportados con deuda \u201cpor no pago del empleador\u201d, efectivamente hubiese existido una relaci\u00f3n subordinada que generara en cabeza del empleador, el deber de cotizar y que ante su omisi\u00f3n, la demandada estuviera obligada a adelantar las acciones de cobro\u00bb. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3, en resumen, \u00abdejar sin efectos la sentencia SL353-2020, con n\u00famero de radicado 76153, por violentar los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, seguridad social acorde con los principios constitucionales de equidad, proporcionalidad, eficiencia, universalidad y solidaridad, en conexidad con la Seguridad Jur\u00eddica, y a la recta y eficiente Administraci\u00f3n de justicia, por la no aplicaci\u00f3n del precedente y la indebida valoraci\u00f3n del acervo probatorio\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, solicit\u00f3 que, \u00abal momento de proferir el fallo de tutela, sea tenida en cuenta la jurisprudencia y doctrina de la Sala principal de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral (rad. 34270-2008, rad. 38622-2011, rad. 43839-2013, rad. 41802-2013, SL782-2013, SL8715-2014, SL14388-2015, SL15167-2015, SL16814-2015, SL6035-2015, SL14987-2016, SL17488-2016, SL13266-2016, SL2136-2016, SL15980-2016, SL4892-2017, SL5166- 2017, SL1624-2018, SL3550-2018, SL4539-2018, SL3399-2018, SL1363-2018, SL1355-2019, rad. 79660, SL4735- 2020) entre muchas otras, en las cuales se conden\u00f3 a la administradora de fondo de pensiones a reconocer la pensi\u00f3n de vejez, por ser quien se encuentra legalmente obligada a iniciar acciones de cobro al empleador moroso y no trasladar dicha responsabilidad al trabajador\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga manifest\u00f3 que \u00abefectivamente dentro del proceso que cursara en este estrado judicial, la demandante y persona aqu\u00ed actora, acredit\u00f3 un tiempo servido y no cotizado por su empleador, y que tal tiempo debe ser considerado para efecto de la suma de las semanas exigidas como m\u00ednimo para la configuraci\u00f3n de los requisitos exigidos para acceder a las prestaciones que otorga la seguridad social en pensiones. El anterior razonamiento se hizo dentro de proceso ordinario con fundamento en las acciones de cobro coactivo de las que el legislador dot\u00f3 a los fondos de pensiones, para cuando en el obligado al pago de las cotizaciones no las cancela en tiempo, y en consideraci\u00f3n adem\u00e1s a que es contrario a la justicia ocasionarle perjuicios al afiliado al sistema de pensiones, neg\u00e1ndole las prestaciones a las que tiene derecho, por comportamientos irresponsables que \u00e9l no ejecut\u00f3\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, destac\u00f3 que \u00abla no sumatoria de semanas por la mora o el no pago de las cotizaciones, es asunto que no debe causarle perjuicios al afiliado por cuanto ello corresponde a incumplimiento a las obligaciones del empleador, y al no ejercicio de las acciones para las que el legislador dot\u00f3 a los fondos de pensiones. Al trabajador le basta con ejecutar su contrato de trabajo y estar afiliado al fondo de pensiones\u00bb. <\/p>\n
2. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n \u2013 P.A.R.I.S.S. adujo que \u00aba ra\u00edz de la orden de supresi\u00f3n y liquidaci\u00f3n del extinto ISS emanada del Gobierno Nacional con la expedici\u00f3n y entrada en vigencia del Decreto 2013 de 2012, la extinta entidad perdi\u00f3 la competencia para resolver peticiones relacionadas con la administraci\u00f3n del R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2011 de 28 de septiembre de 2012, la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 COLPENSIONES, es la entidad competente como nueva administradora del referido r\u00e9gimen pensional\u00bb. <\/p>\n
3. El Procurador 29 Judicial II para Asuntos Laborales (E) reliev\u00f3 que \u00abfrente al presunto defecto f\u00e1ctico alegado por la accionante, considera este funcionario que la calificaci\u00f3n de \u201cmanifiestamente irrazonable y arbitraria\u201d de la valoraci\u00f3n del material probatorio, no se configura como tal, en virtud de la apreciaci\u00f3n particular de quien promueve la acci\u00f3n, sino de un hecho objetivo que contrar\u00ede de manera evidente los principios de la sana cr\u00edtica, y la libre formaci\u00f3n del convencimiento con la que cuenta el juez laboral en la apreciaci\u00f3n probatoria, en virtud del art\u00edculo 61 del CPTSS. Lejos de poder considerarse como arbitraria o caprichosa, la valoraci\u00f3n que hizo la corporaci\u00f3n accionada del material probatorio, y en particular, de la historia laboral de la accionante, se ajusta al precedente jurisprudencial rese\u00f1ado expresamente en la decisi\u00f3n controvertida (SL 1355 de 2019 y SL 3160 de 2019), el cual indica que el deber que tienen las entidades administradoras de pensiones de efectuar las acciones de cobro contra los empleadores morosos, so pena de computar las semanas no cobradas para efectos del reconocimiento pensional, se encuentra supeditado a la verificaci\u00f3n de pruebas razonables sobre existencia del v\u00ednculo laboral, pues es la relaci\u00f3n de trabajo (y no la mora), la que genera el deber de aportar al sistema pensional\u00bb. <\/p>\n
En la misma l\u00ednea argumentativa, expuso que \u00ablas dudas en cuanto a la existencia de una relaci\u00f3n laboral real entre la demandante y el empleador que se encontraban en mora (Hern\u00e1n Guti\u00e9rrez Baquero), fueron constatadas por la corporaci\u00f3n accionada, entre otras razones, debido a que Colpensiones nunca acept\u00f3 el hecho s\u00e9ptimo de la demanda inicial, y por el contrario, en la contestaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que \u201cno es un hecho de la demanda, es una apreciaci\u00f3n subjetiva que realiza la apoderada del demandante\u201d. As\u00ed mismo, se\u00f1al\u00f3 la Sala de Descongesti\u00f3n N\u00ba 1 en el fallo controvertido, refiri\u00e9ndose al empleador Hern\u00e1n Guti\u00e9rrez Baquero, que despu\u00e9s del 24 de agosto de 1994, \u201cpresentada la novedad de retiro no hay ning\u00fan dato que permita inferir que ese empleador volvi\u00f3 a ingresarla\u201d\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, se\u00f1al\u00f3 que \u00abfrente al supuesto desconocimiento del precedente jurisprudencial, en criterio de este funcionario, dicho requisito especifico tampoco se encuentra acreditado, y por el contrario, la posici\u00f3n de la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral N\u00ba 1, se acoge al criterio de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema (SL 1355 de 2019, SL 3160 de 2019), al se\u00f1alar que es la existencia de una relaci\u00f3n laboral real, y no la mora por no pago del empleador, la que genera la obligaci\u00f3n de cotizar al sistema de seguridad social en pensiones, por lo que en el caso de existir dudas sobre la ocurrencia de una relaci\u00f3n laboral subordinada, deben clarificarse estas \u00faltimas antes de aplicar autom\u00e1ticamente los periodos en mora, como tiempos que se deban contabilizar para el reconocimiento de una pensi\u00f3n de vejez\u00bb. <\/p>\n
4. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga precis\u00f3 que \u00abse adopt\u00f3 la sentencia que ahora es cuestionada, atendiendo la normatividad que se consider\u00f3 aplicable, acometi\u00e9ndose el estudio de la jurisprudencia que trataba el derecho pretendido y valorando las pruebas aportadas al tr\u00e1mite, por lo que no podr\u00eda endilgarse un actuar caprichoso o arbitrario, ni en absoluta desconexi\u00f3n con la voluntad del ordenamiento jur\u00eddico que pudiere vulnerar o amenazar derechos fundamentales del promotor de la acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
5. La hom\u00f3loga de Descongesti\u00f3n querellada arguy\u00f3 que \u00abno incurri\u00f3 en violaci\u00f3n de derecho fundamental alguno de la accionante al NO CASAR la sentencia del Tribunal como era su pretensi\u00f3n, por el contrario, tal decisi\u00f3n obedeci\u00f3 a que, en el caso de la recurrente quien pretend\u00eda el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de vejez a partir del 5 de noviembre de 2013, junto con el retroactivo pensional, las mesadas adicionales, los intereses de mora y la indexaci\u00f3n, ello en virtud del r\u00e9gimen de transici\u00f3n previsto el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993; tal prerrogativa la perdi\u00f3 el 31 de julio de 2010, en la medida que no logr\u00f3 extender sus efectos hasta el a\u00f1o 2014, conforme lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n reliev\u00f3 que \u00abno fue posible casar la sentencia impugnada, toda vez que si bien la accionante en un principio era beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n previsto en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, que le permit\u00eda la aplicaci\u00f3n de un r\u00e9gimen anterior; la demandante por la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, para el 29 de julio de 2005 no alcanz\u00f3 a reunir 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios, para que el citado beneficio se extendiera hasta el a\u00f1o 2014, en la medida que solo acumulaba un total de 697,57 semanas; por ende, en su caso la transici\u00f3n perdi\u00f3 vigencia el 31 de julio de 2010, data para cual no cumpl\u00eda los requisitos de tiempo de servicio y edad para obtener al derecho pensional\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, en tanto \u00abconforme a las certificaciones expedidas por las entidades p\u00fablicas en las que Yolanda Guti\u00e9rrez Baquero prest\u00f3 sus servicios, la convocante al proceso aport\u00f3 un total de 3.973 d\u00edas que equivalen a 567,57 semanas. En cuanto al reporte de semanas cotizadas a pensiones, expedido por Colpensiones se tiene que la actora, desde el 28 de febrero de 1993 hasta el 31 de diciembre de 2014, cotiz\u00f3 de forma interrumpida 292,44 semanas; para un total de 860,01 semanas, n\u00famero insuficiente para acceder a la pensi\u00f3n pretendida\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, afirm\u00f3 que \u00abresulta evidente que el amparo constitucional no cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que la sentencia que se cuestiona fue proferida el 12 de febrero de 2020, es decir, que la acci\u00f3n se promovi\u00f3 despu\u00e9s de un a\u00f1o y un mes, lo que supera de lejos el t\u00e9rmino razonable para interponerla\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00abtampoco se acredita la estructuraci\u00f3n de los defectos que se denuncian (\u2026), [pues] YOLANDA GUTI\u00c9RREZ BAQUERO, a 29 de julio de 2005, no contaba con las 750 semanas de cotizaci\u00f3n o su equivalente en tiempo de servicios, exigidas por el Acto legislativo 1 de 2005, para extender el r\u00e9gimen de transici\u00f3n hasta el a\u00f1o 2014. A esa \u00e9poca contaba con 697.57 [y] es imposible tener como tiempo v\u00e1lido el periodo comprendido entre agosto de 1995 y septiembre 1999, en los que figura afiliaci\u00f3n con el empleador Guti\u00e9rrez Baquero Hern\u00e1n Gilberto, ni el ciclo de mayo de 2004, con Talking EU, por[que], si bien, en el reporte de semanas cotizadas expedido por Colpensiones, figuran en deuda por no pago del empleador, lo cierto es que no existe elemento demostrativo alguno que permita obtener certeza que en esos intervalos se presentaron esas relaciones laborales, a partir de las cuales los empleadores deb\u00edan cotizar, y que, ante su omisi\u00f3n, la demandada estuviera obligada a adelantar acciones de cobro (CSJ SL 1355, SL 3160 de 2019)\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El apoderado de la censora recurri\u00f3 la precitada sentencia, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y agregando que s\u00ed se cumple con el criterio de tempestividad, aunado a que \u00aben la historia laboral de la se\u00f1ora Yolanda Guti\u00e9rrez Baquero, se observan unos periodos con la novedad \u201csu empleador presenta deuda por no pago\u201d; los periodos en mora, reportados por Colpensiones, acreditan la existencia de la relaci\u00f3n laboral de mi poderdante con el empleador Guti\u00e9rrez Baquero Hern\u00e1n Gilberto y Talking EU; la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, no adelant\u00f3 las acciones que el ordenamiento jur\u00eddico le ofrece, para hacer efectivo el cobro de las obligaciones pensionales; y Colpensiones en ejercicio de su derecho de defensa, en ninguna de las instancias aleg\u00f3 la inexistencia de la relaci\u00f3n laboral de mi poderdante con Guti\u00e9rrez Baquero Hern\u00e1n Gilberto y Talking EU\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 la convocante (SL353-2020, rad. 76153), por mantener en firme el fallo desestimatorio del ad quem, pese a encontrar fundados los cargos y, por ende, los errores de ese \u00f3rgano colegiado. <\/p>\n
2. Flexibilizaci\u00f3n del principio de inmediatez. <\/p>\n
Aunque podr\u00eda entenderse que este presupuesto de temporalidad impedir\u00eda el estudio de la acci\u00f3n, comprendiendo que la sentencia controvertida se dict\u00f3 el 12 de febrero de 2020 y la tutela se intent\u00f3 26 de enero de 2021, lo cierto es que por encontrarse en discusi\u00f3n en este asunto un derecho pensional, el cual tiene car\u00e1cter imprescriptible e irrenunciable, su presunta afectaci\u00f3n siempre se considerar\u00e1 actual, tal como lo estableci\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia de unificaci\u00f3n 1073 de 2012, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u00abEn lo que tiene que ver con el requisito de inmediatez, la acci\u00f3n de tutela resulta procedente en todos los casos estudiados, pues: (i) a pesar del paso del tiempo, es claro que conforme a la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, las mesadas pensionales son imprescriptibles y (ii) la jurisprudencia constitucional ha referido que esta caracter\u00edstica hace que la vulneraci\u00f3n tenga el car\u00e1cter de actual, incluso luego de pasados varios a\u00f1os de haberse proferido la decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
(\u2026) En este sentido, se debe entender que los casos objeto de an\u00e1lisis de la presente providencia, cumplen con este requisito general de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, puesto que todos los accionantes tienen una pensi\u00f3n de vejez reconocida, y est\u00e1n viendo negado su derecho a la indexaci\u00f3n de su primera mesada pensional. Es as\u00ed como, trat\u00e1ndose de un derecho fundamental imprescriptible, y habiendo cumplido los accionantes con el requisito de acudir previamente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, no entrar\u00e1 a analizar la Corte el tiempo transcurrido entre las decisiones que negaron el derecho a la indexaci\u00f3n y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela por parte de los accionantes, pues en este caso se debe entender que la afectaci\u00f3n al derecho fundamental tiene un car\u00e1cter de actualidad\u00bb. <\/p>\n
De esta forma, resulta importante aclarar que, pese a que la formulaci\u00f3n del amparo supera el t\u00e9rmino prudencial se\u00f1alado por la jurisprudencia de esta Sala para acudir a \u00e9l, se tiene por satisfecho ese requisito de procedibilidad teniendo en cuenta la naturaleza de las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
3. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 1 de esta Corporaci\u00f3n resolvi\u00f3 mantener en firme el fallo desestimatorio del ad quem, porque, a pesar de que el cargo formulado por la gestora se aven\u00eda pr\u00f3spero \u2013dados los errores del tribunal\u2013, en todo caso arribar\u00eda a la conclusi\u00f3n de que ella no cumpli\u00f3 los requisitos para acceder a la pensi\u00f3n de vejez bajo las reglas del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al estudiar el citado reproche, encaminado por la senda indirecta, en la modalidad de aplicaci\u00f3n indebida de \u00ablos art\u00edculos 36 de la Ley 100 de 1993; 7\u00ba de la Ley 71 de 1988 y el Decreto Reglamentario 2709 de 1994, en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 1, 2, 4, 13, 25, 29 y 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb, en tanto la colegiatura de segundo grado no dio por demostrado, est\u00e1ndolo, que \u00abcotiz\u00f3 hasta el d\u00eda 29 de enero de 2014 un total de 1.030,27 semanas, equivalentes a 20 a\u00f1os y 1,69 semanas de aportes, representados de la siguiente manera: 567,99 semanas tiempos p\u00fablicos y 462,28 semanas de tiempos privado e independiente cotizadas al ISS. C\u00f3mputos que fueron realizados por el mismo Tribunal\u00bb, la autoridad convocada reliev\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) del an\u00e1lisis probatorio de la alzada surge claro, que tal como lo aduce el censor, el Tribunal para efectos de verificar si la demandante cumpl\u00eda con los 20 a\u00f1os de servicio que exige el art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 71 de 1988, para acceder a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n por aportes, \u00fanicamente tuvo en cuenta lo cotizado por la actora hasta el mes de diciembre de 2013, conforme al reporte de semanas cotizadas a pensiones que obra en el expediente administrativo contenido en el CD de folio 80 y en cuyo encabezado se indica que se encuentra actualizado al 8 de enero de 2014. <\/p>\n
Empero, el colegiado no advirti\u00f3 que en el reporte de semanas cotizadas en pensiones que milita a folios 27 y 28 del plenario, el cual contiene la informaci\u00f3n actualizada a 31 de diciembre de 2014, se observa que la demandante aport\u00f3 a pensiones como independiente, durante todo el a\u00f1o 2014, es decir, que durante esta anualidad cotiz\u00f3 un total de 51,43 semanas, tiempo que sumado a los 19 a\u00f1os, 11 meses y 13 d\u00edas, que encontr\u00f3 acreditadas el juez de segundo grado hasta el 31 de diciembre de 2013, arroja un total de 20 a\u00f1os, 11 meses y 13 d\u00edas, el cual supera ampliamente los 20 a\u00f1os de aportes que exige la norma legal citada en precedencia, para acceder a la pensi\u00f3n reclamada. <\/p>\n
Lo anterior se corrobora con la Resoluci\u00f3n GNR 301702 de fecha 30 de septiembre de 2015 (f.\u00b0 45 a 47) que es la misma que aparece en el CD (f.\u00b0 80), pues para los espec\u00edficos fines que el censor la cita como err\u00f3neamente valorada y que no son otros que constatar que en este acto administrativo tambi\u00e9n se sumaron los aportes que efectu\u00f3 la demandante a pensiones en el a\u00f1o 2014, el citado documento da fe de ello, toda vez que, efectivamente, all\u00ed se contabilizaron las cotizaciones del a\u00f1o 2014 que realiz\u00f3 la promotora del proceso. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en principio podr\u00eda aseverarse que el Tribunal incurri\u00f3 en los yerros f\u00e1ticos que le enrostra la censura, al concluir que la demandante no demostr\u00f3 los 20 a\u00f1os de cotizaciones para acceder a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n por aportes, pues para tal conclusi\u00f3n no tuvo en cuenta las cotizaciones que realiz\u00f3 la convocante al proceso en el a\u00f1o 2014, como trabajadora independiente. <\/p>\n
Ciertamente el Tribunal no contabiliz\u00f3 las semanas cotizadas en el a\u00f1o 2014, tiempo que, a decir de la recurrente, le hubiera permitido acceder a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n por aportes de que trata el art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 71 de 1988, en raz\u00f3n a que el Colegiado estableci\u00f3 que el r\u00e9gimen de transici\u00f3n que protege a la demandante se extendi\u00f3 m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010, porque a la entrada en vigencia de acto legislativo, 29 de julio de 2005, hab\u00eda cotizado 918 semanas\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
No obstante, si bien se acredit\u00f3 adecuadamente el embate, la Sala querellada se\u00f1al\u00f3 que no se podr\u00eda casar la resoluci\u00f3n desestimatoria refutada en esa sede, porque \u00aben su actuaci\u00f3n como Tribunal de instancia, pronto encontrar\u00eda, que contrario a lo afirmado por la parte demandante, no se cumplen en definitiva con los presupuestos para acceder a las s\u00faplicas\u00bb, en tanto: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) quienes no causaran el derecho pensional antes de 31 de julio de 2010 se deb\u00edan acoger al nuevo sistema general de pensiones, salvo que al 29 de julio de 2005, tuvieran 750 semanas aportadas o su equivalente en tiempo de servicio para prorrogar el beneficio de la transici\u00f3n hasta el 2014. <\/p>\n
Si bien el ad quem en lo fundamental tuvo en cuenta lo antes expuesto, lo cierto es que a la hora de verificar si la actora cumpl\u00eda con esa densidad m\u00ednima de semanas exigidas para conservar el r\u00e9gimen de transici\u00f3n hasta el a\u00f1o 2014 y, en caso afirmativo, si a esta \u00faltima calenda contaba con los 20 a\u00f1os de aportes, de manera equivocada coligi\u00f3, sin referirse al medio de convicci\u00f3n que le otorg\u00f3 tal certeza, que la se\u00f1ora Yolanda Guti\u00e9rrez Baquero al 29 de julio de 2005, hab\u00eda aportado 918 semanas, lo cual no corresponde a la realidad como pasa a explicarse. <\/p>\n
Aqu\u00ed resulta oportuno resaltar que el juez de primer grado, no hizo ninguna referencia a la limitaci\u00f3n que el Acto Legislativo 01 de 2005 impuso al r\u00e9gimen de transici\u00f3n, es m\u00e1s ni siquiera aludi\u00f3 a la citada reforma constitucional, pues simplemente tuvo en cuenta que la promotora del proceso era beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n de que trata el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por ende, pod\u00eda obtener la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n por aportes, a la luz del art\u00edculo 7 de la Ley 71 de 1988, siempre que se demostrara que lo aportado en el sector p\u00fablico y privado sumaba 20 a\u00f1os \u00aben cualquier tiempo\u00bb, aspecto que encontr\u00f3 acreditado con los periodos en mora, los cuales consider\u00f3 que deb\u00edan computarse ya que por tratarse de una trabajadora dependiente los efectos de la mora del empleador no pueden imput\u00e1rsele a ella\u00bb (Se destaca). <\/p>\n
Por ende, lo atinente a si la actora hab\u00eda cotizado o no durante el tiempo m\u00ednimo exigido para extender el r\u00e9gimen de transici\u00f3n hasta el a\u00f1o 2014 y la verificaci\u00f3n de esos aportes no pod\u00edan ser elementos que se soslayaran en el debate, teniendo en cuenta que \u00abdebi\u00f3 asumirlo el Tribunal al conocer en el grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones, de all\u00ed que en esa tarea le correspond\u00eda ocuparse, primeramente, de establecer, seg\u00fan su propio criterio y a partir de la valoraci\u00f3n del haz probatorio, si en el juicio realmente se acredit\u00f3 las 750 semanas de aportes y, en caso afirmativo, si al 31 de diciembre de 2014 contaba con los 20 a\u00f1os de aportes, pues tal aspecto hac\u00eda parte fundamental del thema decidendum\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, verific\u00f3 \u00absi la actora ten\u00eda las 750 semanas cotizadas a 29 de julio de 2005, que le permitan extender el r\u00e9gimen de transici\u00f3n hasta el 31 de diciembre de 2014 y en el evento de ser afirmativa esta premisa, se comprobar\u00e1 si para la \u00faltima data la demandante reun\u00eda 20 a\u00f1os de aportes\u00bb, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) revisada la historia laboral de la convocante al proceso, se tiene que conforme a las certificaciones expedidas por las entidades p\u00fablicas en las que Yolanda Guti\u00e9rrez Baquero prest\u00f3 sus servicios, las cuales obran a folios 30, 34, 38 y 43 del expediente y que son iguales a las que aparecen en el CD de folio 80, la convocante al proceso aport\u00f3 un total de 3.973 d\u00edas que equivalen a 567,57 semanas, discriminados as\u00ed: <\/p>\n
\u2022 Contralor\u00eda General Rep\u00fablica con aportes a Cajanal, desde el 15 diciembre 1977 hasta 12 de noviembre 1982, para un total de 1.768 d\u00edas . <\/p>\n
\u2022 Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza A\u00e9rea, entre 1 de mayo de 1984 y el 17 septiembre del mismo a\u00f1o, en total 137 d\u00edas. <\/p>\n
\u2022 Contralor\u00eda Departamental del Meta con aportes a la caja de previsi\u00f3n departamental de ese departamento del 20 de noviembre 1984 al 23 de septiembre 1986, en total 664 d\u00edas <\/p>\n
\u2022 C\u00e1mara de Representantes con aportes a Fonprecon, desde el 14 de noviembre 1986 hasta el 18 de octubre de 1990, hay dos interrupciones en total de 8 d\u00edas as\u00ed: del 13 de abril de 1988 al 15 de igual mes y a\u00f1o del 10 de octubre de 1988 al 14 de igual mes y a\u00f1o, para un total de d\u00edas laborados de 1406. <\/p>\n
En cuanto al reporte de semanas cotizadas a pensiones, expedido por Colpensiones (f.\u00b0 27a 28), de acuerdo a este documento se observa que la actora, desde el 28 de febrero de 1993 hasta el 31 de diciembre de 2014, cotiz\u00f3 de forma interrumpida, un total de 292,44 semanas. Es importante se\u00f1alar que en los periodos de agosto a diciembre de 1995, enero a diciembre de 1996, enero a diciembre de 1997, enero a diciembre de 1998 y de enero a septiembre 1999, figura afiliaci\u00f3n con el empleador Guti\u00e9rrez Baquero Hern\u00e1n Gilberto, con las anotaciones de \u00abse presenta deuda por no pago del empleador\u00bb; lo misma anotaci\u00f3n aparece en el ciclo de mayo de 2004, pero esta vez el empleador es Talking EU. <\/p>\n
En este punto cumple advertir que, el juzgador de primera instancia para proferir sentencia condenatoria contabiliz\u00f3 los periodos en los que aparece la anotaci\u00f3n \u00abdeuda por no pago del empleador\u00bb, relacionados en precedencia, argumentando, b\u00e1sicamente, que las administradoras de pensiones deben agotar diligente y oportunamente las gestiones de cobro ante los empleadores, de suerte que, al no cumplir con esta obligaci\u00f3n, ser\u00e1n responsables por el pago de la prestaci\u00f3n a que haya lugar, seg\u00fan la normativa aplicable; y que a efectos de contabilizar las semanas cotizadas por el afiliado en aras de la obtenci\u00f3n del derecho pensional, los periodos en mora deben tenerse como efectivamente cotizados, pues trat\u00e1ndose de trabajador dependiente, los efectos de la mora del empleador no puede imputarse a aquel. <\/p>\n
Sobre este punto conviene memorar, que la Corte de manera reiterada y pac\u00edfica ha considerado que el hecho generador de las cotizaciones al sistema general de pensiones es la relaci\u00f3n de trabajo subordinada o la vinculaci\u00f3n legal y reglamentaria. As\u00ed, es la actividad efectiva, desarrollada en favor de un empleador, la que causa o genera el deber de aportar al sistema pensional a nombre del trabajador afiliado. Entonces, si realmente existe una vinculaci\u00f3n laboral y el empleador entra en mora en el pago de los aportes y la entidad de seguridad respectiva no ejerce las acciones de cobro, ser\u00e1 \u00e9sta la responsable de las prestaciones que emanan del sistema. <\/p>\n
Ahora bien, en sentencia SL1355-2019, rad. 73683, que recapitula muchas otras y que recientemente fue reiterada en sentencia SL3160-2019, rad. 74360, y a prop\u00f3sito del deber que tienen las entidades administradoras de pensiones, de cualquiera de los dos reg\u00edmenes, de efectuar las acciones de cobro contra los empleadores morosos, so pena de computar esas semanas para efectos del reconocimiento pensional debido a su omisi\u00f3n en esas gestiones persuasivas, se hizo la precisi\u00f3n de que en todo caso, para que pueda hablarse de mora patronal, es necesario que existan pruebas razonables sobre la existencia de un v\u00ednculo laboral, bien sea regido por un contrato de trabajo o por una relaci\u00f3n legal o reglamentaria, pues es la actividad efectiva desarrollada en favor de un empleador por parte de un trabajador, lo que causa o genera el deber de aportar al sistema pensional\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, precis\u00f3 que \u00abrevisado el acervo probatorio allegado al expediente no se observa elemento demostrativo alguno, que permita obtener certeza [de] que en los periodos que se reportan con deuda \u00abpor no pago del empleador\u00bb, efectivamente hubiera existido entre la demandante y Guti\u00e9rrez Baquero Hern\u00e1n Gilberto una relaci\u00f3n subordinada que genere en cabeza del \u00faltimo de los mencionados, como empleador, el deber de cotizar, y que ante su omisi\u00f3n, la demandada estuviera obligada a adelantar las acciones de cobro\u00bb, aunado a que: <\/p>\n
\u00abLo anterior cobra m\u00e1s fuerza, si se tiene en cuenta que no corresponde a la verdad procesal el supuesto allanamiento a la mora por parte se Colpensiones a que refiere la censura, pues ante lo afirmado en el hecho s\u00e9ptimo de la demanda inicial consistente en que, \u00absi se presentan moras en el sistema general de pensiones el ISS hoy Colpensiones se allan\u00f3, toda vez que no inici\u00f3 acci\u00f3n alguna tendiente a recaudar los aporte\u00bb, la demandada no lo acept\u00f3 y, por el contrario, respondi\u00f3 que no es un hecho de la demanda, es una apreciaci\u00f3n subjetiva que realiza el apoderado de la demandante\u2019\u00bb. <\/p>\n
De modo que, ante esa deficiencia probatoria, \u00abno resulta dable, para este caso, contabilizar los periodos que en el reporte de semanas cotizadas se relacionan con \u00abdeuda por no pago del empleador\u00bb pues, como se indic\u00f3, no aparece prueba alguna de la relaci\u00f3n laboral con Guti\u00e9rrez Baquero Hern\u00e1n Gilberto en los ciclos de agosto a diciembre de 1995, enero a diciembre de 1996, enero a diciembre de 1997, enero a diciembre de 1998 y de enero a septiembre de 1999, es m\u00e1s, frente a este empleador, en la reporte de novedades que aparece en la historia laboral que consta en el CD de folio 80, se observa que la demandante tiene fecha de ingreso el 28 de febrero de 1993 y de retiro el 24 de agosto de 1994\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, coligi\u00f3 que \u00abno existi\u00f3 ninguna relaci\u00f3n subordinada entre la accionante Yolanda Guti\u00e9rrez Baquero y el empleador Guti\u00e9rrez Baquero Hern\u00e1n Gilberto despu\u00e9s del 24 de agosto de 1994, pues presentada la novedad de retiro no hay ning\u00fan dato que permita inferir que ese empleador volvi\u00f3 a ingresarla. Ahora el ciclo de mayo de 2004 con el empleador Talking EU, tampoco cuenta con elemento demostrativo de la relaci\u00f3n laboral subordinada\u00bb, por lo que, en ese caso particular, \u00abno se puede emplear la anotaci\u00f3n de aportes en mora de la historia laboral de la convocante al proceso, para la convalidaci\u00f3n de esos tiempos, en tanto no se acredit\u00f3 que estuvieran soportados en una relaci\u00f3n de trabajo\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, expuso que, haciendo la citada depuraci\u00f3n, \u00abse tiene que la accionante aport\u00f3, tanto en el sector p\u00fablico como en el privado hasta el 31 de diciembre de 2014, un total de 860,01 semanas\u00bb, por lo que \u00abqueda demostrado que la promotora del proceso quien es beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n previsto en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, para cuando entr\u00f3 en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005, hab\u00eda cotizado un total de 697,57 semanas\u00bb, las cuales resultan insuficientes para que se extienda la vigencia del mencionado r\u00e9gimen de transici\u00f3n, porque \u00abse requer\u00eda que a 29 de julio de 2005 hubiera cotizado 750 semanas, en otras palabras, el 31 de julio de 2010 perdi\u00f3 los beneficios\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la censora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
4.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sublite. Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
4.3. Por \u00faltimo, en lo que respecta al supuesto desconocimiento de los precedentes del \u00f3rgano de cierre laboral, referidos en el escrito introductor, esta Sala no evidencia un desarrollo puntual sobre el particular, pues n\u00f3tese que, incluso, algunas de esas providencias fueron citadas por la Sala de Descongesti\u00f3n denunciada para fundamentar su postura, como es el fallo SL1355-2019, 3 abr., en el cual se desarroll\u00f3 el criterio de esa autoridad en relaci\u00f3n con el hecho generador de las cotizaciones al sistema de pensiones y la mora patronal. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La decisi\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC11352-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC11352-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-00542-01 (Aprobado en Sala de primero de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 20 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57327","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57327","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57327"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57327\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57327"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57327"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57327"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}