STC11381-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11381-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01925-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 3 de diciembre de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, dentro de la acci\u00f3n de tutela formulada por \u00d3scar Fernando Quintero Mesa contra los Juzgados Cincuenta y Dos Penal del Circuito de Bogot\u00e1, el Catorce Penal del Circuito de Cali, la Defensor\u00eda del Pueblo, el Consejo Seccional de la Judicatura, todos de \u00faltima ciudad, la Unidad de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social -UGPP, el Fondo de Pensiones P\u00fablicas-FOPEP, Colpensiones S.A., la Procuradur\u00eda Regional del Valle del Cauca, y, la Nueva EPS, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales de petici\u00f3n, al debido proceso, al acceso a la justicia y a la \u00ableg\u00edtima defensa\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, con las decisiones proferidas en el marco de las acciones constitucionales que promovi\u00f3 frente a la Unidad de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social -UGPP, el Consorcio FOPEP y el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, con radicados No. 2020-00060-00 y 2020-00059-00. <\/p>\n
Solicita entonces, para la protecci\u00f3n de sus prerrogativas, que i) \u00abse declare l[a] nulidad de las sentencias temerarias y se concedan de inmediato las pretensiones de la sustituci\u00f3n pensional liquidadas con los t\u00edtulos que ostent[a]\u00bb; ii) \u00abQue se d\u00e9 respuesta satisfactoria a la petici\u00f3n hecha\u00bb; iii) se \u00abdeclar[e] el fraude judicial inducido por parte de Unidad de Gesti\u00f3n Pensional y Parafiscales \u2013 UGPP\u00bb; y, iv) se \u00ab[abra] la investigaci\u00f3n disciplinaria que la ley deba imponer por las acciones cometidas. Y de manera inmediata sea obligado a la FOPEP y la UGPP Y PAGAR LO SOLICITADO Y SEA DECLARADO LA OBLIGACI\u00d3N DE OTORGAR LA PENSI\u00d3N POR SUSTITUCI\u00d3N PENSIONAL VITALICIA\u00bb. <\/p>\n
2. Para respaldar su reparo aduce en s\u00edntesis y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que comoquiera que la Unidad de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013UGPP, el Consorcio FOPEP, el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, la Procuradur\u00eda Provincial de Cali, y la Defensor\u00eda del Pueblo, en el marco de sus funciones y acompa\u00f1amiento, negaron el reconocimiento de la sustituci\u00f3n pensional a que tiene derecho, present\u00f3 acciones de tutela en su contra ante la oficina de reparto de la cuidad de Bogot\u00e1, y toda vez que \u00abpasaron 3 d\u00edas sin que se [l]e notificara el reparto\u00bb, radic\u00f3 dicho asunto ante la oficina judicial de Cali. <\/p>\n
Se\u00f1ala que, pese a que hizo \u00ablas aclaraciones respectivas\u00bb en relaci\u00f3n a la \u00abdoble radicaci\u00f3n\u00bb, el Juzgado Cincuenta y Dos Penal del Circuito de Bogot\u00e1 profiri\u00f3 sentencia negando sus pretensiones, y el Juez Catorce Penal del Circuito de Cali hizo lo propio pero extempor\u00e1neamente, es decir, por fuera de \u00ablos 10 d\u00edas impostergables\u00bb. <\/p>\n
Indica que en los citados amparos se \u00abutilizaron procedimientos manifiestamente irregulares, exagerados y desbordados, de inmediato cometen v\u00eda de hecho al sentenciar[lo] de actuaci\u00f3n por mala fe, la cual no fue demostrada\u00bb, y adem\u00e1s, se estudi\u00f3 de fondo la tem\u00e1tica planteada; que como \u00abno es abogado\u00bb, desconoc\u00eda las repercusiones de sus actos, y adem\u00e1s, \u00abest\u00e1 en juego [su] salud porque no t[iene] dinero para [sus] gastos personales, (\u2026) ni con qu\u00e9 acudir al m\u00e9dico para pagar los copagos y cuotas moderadoras, por no tener trabajo, porque por [su] edad de 49 a\u00f1os, no [l]e dan empleo, adem\u00e1s como pade[ce] Epilepsia generalizada, sufr[e] discriminaci\u00f3n laboral y no [lo] contratan, adem\u00e1s la misma Nueva eps, antiguo ISS, [l]e discrimina al no quitar[l]e los copagos y cuotas moderadoras\u00bb, lo que, asegura, hace necesaria nuevamente la intervenci\u00f3n del Juez constitucional. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Gerente del Consorcio FOPEP 2019 precis\u00f3, que no es la autoridad encargada para pronunciarse respecto de las quejas del actor, quien adem\u00e1s en antelaci\u00f3n ya hab\u00eda acudido al amparo infructuosamente. <\/p>\n
b. El Coordinador de la Unidad de Conceptos y Asuntos Constitucionales de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n; el asesor jur\u00eddico del Ministerio de Educaci\u00f3n; el Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Cali; y, el Procurador Regional del Valle del Cauca, aunque en escritos separados, alegaron su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, comoquiera que no tienen injerencia alguna en las quejas elevadas por el petente. <\/p>\n
c. El Juez Catorce Penal del Circuito de la citada ciudad se\u00f1al\u00f3, por una parte, que \u00abobr\u00f3 en torno a la Ley y en ning\u00fan momento se pretendi\u00f3 vulnerar derechos constitucionales al se\u00f1or QUINTERO MESA, a quien se le trat\u00f3 de favorecer con el fallo de tutela, pues se procur\u00f3 no centrar el mismo en la temeridad para no perjudicarlo como lo ordena la Ley respecto a esta figura\u00bb; y, por la otra, que el gestor ya hab\u00eda formulado otra acci\u00f3n de amparo en su contra con rad. No. 2020-00548-00, que le fue negada por el Tribunal Superior de la misma ciudad <\/p>\n
d. El titular del Juzgado Cincuenta y Dos Penal del Circuito de Bogot\u00e1, despu\u00e9s de explicar los motivos que dieron lugar a negar anterior amparo solicitado por el actor, puntualiz\u00f3 que no ha lesionado garant\u00eda superior alguna de aqu\u00e9l, m\u00e1s a\u00fan cuando ha atendido los requerimientos que le fueron hechos all\u00ed, y la vigilancia administrativa que el gestor adelant\u00f3 en su contra. <\/p>\n
e. La Sala Penal del Tribunal Superior de Cali adujo, que \u00abconoci\u00f3 la acci\u00f3n de tutela presentada por el actor en contra de los Juzgados 14 y 52 Penales del Circuito de esa ciudad, por los mismos hechos por los que ahora, vuelve a acudir. Sostuvo que esa determinaci\u00f3n fue apelada y confirmada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en sentencia del 25 de agosto de 2020, dentro del radicado 111786\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 el amparo deprecado, tras advertir que el actor incurri\u00f3 en temeridad, habida cuenta que \u00ab[a]l contrastar el actual libelo demandatorio, con el contenido del fallo de tutela de segunda instancia, dentro de la actuaci\u00f3n constitucional donde figura el actor como demandante, se advierte que: (i) existe identidad de partes, es decir, se trata de las mismas accionadas; (ii) existe identidad de causa petendi, porque est\u00e1n fundamentadas en los mismos hechos y, finalmente, (iii) existe identidad de objeto, porque las demandas se promovieron con la finalidad de que se deje sin efectos las sentencias emitidas por los Juzgados 14 y 52 Penales del Circuito de Cali, dentro de las tutelas 2020-0060 y 2020-00029-00. N\u00f3tese que en esta ocasi\u00f3n no se vislumbra acontecimiento o circunstancia sobreviniente que amerite un nuevo pronunciamiento del juez constitucional, pues si bien la actora ha intentado disgregar el fundamento y pretensiones de la demanda, lo cierto es que, de la lectura de las providencias que al respecto se han emitido, se concluye que existe esa triple identidad en las peticiones de amparo\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante recurri\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando por una parte, que existi\u00f3 una dilaci\u00f3n injustificada en el tr\u00e1mite de primera instancia, puesto que se desconocieron los t\u00e9rminos para proferir sentencia junto con el tr\u00e1mite a la impugnaci\u00f3n formulada; y por la otra, que \u00ab[su] mam\u00e1 Lila Mesa de Quintero, labor\u00f3 en Manizales y all\u00ed fue donde ella se pension\u00f3, la jurisdicci\u00f3n es en Manizales, ni Cali, ni Bogot\u00e1, deb\u00edan resolver el asunto, es a Manizales que le correspondi\u00f3 resolverla y el juez que la recibiera no pod\u00eda darle tr\u00e1mite y deb\u00eda enviarla a Manizales (\u2026), en error ortogr\u00e1fico en el correo por parte del UGPP, no da para ning\u00fan juez que haga el uso adecuado de la Constituci\u00f3n, no puede pasar por alto y eso ha venido sucediendo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo excepcional establecido en la Carta Pol\u00edtica de 1991, para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Ahora, conforme a la jurisprudencia constitucional, los pronunciamientos jurisdiccionales son, por regla general, ajenos al examen propio de esta especie de acci\u00f3n, a menos que resulten ostensiblemente arbitrarios, esto es, producto del capricho, a tal punto que configuren una \u00abcausal espec\u00edfica de procedencia del amparo\u00bb, y bajo los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a \u00e9sta y no se tengan ni hayan desaprovechado los mecanismos para conjurar la lesi\u00f3n, puesto que, en el supuesto de haber contado o de contar con ellos, el mecanismo constitucional no tiene cabida, ya que tales formas ordinarias de defensa vienen a constituir el sendero por medio del cual debe obtenerse protecci\u00f3n o el restablecimiento de los derechos superiores amenazados o efectivamente conculcados por los jueces. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso sub examine, de entrada se advierte la confirmaci\u00f3n de la determinaci\u00f3n censurada, teniendo en cuenta que, tal y como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, con antelaci\u00f3n la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n ya se pronunci\u00f3 frente a los mismos hechos, quejas y pretensiones elevadas por el aqu\u00ed interesado en la sentencia STP6509-2020 (25 de agosto), oportunidad en la que se desestim\u00f3 al se\u00f1or Quintero Mesa la protecci\u00f3n instada por improcedente, habida cuenta que \u00e9ste \u00abno puede acudir a la solicitud de amparo constitucional para cuestionar decisiones judiciales proferidas dentro de dos procedimientos antecedentes de la misma \u00edndole, m\u00e1xime cuando, adem\u00e1s, se advierte que ante la Corte Constitucional, juez natural competente para revisar en instancia definitiva dichos diligenciamientos, se estudiar\u00e1 la posibilidad de seleccionar los fallo y el tr\u00e1mite que se imparti\u00f3 en general a cada acci\u00f3n de tutela que se censura, situaci\u00f3n que converge, indudablemente en la improcedencia de la solicitud de amparo que ahora se invoca\u00bb. <\/p>\n
3. Entonces, como el aqu\u00ed interesado promovi\u00f3 la actual demanda constitucional con base en los mismos supuestos f\u00e1cticos, y deprecando que se proteja su garant\u00eda esencial al debido proceso, de petici\u00f3n y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, por cuanto los Juzgados 52, y, 14 Penales del Circuito de Bogot\u00e1 y Cali, respectivamente, con las decisiones proferidas en el marco de las acciones constituciones rad. No. 2020-00060-00 y 2020-00059-00, supuestamente no efectuaron una debida interpretaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n recaudados, y tampoco advirtieron que la doble radicaci\u00f3n del asunto no fue por su culpa, sino por la mora en la notificaci\u00f3n del auto admisorio, lo que llev\u00f3 a que se desestimara la protecci\u00f3n rogada y no se estudiara el pretendido reconocimiento de la sustituci\u00f3n pensional, es evidente de las documentales allegadas a las presentes diligencias y de los informes presentados por las autoridades accionadas, que esta acci\u00f3n es similar a la estudiada por la Sala Especializada en lo Penal de esta Corte en el fallo en comento, frente a la cual existe identidad de partes, hechos y pretensiones principales, sin que se haya acreditado un motivo expresamente justificado para que el se\u00f1or \u00d3scar Fernando acudiera nuevamente a solicitar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, m\u00e1xime cuando dicha determinaci\u00f3n constitucional no fue impugnada, pese a que le result\u00f3 desfavorable a sus intereses. <\/p>\n
4. De ah\u00ed, que lo pretendido nuevamente por el aqu\u00ed inconforme frente a los aspectos antes citados, comporta una utilizaci\u00f3n desbordada y desmedida de este mecanismo constitucional, dado que, como est\u00e1 demostrado, la situaci\u00f3n planteada a trav\u00e9s de este nuevo amparo ya hab\u00eda sido sometida a escrutinio de la acci\u00f3n de tutela, la que requiere ser empleada de manera razonable y ponderada, a fin de evitar un desgaste innecesario de la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Al respecto, ha se\u00f1alado esta Sala, que una petici\u00f3n de amparo es temeraria en los t\u00e9rminos de la norma transcrita, \u00absi la nueva acci\u00f3n es igual a la anterior, vale decir, si entre ambas existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como las partes accionante y accionada, no importa que tengan algunas diferencias incidentales, y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n del amparo obedece a un motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que conlleven una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial\u00bb (CSJ STC4878-2021). <\/p>\n
5. Ahora, en relaci\u00f3n con los otros reproches esgrimidos por el actor en el escrito de impugnaci\u00f3n, atinentes a que se omiti\u00f3 que, comoquiera que su progenitora accedi\u00f3 a la pensi\u00f3n por \u00e9l pretendida en la ciudad de Manizales, los Jueces de esa localidad eran los competentes para conocer de las acciones constitucionales que trataban sobre el reconocimiento de la sustituci\u00f3n pensional, cabe precisar que los mismos no pueden ser acogidos en esta sede, por ser hechos nuevos respecto de los cuales los accionados y vinculados no pudieron defenderse en su debida oportunidad, en tanto que la particular tem\u00e1tica no fue puesta desde el inicio en consideraci\u00f3n en el presente debate, para que se ejerciera su derecho de contradicci\u00f3n, motivo por el cual ahora no pueden ser sorprendidos con una decisi\u00f3n al respecto, pues, as\u00ed, se les desconocer\u00eda tambi\u00e9n su garant\u00eda ius fundamental al debido proceso. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los aspectos in\u00e9ditos que son expuestos en la impugnaci\u00f3n de los fallos de tutela de primer grado, se ha sostenido que, si bien \u00abes cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026) Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa\u00bb (CSJ STC3064-2021). <\/p>\n
6. Finalmente, de cara a la posible mora en que el a quo pudo incurrir al proferir la decisi\u00f3n de primer grado, las sanciones que ello puede acarrear, y la petici\u00f3n encaminada a que se ordene compulsa de copias en contra de las autoridades convocadas por las presuntas conductas omisivas en que, seg\u00fan el dicho del tutelante, han incurrido al interior de los amparos constitucionales aqu\u00ed criticados, basta decir que le corresponde a \u00e9ste acudir directamente ante las autoridades competentes, \u00abnaturalmente que asumiendo las consecuencias que de su comportamiento se deriven\u00bb, pues ha sido criterio de esta Corporaci\u00f3n, que \u00abla funci\u00f3n del juez constitucional no es ordenar investigaciones disciplinarias [ni penales], sino proteger derechos de rango superior amenazados y vulnerados por las autoridades, bien por omisi\u00f3n o por acci\u00f3n\u00bb (CSJ STC9513-2021). <\/p>\n
7. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se mantendr\u00e1 la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Ausencia Justificado <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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