STC11382-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11382-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 19001-22-13-000-2021-00072-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de septiembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 29 de julio de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Ren\u00e9 Chaves Mart\u00ednez contra el Juzgado Segundo de Familia de la misma urbe, tr\u00e1mite al que fueron vinculados las partes y los intervinientes en el proceso liquidatorio a que alude la demanda de amparo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, en el marco del juicio liquidatorio de sociedad conyugal promovido en su contra por la se\u00f1ora Liliana Fern\u00e1ndez de Chaves, con radicado n.\u00ba 2019-00036-00. <\/p>\n
Reclama entonces, que para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, se ordene al Juzgado Segundo de Familia de Popay\u00e1n, en lo cardinal, se \u00abpronuncie dentro de un plazo razonable y en la forma establecida por la ley, y como consecuencia de dicha declaraci\u00f3n se sirva declarar la perdida de competencia de la Se\u00f1ora Juez dentro del proceso den (sic) menci\u00f3n, dejando sin efectos los Autos del 31 de julio del 2020 como el Auto del 14 de julio de 2021\u00bb, o que en su defecto, resuelva la solicitud elevada desde el 3 de septiembre del a\u00f1o pasado para que se declare \u00abla nulidad de pleno derecho frente al referido proceso, a partir del Auto de fecha 31 de julio del 2020 por carecer de competencia para proferirla\u00bb. <\/p>\n
2. Para respaldar su queja, y sin brindar muchas explicaciones al respecto relat\u00f3 el gestor, que luego de varias vicisitudes al interior del asunto en comento, \u00e9ste fue avocado por el Despacho convocado mediante prove\u00eddo del 27 de febrero de 2019, en cumplimiento a lo dispuesto por el Superior; empero, desde dicha data esa demanda no ha sido resuelto de fondo el litigio, situaci\u00f3n que, dice, constituye un completo desconocimiento del ordenamiento jur\u00eddico, particularmente de lo dispuesto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, raz\u00f3n por la cual solicit\u00f3 le solicit\u00f3 a \u00e9ste declarar la \u00abnulidad de pleno derecho (\u2026) a partir del [a]uto del 31 de julio de 2020, en el entendido que dicha funcionaria perdi\u00f3 autom\u00e1ticamente competencia para conocer del mismo\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que, pese a lo anterior, su pedimento \u00abno ha tenido eco\u00bb, y en contraste se emiti\u00f3 un auto de c\u00famplase adiado 14 de junio de los corrientes, actuar que, asegura, constituye \u00abun [a]cto de rebeld\u00eda\u00bb por cuenta de la autoridad querellada y hace viable la intervenci\u00f3n del juez de tutela en procura de sus garant\u00edas superiores. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
La titular del Juzgado Segundo de Familia de Popay\u00e1n, tras hacer un compendio de las actuaciones a su cargo, pidi\u00f3 denegar el amparo reclamado, por considerar que \u00abha resuelto cada una de las peticiones presentadas, tanto por la parte demandante como por la demandada, (\u2026), claro est\u00e1, que de acuerdo con la norma aplicable a cada solicitud, no siempre la decisi\u00f3n que se ha tomado ha sido acorde a sus pretensiones, generando que cada prove\u00eddo de una u otra forma sea objeto de recursos\u00bb. <\/p>\n
Anot\u00f3 adem\u00e1s, que resultaba \u00abparad\u00f3jica\u00bb la petici\u00f3n del actor, pues \u00abes precisamente su accionar el que ha evitado continuar con las dem\u00e1s etapas propias del mismo, debiendo aplicarse aqu\u00ed el principio de que nadie puede alegar su propio dolo o culpa, o de que nadie puede beneficiarse de su propia transgresi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal de Popay\u00e1n neg\u00f3 la salvaguarda pretendida, tras considerar, en suma, que no se agotaron los medios de defensa a disposici\u00f3n del aqu\u00ed interesado, aunado a que el juicio que origin\u00f3 el resguardo se encuentra en curso, por lo que es al interior de aqu\u00e9l que deben elevarse las solicitudes que se estimen pertinentes. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante replic\u00f3 el anterior fallo, al considerar que no era es viable hablar de improcedencia del auxilio por no estar satisfecho el requisito de la subsidiariedad, en la medida que el auto del 21 de julio actual \u00abera inexistente, como inexistente sigue siendo en el entendido que la se\u00f1ora juez no tiene competencia para proferirlo\u00bb; y en todo caso, afirma, dicha determinaci\u00f3n desconoci\u00f3 el precedente jurisprudencial que regula la materia, siendo lo correcto anular toda la actuaci\u00f3n, por haber operado de pleno derecho aquello, por lo que insisti\u00f3 en la procedencia del resguardo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es un mecanismo residual de car\u00e1cter excepcional, subsidiario y preferente que permite a toda persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, y, a falta de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de un particular, en los casos expresamente previstos por el legislador. <\/p>\n
2. En el presente asunto advierte esta Colegiatura, que de acuerdo a lo indicado en el escrito de impugnaci\u00f3n, y el lac\u00f3nico escrito tutelar presentado por el ciudadano Chaves Mart\u00ednez, la queja constitucional se circunscribe a cuestionar la presunta tardanza de la Juez Segunda de Familia de Popay\u00e1n en definir la instancia, dentro de la liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal que Liliana Fern\u00e1ndez de Chaves adelant\u00f3 en su contra, pues seg\u00fan su dicho, la citada autoridad ya perdi\u00f3 competencia para tal cometido, lo que genera la invalidez de todo lo actuado. <\/p>\n
3. No obstante, conforme al informe rendido por la autoridad judicial convocada, y las documentales allegadas a las presentes diligencias, est\u00e1 demostrado lo siguiente, a saber: <\/p>\n
3.1. Mediante auto del 16 de enero de 2018, el Juzgado Tercero de Familia de Popay\u00e1n admiti\u00f3 contentiva del proceso liquidatorio antes individualizado, ordenando la notificaci\u00f3n del demandado, aqu\u00ed interesado, as\u00ed como el emplazamiento de los acreedores de la sociedad conyugal. <\/p>\n
3.2. El 22 de mayo siguiente, esa autoridad judicial se declar\u00f3 impedida para conocer del asunto, tras advertir que se encuentra vinculada a una \u00abinvestigaci\u00f3n\u00bb promovida por el actor en tutela, por lo que lo remiti\u00f3 a su hom\u00f3logo Primero de esa misma localidad. <\/p>\n
3.3. El Despacho receptor avoc\u00f3 conocimiento mediante auto del 6 de junio de 2018, y requiri\u00f3 a la demandante para que acreditara la notificaci\u00f3n del extremo convocado; sin embargo, el d\u00eda 22 siguiente se tuvo debidamente enterado al se\u00f1or Jos\u00e9 Ren\u00e9 Ch\u00e1vez Mart\u00ednez del inicio del proceso, por conducta concluyente. <\/p>\n
3.4. Por auto de 21 de noviembre de ese mismo a\u00f1o, el titular de esa sede judicial tambi\u00e9n rehus\u00f3 la atribuci\u00f3n subsecuente en el asunto, tras observar la existencia de causal de impedimento, por lo que envi\u00f3 la causa al Juzgado Segundo de Familia de Popay\u00e1n, quien no encontr\u00f3 acreditada la causal alegada por su antecesor, pero tambi\u00e9n se apart\u00f3 del conocimiento del asunto. <\/p>\n
3.5. Sin embargo, por disposici\u00f3n del Tribunal Superior de la Capital del Cauca, mediante decisi\u00f3n del 27 de febrero de 2019 el Juzgado Segundo de Familia de Popay\u00e1n resolvi\u00f3 continuar con el tr\u00e1mite, tuvo por contestada la demanda, y reconoci\u00f3 personer\u00eda para actuar a la apoderada del demandado, aqu\u00ed interesado. <\/p>\n
3.6. A su turno, el 20 de septiembre siguiente se resolvi\u00f3 sobre las excepciones previas; luego de resolver los mecanismos interpuestos frente a dicha determinaci\u00f3n, en decisi\u00f3n del 31 de julio de 2020 y 7 de octubre siguiente, la autoridad convocada decret\u00f3 algunas de las medidas cautelares que el demandante pidi\u00f3 contra su contendor. <\/p>\n
3.7. El 2 de septiembre de 2020, el demandado a trav\u00e9s de su apoderada judicial solicit\u00f3 \u00abdeclarar la nulidad de pleno derecho dentro del proceso de la referencia\u00bb. <\/p>\n
3.8. El 14 de julio actual, la autoridad encartada orden\u00f3 mediante auto de c\u00famplase, emplazar a los acreedores de la sociedad conyugal; y el 21 de julio del cursante dispuso \u00abNEGAR la nulidad propuesta\u00bb, tras advertir que \u00abno se ha podido definir de fondo la Litis, por culpa exclusiva de la parte demandada, acot\u00e1ndose de otro lado, que si la togada inconforme consideraba que el t\u00e9rmino para que esta judicatura siguiera conociendo del presente asunto estaba vencido, sane\u00f3 la presunta nulidad por cuanto a\u00fan (sic) as\u00ed sigui\u00f3 saneando el proceso\u00bb, determinaci\u00f3n que no fue cuestionada por las partes. <\/p>\n
4. Ante ese panorama, desde ya se advierte que lo pretendido a trav\u00e9s del amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por incumplir con el presupuesto general de procedibilidad de la subsidiariedad, ya que en un acto constitutivo de incuria, el querellante desaprovech\u00f3 los medios que proced\u00edan ante el juez natural para procurar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, por lo que a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a la tutela, dado que no puede pretender ahora subsanar su propia incuria a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, adicionalmente, se encuentra pendiente de decisi\u00f3n un recurso propuesto por la accionante. <\/p>\n
Lo anterior, porque al recaer el reclamo constitucional sobre la presunta falta de aptitud legal de la autoridad querellada para seguir conociendo del asunto, en raz\u00f3n a que el proceso lleva m\u00e1s del t\u00e9rmino contemplado en la ley para finiquitar la instancia, y al ser ese particular reclamo elevado ante el Juez del causa y negado por auto del 21 de julio de 2021, en el que adem\u00e1s consider\u00f3 que la tardanza en la resoluci\u00f3n del asunto obedece a la dilaci\u00f3n ocasionada por el aqu\u00ed promotor del resguardo, \u00abque ha propiciado al controvertir casi toda providencia emitida por este juzgado\u00bb, ha debido \u00e9ste atacar lo determinado a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n que contra esa determinaci\u00f3n proced\u00eda, pero no lo hizo. <\/p>\n
5. La Sala, en supuestos similares al aqu\u00ed estudiado ha indicado, que \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC10165-2021). <\/p>\n
Y sobre la eficacia de dicho remedio horizontal, la Corte ha expuesto que, \u00abno se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes\u00bb (\u00eddem). <\/p>\n
6. Tampoco resulta admisible reconocer, que como el actor entend\u00eda que esa autoridad no era la llamada a resolver del asunto, porque seg\u00fan su criterio, perdi\u00f3 competencia para ello y no estaba obligado a cuestionar sus decisiones, pues, no s\u00f3lo el actor no pod\u00eda suponer ninguna situaci\u00f3n jur\u00eddica dentro del proceso, sino que la acci\u00f3n de tutela no ha sido erigida como una actuaci\u00f3n paralela a las actuaciones judiciales, por lo que vedado tiene el Juez constitucional para anticiparse o soslayar las determinaciones que debe tomar la autoridad competente, en raz\u00f3n a que \u00abla acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC2451-2021). <\/p>\n
7. Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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