STC11387-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11387-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-00089-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de primero de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 28 de enero de 2021, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 \u00c1lvaro Orozco Casta\u00f1o contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 1 de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al acceso a la justicia, debido proceso, pensi\u00f3n, \u00abgarant\u00edas judiciales, protecci\u00f3n judicial, sindicalizaci\u00f3n y negociaci\u00f3n colectiva\u00bb, supuestamente vulnerados por la autoridad convocada en un juicio laboral (SL1862-2020, rad. 78116). <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que present\u00f3 demanda contra la Electrificadora del Caribe S.A. ESP y otras entidades, solicitando la declaratoria de \u00abineficacia e inaplicabilidad\u00bb del art\u00edculo 51 del acuerdo extraconvencional suscrito entre la demandada y el sindicato Sintraelecol Subdirectiva Bol\u00edvar en 2003, as\u00ed como el reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional \u00aben cuant\u00eda del 100% del promedio salarial del \u00faltimo a\u00f1o, desde el momento en que cumpl\u00ed con los requisitos contenidos en el art\u00edculo 5 de la Convenci\u00f3n Colectiva de 1976-1978 y el art\u00edculo 20 de la Convenci\u00f3n Colectiva de 1982-1983\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cartagena, quien accedi\u00f3 al petitum. <\/p>\n
Sin embargo, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa localidad modific\u00f3 el ordinal tercero del fallo del a quo, \u00aben el sentido de condenar a la demandada ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. al pago de la pensi\u00f3n convencional en los t\u00e9rminos indicados en el art\u00edculo 5\u00ba. de la convenci\u00f3n colectiva 1976 – 1978, a partir del 1 de agosto de 2010 en adelante, con una mesada pensional de $1.293.914 para el a\u00f1o 2010, reajust\u00e1ndose cada a\u00f1o, teniendo en cuenta 13 mesadas por a\u00f1o y un valor de retroactivo pensional de $90.101.250, suma que deber\u00e1 ser indexada al momento del pago. Igualmente conden\u00f3 al pago de las mesadas pensionales que se sigan causando con posterioridad a esa fecha y hasta que subsistan las causas que le dieron origen\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, la entidad pagadora recurri\u00f3 en sede extraordinaria y la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 1 cas\u00f3 la decisi\u00f3n del ad quem y, en sede de instancia, modific\u00f3 la sentencia del a quo, \u00abdeclarando que el actor consolid\u00f3 el derecho a la pensi\u00f3n convencional el 18 de noviembre de 2009, pero que el mismo ser\u00e1 efectivo s\u00f3lo a partir del momento en que el demandante se haya retirado del servicio\u00bb, aspecto que considera irregular, porque en otros casos \u00abratific\u00f3 las decisiones (\u2026) que reconocieron el derecho a la pensi\u00f3n jubilatoria convencional de trabajadores desde la fecha en que cumplieron los requisitos convencionales, sin tener en cuenta que continuaron laborando en la misma empresa por imposici\u00f3n de la empleadora (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Para el efecto, trajo a colaci\u00f3n los radicados 13001310500120120023901, 13001310500620110040100, 13001310500620110027200, en los que, en su criterio, s\u00ed se habr\u00eda reconocido la prestaci\u00f3n desde el momento de cumplimiento de requisitos, mas no desde cuando se efect\u00fae el retiro del trabajador. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3, en resumen, \u00abla revocatoria de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 9 de junio de 2020\u00bb, \u00abratificar la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cartagena de fecha 16 de julio de 2015, en cuanto a la declaratoria de la ineficacia e inaplicabilidad del art. 51 sobre pensiones del Acta de Acuerdo extraconvencional del 18 de septiembre de 2003\u00bb, \u00abordenar el reconocimiento y pago a mi favor de la Pensi\u00f3n de Jubilaci\u00f3n, establecida en el art\u00edculo 5 de la Convenci\u00f3n Colectiva de 1976- 1978 y 20 de la Convenci\u00f3n Colectiva de 1982-1983 (\u2026), la cual se liquidar\u00e1 en cuant\u00eda del ciento por ciento (100%) del promedio salarial devengado durante el \u00faltimo a\u00f1o de trabajo\u00bb y \u00abordenar el pago de las mesadas causadas y que se causen, desde el momento en que el suscrito cumpli\u00f3 con los requisitos contenidos, en cuant\u00eda del 100% del \u00faltimo promedio salarial, tal como ordena la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo invocada en el proceso ordinario laboral, de la cual soy beneficiario\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
De acuerdo con el compendio realizado en primera instancia constitucional, se tienen las siguientes: <\/p>\n
\u00abLa apoderada general para asuntos generales de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP acudi\u00f3 al tr\u00e1mite para alegar falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por cuanto los derechos fundamentales que se alegan conculcados no se encuentran a cargo de esa sociedad, como tampoco el pago o reconocimiento de derechos pensionales. <\/p>\n
A su turno, el apoderado judicial de EMPRESAS P\u00daBLICAS DE MEDELL\u00cdN ESP, en respuesta al requerimiento efectuado, manifest\u00f3 que esa entidad no hizo parte del proceso ordinario laboral a que alude el actor, por lo que \u201cno tiene legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva en la presente acci\u00f3n constitucional, ni ha sustituido patronalmente a la ELECTIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. hoy en liquidaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
En tal sentido, agreg\u00f3 que no ha tenido ning\u00fan tipo de relaci\u00f3n contractual o reglamentaria con el gestor del amparo, de manera que no es posible atribuirle ning\u00fan tipo de responsabilidad frente al agravio alegado. A pesar de haber sido notificados, los dem\u00e1s vinculados al tr\u00e1mite no se pronunciaron dentro del t\u00e9rmino concedido para tal efecto\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo neg\u00f3 el resguardo, porque \u00ab\u00c1LVARO OROZCO CASTA\u00d1O no demostr\u00f3 que se configure alguno de los defectos espec\u00edficos, que estructure la denominada v\u00eda de hecho, es decir, no acredit\u00f3 que la providencia reprobada, esto es, la emitida en sede extraordinaria de casaci\u00f3n, est\u00e9 fundada en conceptos irrazonables o arbitrarios de tal trascendencia, que corresponda al juez constitucional conjurarlos mediante este excepcional instrumento de amparo para los derechos fundamentales invocados. Lo que se advierte sin lugar a equ\u00edvocos es la discrepancia frente a la apreciaci\u00f3n de unas pruebas que manifiesta la parte actora y el alcance que le quiere imprimir a las convenciones colectivas de trabajo suscritas entre Electrificadora de Bol\u00edvar S. A. ESP, Electrificadora de la Costa Atl\u00e1ntica S. A. ESP y sus respectivos sindicatos de trabajadores, en contraste con la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 en sede extraordinaria de casaci\u00f3n la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 accionada al considerar que no era procedente el pago del retroactivo pensional reclamado a partir del 18 de noviembre de 2009\u00bb. <\/p>\n
De esa manera, \u00abaunque el gestor del amparo pregona la presunta vulneraci\u00f3n de su derecho a la igualdad, trayendo a colaci\u00f3n unos precedentes de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en los que supuestamente el reconocimiento del derecho pensional se otorg\u00f3 a los demandantes incluso sin haberse retirado del servicio, tal afirmaci\u00f3n no se ajusta a los antecedentes f\u00e1cticos de los casos aludidos por el interesado, pues en todos ellos, si bien se reconoci\u00f3 la prestaci\u00f3n convencional, su efectividad estuvo sujeta a que el trabajador se desvinculara de la empresa\u00bb. <\/p>\n
Incluso, se\u00f1al\u00f3 que en el radicado 74222 \u2013tra\u00eddo a colaci\u00f3n por el memorialista\u2013, \u00abse solicit\u00f3 que la pensi\u00f3n fuera concedida a partir del 28 de febrero de 2005, fecha en que cumpli\u00f3 los requisitos para acceder a ella, tal y como pretende el promotor del resguardo a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional; no obstante, las autoridades judiciales condenaron a ELECTRICARIBE S.A. ESP al pago de la prestaci\u00f3n a partir del 1\u00ba de abril de 2014, decisi\u00f3n que fue confirmada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en sentencia del 17 de septiembre de 2019\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, lo mismo sucedi\u00f3 en el radicado 71069, \u00abdonde la Corte, con providencia del 20 de marzo de 2019, no cas\u00f3 la sentencia emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena el 4 de noviembre de 2014, donde este \u00faltimo Cuerpo Colegiado claramente concluy\u00f3 que, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 5 de la convenci\u00f3n colectiva 1976-1977, la pensi\u00f3n debe pagarse en cuant\u00eda equivalente al 100% del salario promedio devengado en el \u00faltimo a\u00f1o de servicio, a partir de la fecha \u2018en que finaliza el contrato de trabajo entre las partes, toda vez que por la naturaleza de la prestaci\u00f3n no es posible que el actor reciba del mismo empleador una asignaci\u00f3n como trabajador y, otra como pensionado\u2019\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, el a quo constitucional refiri\u00f3 que este criterio ha sido reiterado en la sentencia SL3123-2019, en la que se sostuvo que \u00aben efecto se equivoc\u00f3 el ad quem, en atenci\u00f3n a que el reconocimiento pensional se impuso a partir del 1\u00ba de marzo de 2010, por haber cumplido el demandante los requisitos desde el 9 de febrero de esa anualidad, y en el expediente obra prueba de que aquel continu\u00f3 prestando sus servicios a la entidad con posterioridad a esa fecha, como lo da cuenta el f.\u00b0 465; aunado a que la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 1982-1984, en su art. 20, al consagrar los t\u00e9rminos de liquidaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n, dispuso, que corresponder\u00eda al \u00ab[\u2026] ciento por ciento del salario promedio devengado por el trabajador en el \u00faltimo a\u00f1o de servicios [\u2026]\u00bb (f.\u00b0 113), por lo que resulta claro que no pod\u00eda existir compatibilidad salarial y pensional, ello adem\u00e1s, en cumplimiento del mandato previsto en el art. 128 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, que proh\u00edbe recibir m\u00e1s de una asignaci\u00f3n del tesoro p\u00fablico, aplicable en el presente asunto, dada la naturaleza de la demandada, de entidad descentralizada\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El censor recurri\u00f3 la precitada sentencia, sin esgrimir argumentos adicionales a los expuestos en el escrito inicial. <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 el convocante (SL1862-2020, rad. 78116), por casar el fallo del ad quem y, en sede de instancia, modificar uno de los ordinales de la sentencia estimatoria del a quo, en el sentido de conceder la prestaci\u00f3n reclamada a partir de la desvinculaci\u00f3n del gestor. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 1 de esta Corporaci\u00f3n cas\u00f3 el fallo del ad quem, porque \u00abes claro que le asiste raz\u00f3n al concluir que el derecho del accionante se consolid\u00f3 a partir del momento en que cumpli\u00f3 50 a\u00f1os de edad y reuni\u00f3 los 20 a\u00f1os de servicios, para el caso, el 18 de noviembre de 2009. Sin embargo, como quiera (sic) que continu\u00f3 laborando, no le asisti\u00f3 raz\u00f3n al haber ordenado el pago del retroactivo pensional desde esa fecha\u00bb, no se evidencia la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al estudiar la tercera censura de la entidad demandada, cuyo sentido de resoluci\u00f3n es confutado por el accionante, relacionado con la fecha a partir de la cual se concedi\u00f3 la pensi\u00f3n convencional, la autoridad convocada reliev\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abElectricaribe S.A. ESP considera que el Tribunal err\u00f3 al condenar a la electrificadora al pago del retroactivo pensional desde el a\u00f1o 2010, ya que, para ese momento, explica, el accionante se encontraba laborando al servicio de la empresa y devengaba el 100% de su salario. <\/p>\n
Al respecto, el juez de segundo grado consider\u00f3 que, si bien en la convenci\u00f3n colectiva de trabajo se exig\u00eda como presupuesto, a efectos de obtener el disfrute de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n all\u00ed regulada, que el trabajador hubiera finiquitado la relaci\u00f3n laboral, como quiera que esta persona, el 30 de julio de 2010, radic\u00f3 ante la electrificadora una solicitud en ese sentido y que, su permanencia en la empresa se debi\u00f3 a causas que no le eran imputables, consider\u00f3 que deb\u00eda reconocerse dicha prestaci\u00f3n a partir del 1 de agosto de 2010. <\/p>\n
Al respecto se tiene que el art\u00edculo quinto de la convenci\u00f3n colectiva 1976 \u20131978, dispuso que la empresa jubilar\u00eda a todos los trabajadores que cumplieran 20 a\u00f1os de servicios continuos o discontinuos al servicio de la empresa y cincuenta a\u00f1os de edad (50) con una pensi\u00f3n vitalicia equivalente al 100% del salario promedio devengado por el trabajador en el \u00faltimo a\u00f1o de servicio en la empresa. <\/p>\n
Ahora, el art\u00edculo 12 de la convenci\u00f3n 1985 \u20131987, el cual previ\u00f3 originalmente el derecho pensional aqu\u00ed discutido, indic\u00f3 que constitu\u00eda justa causa para dar por terminado el contrato, el reconocimiento de la pensi\u00f3n, lo que implica que el pago de esta prestaci\u00f3n se comenzar\u00eda a efectuar una vez finalizara el v\u00ednculo laboral, esto es, el retiro del servicio. <\/p>\n
Para reafirmar la anterior situaci\u00f3n, en la compilaci\u00f3n de las normas convencionales realizada en el a\u00f1o 1998, mediante la cual se ratific\u00f3 la prerrogativa pensional, se previ\u00f3 que la solicitud de la pensi\u00f3n llevar\u00eda impl\u00edcita la renuncia al contrato de trabajo desde el momento en que comience a disfrutarla, lo que pone en evidencia que no era dable que un trabajador percibiera simult\u00e1neamente la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional y el salario. Dicho en otras palabras, el disfrute de la pensi\u00f3n implicaba el retiro del servicio y, por ende, la imposibilidad de obtener el pago de salarios y pensi\u00f3n de forma conjunta (sentencia CSJ SL3780 -2018). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala advierte que, de conformidad con los hechos probados en el expediente, \u00c1lvaro Orozco Casta\u00f1o ingres\u00f3 a laborar a la Electrificadora del Bol\u00edvar S.A., luego Electricaribe S.A. ESP, el 16 de enero de 1983, a trav\u00e9s de contrato de aprendizaje y desde el 3 de diciembre de 1990, mediante uno de trabajo, sin que exista evidencia en el plenario del momento en que dicha relaci\u00f3n laboral finaliz\u00f3 o si ello ya ocurri\u00f3 pues, en el escrito de demanda inaugural, aqu\u00e9l manifest\u00f3 que el v\u00ednculo se encontraba vigente e incluso, aparece una certificaci\u00f3n emitida el 22 de febrero de 2012, por el jefe de recursos humanos de la accionada, en la que hace constar que dicha persona, para esa fecha, a\u00fan segu\u00eda siendo trabajador activo de la empresa\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
En ese orden, la Sala querellada se\u00f1al\u00f3 que \u00ab(\u2026) es claro que le asiste raz\u00f3n al Tribunal al concluir que el derecho del accionante se consolid\u00f3 a partir del momento en que cumpli\u00f3 50 a\u00f1os de edad y reuni\u00f3 los 20 a\u00f1os de servicios, para el caso, el 18 de noviembre de 2009. Sin embargo, como quiera (sic) que continu\u00f3 laborando, no le asisti\u00f3 raz\u00f3n al haber ordenado el pago del retroactivo pensional desde esa fecha\u00bb, porque \u00abcomo el demandante contaba con los requisitos para acceder a la pensi\u00f3n desde el a\u00f1o 2009, bien pod\u00eda renunciar y demandar judicialmente el reconocimiento de la pensi\u00f3n extralegal; sin embargo, prefiri\u00f3 continuar laborando al servicio de la demandada, raz\u00f3n por la que solo a partir del momento de su retiro, era dable que comenzara a disfrutar y recibir el pago, pues, se reitera, el reconocimiento del beneficio convencional se encontraba establecido como justa causa de despido y la solicitud de reconocimiento implicaba la renuncia del contrato de trabajo a partir de su disfrute, lo que ratificaba que su goce se har\u00eda efectivo \u00fanicamente desde el retiro del servicio\u00bb (Se destaca). <\/p>\n
Finalmente, en sede de instancia dispuso modificar \u00abel numeral tercero del fallo emitido por el juez de primer grado y, en consecuencia, declarar\u00e1 que el actor consolid\u00f3 el derecho a la pensi\u00f3n convencional el 18 de noviembre de 2009, pero que el mismo ser\u00e1 efectivo a partir del momento en que aqu\u00e9l se retir\u00f3 del servicio. As\u00ed mismo, se modificar\u00e1 la condena formulada a t\u00edtulo de retroactivo pensional impuesta en el numeral s\u00e9ptimo de dicha decisi\u00f3n, en tanto tal concepto fue calculado desde el 19 de diciembre de 2008, para que en su lugar lo sea desde la data de desvinculaci\u00f3n, como corresponde y hasta la fecha en que se efect\u00fae el pago\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sublite. Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
3.3. Por \u00faltimo, en lo atinente al alegado \u00abdesconocimiento del precedente\u00bb, esta Sala precisa que, tal como recalc\u00f3 el a quo constitucional, los casos tra\u00eddos a colaci\u00f3n por el recurrente evidencian que el entendimiento que sobre la fecha de pago de la prestaci\u00f3n han tenido diversas Salas de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n se acompasa con el desarrollado en la providencia cuestionada, esto es, que debe ser a partir de la data de finalizaci\u00f3n del v\u00ednculo laboral, porque \u00abpor la naturaleza de la prestaci\u00f3n, no es posible que el actor reciba del mismo empleador una asignaci\u00f3n como trabajador y otra como pensionado\u00bb1. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La decisi\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 As\u00ed mismo, esta postura ha sido expuesta, entre otras providencias, en: SL2643-2021, 9 jun., SL2548-2020, 24 jun., SL641-2020, 26 feb., SL3123-2019, 30 jul. <\/p>\n
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STC11387-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC11387-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-00089-01 (Aprobado en Sala de primero de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 28 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57337","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57337","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57337"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57337\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57337"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57337"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57337"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}