STC11389-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11389-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2021-00619-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 22 de julio de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Nohora \u00c1ngela Rocha Lozano contra el Juzgado Primero de Familia de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Comisar\u00eda D\u00e9cima de Familia de esta capital, as\u00ed como las partes e intervinientes en la Medida de Protecci\u00f3n por Violencia Intrafamiliar n\u00b0 2021-00155. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama el amparo del derecho fundamental al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada al resolver la segunda instancia en el asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que \u00aben audiencia del 22 de febrero de 2021, el Comisario D\u00e9cimo de Familia Engativ\u00e1 1 (\u2026), procedi\u00f3 a decidir sobre la medida de protecci\u00f3n No. 085-2021 presentada por [la ac\u00e1 accionante], contra la se\u00f1ora Farid Rocha Lozano (\u2026) resolviendo \u201cdeclarar no probados los hechos de violencia intrafamiliar denunciados (\u2026)\u00bb; que contra esa decisi\u00f3n, su apoderado interpuso recurso de apelaci\u00f3n, alegando que el adelantamiento del tr\u00e1mite se hizo a trav\u00e9s de \u00ababogada de apoyo\u00bb y que para llegar a la conclusi\u00f3n, hubo \u00abindebida valoraci\u00f3n probatoria\u00bb. <\/p>\n
Que tras una intervenci\u00f3n de juez constitucional para que el Juzgado Primero de Familia desatara la instancia, lo hizo mediante providencia del 9 de junio de 2021 \u00abconfirmando la decisi\u00f3n del 22 de febrero de 2021 (\u2026) cometiendo v\u00edas de hecho que generaron la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales al debido proceso, a una justicia eficaz, a la valoraci\u00f3n integral de las pruebas, igualdad de las partes, a la legalidad\u00bb, pues, entre otras falencias denunciadas, el juez \u00abno revisa ni valora, integral y transversalmente la totalidad de la carga probatoria\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende se ordene al accionado \u00abvolver a proferir sentencia de apelaci\u00f3n conforme a la Constituci\u00f3n, a las Convenciones, a la ley, a la jurisprudencia proferida por la Honorable Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Primero de Familia de Bogot\u00e1, pidi\u00f3 desestimar la salvaguarda \u00abtoda vez que este estrado judicial no ha vulnerado ning\u00fan derecho constitucional de la actora, puesto que el procedimiento surtido para proferir la sentencia del nueve (09) de junio de 2021, preservo las garant\u00edas propias del debido proceso, de las que son titulares los sujetos procesales, la decisi\u00f3n judicial se hizo compatible con el conjunto de valores, principios y derechos previstos por la Constituci\u00f3n, se valoraron las pruebas recaudadas preservando la eficacia de los enunciados superiores\u00bb. <\/p>\n
2. El Comisario D\u00e9cimo de Familia Engativ\u00e1 I, dijo que para adoptar la decisi\u00f3n dentro del asunto en cuesti\u00f3n, su despacho realiz\u00f3 una adecuada apreciaci\u00f3n de las pruebas y el tr\u00e1mite obedeci\u00f3 al ordenamiento legal; solicit\u00f3 \u00abdeclarar improcedente la demanda de tutela, declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, como cosa juzgada por cuanto ya el Juzgado Primero de Familia, conoci\u00f3 del caso en segunda instancia y se pronunci\u00f3 de fondo respecto de los mismos hechos\u00bb. <\/p>\n
3. Jhon Edwin Castro Rinc\u00f3n, en su calidad de apoderado judicial de la demandante, coadyuv\u00f3 los hechos expuestos por su cliente. <\/p>\n
SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio al considerar que lo resuelto en la medida de protecci\u00f3n \u00abde manera alguna puede considerarse caprichoso y absurdo\u00bb, pues \u00abse observa que las autoridades accionadas obraron conforme a las directrices contenidas en la Ley 294 de 1996 y sus modificatorias, dando oportunidad a las partes de ejercer su defensa y controvertir las pruebas aportadas al expediente, sobre las cuales realizaron el respectivo estudio del caso, valorando los tres testimonios y las conversaciones por WhatsApp y analizaron los hechos expuestos como base de la acci\u00f3n, concluyendo en ambas instancias que no se encontraron probados los que pudieran constituir violencia intrafamiliar denunciados por do\u00f1a Nohora, a m\u00e1s que se trataba de conductas realizadas en 2020 y en a\u00f1os anteriores, de all\u00ed que la decisi\u00f3n que data del 9 de junio de 2021 por el juez accionado, se encuentra ajustada a derecho\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la promotora del resguardo para insistir en los argumentos de la acci\u00f3n y por tanto demandar la prosperidad de sus pretensiones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Primero de Familia de Bogot\u00e1, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la accionante, al confirmar la desestimaci\u00f3n de la medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar por ella deprecada. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n de manera invariable ha se\u00f1alado, por regla general, que esta acci\u00f3n no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones, cuando con ellas se produzca vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos del presente reclamo, de la informaci\u00f3n que arrojan las piezas procesales allegadas, en particular la sentencia de segundo grado proferida por el Juzgado Primero de Familia de Bogot\u00e1 el 9 de junio de 2021, esta Sala ratificar\u00e1 la denegaci\u00f3n del auxilio implorado, comoquiera que dicha decisi\u00f3n obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable y por tanto no configura defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla, aunado a que, lo pretendido es utilizar el amparo como instancia adicional. <\/p>\n
3.1. En efecto, las discrepancias tra\u00eddas en esta oportunidad por la parte actora son incompatibles con la salvaguarda, pues persiguen anteponer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica a la de la autoridad accionada y atacar, por esta senda, la determinaci\u00f3n que le fue adversa, finalidad que la decantada jurisprudencia de esta Corte ha dicho que es ajena a la acci\u00f3n tuitiva, porque dada su naturaleza excepcional, no puede utilizarse a modo de instancia paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
En ese orden, se ha venido reiterando que incumbe a quien ejercite la herramienta supralegal contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional, no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la hermen\u00e9utica o la sind\u00e9resis del juzgador, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura. As\u00ed, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando la labor interpretativa del juez, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran actuaci\u00f3n defectuosa. <\/p>\n
3.2. Ciertamente, en el presente caso, la demandante atribuye al fallo de segunda instancia, vulneraci\u00f3n al debido proceso por incursi\u00f3n en yerro f\u00e1ctico, aduciendo, principalmente, que el encartado realiz\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n de los medios de prueba, porque, en su sentir, los elementos suasorios incorporados al expediente, eran suficientes para demostrar los actos de violencia intrafamiliar endilgados a la all\u00ed querellada. <\/p>\n
En ese sentido, despu\u00e9s de traer a colaci\u00f3n extensa jurisprudencia, empez\u00f3 por considerar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) a quien se est\u00e1 demandando es a una persona con una limitaci\u00f3n auditiva, que requiere de un tratamiento especial de psiquiatr\u00eda y psicolog\u00eda, con un tratamiento de medicamentos suspendido, aunque sea capaz de valerse por si misma y de administrar dinero y de haber culminado sus estudios de bachillerato y hacer tejido como lo refiere la demandante, el art\u00edculo 2\u00ba de la Constituci\u00f3n establece que, uno de los fines del Estado, es garantizar la efectividad de los derechos constitucionales y, por otra parte, el art\u00edculo 13 contiene la obligaci\u00f3n, en cabeza del Estado, de proteger especialmente a aquellas personas que, por su condici\u00f3n f\u00edsica, econ\u00f3mica o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. <\/p>\n
Adicionalmente, el art\u00edculo 47 de la Constituci\u00f3n prescribe que el Estado tiene la obligaci\u00f3n, tanto de adelantar una pol\u00edtica de integraci\u00f3n social y de rehabilitaci\u00f3n, como de brindar una atenci\u00f3n especializada a los discapacitados. <\/p>\n
Por otra parte, el art\u00edculo 54 superior precept\u00faa que el Estado tiene la obligaci\u00f3n de garantizar el derecho al trabajo a los discapacitados acorde con sus limitaciones. En el \u00faltimo inciso del art\u00edculo 68 de la Constituci\u00f3n, se dispone que la educaci\u00f3n de las personas con limitaciones f\u00edsicas o mentales es obligaci\u00f3n especial del Estado. <\/p>\n
Finalmente, los poderes legislativo y ejecutivo han desarrollado el deber constitucional de protecci\u00f3n especial de los discapacitados mediante la expedici\u00f3n de diversas normas, la m\u00e1s reciente, la Ley 1996 de 2019, por medio de la cual se establece el r\u00e9gimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad\u00bb. <\/p>\n
Luego de los anteriores razonamientos, precis\u00f3: <\/p>\n
\u00abLa obligaci\u00f3n del Estado de garantizar los derechos es respecto de todos los ciudadanos, la demandante se limita a probar hechos acaecidos en el a\u00f1o 2020 en octubre y diciembre 6, hechos que no denunci\u00f3, hechos que a la luz del art\u00edculo 9\u00ba de la Ley 294 de 1996, modificado por el art\u00edculo 5\u00ba de la ley 575 de 2000, deber\u00e1 presentarse a m\u00e1s tardar dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes a su acaecimiento, (subrayado del texto original), por ello, la Comisaria de Familia no est\u00e1 obligada a estudiar hechos que la denuncia radicada el 25 de enero de 2021 que no hac\u00edan relato de ellos, y si los hubiere contenido no se hab\u00edan denunciado en el tiempo en el tiempo que la ley determino para ello. <\/p>\n
La denunciante alega ser v\u00edctima a nivel verbal de violencia intrafamiliar y cuando fue a la cocina encontr\u00f3 las hornazas del gas totalmente abiertas y que el 1 de enero de 2021 v\u00eda mensaje de texto por WhatsApp le dice que le robo plata del Banco. <\/p>\n
Concret\u00e1ndose en el acervo probatorio destac\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abAl estudiar los testimonios relacionados con estos hechos se encuentra, primero que no hay una violencia sobre al hecho de encontrar las hornazas del gas abiertas, es m\u00e1s un descuidado o una falta de atenci\u00f3n y concentraci\u00f3n en quien prendi\u00f3 la estufa, la se\u00f1ora BLANCA MORENO BELTRAN, dijo \u201cyo vine a la casa de NOHORA y FARID, entonces hab\u00eda desechos de gato y yo estaba limpiando, entonces not\u00e9 por el olfato que ol\u00eda a quemado fui a la cocina y ya estaba el recipiente quemado y hab\u00eda humo, y aunque se dice que la se\u00f1ora BLANCA MORENO BELTRAN cometi\u00f3 falso testimonio, ya que el d\u00eda 25 de enero de 2021, no estuvo, no fue y ni siquiera se acerc\u00f3 a la fachada del inmueble, no est\u00e1 probado que la mencionada ciudadana no hubiera estado en la casa de la demandante, que estuviera rindiendo un falso testimonio, por el contrario, tal manifestaci\u00f3n se acerca m\u00e1s a la versi\u00f3n vertida por la se\u00f1ora ANDREA KATERIN DOMINGUEZ ROCHA, al decir \u201ccuando ingresamos a la casa hab\u00eda un fuerte olor a gas, mi madre ingres\u00f3 al apartamento donde reside con mi t\u00eda\u2026\u201d, lo que lleva a concluir que no estaban presentes en el acto de como las hornazas del gas quedaron abiertas. <\/p>\n
En esas condiciones, concluy\u00f3 que era \u00abacertada la decisi\u00f3n de la Comisar\u00eda de Familia en declarar no probados los hechos de violencia intrafamiliar, puesto que de la prueba documental, los mensajes de WhatsApp, los testimonios vertidos, no arrojaron la certeza de que ellos hubieran ocurrido entre el 1 al 25 de enero de 2021, hay testigo de o\u00eddas, la demandante dej\u00f3 transcurrir en silencio hechos acaecido en el a\u00f1o 2020 o de a\u00f1os anteriores de los cuales busca sea sancionada la demandada con el desalojo de la vivienda, el conflicto de familia que se suscita est\u00e1 m\u00e1s generado en la falta de medicaci\u00f3n oportuna y tratamiento psiqui\u00e1trico y psicol\u00f3gico que requiere la demandada se\u00f1ora FARID, a trav\u00e9s de una persona de apoyo para la solicitud y acompa\u00f1amiento de las citas m\u00e9dicas y control de la toma de medicamentos, y esto s\u00f3lo se lograr\u00eda si la familia con la debida asesor\u00eda y orientaci\u00f3n de un profesional logra el cometido que el legislador trajo consigo en la Ley 1996 de 2019, llevando a la demandada a entender y aceptar del camino de la persona de apoyo, porque todo le genera miedo, el hecho de altas horas de la noche de tirar las ollas, de prender las luces, es un llamado a gritos que necesita de una ayuda de los especialistas en el tema de su salud\u00bb. <\/p>\n
3.3. Los anteriores planteamientos, as\u00ed como otros soportados en los dem\u00e1s medios de convicci\u00f3n, conllevaron al ad quem a confirmar la desestimaci\u00f3n de pretensiones, argumentos que se muestran ajustados a la normativa que rige la tem\u00e1tica bajo examen judicial. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado que no es viable invocar este instrumento como medio para realizar una reconsideraci\u00f3n de instancia, porque ello dar\u00eda lugar a que el juez constitucional se aleje de su rol y entre a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. Al respecto ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, citada en STC9152-2021, 22 jul. 2021, rad. 00358-01, entre otras). <\/p>\n
Ahora, sobre la cr\u00edtica en relaci\u00f3n con la valoraci\u00f3n probatoria, la Sala ha venido sosteniendo: \u00ab(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 24 jun. 2004, exp. 00142-01, citada entre otras en STC7683-2020, 23 sep. 2020, rad. 02469-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Atendiendo lo antes discurrido, se confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del auxilio, toda vez que los argumentos de la providencia dictada por el despacho acusado confirmando la denegaci\u00f3n de medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar contra la ac\u00e1 demandante, se tornan razonables y por tanto no comportan desafuero susceptible de correcci\u00f3n mediante esta excepcional senda jur\u00eddica. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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