STC11394-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11394-2021 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del primero de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., tres (03) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 4 de marzo de 2021, que neg\u00f3 por improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Dora y Nubia Mercedes Rodr\u00edguez Torres contra la Superintendencia Financiera de Colombia – Delegatura para Funciones Jurisdiccionales y BBVA Seguros de Vida S.A. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las promotoras reclamaron la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, presuntamente vulnerados por las entidades cuestionadas. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito introductorio y las probanzas que obran en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. Dora Rodr\u00edguez Torres, el 6 de enero de 2016, solicit\u00f3 a la Superintendencia Financiera1 su intervenci\u00f3n y mediaci\u00f3n frente a un presunto incumplimiento derivado del contrato de seguros celebrado con el BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. desde el 9 de junio de 2013. <\/p>\n
2.2. En dicha p\u00f3liza incluy\u00f3 como beneficiaria a su hermana Nubia Mercedes Rodr\u00edguez Torres, a quien se le present\u00f3 un siniestro relacionado con el hurto de su equipaje en el exterior. Motivo por el cual, hizo la reclamaci\u00f3n del seguro por asistencia en el viaje y el reconocimiento por su incapacidad permanente, sin que se le hubiera reconocido sus peticiones. <\/p>\n
2.3. La entidad accionada dentro del tr\u00e1mite de la queja pidi\u00f3 a la aseguradora2 que \u00abresponda por escrito directamente al solicitante\u00bb, de manera que \u00absea completa, clara, precisa, comprensible, contener la soluci\u00f3n o aclaraci\u00f3n de lo reclamado, y los fundamentos legales, estatutarios o reglamentarios que soporten la posici\u00f3n de la entidad\u00bb. <\/p>\n
2.4. La Compa\u00f1\u00eda de Seguros dio respuesta3 indicando que los derechos a la cobertura de la p\u00f3liza son de los asegurados, y el beneficiario tendr\u00e1 derecho en el caso de que ocurra un evento amparado por la misma al asegurado. <\/p>\n
2.5. De acuerdo con lo anterior, mediante oficio del 23 de mayo de 20164, la Superintendencia Financiera le inform\u00f3 a Dora Rodr\u00edguez Torres, el tr\u00e1mite realizado respecto de la queja presentada y, le indic\u00f3 que si no estaba de acuerdo con la respuesta de la aseguradora, pod\u00eda \u00abejercer la Acci\u00f3n de Protecci\u00f3n al Consumidor interponiendo una demanda ante la Delegatura de Funciones Jurisdiccionales de esta Superintendencia o ante los Jueces de la Rep\u00fablica y tambi\u00e9n puede solicitar que el Defensor del Consumidor Financiero act\u00fae como conciliador\u00bb, previni\u00e9ndola que para dicho decurso se requiere de apoderado. <\/p>\n
2.6. Posteriormente, las tutelantes promovieron acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor, la cual, fue inadmitida en providencia del 9 de marzo de 2018, \u00aben raz\u00f3n de: cuant\u00eda, por incongruencia entre las sumas y las pretensiones\u00bb. <\/p>\n
Ante el incumplimiento de lo encomendado, la autoridad respectiva mediante auto de 7 de mayo de 2018, decidi\u00f3 rechazar la demanda pretendida5. <\/p>\n
2.7. Finalmente, las promotoras presentaron m\u00faltiples escritos correspondientes a la subsanaci\u00f3n -solicitud de amparo de pobreza y remisi\u00f3n del expediente a los Juzgados Civiles del Circuito de Bogot\u00e1-, sin embargo, la Delegatura accionada por autos de 14 de junio y 25 de julio de 2018, neg\u00f3 las peticiones. Adem\u00e1s, les advirti\u00f3 que si la intenci\u00f3n es la de ejercer nuevamente la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor, deben volver a presentar el escrito de demanda con todos los requisitos fijados por el art\u00edculo 82 y s.s. del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3. Solicitaron, conforme a lo expuesto, se protejan sus derechos \u00abinalienables\u00bb y el cumplimiento por parte de la compa\u00f1\u00eda de seguros mediante el reconocimiento de la indemnizaci\u00f3n como consecuencia del siniestro ocurrido a la beneficiaria. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Superintendencia Financiera, despu\u00e9s de narrar las actuaciones realizadas, consider\u00f3 que \u00abno vulner\u00f3 ning\u00fan derecho fundamental del actor en el tr\u00e1mite dado tanto a la queja como a la Acci\u00f3n de Protecci\u00f3n al Consumidor interpuesta, pues contrario a ello, actu\u00f3 acorde a las normas sustanciarles y procesales aplicables para esta clase de asuntos; aunado a que, en el presente caso, se encuentra ausente el requisito de procedibilidad de inmediatez\u00bb6. <\/p>\n
2. El representante Legal Judicial de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. se\u00f1al\u00f37 que en la acci\u00f3n de tutela no se entiende cu\u00e1les son las pretensiones de las impulsoras, en tanto que, \u00abno se avizora ninguna clase de vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, y de igual forma tampoco es procedente el presente mecanismo constitucional en la medida que, no se cumplen los requisitos generales de procedencia expuesto ut supra\u00bb. Por tanto, pidi\u00f3 rechazar por improcedente la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, despu\u00e9s de relatar las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite debatido, declar\u00f3 improcedente el amparo8, por considerar que no se encuentran acreditados los presupuestos generales de procedibilidad, pues las actoras \u00abpretenden el reconocimiento y pago de una indemnizaci\u00f3n por da\u00f1os y perjuicios ocasionados por un siniestro que tuvo lugar en Santiago de Chile, m\u00e1s no la satisfacci\u00f3n de un derecho fundamental en concreto\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, anot\u00f3 que no se cumple con el presupuesto de subsidiaridad e inmediatez, puesto que las actoras no recurrieron el auto del siete de mayo de 2018, que rechaz\u00f3 la demanda de protecci\u00f3n al consumidor y solo acudieron al juez de tutela casi \u00abtres a\u00f1os despu\u00e9s\u00bb de proferido el mismo. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formularon las querellantes refiri\u00e9ndose a la protecci\u00f3n de normas constitucionales. Tambi\u00e9n, hacen referencia a que el Juzgado 14 civil del Circuito de Bogot\u00e1 emiti\u00f3 \u00abFallo favorable a la lesionada\u00bb debiendo ser respetado. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, las gestoras pretenden se deje sin efectos los prove\u00eddos emitidos por la Entidad cuestionada el 7 de mayo de 2018 -que rechaz\u00f3 la demanda de protecci\u00f3n al consumidor- y el del 13 de junio de la misma anualidad -que neg\u00f3 el amparo de pobreza-. <\/p>\n
2. Pronto esta Sala advierte la confirmaci\u00f3n de la providencia impugnada, en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n del presupuesto de inmediatez. <\/p>\n
En efecto, de las probanzas obrantes en el expediente, la Corte concluye la improcedencia del ruego invocado, por cuanto no se atiende al requisito de inmediatez, definido por la jurisprudencia constitucional como presupuesto necesario para la procedencia de la salvaguarda. Esto es as\u00ed, a causa del lapso transcurrido desde cuando se profirieron las determinaciones recriminadas -7 de mayo de 2018 y 13 de junio del mismo a\u00f1o- y, la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela \u00ab25 de febrero de 2021\u00bb. Es decir, pasaron m\u00e1s de seis (6) meses despu\u00e9s de haberse emitido las decisiones rebatidas. <\/p>\n
Lo dicho resulta relevante, porque pese a no existir t\u00e9rmino de caducidad para invocar la \u00abprotecci\u00f3n constitucional\u00bb, s\u00ed se impone promoverla dentro de un plazo \u00abrazonablemente prudencial\u00bb, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb, sobre todo cuando la urgencia se precisa para predicar lo grave del perjuicio y, justamente, por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. <\/p>\n
En ese orden, un reclamo que supere ese t\u00e9rmino desdice abiertamente de la urgencia y celeridad que caracteriza este instrumento. <\/p>\n
Sin embargo, cabe resaltar que dicho requisito puede ser flexible por razones que justifiquen la inactividad de la actora para impetrar la s\u00faplica, tales como interdicci\u00f3n, incapacidad f\u00edsica, minor\u00eda de edad, entre otras, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de los derechos fundamentales de la peticionaria. As\u00ed lo ha se\u00f1alado la alta Corporaci\u00f3n Constitucional en repetidas ocasiones, entre otras en sentencias, CC T-136\/2007, CC T-647\/2008, CC T-743\/2008, CCT-867\/2009, CC T-037-2013, CC T-033\/2010, en esta \u00faltima, resalt\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n\u2026\u00bb <\/p>\n
Sumado a ello, el m\u00e1ximo \u00f3rgano de lo constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb. Sentencias CC T-410\/2013 y CC T-206\/2014. <\/p>\n
Bajo ese contexto, la Sala no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado como eximentes del principio de inmediatez. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, el fallo impugnado se deber\u00e1 ratificar. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Folio 1 al 14. Anexo 1. pdf. <\/p>\n
2\u0002 Folios 2 al 4.Anexo 2 pdf. <\/p>\n
3\u0002 Folios 1 al 2. Anexo 5.pdf. <\/p>\n
4\u0002 Folios 1 al 3. Anexo 3 y 6 pdf. <\/p>\n
5\u0002 Folio 1 al 2. Archivo Auto del 7 de mayo de 2018. Expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Folios 1 al 15. Archivo T-20211045682-3684511.pdf. <\/p>\n
7\u0002 Folio 1 al 9. Archivo D110012203002021003\u2026acho202122512714.pdf. <\/p>\n
8\u0002 Folios del 1 al 9.Anexo 7. Expediente digital. <\/p>\n
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