STC11396-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11396-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2021-00144-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero (01) de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (01) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 29 de julio de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carmen Mar\u00eda Mel\u00e9ndez Lora contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Tercero Transitorio de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de la misma urbe, as\u00ed como las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso ejecutivo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la vivienda digna y al \u00abprincipio de la confianza leg\u00edtima\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, dentro del proceso ejecutivo con garant\u00eda hipotecaria que en su contra tramita el Banco AV Villas S.A., identificado con el radicado No. 2014-00092-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, ordenando al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda, establecer como abonos las consignaciones que realiz\u00f3 dentro del precitado asunto. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce en compendio, que el referido decurso se adelanta ante el Juzgado Tercero Transitorio de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Monter\u00eda, para exigirle el pago de un pr\u00e9stamo garantizado con hipoteca adquirido en el a\u00f1o 1999 por Juli\u00e1n Vergara Pacheco por un monto de $11\u00b4000.000,oo, quien posteriormente vendi\u00f3 el bien objeto de garant\u00eda a Maribel Llorente Hern\u00e1ndez, y \u00e9sta a su vez a ella en el a\u00f1o 2009, por lo cual antes de ser demandada pag\u00f3 al acreedor, el Banco Av Villas, la suma de $65\u00b4000.000.oo, y en el curso de la ejecuci\u00f3n consign\u00f3 a \u00f3rdenes del Despacho varios abonos entre el mes de enero de 2017 y noviembre de 2019, que \u00absobrepasan los $18\u00b4000.000\u00bb. <\/p>\n
Asegura que durante el proceso present\u00f3 varios escritos donde pidi\u00f3 que se decidieran las excepciones y se tuvieran en cuenta los aludidos abonos, o en su defecto, se enviara el proceso a otro Juzgado; no obstante, solo hasta el 29 de septiembre de 2019 se dict\u00f3 sentencia orden\u00e1ndose seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, y posteriormente present\u00f3 al Despacho un posible acuerdo de pago con su contraparte, donde inclu\u00eda los dep\u00f3sitos que realiz\u00f3 a la cuenta del Juzgado y tambi\u00e9n la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito que arrojaba un saldo a su favor; empero, esa cuenta fue objetada por el ejecutante, y finalmente el 16 de septiembre de 2020 el Juez aprob\u00f3 su propia liquidaci\u00f3n, \u00aby no incluy\u00f3 los abonos porque no se aport\u00f3 prueba de ellos, cuando estaban a su disposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Finalmente asegura, que apel\u00f3 la precitada decisi\u00f3n, pero fue confirmada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda, tras considerar que \u00abest\u00e1 prohibido al demandado en cualquier proceso consignar al juzgado donde se le demanda por una obligaci\u00f3n para tenerla como abono si no se lo entrega personalmente al demandante\u00bb, ello con fundamento en el art\u00edculo 447 del C\u00f3digo General del Proceso, pese a que, dice, que no aplica al caso concreto, porque \u00abno existe embargo de sueldo sino abonos o consignaciones judiciales para pago de la obligaci\u00f3n\u00bb, los cuales se establecen al momento de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, todo lo cual, dice, deviene de la tardanza injustificada en que incurri\u00f3 el juez cognoscente en fallar en contrav\u00eda de lo dispuesto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, situaci\u00f3n por la que, en su criterio, se justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) El titular del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda se\u00f1al\u00f3, que dentro del referido proceso resolvi\u00f3 la alzada interpuesta por la aqu\u00ed interesada, quien reclam\u00f3 que se terminara el cobro porque as\u00ed lo reflejaba la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, inconformidad que desat\u00f3 en derecho. <\/p>\n
b.) El Juez Tercero Transitorio de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de la misma ciudad, antes Cuarto Civil Municipal, indic\u00f3 que el fundamento f\u00e1ctico de la presente solicitud es el mismo de otra petici\u00f3n de amparo que tramit\u00f3 la aqu\u00ed inconforme ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma urbe con radicado No. 2020-00123, habi\u00e9ndose negado la protecci\u00f3n; que cuando la aqu\u00ed interesada present\u00f3 su liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, \u00abs\u00f3lo relacion\u00f3 los presuntos abonos pero no present\u00f3 prueba de ellos, cuando estaban a su disposici\u00f3n\u00bb, por lo que se aprob\u00f3 la cuenta elaborada por el Juzgado en $39\u00b4140.161,oo, equivalentes a 14240,84 UVRs, decisi\u00f3n que fue mantenida en sede de apelaci\u00f3n el 26 de abril del a\u00f1o en curso por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma localidad, donde precis\u00f3 que los abonos no pod\u00edan ser aplicados a la deuda porque no hab\u00edan sido recibidos por la entidad ejecutante, pues por estar a \u00f3rdenes del Despacho, para su entrega era necesario que estuviera en firme la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito o costas. <\/p>\n
c.) La representante legal para asuntos judiciales del Banco AV Villas S.A. inform\u00f3, que demand\u00f3 a la aqu\u00ed accionante como actual propietaria del inmueble objeto de la garant\u00eda hipotecaria, ya que el \u00faltimo pago lo recibi\u00f3 el 12 de abril de 2011, y s\u00f3lo hasta el 3 de diciembre de 2020 se enter\u00f3 que exist\u00edan unos abonos realizados directamente a la cuenta del Juzgado, los cuales no estaban a su disposici\u00f3n por falta de la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito en firme, de manera que una vez reciba esos dineros, los imputar\u00e1 a la deuda y continuar\u00e1 cobrando el saldo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda neg\u00f3 la salvaguarda instada, tras observar que en la decisi\u00f3n de segundo grado cuestionada, se \u00abtrae a colaci\u00f3n el art\u00edculo 447 del C.G.P., para indicar que, en aplicaci\u00f3n de esa norma, se verifica que solo una vez ejecutoriado el auto que apruebe la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito o las costas, el juez ordenar\u00e1 la entrega de dineros al acreedor hasta la ocurrencia del valor liquidado. Entonces, como en el proceso el cr\u00e9dito fue liquidado hasta el 12 de septiembre de 2020 no pod\u00eda antes hacerse entrega de dineros al ejecutante ya que se desconoc\u00eda el valor actual de la deuda, no era procedente hacer entrega de los t\u00edtulos a que hace alusi\u00f3n el ejecutado al ejecutante por no ser la oportunidad procesal para ello. Tampoco era posible aplicar a la deuda los abonos relacionados por el ejecutado en su liquidaci\u00f3n ya que estos no hab\u00edan sido recibidos efectivamente por la parte ejecutante. Insiste en que, estos dep\u00f3sitos judiciales se encuentran a \u00f3rdenes del juzgado y no podr\u00e1n ser entregados a la parte actora hasta tanto este en firme la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. Finalmente se\u00f1al\u00f3, que ser\u00e1 posible aplicar abonos en caso en que el ejecutado realice pagos directamente al demandante \u2013 que no sean t\u00edtulos judiciales \u2013 y que constancia de ellos sea aportada al juzgado para ser tenidos en cuenta en las liquidaciones que se realicen\u00bb, razonamiento que hall\u00f3 acorde a lo preceptuado en el art\u00edculo 447 del C\u00f3digo General del Proceso sobre entrega de dinero al ejecutante. <\/p>\n
De otro lado, frente a la queja relacionada con que el a quo accionado habr\u00eda incumplido el t\u00e9rmino para fallar se\u00f1alado en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, encontr\u00f3 que la solicitud de p\u00e9rdida de competencia por tal situaci\u00f3n fue negada el 1\u00b0 de agosto de 2018 por dicha autoridad, \u00abmotivo por el cual al carecer del requisito adjetivo de inmediatez para proceder al estudio de fondo de este puntual aspecto, el Tribunal considera improcedente bajo esa premisa realizar an\u00e1lisis alguno al respecto\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue presentada por la promotora, insistiendo \u00fanicamente en que los \u00ababonos\u00bb realizados en el curso del proceso debieron ser tenidos en cuenta en la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Siguiendo los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en los procesos para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, en virtud precisamente del principio de autonom\u00eda que le otorga la Constituci\u00f3n a las autoridades judiciales. Sin embargo, en el evento en que el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado ha hecho uso de los medios de protecci\u00f3n judicial a su alcance, y no cuenta con ninguno otro que le permita conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio se observa, que la se\u00f1ora Carmen Mar\u00eda se duele, concretamente, de la decisi\u00f3n proferida el 26 de abril de la presente anualidad por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda, a trav\u00e9s de la cual se mantuvo inc\u00f3lume la decisi\u00f3n del 16 de septiembre de 2020 del Juzgado Tercero Transitorio de Peque\u00f1as Casusas y Competencia M\u00faltiple de la misma ciudad, de no aprobar ninguna de las liquidaciones de cr\u00e9dito aportadas por los extremos del juicio, sino la elaborada por el Despacho, en el marco de la ejecuci\u00f3n con garant\u00eds real que en su contra adelanta el Banco Av Villas S.A., pues seg\u00fan dicho, lo decidido omiti\u00f3 incluir los \u00ababonos\u00bb que realiz\u00f3 mediante constituci\u00f3n de dep\u00f3sitos judiciales en la cuenta del Juzgado. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisados los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aqu\u00e9llos expuestos en por Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda al resolver el precitado mecanismo vertical, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto lo determinado no es el resultado de un actuar desconectado de la normativa aplicable al caso concreto, y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales cuya protecci\u00f3n invoca la impulsora de la queja constitucional, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
En la mentada decisi\u00f3n, el estrado accionado frente a similares inconformidades a las expuestas por la gestora en este escenario, cit\u00f3 el contenido del art\u00edculo 447 del C\u00f3digo General del Proceso y de all\u00ed coligi\u00f3, que \u00abs\u00f3lo una vez ejecutoriado el auto que apruebe la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito o las costas, el juez ordenar\u00e1 la entrega de dineros al acreedor hasta la concurrencia del valor liquidado. De esta manera, teniendo en cuenta que en el presente juicio solo fue liquidado el cr\u00e9dito por el a quo hasta el 12 de septiembre de 2020, no pod\u00eda antes hacerse entrega de dineros al ejecutante ya que se desconoc\u00eda el valor actual de la deuda. As\u00ed las cosas, no era procedente la entrega de los t\u00edtulos deprecada por el ejecutado al ejecutante por no ser la oportunidad procesal para ello\u00bb. <\/p>\n
A lo que agreg\u00f3, que \u00abde igual forma, tampoco era posible aplicar a la deuda los abonos relacionados por el extremo ejecutado en su liquidaci\u00f3n ya que estos no hab\u00edan sido recibidos efectivamente por el ejecutante en tanto no era posible realizar la entrega de dineros tal y como antes se precis\u00f3. Se insiste, estos dep\u00f3sitos se encuentran a \u00f3rdenes del juzgado, y no podr\u00e1n ser entregados a la parte actora hasta tanto est\u00e9 en firme la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito o costas. Cabe advertir que ser\u00e1 posible aplicar abonos en caso en que el ejecutado realice pagos directamente al demandante \u2013 que no sean t\u00edtulos judiciales \u2013 y que constancia de ellos sea aportada al juzgado para ser tenidos en cuenta en las liquidaciones que se realicen\u00bb. <\/p>\n
4. De este modo, a diferencia de lo considerado por la accionante, no cabe duda que la decisi\u00f3n emitida por Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda, se soport\u00f3 en el razonable entendimiento de las normas procesales aplicables al caso concreto, por lo que el mero disentimiento de la tutelante con la interpretaci\u00f3n normativa realizada por esa autoridad, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, ya que como como qued\u00f3 visto, para arribar a la determinaci\u00f3n cuestionada dicha autoridad encontr\u00f3, que no era posible tener como abonos a la obligaci\u00f3n ejecutada los dep\u00f3sitos judiciales realizados a favor del Juzgado por la aqu\u00ed interesada en el curso de la ejecuci\u00f3n, sencillamente porque su entrega al ejecutante s\u00f3lo procede cuando la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito se encuentre en firme, de manera que s\u00f3lo una vez recibido el dinero por el acreedor, se imputar\u00e1n \u00e9stos a la respectiva obligaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Con todo, es pertinente anotar, que los dep\u00f3sitos judiciales realizados por la aqu\u00ed interesada ante el juzgado accionado, si bien en el criterio de \u00e9ste no son imputables a la obligaci\u00f3n ejecutada hasta tanto el dinero se entregue a la entidad ejecutante, s\u00ed tendr\u00e1n que hacer parte del estado de cuenta del cobro, pues pasar\u00e1n a ser un abono efectivo a la obligaci\u00f3n, ya que como lo ha considerado la Sala, \u00absi bien no es factible conceder el auxilio deprecado por el accionante, menos a\u00fan avalar la invalidaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n como lo se\u00f1al\u00f3 el sentenciador a-quo, la Corte considera necesario exhortar al titular del juzgado accionado, para que independientemente de la ejecutoria que hayan obtenido la liquidaci\u00f3n y sus actualizaciones, proceda a revisar minuciosamente el expediente y si de esa actividad encuentra que en el mismo existen documentos que soporten v\u00e1lidamente abonos a la deuda ejecutada, previo traslado a la contraparte para que ejerza su derecho de contradicci\u00f3n, apreciarlos conforme a las reglas de valoraci\u00f3n probatoria, de manera que quede claro si constituyen o no un elemento de convicci\u00f3n que previamente no hab\u00eda sido estimado como tal. <\/p>\n
Acerca de esa particular situaci\u00f3n, esta Sala dijo que \u00aben un caso de similares contornos jur\u00eddicos al que ahora se analiza, esta Corporaci\u00f3n respald\u00f3 la exhortaci\u00f3n que realizara el Tribunal a la funcionaria accionada \u201cen el sentido de que en el evento de que se haya pasado por alto alg\u00fan abono previamente reconocido, analice la factibilidad de aplicarlo al cr\u00e9dito muy a pesar de la firmeza de la liquidaci\u00f3n\u201d (CSJ STC5591-2021). <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, por m\u00e1s discutible que pudiera ser la postura asumida por la autoridad jurisdiccional convocada, como la sola divergencia conceptual expuesta por la aqu\u00ed inconforme, no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues, como lo ha se\u00f1alado invariablemente la Sala de tiempo atr\u00e1s, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC1162-2021). <\/p>\n
7. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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