STC11397-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11397-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2021-00610-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de septiembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 21 de julio de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier Andr\u00e9s Marta Mart\u00ednez contra el Juzgado Diecisiete de Familia de esta urbe, y la Comisar\u00eda Diecinueve de Familia de Ciudad Bol\u00edvar II1, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del tr\u00e1mite administrativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama a trav\u00e9s de apoderada judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la \u00abvaloraci\u00f3n integral\u00bb, y a la igualdad, presuntamente quebrantadas por las autoridades convocadas, al ordenar y confirmar una medida de protecci\u00f3n en su contra, en el tr\u00e1mite administrativo radicado bajo el consecutivo n.\u00ba 2019-1282-00. <\/p>\n
Entonces, pide en lo cardinal, que a trav\u00e9s de este tr\u00e1mite preferente se suspendan los efectos de las decisiones emitidas por la Comisar\u00eda 19 de Familia de Ciudad Bol\u00edvar II y el Juzgado Diecisiete de Familia de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s de las cuales le fue impuesta una medida de protecci\u00f3n. <\/p>\n
2. Para respaldar su queja, del extenso y farragoso escrito constitucional se extrae, que su excompa\u00f1era sentimental con \u00abargucias y enga\u00f1os\u00bb, acudi\u00f3 ante la autoridad administrativa pretextando violencia intrafamiliar en su contra, pese a ser \u00e9sta quien propicia un ambiente malsano al interior del hogar, ello en aras de apropiarse de una construcci\u00f3n en el predio de su progenitor. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que en el marco de ese particular tr\u00e1mite la all\u00ed convocante impidi\u00f3 la pr\u00e1ctica adecuada de las pruebas, y en general, le obstruy\u00f3 el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, situaci\u00f3n que finalmente desencaden\u00f3 en un accidente cardiovascular en su persona, que ahora le impide acudir por s\u00ed mismo a la jurisdicci\u00f3n para hacer valer sus derechos, y que por contera, hace viable la intervenci\u00f3n del juez de tutela en aras de proteger sus garant\u00edas superiores. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El Juez Diecisiete de Familia de Bogot\u00e1 simplemente dijo, que conoci\u00f3 de la consulta de la sanci\u00f3n impuesta por la Comisar\u00eda Diecinueve de Familia de Ciudad Bol\u00edvar II de esta localidad emitida el 19 de diciembre de 2019, en el marco del incidente de incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n all\u00ed proferida; que el asunto fue remitido a la autoridad administrativa, por lo que \u00able es imposible en estos momentos argumentar alguna otra situaci\u00f3n referente a los derechos que se\u00f1ala el accionante que le fueron vulnerados dentro de la tutela de la referencia\u00bb. <\/p>\n
b. A su turno, la Comisar\u00eda Diecinueve de Familia de Ciudad Bol\u00edvar II asegur\u00f3, que no ha quebrantado ninguna de las garant\u00edas reclamadas por el gestor, por lo que pidi\u00f3 denegar el amparo. <\/p>\n
c. Por su parte, la Secretar\u00eda de Integraci\u00f3n Social anot\u00f3, que es \u00abla dependencia coordinadora de los aspectos administrativos y operativos de las Comisar\u00edas de Familia\u00bb, pero no tiene injerencia alguna \u00abrespecto de las decisiones que desde las Comisar\u00edas se adopten, en virtud de las competencias que les atribuye la Ley\u00bb. <\/p>\n
La Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el resguardo reclamado, tras extra\u00f1ar el requisito de la prontitud que gobierna este tr\u00e1mite preferente. Por dem\u00e1s, dijo que no se advierte un desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta senda. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el gestor del amparo, insistiendo, en lo cardinal, en las primigenias alegaciones. Por dem\u00e1s, cuestion\u00f3 el tr\u00e1mite impartido al interior del asunto penal que tambi\u00e9n se adelanta en su contra por el delito de violencia intrafamiliar. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es un mecanismo residual de car\u00e1cter excepcional, subsidiario y preferente que permite a toda persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, y, a falta de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de un particular, en los casos expresamente previstos por el legislador. <\/p>\n
2. En el presente caso, el ciudadano Javier Andr\u00e9s Marta Mart\u00ednez cuestiona varios aspectos al interior de la medida de protecci\u00f3n que se adelant\u00f3 en su contra por cuenta de su excompa\u00f1era sentimental, Maryi Dayana Linares Cort\u00e9s, hechos que, en su sentir, propendieron por el quebrantamiento de sus garant\u00edas superiores, y los cuales se circunscriben as\u00ed: (i) decisi\u00f3n del 9 de diciembre de 2019, a trav\u00e9s de la cual la Comisar\u00eda de Familia Diecinueve de Ciudad Bol\u00edvar II declar\u00f3 probado el incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n impuesta el 19 de mayo de 2017; y, (ii) auto del 20 de febrero de 2020, por medio del cual el Juzgado Diecisiete de Familia de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 la Resoluci\u00f3n del 9 de diciembre de 2029, proferida por la referida Comisaria de Familia. <\/p>\n
3. Pues bien, efectuado el an\u00e1lisis correspondiente al escrito de tutela y los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, observa la Sala que surge patente la confirmaci\u00f3n de la improcedencia del amparo reclamado, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. Mediante auto del 24 de abril de 2017, La Comisar\u00eda de Familia Diecinueve de Ciudad Bol\u00edvar II admiti\u00f3 la medida de protecci\u00f3n formulada por la se\u00f1ora Maryi Dayana contra el aqu\u00ed actor, y en tal sentido dispuso ordenar al presunto agresor, que \u00abse abstenga de realizar cualquier tipo de agresi\u00f3n verbal, f\u00edsica, psicol\u00f3gica, ofensas, ultrajes, palabras soeces, amenazas, insultos o cualquier otra conducta constitutiva de violencia intrafamiliar\u00bb. <\/p>\n
3.2. Notificadas las partes, la audiencia de medida de protecci\u00f3n se realiz\u00f3 el 19 de mayo de 2017, oportunidad en la que el aqu\u00ed interesado acept\u00f3 los cargos en su contra, aduciendo que \u00abfueron cosas que ven\u00edan acumuladas y por el trago estallaron\u00bb, raz\u00f3n por la cual se le interpuso la medida de protecci\u00f3n de car\u00e1cter definitivo, y se orden\u00f3, entre otras, el seguimiento a dicha orden. <\/p>\n
3.3. El 22 de mayo de ese mismo a\u00f1o se admiti\u00f3 el incidente de incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n, y se convoc\u00f3 a la audiencia prevista en el art\u00edculo 11 de la Ley 575 de 2000. <\/p>\n
3.4. La anterior vista p\u00fablica se realiz\u00f3 el 20 de junio siguiente, oportunidad en la que el presunto agresor admiti\u00f3 algunos hechos, aclar\u00f3 otros, e intent\u00f3 justificar los restantes, y ante la ausencia de caudal probatorio, se declar\u00f3 no probada la solicitud de incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n. <\/p>\n
3.5. Nuevamente, a petici\u00f3n de parte, en decisi\u00f3n del 30 de octubre de 2019 se dio inicio a la apertura de incidente de incumplimiento, pero la misma se suspendi\u00f3 para escuchar la declaraci\u00f3n de un testigo, y la pr\u00e1ctica de la entrevista psicol\u00f3gica de los hijos menores de la pareja en conflicto. <\/p>\n
3.6. Cumplido lo anterior, el 9 de diciembre de 2019 se reanud\u00f3 la diligencia, y con sustento en los medios de convicci\u00f3n recopilados, particularmente las entrevistas de los menores de edad, se declar\u00f3 probado el incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n impuesta el 19 de mayo de 2017. <\/p>\n
4. Bajo este panorama, no cabe duda para la Sala que lo pretendido a trav\u00e9s del amparo est\u00e1 llamado al fracaso, teniendo en cuenta que la \u00faltima determinaci\u00f3n emitida dentro del asunto ejecutivo objeto de revisi\u00f3n constitucional data del 20 de febrero 2020, mientras que se acudi\u00f3 al amparo s\u00f3lo hasta el 6 de julio de 2021, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Sobre el particular se precisa, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, lo cual no ocurri\u00f3 en el presente caso, comoquiera que transcurrieron diecis\u00e9is (16) meses y dieciocho (18) d\u00edas desde que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n que se cuestiona, sin que el aqu\u00ed inconforme solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con tal determinaci\u00f3n, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la inmediatez que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. <\/p>\n
De manera reiterada se ha puntualizado, que \u00abaquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, \u00e9stos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC2685-2021). <\/p>\n
5. Y aunque el anterior requisito de procedencia podr\u00eda eventualmente ceder, ante la situaci\u00f3n de vulnerabilidad alegada por el actor, quien refiere que por un accidente cardiovascular que le gener\u00f3 la situaci\u00f3n de estr\u00e9s que vivi\u00f3 por cuenta del tr\u00e1mite administrativo que se adelant\u00f3 en su contra, no puede valerse por s\u00ed mismo, lo cierto es que surge patente la confirmaci\u00f3n de la improcedencia del amparo reclamado, pues las decisiones cuestionadas no lucen susceptibles de correcci\u00f3n excepcional por esta senda, al ser producto de una respetable valoraci\u00f3n probatoria en el marco del tr\u00e1mite de violencia intrafamiliar que all\u00ed se adelant\u00f3. <\/p>\n
En efecto, ese labor\u00edo le permiti\u00f3 concluir al Juez convocado, que \u00abel incidentado no cumpli\u00f3 con la orden emitida por la Comisar\u00eda Diecinueve de Familia Ciudad Bol\u00edvar II, pues el accionado tuvo la oportunidad de desvirtuar los hechos endilgados en su contra, situaci\u00f3n que no ocurre pues la \u00fanica prueba que solicit\u00f3 fue que se escuchara la declaraci\u00f3n de su padre (\u2026) quien refiri\u00f3 agresiones por parte de la accionante al accionado\u00bb, pero de la valoraci\u00f3n conjunta de las pruebas se logr\u00f3 verificar el incumplimiento del aqu\u00ed accionante. Por lo tanto, la simple divergencia conceptual, o el no compartir el sentido de la decisi\u00f3n anotada, no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto. <\/p>\n
De manera invariable ha se\u00f1alado la Sala de tiempo atr\u00e1s, que \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC5912-2021). <\/p>\n
6. Finalmente, en lo que respecta a los reparos relacionados con el proceso penal que se adelanta en contra del actor, suficiente con advertir que, desde la admisi\u00f3n de la demanda de la referencia el conocimiento del asunto respecto de esa autoridad se escindi\u00f3, por lo que no resulta viable, en esta ocasi\u00f3n, verificar la actuaci\u00f3n all\u00ed adelantada. <\/p>\n
7. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 El Juez a quo escindi\u00f3 el conocimiento de la acci\u00f3n. <\/p>\n
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