STC11398-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11398-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-10-000-2021-00087-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 29 de julio de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Rubiela Otaya Gir\u00f3n contra el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio coercitivo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclama a trav\u00e9s de apoderada judicial, la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, al haberle negado la entrega de t\u00edtulos judiciales, en el marco del proceso ejecutivo de alimentos que promovi\u00f3 en nombre de su hijo XXX, frente a Vicente Arnulfo Bambague Papamija, con rad. No. 2020-00217-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, ordenando al Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Cali, \u00abla entrega del t\u00edtulo por valor de $28.561.915 restante, el cual corresponde al 22.5% descontado por cuota alimentaria en el mes de noviembre del 2019\u00bb, al interior del litigio en comento. <\/p>\n
2. En apoyo de tal reparo aduce en compendio y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que pese a que los alimentos a favor de su primog\u00e9nito y en contra de su expareja, se fijaron en el \u00ab22.5% del salario que devenga mensualmente, al igual que de sus primas y dem\u00e1s beneficios legales y extralegales a que tiene derecho como pensionado por COLPESIONES\u00bb, y, que la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil consign\u00f3 a \u00f3rdenes del proceso en comento por concepto de liquidaci\u00f3n definitiva del obligado la suma de \u00ab$32.564.029, equivalente al 22.5% de lo ordenado (\u2026), entendi\u00e9ndose que el valor de la cuota de ese mes, fue por dicha suma\u00bb, el Juzgado convocado neg\u00f3 la entrega del t\u00edtulo judicial, bajo el argumento que dicha suma se consign\u00f3 \u00abpara garantizar el suministro de la cuota alimentaria\u00bb tasada en $605.983.oo. <\/p>\n
Se\u00f1ala que por la mora en el pago de la mesada alimentaria \u00abha tenido que adquirir deudas para pagar alimentos, citas, medicas, adem\u00e1s de estar atrasada en el pago de las cuotas de su casa y de los servicios p\u00fablicos\u00bb, raz\u00f3n por la cual, necesita la entrega del referido dinero. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. La titular del Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Cali puntualiz\u00f3, que la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues indag\u00f3 sobre la procedencia del t\u00edtulo judicial por valor superior a $30.000.000,oo, ante la entidad que lo puso a disposici\u00f3n, encontrando que el mismo fue descontado al demandado en el proceso de alimentos por concepto de liquidaci\u00f3n de cesant\u00edas, raz\u00f3n por la cual, la accionante no debe pretender la cancelaci\u00f3n de dicho t\u00edtulo, ya que \u00e9ste est\u00e1 destinado a garantizar el pago de cuotas futuras; que \u00abno se puede deducir que la accionante esperaba el pago del mismo, por cuanto no estaba pactado, excediendo de esta manera la cuota alimentaria mensual, sin embargo, se orden\u00f3 el fraccionamiento del mismo mientras se dilucidaba el descuento del fondo de pensiones del demandado y se le han venido pagando los dineros, y una vez termine el ejecutivo se deducir\u00e1n las sumas pendientes por pagar, si las hay\u00bb. <\/p>\n
b. La Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil indic\u00f3, que atendi\u00f3 las disposiciones del Despacho judicial en el marco del proceso de alimentos que se sigui\u00f3 en contra del se\u00f1or Bambague Papamija, quien renunci\u00f3 a su empleo en la entidad; que la consignaci\u00f3n realizada fue por concepto de cesant\u00edas definitivas. <\/p>\n
c. La Directora (A) de la Direcci\u00f3n de Acciones Constitucionales de la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013Colpensiones, aleg\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues \u00abno puede atender lo solicitado por el accionante en el presente tr\u00e1mite de tutela, teniendo en cuenta que lo solicitado no va dirigido contra esta Administradora y adem\u00e1s no se tienen la competencia para entrar a responder por lo requerido\u00bb. <\/p>\n
d. El Procurador 8 Juridicial II de Familia de la citada ciudad se\u00f1al\u00f3, que \u00abantes de que el accionante pretendiera la defensa de sus derechos por v\u00eda de tutela, debe agotar el recurso a los medios judiciales que tiene a su disposici\u00f3n, en este caso el recurso de reposici\u00f3n, pues la filosof\u00eda de la acci\u00f3n de tutela no consiste en desplazar mecanismos previstos en la normatividad vigente\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali desestim\u00f3 la salvaguarda deprecada, por cuanto \u00abla accionante present\u00f3 demanda ejecutiva alegando la mora de las cuotas de alimentos comprendidas entre los meses de julio a diciembre del a\u00f1o 2020, cada una de ellas por el valor de $605.983,oo, sin realizar menci\u00f3n alguna al valor solicitado a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n constitucional, as\u00ed mismo, se puede establecer de la relaci\u00f3n de pagos de t\u00edtulos judiciales aportada por el despacho, que a la accionante en la actualidad se le han cancelado cada una de las cuotas reclamadas, tanto as\u00ed, que el accionado, a trav\u00e9s de auto del 27 de julio de 2021, despu\u00e9s de modificar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada por la parte accionante, orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n de un \u00faltimo t\u00edtulo judicial y decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso, de lo cual se puede desprender, que no se evidencia una vulneraci\u00f3n al m\u00ednimo vital de la accionante, puesto que el valor de las cuotas por ella solicitadas a trav\u00e9s de demanda ejecutiva han sido debidamente satisfechas\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La actora recurri\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando similares argumentos expuestos en el escrito de tutela. <\/p>\n
ONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que lo pretendido concretamente por la se\u00f1ora Rubiela Otaya Gir\u00f3n a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, es que se ordene al Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Cali la \u00abentrega del t\u00edtulo por valor de $28.561.915\u00bb, en el marco del proceso ejecutivo de alimentos que promovi\u00f3 en nombre de XXX en contra del progenitor de \u00e9ste, Vicente Arnulfo Bambague Papamija, pues seg\u00fan su criterio, dichos dineros corresponden a cuota alimentaria. <\/p>\n
3. Sin embargo, no cabe duda acerca de la improcedencia de la salvaguarda reclamada, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. En el marco del litigio referido en l\u00edneas anteriores, el 16 de diciembre de 2020 la autoridad judicial convocada libr\u00f3 mandamiento de pago en contra del alimentante, requiriendo la satisfacci\u00f3n de las cuotas de alimentos a favor de su descendiente por valor de $605.983,oo, de los meses de julio a diciembre del citado a\u00f1o. <\/p>\n
3.2. En prove\u00eddo proferido el 20 de enero del 2021, se decidi\u00f3 \u00abNO ACCEDER a la entrega de la suma dineraria (\u2026) [$32.564.029], en virtud a que ello constituye garant\u00eda para el pago de las obligaciones alimentarias en caso de incumplimiento\u00bb. <\/p>\n
3.3. No obstante, el d\u00eda 29 del mismo mes y a\u00f1o se dispuso \u00ab[o]rdenar la entrega del valor correspondiente a las cuotas alimentarias de los meses de noviembre y diciembre de 2020 y enero de la presenta anualidad, conforme lo solicitado por la demandante y que suman un valor de $ 1.539.158. Para tal efecto ordenar el fraccionamiento del t\u00edtulo judicial 469030002459449 del 5 de diciembre de 2020 por valor de $ 32.564.029,00, disponiendo la entrega a la se\u00f1ora RUBIELA OTAYA BAMBAGUE de la suma de $ 1.539.158\u00bb. <\/p>\n
3.4. Comoquiera que el ejecutado, aqu\u00ed interesado, guard\u00f3 silencio, en prove\u00eddo del 21 de mayo siguiente se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n en su contra. <\/p>\n
3.5. Finalmente, tras ajustar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, el Juzgado dispuso la terminaci\u00f3n del litigio por pago total de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, no cabe duda acerca del fracaso de lo aqu\u00ed reclamado, teniendo en cuenta que las cuestiones planteadas por la se\u00f1ora Rubiela resultan ajenas al escenario de acci\u00f3n del juez constitucional, al no haber hecho uso de las herramientas de defensa que tuvo a su alcance para obtener lo aqu\u00ed pretendido, tal y como lo prev\u00e9 el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues en un acto constitutivo de incuria, dej\u00f3 de interponer el recurso de reposici\u00f3n contra las decisiones que negaron la entrega del tan mentado t\u00edtulo, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, y de cuestionar las dem\u00e1s decisiones all\u00ed adoptadas, entre ellas, la que termin\u00f3 el decurso por pago de lo adeudado, desperdiciando as\u00ed los medios que estaban a su disposici\u00f3n para debatir ante el juez natural los reparos ahora expuestos, sin que sea del caso adelantarse al pronunciamiento o partir de supuestos improbables, como que el padre de su hijo nuevamente se atrasar\u00e1 en el pago de las cuotas alimentarias, para acudir a esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
5. Tal y como esta Corte lo ha sostenido de tiempo atr\u00e1s, \u00abla falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC494-2021). <\/p>\n
Y sobre la eficacia de dicho remedio horizontal, la Corte ha expuesto que, \u00abno se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes\u00bb (\u00eddem). <\/p>\n
Sobre las caracter\u00edsticas del perjuicio irremediable, esta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia, a saber: \u00abla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u00bb (CSJ STC723-2021). <\/p>\n
7. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Como en el presente asunto se encuentra involucrado un menor de edad, tanto la Secretar\u00eda como la Relator\u00eda de esta Sala, deber\u00e1n ocultar su nombre, \u00fanicamente para efectos de publicidad; por tanto, en todas las copias que se expidan a terceros, deber\u00e1 suprimirse dicha identidad. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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