STC11402-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11402-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2021-00259-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 3 de agosto de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Andrea Milena Giraldo Contreras y Germ\u00e1n Giovanny Ardila D\u00edaz, contra los Juzgados Cuarto Civil del Circuito y Primero Civil Municipal, ambos de aquella ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes reclaman la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso \u00aben conexidad con el derecho a una vivienda digna y a la propiedad privada\u00bb, presuntamente conculcado por las autoridades accionadas, al ordenar la entrega en el marco del proceso verbal de restituci\u00f3n de tenencia que en su contra tramit\u00f3 Bancolombia S.A., radicado No. 2020-00130-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretenden que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, ordenando al Juzgado Primero Civil Municipal de Ibagu\u00e9, \u00absuspender la diligencia de entrega (\u2026) hasta tanto se falle desfavorablemente el incidente de nulidad por indebida notificaci\u00f3n presentado ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, dentro del proceso\u00bb antes individualizado. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aducen en compendio, que debido a la dif\u00edcil situaci\u00f3n econ\u00f3mica que durante el a\u00f1o 2020 les caus\u00f3 la pandemia del Covid-19, no pudieron cancelar las cuotas del leasing habitacional que adquirieron con Bancolombia S.A. sobre un inmueble donde tienen su vivienda familiar, por lo que el pasado 9 de junio funcionarios del Juzgado Primero Civil Municipal de Ibagu\u00e9 llegaron el mismo a cumplir la comisi\u00f3n que para su entrega les confi\u00f3 el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad, diligencia que se posterg\u00f3 por 45 d\u00edas, en raz\u00f3n a que desconoc\u00edan la existencia del referido proceso en su contra, por lo que confirieron poder a un abogado, y tras solicitar copia del expediente, solicitaron la nulidad de todo lo actuado por indebida notificaci\u00f3n, y la suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega hasta tanto se decida lo primero; sin que a la fecha el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 se haya pronunciado. <\/p>\n
Finalmente, cuestionan que en el registro de actuaciones del sistema de informaci\u00f3n siglo XXI aparecieron unas anotaciones del proceso con fecha anterior a la de presentaci\u00f3n de la tutela, que, dicen, no estaban incluidas en ese momento, lo que configura el delito de \u00abfraude procesal\u00bb, situaciones por las cuales, en su criterio, se justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El Juzgado Primero Civil Municipal de Ibagu\u00e9 manifest\u00f3, que su labor dentro del decurso cuestionado consist\u00eda en auxiliar la comisi\u00f3n para entrega de inmueble que le fue conferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad, y que, en acatamiento de la medida provisional de suspensi\u00f3n de dicha diligencia ordenada en el curso de la tutela, hab\u00eda devuelto el despacho comisorio al comitente. <\/p>\n
b. La titular del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 se opuso al amparo solicitado, porque el 22 de julio de los corrientes decidi\u00f3 correr traslado de la solicitud de nulidad a la contraparte de los aqu\u00ed interesados, se accedi\u00f3 a la solicitud de amparo de pobreza elevada por \u00e9stos, y, se resolvi\u00f3 sobre la suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega, neg\u00e1ndola. <\/p>\n
c. Bancolombia S.A. inform\u00f3, que tras varios intentos de arreglo directo con los aqu\u00ed inconformes para normalizar la deuda para con la entidad, los demand\u00f3 y posteriormente les notific\u00f3 del auto admisorio de la demanda con el lleno de requisitos legales. <\/p>\n
LA SENTNCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 neg\u00f3 el amparo invocado, porque \u00abse tiene por demostrado que la parte actora elev\u00f3 el d\u00eda 24 de junio de 2021, a trav\u00e9s de apoderado judicial, solicitud de nulidad del proceso por indebida notificaci\u00f3n, habi\u00e9ndose proferido el d\u00eda 22 de julio de 2021, por parte del Juzgado Cuarto Civil del Circuito, auto que concedi\u00f3 el amparo de pobreza solicitado, reconoci\u00f3 personer\u00eda al apoderado de los accionantes, deneg\u00f3 la suspensi\u00f3n de la audiencia de entrega y corri\u00f3 traslado a las partes del incidente de nulidad. En tal sentido, encuentra la Sala que lo aqu\u00ed puesto de presente es actualmente objeto de debate ante el juez natural y es all\u00ed donde deber\u00e1 terminarse de surtir el tr\u00e1mite de la pretendida nulidad, luego entonces mal puede pretender la parte accionante, hacer uso de la acci\u00f3n de tutela como si fuese un mecanismo paralelo o alternativo para debatir los asuntos relativos a la alegada indebida notificaci\u00f3n a los accionantes, toda vez que no se ha agotado el tr\u00e1mite incidental mencionado\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que \u00abigual suerte corre la queja elevada en el curso de la presente acci\u00f3n, referida a que despu\u00e9s de admitida la demanda de tutela, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, ingres\u00f3 anotaciones fechadas 22 de julio de 2021 corriendo traslado del escrito de nulidad, mismas que no estaban en el sistema de consulta Siglo XXI a la presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n que se surti\u00f3 seg\u00fan acta de reparto el d\u00eda 26 de julio de 2021, pues ser\u00e1 ante esa c\u00e9dula judicial donde deber\u00e1 manifestar su inconformidad, a trav\u00e9s de los mecanismos que la le procesal le otorga y no a trav\u00e9s de \u00e9sta senda preferente\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue presentada por los promotores, alegando que pidieron la protecci\u00f3n para evitar un perjuicio irremediable, principalmente sobre sus menores hijos que se ver\u00e1n abocados a una eventual diligencia de entrega de su vivienda, adem\u00e1s del gasto econ\u00f3mico que conlleva el arriendo de un nuevo inmueble y el traslado al mismo. <\/p>\n
Insistieron en que la conducta denunciada sobre el registro de actuaciones en el Sistema de Informaci\u00f3n Siglo XXI es \u00abil\u00edcita\u00bb, por lo que el juez de tutela la debe poner en conocimiento de la autoridad competente, \u00abso pena de incurrir en prevaricato por omisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Siguiendo los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en los procesos para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, en virtud precisamente del principio de autonom\u00eda que le otorga la Constituci\u00f3n a las autoridades judiciales. Sin embargo, en el evento en que el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado ha hecho uso de los medios de protecci\u00f3n judicial a su alcance, y no cuenta con ninguno otro que le permita conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
2. En el presente asunto, los ciudadanos Andrea Milena y Germ\u00e1n Giovanny pretenden a trav\u00e9s del presente mecanismo especial de protecci\u00f3n, que el Juzgado Primero Civil Municipal de Ibagu\u00e9 suspenda la diligencia de entrega que le comision\u00f3 el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad, hasta tanto el \u00faltimo resuelva la solicitud de invalidez por indebida notificaci\u00f3n que le formularon en el marco del proceso verbal de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que en su contra adelanta Bancolombia S.A. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisado el expediente digital, las documentales allegadas y el informe presentado por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, observa la Corte que habr\u00e1 de confirmarse la determinaci\u00f3n constitucional de primera instancia, teniendo en cuenta lo siguiente, a saber: <\/p>\n
3.1. Constata la Sala que mediante auto del 22 de julio del corriente a\u00f1o, la prenombrada autoridad se manifest\u00f3 sobre las mismas solicitudes que elevan los accionantes en este escenario, decidiendo: \u00abPRIMERO: C\u00f3rrase traslado a la parte demandante, por el t\u00e9rmino de 3 d\u00edas del pedimento de nulidad presentado por los demandados Germ\u00e1n Giovanny Ardila D\u00edaz y Andrea Giraldo Contreras, para que se pronuncie sobre este, adjunte y pida pruebas que tenga en su poder y quiera hacer valer (art. 129 num. 3 y art. 134 inciso 4\u00ba del C.G.P.) SEGUNDO: Reconocer personer\u00eda al abogado Jaime Hern\u00e1n Ardila, para actuar en representaci\u00f3n de los demandados, en los t\u00e9rminos del memorial poder conferido. (\u2026) CUARTO: Conceder a favor de los demandados Germ\u00e1n Giovanny Ardila D\u00edas y Andrea Milena Giraldo Contreras el amparo de pobreza deprecado, al cumplirse las exigencias consagradas en el art\u00edculo 151 del C.G.P. con los efectos previstos en el precepto 154 del citado asunto. (\u2026) SEXTO: Como quiera la solicitud de invalidez no suspende el curso del proceso (art. 129 inciso 4\u00ba del C.G.P), se niega la petici\u00f3n de suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega para lo cual se comision\u00f3 a los juzgados municipales de esta ciudad\u00bb. <\/p>\n
3.2. De otro lado, la revisi\u00f3n del cuaderno contentivo de la comisi\u00f3n para entrega conferida por el prenombrado estrado al Juzgado Primero Civil Municipal de la misma ciudad deja en evidencia, que con ocasi\u00f3n de la medida provisional adoptada en prove\u00eddo del 26 de julio pasado por el a quo constitucional, aquella autoridad resolvi\u00f3 \u00absuspender provisionalmente la diligencia de entrega, para la cual este juzgado fue comisionado\u00bb, y en consecuencia, \u00abdev[olver] el despacho comisorio al Juzgado de origen para los fines pertinentes\u00bb, sin que obre constancia en el expediente constitucional de que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 haya vuelto a comisionar para la entrega, o que se haya continuado con dicha diligencia. <\/p>\n
4. Bajo esa perspectiva, al encontrarse agotado lo puntualmente solicitado por los actores a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, desde antes de ser emitido el fallo constitucional de primera instancia el pasado 3 de agosto, ello debido al citado pronunciamiento del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, y la decisi\u00f3n del Juzgado Primero Civil Municipal de la misma ciudad de devolver la comisi\u00f3n a \u00e9ste sin diligenciar, no cabe duda que se cumpli\u00f3 con el prop\u00f3sito perseguido con la tutela, valga se\u00f1alar, que se diera tr\u00e1mite al incidente de nulidad que por indebida notificaci\u00f3n elevaron los gestores y que no se realizara la tantas veces mencionada diligencia de entrega, raz\u00f3n por la que ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que en el pasado hubieran podido configurarse pero que, en este momento procesal, no existen o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas diferentes a las iniciales. <\/p>\n
Sobre ese particular, la Sala ha dicho que \u00abEl hecho superado o la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u201csi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido toralmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez de amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC0436-2021). <\/p>\n
5. Ahora, si los actores tienen alg\u00fan reparo con dicha decisi\u00f3n judicial, particularmente, por hab\u00e9rseles negado la suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega, les compet\u00eda elevarlo a trav\u00e9s de los medios legales que en el marco del referido proceso tuvieron o tienen a su disposici\u00f3n, sin que pueda el juez constitucional interferir en lo decidido por el juez natural del asunto, dada la residualidad y subsidiariedad que caracterizan a este mecanismo, pues \u00ab(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u00bb (CSJ STC477-2021). <\/p>\n
6. Lo anterior, valga decir, sin que la presencia de menores en el inmueble objeto de la eventual entrega sea suficiente para impedir la realizaci\u00f3n de la misma, no solo porque, de momento no hay una diligencia programada, sino adem\u00e1s, porque aquella situaci\u00f3n por s\u00ed mismo no impide la desatenci\u00f3n de una orden que se presume legalmente impartida por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones, m\u00e1xime cuando \u00ablos privilegios de los ni\u00f1os no son absolutos, y que la existencia de menores involucrados en la acci\u00f3n no es raz\u00f3n suficiente para conceder la protecci\u00f3n\u2026 En ese sentido\u2026 \u2018mal perspectiva surge cuando, so capa de exaltar el irrefutable apriorismo consistente en que los derechos de los ni\u00f1os son prevalentes a los dem\u00e1s (art\u00edculo 44 Superior), se presentan situaciones en las cuales se soslayan las m\u00ednimas reglas del debido proceso que, sin duda, se erige en el mayor y mejor baluarte para propender por la defensa de ese inter\u00e9s, en tanto que s\u00f3lo adopt\u00e1ndose las decisiones por parte del juez competente, previo el debate judicial con arreglo a las sendas de la legalidad y circunscrito al tema de conocimiento, es que aqu\u00e9l aserto cobra la fuerza que ing\u00e9nitamente encierra, dado que trat\u00e1ndose de situaciones judiciales en que se debaten asuntos atinentes a menores, los jueces deben velar celosamente porque sus actuaciones no vulneren sus caros intereses, lo que se consigue, desde un principio, mediante la observancia de los b\u00e1sicos pilares sobre los que se edifica la administraci\u00f3n de justicia, uno de ellos, el respeto del derecho fundamental al debido proceso\u2019 (Fallo de 31 de enero de 2011, exp. 00313-01)\u2026\u00bb (CSJ STC2692-2021). <\/p>\n
7. Por \u00faltimo, en relaci\u00f3n con la petici\u00f3n encaminada a que se compulsen copias en contra de las autoridades jurisdiccionales convocadas, por las presuntas conductas omisivas en que, seg\u00fan el dicho de los tutelantes, han incurrido al interior de las actuaciones aqu\u00ed criticadas, basta decir que le corresponde a \u00e9ste acudir directamente ante las autoridades competentes, \u00abnaturalmente que asumiendo las consecuencias que de su comportamiento se deriven\u00bb, pues ha sido criterio de esta Corporaci\u00f3n, que \u00abla funci\u00f3n del juez constitucional no es ordenar investigaciones disciplinarias [ni penales], sino proteger derechos de rango superior amenazados y vulnerados por las autoridades, bien por omisi\u00f3n o por acci\u00f3n\u00bb (CSJ STC9513-2021). <\/p>\n
8. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el sentido del fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedido lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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