STC11405-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11405-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2021-00216-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de septiembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 23 de junio de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel \u00c1ngel Barrero Espinosa contra los Juzgados Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1 y Tercero Civil Municipal de Ch\u00eda, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Defensor de Familia, el Procurador Judicial para la Defensa de los Menores y la Familia, as\u00ed como las partes e intervinientes del proceso coercitivo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, que considera quebrantados por las autoridades judiciales convocadas, al declarar inadmisible el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia que dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, en el marco del juicio que en su contra adelant\u00f3 Ingrid Alida Echeverr\u00eda y Manuela Echavarr\u00eda, bajo el consecutivo n.\u00ba 2019-00202-00. <\/p>\n
Entonces pide, concretamente, que a trav\u00e9s de este tr\u00e1mite preferente se protejan sus garant\u00edas esenciales, dejando sin valor ni efecto la actuaci\u00f3n adelanta al interior del asunto, particularmente la sentencia del 7 de octubre de 2020, y, los autos del 2 de marzo de 2020 y 7 de mayo actual. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas y en lo que importa para la resoluci\u00f3n del asunto relat\u00f3, que su excompa\u00f1era sentimental, Ingrid Alida Echeverr\u00eda, pidi\u00f3 en favor de sus hijos Manuela y Juan Pablo Barrero Echeverr\u00eda, hoy mayores de edad, la ejecuci\u00f3n del acta de conciliaci\u00f3n suscrita en la Comisar\u00eda Segunda de Familia de Ch\u00eda, a trav\u00e9s de la cual se pactaron alimentos a su cargo y en favor de sus descendientes, por aquel entonces menores de edad, a quienes la demandante dej\u00f3 al cuidado de la abuela materna, pues opt\u00f3 por salir del pa\u00eds, y en un viaje \u00abclandestino\u00bb de vuelta utiliz\u00f3 a sus hijos para exigir v\u00eda judicial el pago de los alimentos, sin reparar en que desde que se acordaron aqu\u00e9llos siempre estuvo al d\u00eda con esa particular obligaci\u00f3n, al punto que \u00abde manera libre y voluntaria\u00bb, su hija pidi\u00f3 el desistimiento de la demanda; sin embargo, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ch\u00eda, a quien por reparto correspondi\u00f3 el asunto, sin reparar en lo anterior, mediante sentencia del 7 de octubre de 2020, \u00abcon poco estudio en las pruebas presentadas\u00bb, orden\u00f3 continuar con el cobro compulsivo. <\/p>\n
Finalmente precis\u00f3, que inconforme replic\u00f3 en apelaci\u00f3n la anterior determinaci\u00f3n, y pese a que fue concedida por el juez a quo, el Juzgado de Familia de Zipaquir\u00e1 mediante providencia del 7 de mayo de la calenda que avanza declar\u00f3 inadmisible la alzada, situaciones \u00e9stas que, dice, \u00abcercenan sus derechos\u00bb, y por lo tanto, hacen viable la intervenci\u00f3n del juez de tutela. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
a. El Juzgado Tercero Civil Municipal de Ch\u00eda, tras hacer un recuento de lo acaecido al interior del proceso ejecutivo de alimentos que Manuela Barrero Echavarr\u00eda e Ingrid Alida Echeverr\u00eda S\u00e1nchez promovieron en representaci\u00f3n de Juan Pablo Barrero Echeverr\u00eda (hoy mayor de edad), y en contra del aqu\u00ed accionante, puso de presente que el 7 de octubre de 2020 agot\u00f3 la instancia al declarar no probadas las excepciones de m\u00e9rito propuestas por el ejecutado, y ordenar seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Explic\u00f3 que la anterior decisi\u00f3n fue cuestionada en apelaci\u00f3n por el aqu\u00ed accionante, pero a la fecha desconoce las resultas de ese remedio procesal; que frente a la solicitud de desistimiento presentada por una de las ejecutantes, se le requiri\u00f3 para que la \u00abpresentara en coadyuvancia de la otra demandante como quiera que actuaba en representaci\u00f3n de un menor\u00bb. <\/p>\n
b. El Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1 inform\u00f3 que el recurso de apelaci\u00f3n concedido contra la sentencia de primera instancia fue declarado inadmisible mediante auto del 7 de mayo actual, en la medida en que el ejecutivo de alimentos es de \u00fanica instancia, y por ende, no procede el remedio de alzada. <\/p>\n
c. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n advirti\u00f3, que dentro del asunto no se cercenaron las garant\u00edas superiores reclamadas por el tutelante, y que en todo caso, el quejoso no formul\u00f3 los recursos ordinarios previstos por la ley para cuestionar las decisiones que ahora censura, por lo que el amparo debe ser denegado. <\/p>\n
d. La Defensora de Familia adscrita al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, Zonal Zipaquir\u00e1, manifest\u00f3 su oposici\u00f3n frente al tr\u00e1mite constitucional, por considerar que \u00abninguna de las solicitudes elevadas por la parte accionante, corresponden a las competencias de esta defensor\u00eda y por tanto a la competencia del ICBF\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca desestim\u00f3 la salvaguarda instada, al advertir que las decisiones cuestionadas a trav\u00e9s de esta v\u00eda excepcional\u00edsima no configuran un desafuero susceptible de correcci\u00f3n constitucional, en la medida en que, de un lado, el asunto bajo estudio \u00abobedece a la v\u00eda de la \u201c\u00fanica instancia\u201d, la inconformidad planteada por la parte demandada contra la sentencia de 7 de octubre de 2020 proferida por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ch\u00eda, en atenci\u00f3n a lo dispuesto por el C.G.P. en su art\u00edculo 321 inciso primero, no es susceptible de apelaci\u00f3n, ya que se emiti\u00f3 en un asunto que no discurre por la ruta de la primera instancia\u00bb, y como \u00abel Juez cuestionado justific\u00f3 su decisi\u00f3n amparado en una apreciaci\u00f3n arm\u00f3nica del art\u00edculo 321 del C.G.P.; por lo cual, no es plausible endilgar presuntas vulneraciones atendiendo la inconformidad de alguno de los extremos del proceso\u00bb; y del otro, frente a la decisi\u00f3n de declarar \u00abno probadas la excepciones de m\u00e9rito y orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n\u00bb, asegur\u00f3 que aqu\u00e9lla \u00abse bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o de capricho\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en punto a \u00ablas cr\u00edticas relacionadas con el escrito de desistimiento presentado por una de las demandantes\u00bb estim\u00f3 que esa particular decisi\u00f3n no fue objeto de reproche alguno, y por lo tanto, el requisito de la subsidiariedad no estaba satisfecho. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el promotor del resguardo, insistiendo en sus primigenias alegaciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es un mecanismo residual de car\u00e1cter excepcional, subsidiario y preferente que permite a toda persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, y, a falta de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de un particular, en los casos expresamente previstos por el legislador. <\/p>\n
2. En el presente caso, el ciudadano Barrero Espinosa se queja, en \u00faltimas, porque (i) el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ch\u00eda profiri\u00f3 sentencia anticipada \u00abcon poco estudio en las pruebas presentadas\u00bb, sin (ii) reparar en el desistimiento que una de las demandantes realiz\u00f3 al interior del juicio; y, (iii) que el Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1 declar\u00f3 inadmisible la alzada presentada contra lo determinado, so pretexto de tratarse de un asunto de \u00fanica instancia. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisados los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aqu\u00e9llos expuestos en la determinaci\u00f3n criticada tanto al Juzgado Tercero Civil Municipal de Ch\u00eda como al Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto lo determinado no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales cuya protecci\u00f3n invoca el impulsor de la queja constitucional, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
3.1. Mediante prove\u00eddo adiado 30 de abril de 2019, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ch\u00eda profiri\u00f3 orden de apremio por la v\u00eda ejecutiva de alimentos de menor cuant\u00eda a favor de Manuela Barrero Echavarr\u00eda e Ingrid Alida Echeverr\u00eda S\u00e1nchez en representaci\u00f3n del \u00abmenor JUAN PABLO BARRERO ECHEVERR\u00cdA\u00bb, por las cuotas alimentarias all\u00ed relacionadas (ver fl. 38 expediente digital). <\/p>\n
3.2. Previa solicitud de parte, por auto del 2 de marzo de 2020, esa sede judicial dispuso que previo a aceptar \u00abel desistimiento de las pretensiones de la demanda y en consecuencia decretar la terminaci\u00f3n del presente proceso, deber\u00e1 la memorialista coadyuvar su solicitud con la tambi\u00e9n demandante INGRID ALIDA ECHEVERR\u00cdA S\u00c1NCHEZ quien act\u00faa en representaci\u00f3n del menor JUAN PABLO BARRERO ECHEVERR\u00cdA\u00bb. <\/p>\n
3.3. La anterior determinaci\u00f3n, no fue objeto de reproche alguno. <\/p>\n
3.4. Cumplido el tr\u00e1mite de rigor, y por no encontrar pruebas que practicar pues en su totalidad eran documentales, esa sede judicial mediante sentencia anticipada del 7 octubre de 2020, declar\u00f3 no probadas \u00abno acreditadas las excepciones de m\u00e9rito propuestas dentro de este asunto\u00bb, y consecuencialmente, orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
3.5. Inconforme con lo decidido, el aqu\u00ed convocado interpuso oportunamente recurso de apelaci\u00f3n, tras considerar, entre otros aspectos, que al momento de interponer excepciones de m\u00e9rito aport\u00f3 \u00abuna lista de pagos que le correspond\u00edan a la madre tales como gastos de vivienda y estudio (\u2026) vestuario SIEMPRE fue incumplido por la demandante, o mejor dicho fue pagado de m\u00e1s por mi mandante\u00bb, situaciones que en su particular criterio \u00abcambian completamente el proceso ejecutivo\u00bb, aunado a que el juez de la causa no tuvo en cuenta el desistimiento presentado por una de las ejecutantes. <\/p>\n
3.6. El 22 de octubre de 2020, el fallador de primer grado concedi\u00f3 ese remedio vertical en el efecto devolutivo, y remiti\u00f3 el asunto al Juzgado de Familia de Zipaquir\u00e1 -reparto. <\/p>\n
4. Ante ese panorama, y de cara al primer cuestionamiento, esto es, el relacionado con la sentencia que declar\u00f3 no probadas las excepciones y dispuso, consecuencialmente, entre otras disposiciones, continuar con la ejecuci\u00f3n en contra del aqu\u00ed accionante, proferida por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ch\u00eda, en la que seg\u00fan el dicho del promotor del amparo, se desarroll\u00f3 con escaso estudio de las pruebas presentadas, suficiente con advertir que, para dar al traste con los medios exceptivos presentados concluy\u00f3, que los mismos \u00abdeben fundarse en hechos que sean posteriores a la providencia, conciliaci\u00f3n o transacci\u00f3n aprobada por quien ejerce la funci\u00f3n jurisdiccional, porque si tales hechos ocurrieron con anterioridad, es l\u00f3gico que pod\u00edan alegarse en esos tr\u00e1mites anteriores, y as\u00ed el deudor, si las aleg\u00f3 y fue vencido all\u00ed con decisi\u00f3n que tiene fuerza de cosa juzgada, ya no puede volver a plantearlas, como tampoco si no lo hizo y renunci\u00f3 a la invocaci\u00f3n de tales situaciones extintivas. De lo contrario, se desconocer\u00eda el efecto de la cosa juzgada de tales providencias\u00bb. <\/p>\n
Y siguiendo con esa l\u00ednea argumentativa asever\u00f3 el juez cognoscente, que del \u00abcontenido de la contestaci\u00f3n de la demanda, en realidad no encontramos ning\u00fan medio de defensa que impida el cobro de la obligaci\u00f3n aqu\u00ed ejecutada. En efecto las tablas de Excel no es evidencia de que se hayan efectuado los pagos y[,] por tanto[,] no ataca la existencia, validez y ejecutoria de la [c]onciliaci\u00f3n que impuso la obligaci\u00f3n econ\u00f3mica al aqu\u00ed demandado\u00bb. <\/p>\n
En segundo lugar, frente a la decisi\u00f3n del 7 de mayo actual, a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1 dijo que el proceso ejecutivo de alimentos es un asunto de \u00fanica instancia, y por lo tanto, no procede el recurso de apelaci\u00f3n, advierte la Sala que dicha determinaci\u00f3n obedece a una respetable interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que se entiende que esa decisi\u00f3n se encuentra debidamente sustentada y contiene un criterio respetable, en tanto que en ella se expusieron los fundamentos que sirvieron de sustento para declarar inadmisible la alzada formulada por el quejoso contra la sentencia que declar\u00f3 no probadas las excepciones all\u00ed propuestas y, por contera, sigui\u00f3 con la ejecuci\u00f3n, comoquiera que el asunto en el que se emiti\u00f3 tal orden, es un juicio ejecutivo de alimentos de \u00fanica instancia, y por tal efecto, no susceptible de alzada. <\/p>\n
5. De ese modo, no cabe duda de que, a diferencia de lo considerado por el accionante, las decisiones en mientes se soportaron en el an\u00e1lisis conjunto y ponderado de las pruebas y el razonable entendimiento de la normatividad aplicable al caso concreto, por lo que el mero disentimiento con la interpretaci\u00f3n normativa y probatoria realizada por la autoridad del asunto no permite, per se, la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto. <\/p>\n
De manera invariable ha se\u00f1alado la Sala de tiempo atr\u00e1s, que \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC2665-2021). <\/p>\n
6. Finalmente, frente a la decisi\u00f3n del 2 de marzo de la presente anualidad, a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ch\u00eda determin\u00f3 que previo a aceptar \u00abel desistimiento de las pretensiones de la demanda\u00bb, se coadyuvara esa petici\u00f3n, surge patente la confirmaci\u00f3n de la improcedencia del amparo reclamado, por cuanto en un acto constitutivo de incuria, el actor desaprovech\u00f3 los medios que proced\u00edan ante el juez natural para procurar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, por lo que a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a la tutela, dado que no pueden pretender ahora subsanar su propia incuria a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, porque al recaer el reclamo constitucional sobre la presunta ilegalidad en la que incurri\u00f3 el director del proceso al omitir terminar el proceso y al ser ese mecanismo el id\u00f3neo para cuestionar esa determinaci\u00f3n ha debido el promotor del resguardo interponer el recurso de reposici\u00f3n contra esa disposici\u00f3n, conforme lo habilita el canon 318 del C\u00f3digo General del Proceso, dado que \u00abla falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC5929-2021). <\/p>\n
Y sobre la eficacia de dicho remedio horizontal, la Corte ha expuesto que, \u00abno se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes\u00bb (\u00eddem). <\/p>\n
7. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia, pero por las particulares razones aqu\u00ed empleadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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