STC11414-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11414-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-00936-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el 28 de julio del a\u00f1o pasado, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Osmi Rafael Curiel Choles contra la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Descongesti\u00f3n de la misma especialidad y ciudad y la Fiscal\u00eda Veintis\u00e9is Especializada, adscrita a la Direcci\u00f3n para la Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando por conducto de apoderado, acude al presente mecanismo constitucional buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal acceso a la administraci\u00f3n de justicia, al debido proceso y a la propiedad\u00bb, presuntamente desconocidos por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Dice ser el titular del inmueble identificado con la matr\u00edcula 080-69982 (desenglobado del 080-0005734), por haberlo adquirido el 8 de mayo de 1995. <\/p>\n
Comenta que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n dio apertura al tr\u00e1mite de extinci\u00f3n de dominio respecto de los bienes de Pedro Antonio Manjarr\u00e9s Garc\u00eda, dentro de los que se encontraba el predio de su propiedad. <\/p>\n
Afirma que, pese a ser \u00abadquirente de buena fe exenta de culpa\u00bb, pues para la fecha de compra no exist\u00eda anotaci\u00f3n alguna en el folio de matr\u00edcula de la referida heredad, el ente investigador no le notific\u00f3 personalmente la iniciaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n, sino a trav\u00e9s de edicto que, considera, no re\u00fane las exigencias del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, al tiempo que la difusi\u00f3n en medio radial se realiz\u00f3 en una estaci\u00f3n \u00abtotalmente desconocida en la ciudad de Santa Marta y\u2026 en la localidad donde se encuentran los bienes\u00bb. <\/p>\n
Manifiesta, adem\u00e1s, no haber tenido conocimiento de ninguna actuaci\u00f3n \u00abrelacionada con el proceso\u2026 pues nunca [fue] informado, ni notificado de las mismas, raz\u00f3n por la cual, una vez surtidas las etapas procesales correspondientes, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1, mediante sentencia del 30 de abril de 2014, resolvi\u00f3 extinguir los bienes afectados\u00bb. <\/p>\n
Refiere que se enter\u00f3 de la existencia del tr\u00e1mite, cuando el asunto se encontraba en la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 para resolver los recursos de apelaci\u00f3n formulados contra el fallo que declar\u00f3 la p\u00e9rdida del derecho de propiedad, raz\u00f3n por la cual solicit\u00f3 la nulidad de lo actuado, petici\u00f3n desestimada por la referida colegiatura en la sentencia de 13 de febrero de 2020. <\/p>\n
3. En su criterio, la referida providencia adolece de \u00abdefecto f\u00e1ctico, sustantivo y procedimental absoluto\u00bb pues al figurar en la matr\u00edcula inmobiliaria del bien referenciado precedentemente, debi\u00f3 haber sido vinculado a la actuaci\u00f3n como afectado, as\u00ed como recibir notificaci\u00f3n personal de las decisiones que se profirieran, en especial la resoluci\u00f3n de inicio, de all\u00ed que, ante tal omisi\u00f3n, se le cercen\u00f3 la posibilidad de oponerse a la pretensi\u00f3n extintiva del Estado. <\/p>\n
4. Por lo anterior, solicita \u00abse deje sin efectos la sentencia de trece\u2026 de febrero de dos mil veinte\u2026 [y] se ordene al Tribunal\u2026 a que declare la nulidad de las actuaciones surtidas con posterioridad al proferimiento de del acto o resoluci\u00f3n que dio apertura al proceso de extinci\u00f3n de dominio, se ordene retrotraer la actuaci\u00f3n y que se provea lo pertinente a fin de garantizar el derecho al debido proceso [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s del magistrado ponente de la sentencia de segunda instancia, dijo que \u00ablas premisas f\u00e1cticas que sustentan el libelo tutelar fueron postuladas y debatidas al interior de su escenario natural, esto es, en el proceso de extinci\u00f3n de dominio\u00bb, siendo abordadas en su integridad en el prove\u00eddo que es objeto de reproche, en el cual se concluy\u00f3 que el aqu\u00ed gestor no era ajeno al tr\u00e1mite procesal por cuanto \u00abexistieron actos de administraci\u00f3n a cargo de la entidad administradora de bienes\u00bb am\u00e9n de que \u00aba lo largo del proceso se advirtieron maniobras para logar el levantamiento de medidas cautelares, al punto de falsificar firmas de funcionarios de la Fiscal\u00eda, la del suscrito [magistrado] y personal de la secretar\u00eda como en su momento se denunci\u00f3 ante el ente investigador\u00bb <\/p>\n
Pidi\u00f3 no acceder a las s\u00faplicas de la demanda pues, ante el fracaso de la defensa propuesta al interior del proceso extintivo, lo que se pretende con la interposici\u00f3n de este resguardo es convertirlo en una tercera instancia, lo que desnaturaliza la verdadera esencia de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
2. El Fiscal Veintis\u00e9is Especializado manifest\u00f3 no poder realizar pronunciamiento alguno \u00abtoda vez que no cuenta con el expediente\u2026 porque en el a\u00f1o 2008 fue remitido al juez competente para el adelantamiento del juicio\u2026 seg\u00fan lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 13 de la Ley 793 de 2002. <\/p>\n
3. El Procurador 131 Judicial II Penal sostuvo que \u00abcontrario a lo afirmado por el accionante\u2026 el Tribunal Superior de Bogot\u00e1\u2026 s\u00ed realiz\u00f3 el estudio del caso, analizando no solo los argumentos presentados por el se\u00f1or Curiel Choles sino que hizo una revisi\u00f3n minuciosa de las actuaciones que obran en el expediente\u00bb y decidi\u00f3 \u00abdentro de su autonom\u00eda judicial\u00bb por lo que \u00abno es viable cuestionar la valoraci\u00f3n probatoria a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela\u00bb pues no se trata de una herramienta de protecci\u00f3n adicional a las consagradas en el proceso ordinario. <\/p>\n
4. Sin referirse a los fundamentos f\u00e1cticos que motivaron la presentaci\u00f3n de este resguardo, valga decir, las presuntas irregularidades acaecidas en el tr\u00e1mite extintivo, el vicepresidente jur\u00eddico de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. pidi\u00f3 denegar las pretensiones por cuanto \u00abha actuado en desarrollo de la funci\u00f3n que le competen y con total respeto a los par\u00e1metros normativos que el ejercicio de su actividad le impone [administraci\u00f3n de los bienes vinculados al tr\u00e1mite]\u00bb <\/p>\n
5. El director jur\u00eddico del Ministerio de Justicia y del Derecho pidi\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb del presente tr\u00e1mite por cuanto \u00abexiste falta de legitimaci\u00f3n material en la causa por pasiva a nuestro favor ya que por la acci\u00f3n y omisi\u00f3n de esta cartera no se ha vulnerado el derecho invocado por el apoderado [sic]\u00bb. <\/p>\n
6. Por conducto de su representante legal judicial, la sociedad Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica S.A. E.S.P. dijo que \u00abdentro del predio\u2026 objeto del proceso de extinci\u00f3n de dominio\u2026 no tiene ning\u00fan tipo de derecho o infraestructura de su propiedad\u00bb, raz\u00f3n por la cual \u00abno se opone, ni coadyuva la acci\u00f3n constitucional incoada\u00bb <\/p>\n
7. Finalmente, el director de Rentas de la Secretar\u00eda de Hacienda del Distrito de Santa Marta se\u00f1al\u00f3 no haber \u00abparticipado en el tr\u00e1mite de extinci\u00f3n del derecho de dominio\u2026 que culmin\u00f3 con la sentencia [cuestionada]\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la protecci\u00f3n habida consideraci\u00f3n que \u00abla Sala de Extinci\u00f3n de Dominio\u2026 estudi\u00f3 cada uno de los argumentos planteados en la solicitud de nulidad por supuesta indebida notificaci\u00f3n [de la] iniciaci\u00f3n de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n del derecho de dominio\u00bb, encontrando que los fundamentos de la decisi\u00f3n reprochada son razonables y se sustentan en el examen integral de las actuaciones surtidas. <\/p>\n
Al margen de lo anterior indic\u00f3 que la tutela \u00abno es una instancia adicional para revivir oportunidades perdidas, ni una sede para que se imponga el criterio del accionante a toda costa\u00bb debi\u00e9ndose privilegiar los principios de autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El quejoso manifest\u00f3 su disenso frente a la anterior determinaci\u00f3n, sin presentar consideraci\u00f3n adicional alguna. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las garant\u00edas fundamentales del accionante al extinguir el derecho de dominio del inmueble distinguido con matr\u00edcula inmobiliaria 080-69982 (del que dice ser propietario) vinculado al proceso 2008-00012 (ED 172), sin haberlo enterado en debida forma de las decisiones adoptadas al interior de dicho tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica <\/p>\n
Si bien el censor extiende el reclamo a cuestionar las actuaciones surtidas al interior del tr\u00e1mite extintivo referido precedentemente, desde el inicio de la Fase Inicial, el examen que en esta oportunidad har\u00e1 la Corte se circunscribir\u00e1 al fallo de 13 de febrero de 2020 proferido por la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por cuanto en dicha providencia se defini\u00f3 la discusi\u00f3n aqu\u00ed planteada (no vinculaci\u00f3n del gestor al tr\u00e1mite procesal). <\/p>\n
Aclarado lo anterior, la Sala resalta que ninguna irregularidad se advierte en la determinaci\u00f3n objeto de reproche, pues en ella, la colegiatura convocada, efectu\u00f3 un an\u00e1lisis integral de los argumentos presentados por el ac\u00e1 quejoso para solicitar la nulidad de las actuaciones surtidas a partir de la resoluci\u00f3n de inicio, de cara a las piezas procesales que componen el expediente. <\/p>\n
Para tal efecto, la autoridad judicial, pese a la extemporaneidad de la que adolec\u00eda tal deprecaci\u00f3n, abord\u00f3 el examen correspondiente de la actividad desarrollada por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u00abpara lograr la comparecencia de\u2026 Osmi Rafael Curiel\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, inici\u00f3 recordando que, en la Resoluci\u00f3n de 26 de noviembre de 2002, el ente persecutor dispuso \u00abla iniciaci\u00f3n oficiosa del tr\u00e1mite de extinci\u00f3n del derecho de dominio respecto de los bienes inmuebles, sociedades y establecimientos de comercio del se\u00f1or Pedro Antonio Manjarr\u00e9s Garc\u00eda y algunos de sus familiares\u00bb ordenando el embargo, secuestro y la suspensi\u00f3n del poder dispositivo de aquellos, por lo que pasaron a la administraci\u00f3n de la extinta Direcci\u00f3n Nacional de Estupefacientes; asimismo se enter\u00f3 de tal determinaci\u00f3n a los afectados \u00abde conformidad con lo normado en el numeral 2 del art\u00edculo13 del Decreto 1975 de 2002\u00bb y se acudi\u00f3 al emplazamiento como m\u00e9todo de notificaci\u00f3n supletivo para aquellos \u00absujetos procesales que aun no hab\u00edan comparecido para intervenir en el tr\u00e1mite\u00bb cuya publicaci\u00f3n se realiz\u00f3 \u00aben el diario La Rep\u00fablica y [fue] difundido por la emisora Radio Aut\u00e9ntica el 13 de marzo de 2003\u00bb. <\/p>\n
Procedi\u00f3 a verificar que el edicto difundido en radio y prensa reuniera las exigencias legales, determinando que en dicha pieza procesal \u00abse especific\u00f3 la identificaci\u00f3n de los bienes por los que se proced\u00eda y adem\u00e1s el acto de tradici\u00f3n de los mismos, especificando los nombres de las personas que participaron en ellos\u00bb, entre ellos Osmi Rafael Curiel Choles de quien se aclar\u00f3 haber celebrado \u00abcompraventa a Pedro Antonio Manjarr\u00e9s Garc\u00eda [protocolizada en] escritura p\u00fablica No. 654 del 21-03-2001, Notar\u00eda Segunda de Santa Marta\u00bb <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, ante la incomparecencia del emplazado, el organismo instructor design\u00f3 curador ad litem para que asumiera su representaci\u00f3n, auxiliar de la justicia a quien, previa juramentaci\u00f3n y posesi\u00f3n, se le notific\u00f3 personalmente la Resoluci\u00f3n de Inicio el 9 de junio de 2003. <\/p>\n
Por lo anterior, estim\u00f3 que \u00absi bien es cierto no se logr\u00f3 el enteramiento personal de\u2026 Osmi Rafael Curiel, tambi\u00e9n lo es que se agotaron los mecanismos supletorios establecidos en la ley para perfeccionar tal acto comunicacional, situaci\u00f3n que descarta la existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso\u00bb. <\/p>\n
Al margen de lo expuesto, no acept\u00f3 los planteamientos del solicitante (aqu\u00ed quejoso) de que tuvo conocimiento del tr\u00e1mite procesal solo hasta que el proceso arrib\u00f3 al Tribunal para resolver los recursos de apelaci\u00f3n formulados frente al fallo que extingui\u00f3 el derecho de dominio por cuanto: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en los respectivos folios de matr\u00edcula inmobiliaria fueron inscritas las medidas de embargo, secuestro [sic] y suspensi\u00f3n del poder dispositivo\u2026 desde el 4 de diciembre de 2002\u2026 motivo por el cual resulta poco cre\u00edble que solo hasta noviembre de 2016, esto es despu\u00e9s de m\u00e1s de 10 a\u00f1os, cuando ya la actuaci\u00f3n se halla en el estadio final se enterara de la existencia del tr\u00e1mite, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que el certificado constituye un medio para garantizar la publicidad del proceso extintivo con la inscripci\u00f3n de las medidas restrictivas del dominio. <\/p>\n
Lo segundo es que los activos han estado todo el tiempo bajo la administraci\u00f3n de la entidad competente, como consecuencia del secuestro, esto se acredita con las resoluciones Nos. 1141 de 10 de diciembre de 2002, 628 de 8 de julio de 2003 y 0151 de 10 de febrero de 2006 de la Direcci\u00f3n Nacional de Estupefacientes en las que se evidencia la designaci\u00f3n de los depositarios provisionales, gesti\u00f3n administrativa que tambi\u00e9n pudo corroborar la Sala con el informe de Polic\u00eda Judicial No. 144452 de 16 de diciembre de 2003. <\/p>\n
(\u2026) el inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria No. 080.69982 pues aunque all\u00ed figura como propietario inscrito el se\u00f1or Curiel Choles Osmi Rafael, en realidad el titular del derecho es el afectado [Pedro Antonio Manjarr\u00e9s Garc\u00eda], pues el se\u00f1or Curiel Choles le enajen\u00f3 el derecho\u2026 mediante escritura p\u00fablica No. 654 del 21 de marzo de 2001, por valor de $20.000.000 que el vendedor declar\u00f3 haber recibido a entera satisfacci\u00f3n. Lo anterior para significar que el titular del derecho de dominio en realidad es el se\u00f1or Pedro Antonio Manjarr\u00e9s Garc\u00eda\u2026 de quien se prob\u00f3 que el origen de los recursos con los cuales constituy\u00f3 su patrimonio proviene de la actividad il\u00edcita del narcotr\u00e1fico. <\/p>\n
(\u2026) Lo anterior explica el motivo por el cual desde el origen del proceso el apoderado que en ese momento agenciaba los intereses del se\u00f1or Manjarr\u00e9s Garc\u00eda afirmara que este \u00faltimo era propietario de tales bienes, al punto que los mismos fueron tenidos en cuenta\u2026 en el estudio contable que present[\u00f3] para oponerse a la acci\u00f3n extintiva. <\/p>\n
(\u2026) en lo que tiene que ver con el inmueble\u2026 sostuvo: \u201cadquisici\u00f3n de bienes ra\u00edces: para el presente a\u00f1o Inversiones Manfimar Ltda. entreg\u00f3 como abono a la deuda contra\u00edda con el se\u00f1or Pedro Manjarr\u00e9s, una casa que a su vez hab\u00eda recibido como parte de pago de un deudor de nombre Osmi Curiel Choles representante y propietario de la empresa Constructora Avenida el Libertador por compras de materiales hechos en su establecimiento comercial denominado \u2018Ferreter\u00eda Karen\u2019, Casa No. 2, Quintas del Country por $20.000.000, escritura 654 de marzo 21 del 2001 de la notar\u00eda 2\u00aa de Santa Marta (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Concluy\u00f3 entonces que la Fiscal\u00eda encargada de adelantar la fase inicial del tr\u00e1mite extintivo en efecto \u00abagot\u00f3 los mecanismos establecidos en la ley para el enteramiento de la susodicha decisi\u00f3n [Resoluci\u00f3n de Inicio], a estas personas; adem\u00e1s, se evidenciaron actos de administraci\u00f3n de los bienes y de registro de medidas cautelares que dieron publicidad a la existencia del proceso y existen circunstancias demostrativas de la verdadera propiedad de los bienes en cabeza del se\u00f1or Pedro Antonio Manjarr\u00e9s Garc\u00eda\u00bb. <\/p>\n
De acuerdo con el anterior recuento, es claro que la decisi\u00f3n objeto de reproche se encuentra debidamente sustentada en tanto que la corporaci\u00f3n demandada indic\u00f3 las razones por las cuales consideraba que no exist\u00edan las falencias atribuidas por el ac\u00e1 quejoso con las que buscaba invalidar lo actuado. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, no se observa el acaecimiento de una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada, porque el demandante encamin\u00f3 la presente queja constitucional a tratar de imponer su particular intelecci\u00f3n de las normas que gobiernan la extinci\u00f3n del derecho de dominio, por encima de la hermen\u00e9utica de la sala convocada; adem\u00e1s, la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la procedencia de la salvaguarda pues, como enf\u00e1ticamente lo ha reiterado esta Sala, m\u00e1s all\u00e1, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al margen del criterio que esta Corporaci\u00f3n pudiera tener frente al razonamiento expresado por la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en torno al asunto debatido, mientras el mismo no se observe infundado, no hay lugar a la intervenci\u00f3n de esta particular justicia, reservada para casos de indiscutible arbitrariedad judicial <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar la negativa del amparo porque, seg\u00fan se verific\u00f3, la decisi\u00f3n cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la Sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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STC11414-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC11414-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-00936-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57359","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57359","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57359"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57359\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57359"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57359"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57359"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}