STC11415-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11415-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 73001-22-13-000-2021-00258-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de primero de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 9 de agosto de 2021, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Mar\u00eda Yuled Parra Parra contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada, en el tr\u00e1mite ejecutivo (radicaci\u00f3n 2000-00231). <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que el Banco Popular formul\u00f3 ejecuci\u00f3n contra Margery Parra Parra (radicado 2000-00231-00), juicio en el que se cautel\u00f3 y remat\u00f3 el bien identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 350-136764, el cual afirma ocupar por m\u00e1s de treinta a\u00f1os. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, al momento de la entrega llevada a cabo el 21 de julio del presente a\u00f1o, se opuso como tercera poseedora, manifestaci\u00f3n que fue rechazada de plano, raz\u00f3n por la cual consider\u00f3 vulnerado su derecho a la defensa, porque \u00abno solo tengo la tenencia de parte del predio sino la posesi\u00f3n, seg\u00fan se establece mediante pago de impuestos, luz, agua y gas por m\u00e1s de 30 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3 \u00abla REVOCATORIA de la decisi\u00f3n tomada por el se\u00f1or Juez (\u2026) restableciendo mis derechos fundamentales vulnerados\u00bb, o, en su defecto, dar tr\u00e1mite a la oposici\u00f3n planteada. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 expres\u00f3 que la querellante, el d\u00eda de la diligencia de entrega, no present\u00f3 oposici\u00f3n alguna y adicionalmente se neg\u00f3 a mostrar su documento de identificaci\u00f3n, sin embargo, acord\u00f3 con el rematante desocupar voluntariamente la vivienda dentro de los treinta d\u00edas siguientes. <\/p>\n
2. Carlos Augusto Troncoso advirti\u00f3 que, seg\u00fan consta en el acta suscrita por todos los comparecientes, la aqu\u00ed gestora no declar\u00f3 su intenci\u00f3n de oponerse al desalojo del predio, ya que \u00aben dicha diligencia solamente se opuso el se\u00f1or Jhon Jairo Roa Caicedo por intermedio de su apoderado\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo desestim\u00f3 el amparo por el incumplimiento del criterio de subsidiariedad, teniendo en cuenta que, una vez revisadas las actuaciones procesales, no infiri\u00f3 una \u00abparticipaci\u00f3n procesalmente activa\u00bb de la querellante, en el tr\u00e1mite del cual se duele. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante recurri\u00f3 la precitada sentencia, afirmando que s\u00ed ejerci\u00f3 la oposici\u00f3n durante el procedimiento llevado a cabo el 21 de julio del presente a\u00f1o, por lo que considera que el fallo impartido, no se ajusta a los hechos que motivaron la acci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, vulner\u00f3 la prerrogativa denunciada por la gestora por cuanto, supuestamente, no tuvo en cuenta la oposici\u00f3n formulada en la diligencia de entrega del inmueble rematado, en virtud del proceso ejecutivo n.\u00b0 2000-00231. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no fue incorporado al ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas. De ah\u00ed que, mientras subsistan medios regulares de defensa, o los mismos est\u00e9n siguiendo el cauce previsto por el legislador, no sea viable acudir al remedio constitucional previsto en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica (a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable). <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad iusfundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u201d\u00bb (CSJ STC 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01). <\/p>\n
3. De la incuria. <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa, dado el car\u00e1cter residual de esta acci\u00f3n. De otra manera, esta se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo que terminar\u00eda desdibujando el prop\u00f3sito de esta excepcional herramienta constitucional de protecci\u00f3n. <\/p>\n
En lo relativo a esta tem\u00e1tica, la Corte ha sostenido lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC 6 jul. 2010, rad. 2010-00241-01; ratificada en CSJ STC5123-2018, 20 abr.). <\/p>\n
Por ese mismo sendero, se ha decantado que: <\/p>\n
\u00ab[N]o basta que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (CSJ STC6320-2018, 16 may.). <\/p>\n
4. Caso concreto <\/p>\n
4.1. Revisadas las diligencias, se advierte que el reclamo no cumple el requisito de subsidiariedad en la modalidad de incuria, dado que, si la querellante estima ser poseedora del predio embargado \u00abdesde hace m\u00e1s de 30 a\u00f1os\u00bb, debi\u00f3 oponerse, en su momento, al secuestro que se llev\u00f3 a cabo el 15 de febrero de 20011, (pues, seg\u00fan consta en acta, \u00abno se present\u00f3 oposici\u00f3n alguna\u00bb) y hacer valer esa calidad en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 686 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, aplicable para esa \u00e9poca; o, en su defecto, instaurar el incidente para el levantamiento de dicha medida, en la forma establecida por el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 687 ib\u00eddem. <\/p>\n
De esta manera, la situaci\u00f3n descrita impide reabrir un debate constitucional frente a aspectos que debieron ser aducidos dentro de la causa civil y respetando las reglas propias del juicio. En un caso semejante, la Corte se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) as\u00ed las cosas, si se consideraba con derechos sobre el aludido predio y adem\u00e1s era la poseedora del mismo, como as\u00ed lo afirma, debi\u00f3, acreditando los supuestos f\u00e1cticos necesarios, comparecer en las distintas oportunidades que consagra el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por ejemplo, oponerse a la realizaci\u00f3n del secuestro en la pertinente diligencia, conforme al art\u00edculo 686 par\u00e1grafo 2\u00ba, o, formular dentro de los 20 d\u00edas siguientes a tal acto procesal el incidente para levantar esa medida, previsto en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 687 de la obra en cita; omisi\u00f3n que excluye la posibilidad de acudir con \u00e9xito al instrumento excepcional de amparo, que por su naturaleza residual y subsidiaria s\u00f3lo puede ser utilizado cuando no se ha dispuesto de otra forma de resguardo judicial (CSJ, SC, 30 de septiembre de 2008, exp, 2008-00321-01, reiterado el 23 de enero de 2015, STC226). <\/p>\n
Entonces, como no se agot\u00f3 ninguna de las anteriores, hip\u00f3tesis, es inviable el resguardo para subsanar la incuria. <\/p>\n
4.2. Por \u00faltimo, en cuanto a la diligencia de entrega del inmueble en disputa, realizada el 21 de julio de 2021, resta decir que \u00e9sta se orden\u00f3 luego de agotadas todas las etapas del ejecutivo, sin que se advierta un perjuicio irremediable o una situaci\u00f3n especial que impidiera su pr\u00e1ctica, lo anterior, teniendo en cuenta que se fundament\u00f3 en la norma procesal aplicable al caso concreto. <\/p>\n
Sobre el tema la Corte ha se\u00f1alado que este tipo de diligencias: \u00ab(\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales (\u2026) De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u00bb (CSJ, STC, 29 nov. 2006, citada en STC7665 de 9 jun. 2016). <\/p>\n
En otra ocasi\u00f3n esta Corporaci\u00f3n indic\u00f3 que: \u00ab(\u2026) la tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2009, exp. 1496-01, citada en STC9158 de 7 jul. 2016). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Consecuencia de lo analizado, se impone ratificar el fallo de primera instancia ya que, como lo tiene planteado esta Corporaci\u00f3n, \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, -como aqu\u00ed ocurri\u00f3-, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas\u00bb (CSJ STC, 5048-2018, 19 abr.). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Expediente Digital proceso n\u00b073001-31-03-002-2000-00231-00. Cuaderno de medidas cautelares. Folio 172. <\/p>\n
<\/p>\n
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