STC11424-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11424-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2021-00290-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 5 de agosto de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Rub\u00e9n Dar\u00edo Upequi Castillo contra los Juzgados Promiscuo Municipal de Arbel\u00e1ez y Familia del Circuito de Fusagasug\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados al tr\u00e1mite los intervinientes en el proceso de sucesi\u00f3n radicado n\u00ba 2011-00264. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, invoca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, vivienda digna y dignidad humana, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expuso que reside en la finca denominada \u00abLas Rositas\u00bb en el municipio de Arbel\u00e1ez desde hace m\u00e1s de 11 a\u00f1os ejerciendo \u00abactos de se\u00f1or y due\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que dicho predio fue objeto de demanda reivindicatoria promovida por Paola Andrea Dur\u00e1n Upequi y Martha Isabel Upegui Castillo, que no prosper\u00f3, pues el Tribunal Superior de Cundinamarca neg\u00f3 las pretensiones; e igualmente, contra dicha autoridad las mencionadas demandantes interpusieron acci\u00f3n de tutela, sin \u00e9xito, pues fue desestimada en ambas instancias por esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, cont\u00f3 que el 13 de julio de 2021 el Juez Promiscuo Municipal de Arbel\u00e1ez ingres\u00f3 a su predio para el cumplimiento de despacho comisorio ordenado por el Juzgado de Familia de Fusagasug\u00e1, dentro del proceso de sucesi\u00f3n radicado n\u00ba 2011-00264 de Rosa Castillo de Lozano. <\/p>\n
Destac\u00f3 que en dicha diligencia su abogado manifest\u00f3 oposici\u00f3n al desalojo, argumentando principalmente que la orden estaba dirigida a un inmueble diferente, ya que la entrega se dispuso respecto del bien con matr\u00edcula inmobiliaria 157-19635, mientras que sobre el que alega posesi\u00f3n se identifica con matr\u00edcula 157-19636, y agreg\u00f3 que, \u00ab[su] apoderado le entreg\u00f3 al juez todos los documentos para probar de que estaba [\u2026] en un predio diferente y ajeno al cual deb\u00eda y ten\u00eda la obligaci\u00f3n de realizar la diligencia\u00bb. <\/p>\n
Empero, relat\u00f3 que, el juez \u00abcon cierto aire de prepotencia, jam\u00e1s observ\u00f3 ni analiz\u00f3 los documentos y pruebas que mi apoderado le present\u00f3 (\u2026)\u00bb, y orden\u00f3 continuar con la diligencia. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, su mandatario interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra la determinaci\u00f3n de rechazar la oposici\u00f3n, la que fue concedida, pero, \u00abdispuso que la entrega se realizara inmediatamente, cometiendo otro grave error, por cuanto la entrega no se puede realizar sino despu\u00e9s de que se resuelva el recurso de apelaci\u00f3n presentado\u00bb. Adicionalmente, el juez comisionado decidi\u00f3 que la entrega definitiva se materializar\u00eda el 26 de agosto de 2021 a\u00fan si el recurso para entonces no se ha resuelto, pese a que no proced\u00eda, seg\u00fan aleg\u00f3, de acuerdo al art\u00edculo 323 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Cuestiona las actuaciones de los jueces aqu\u00ed accionados porque \u00abdispusieron y ordenaron una entrega de un inmueble con matr\u00edcula 157-19635 que no tiene divisi\u00f3n f\u00edsica y material con el predio 157-19363\u00bb. Finalmente, adujo que es persona de \u00abla tercera edad\u00bb que merece consideraci\u00f3n especial, seg\u00fan lo establece la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 que se suspenda \u00abla entrega ordenada el 13 de julio de 2021, hasta que resuelva definitivamente el recurso de apelaci\u00f3n concedido el mismo d\u00eda de la diligencia por el juez accionado\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Sin realizar pronunciamientos expresos sobre la demanda tutelar, los despachos convocados, a su turno, allegaron copia del proceso de sucesi\u00f3n en el que se orden\u00f3 la entrega del inmueble en cuesti\u00f3n (radicado n\u00ba 2011-00264) y de lo acontecido en la diligencia del 13 de julio de 2021 adelantada por el juzgado comisionado. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al advertirla prematura, comoquiera que, \u00ab(\u2026) actualmente se encuentra en tr\u00e1mite ante la Sala Civil Familia de este Tribunal, en cuya decisi\u00f3n deber\u00e1 determinarse si al se\u00f1or Rub\u00e9n Dar\u00edo Upegui Castillo le asiste el derecho de conservar la posesi\u00f3n, si en verdad se configuran los errores que pregona el apelante en cuanto a la identidad del predio y en general todo aquello que ata\u00f1e a la oposici\u00f3n a la entrega ordenada en el proceso de sucesi\u00f3n de la se\u00f1ora Rosa Castillo de Lozano\u00bb. <\/p>\n
De igual manera, la advirti\u00f3 improcedente frente al reclamo de haberse dispuesto la entrega inmediata del bien, sin esperar a la resoluci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, pues \u00abning\u00fan reproche hizo contra la decisi\u00f3n del comisionado [\u2026] debi\u00f3 en su momento formular el recurso de reposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el querellante reiterando las alegaciones del escrito inicial. Insisti\u00f3 en su calidad de poseedor del predio objeto de entrega, seg\u00fan afirm\u00f3, tal como fue reconocido en el juicio reivindicatorio y \u00abratificado en las sentencias de tutela\u00bb. Del fallo del tribunal a quo refut\u00f3 que, no era \u00abnecesario interponer el recurso de reposici\u00f3n para formular directamente el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb; alegaciones que replic\u00f3 en memorial posterior, en el que agreg\u00f3 que, no proced\u00eda remitir la apelaci\u00f3n interpuesta al tribunal superior, dado que lo concerniente a la oposici\u00f3n formulada le compet\u00eda resolverla al juez comitente y que el auto que la rechaz\u00f3 y orden\u00f3 la entrega del bien \u00abes uno solo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si la presente demanda atiende el requisito de la subsidiariedad; y, de superar dicho an\u00e1lisis, si las autoridades judiciales accionadas vulneraron las prerrogativas denunciadas por el actor al (i) ordenar la entrega del inmueble que alega poseer (Juzgado de Familia de Fusagasug\u00e1); y, (ii) rechazar la oposici\u00f3n que formul\u00f3 contra la misma en la diligencia del 13 de julio de 2021 (Juzgado Promiscuo Municipal de Arbel\u00e1ez). <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01). <\/p>\n
3. Del car\u00e1cter prematuro de la salvaguarda. <\/p>\n
Ligado al criterio subsidiario, se ha destacado que \u00e9ste tambi\u00e9n se incumple cuando la demanda procura la protecci\u00f3n constitucional de asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco del tr\u00e1mite judicial cuestionado. De la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, ha sentado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial u debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (ver entre otras STC6172-2015, 21 may. 2015, 2015-00163-01 y STC7886-2016, 16 jun 2016, 2016-01544-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de determinaciones sobre aspectos que le corresponde resolver al juzgador competente, pues no puede arrogarse facultades ajenas. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Conforme lo destacado, y tal como lo se\u00f1al\u00f3 el a quo, el presente amparo resulta improcedente por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad que le es inherente, puesto que, seg\u00fan se desprende de lo aportado, frente a la determinaci\u00f3n del juez comisionado de rechazar la oposici\u00f3n formulada contra la diligencia de entrega del inmueble, el apoderado del ac\u00e1 actor interpuso el recurso de apelaci\u00f3n, el cual, seg\u00fan se constat\u00f3 en el historial del proceso (en el sistema de consulta web de la Rama Judicial), no ha sido resuelto por el superior. <\/p>\n
En consideraci\u00f3n de lo anterior, no es procedente que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n a cuestiones que a\u00fan debe dirimir el juez ordinario en la instancia respectiva, pues el amparo no se ha concebido como un mecanismo sustitutivo de los medios de defensa establecidos por la ley. <\/p>\n
De ah\u00ed que, si se present\u00f3 recurso de \u00abalzada\u00bb contra la decisi\u00f3n referida, le corresponde primero resolverlo al ad quem de la causa, sin que sea viable anticiparse al proferimiento que aqu\u00e9l, en el marco de sus funciones, autonom\u00eda e independencia, pueda adoptar frente a la controversia. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, hasta que no se emita un pronunciamiento en ese sentido, no es viable incursionar en este \u00e1mbito supralegal para censurar la postura de autoridad judicial accionada. <\/p>\n
4.1. As\u00ed mismo, el presupuesto de la subsidiariedad destacado \u2013 por incuria \u2013 resulta aplicable al reclamo por la decisi\u00f3n de proseguir con el procedimiento de entrega del inmueble, pues, por tratarse de una determinaci\u00f3n independiente a la del rechazo de la oposici\u00f3n, proced\u00eda el recurso de reposici\u00f3n, pero ning\u00fan cuestionamiento manifest\u00f3 el interesado al juez comisionado, como puede verificarse en el acta de dicha actuaci\u00f3n, donde se plasm\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de conformidad con el art\u00edculo 321 numeral 9 del C.G.P., el Despacho concede el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto ante el superior jer\u00e1rquico del juez comitente, en el efecto devolutivo, es decir, que no obstante a que se concede el recurso de apelaci\u00f3n en el efecto devolutivo se debe continuar con la presente diligencia de entrega. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se contin\u00faa con la misi\u00f3n encomendada, concedi\u00e9ndose el uso de la palabra al apoderado judicial del se\u00f1or Rub\u00e9n Dar\u00edo Upegui, quien solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n de la diligencia, hasta tanto el superior no se pronuncie sobre la apelaci\u00f3n, a lo cual se aclar\u00f3 al profesional del derecho que el marco normativo que rige la diligencia est\u00e1 dado por los art\u00edculos 308 y s.s., verificando el numeral octavo donde se hace relaci\u00f3n a la oposici\u00f3n a la entrega, donde indica \u201csi se rechaza la oposici\u00f3n la entrega se practicar\u00e1 sin atender ninguna otra oposici\u00f3n haciendo uso de la fuerza p\u00fablica si fuere necesario, as\u00ed mismo se le indic\u00f3 el efecto devolutivo en que se hab\u00eda concedido el recurso lo que implicaba la continuaci\u00f3n de la diligencia encomendada. <\/p>\n
Continuando con el curso de la diligencia, el apoderado del se\u00f1or Rub\u00e9n Upegui, indic\u00f3 que su poderdante reside en dicho sitio y tiene sus bienes all\u00ed, por lo cual solicit\u00f3 un t\u00e9rmino prudencial para poder desalojar el mismo, motivo por el cual se le corri\u00f3 traslado al apoderado judicial de los solicitantes quien manifest\u00f3 que frente a la solicitud hecha por el se\u00f1or Rub\u00e9n Upegui para desocupar el inmueble dicho tiempo deber\u00eda ser de treinta (30) d\u00edas a partir de la fecha, frente a los arrendadores del predio ten\u00edan que entenderse con el se\u00f1or secuestre\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha sido enf\u00e1tica en precisar que \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (\u2026)\u00bb (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC7002-2015, 4 jun. rad 00076-01, STC11348-2015, 27 ag. rad. 00156-01 y STC11856-2015, 4 sep. rad. 00162-01). <\/p>\n
De manera que, la no utilizaci\u00f3n del se\u00f1alado medio de impugnaci\u00f3n, implica la inviabilidad de la acci\u00f3n de tutela en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991, ya que es deber de los interesados agotar todos los mecanismos de defensa antes de ejercerla. <\/p>\n
5. Consideraciones adicionales. <\/p>\n
5.1. Al margen de lo anterior, cabe resaltar la postura reiterada de la Corte en la que se indica que, no es viable acudir a este auxilio como medio para suspender, retrotraer o invalidar el desarrollo y cumplimiento de diligencias que tienen origen en providencias en firme, ya que estas \u2013 como lo es la entrega del predio \u2013 son la consecuencia l\u00f3gica del litigio con sustento en una determinaci\u00f3n judicial que le puso fin luego de agotadas las etapas pertinentes; de forma que, la orden de entrega del inmueble no puede considerarse por s\u00ed sola conculcadora de derechos fundamentales en tanto tuvo su origen en una providencia v\u00e1lidamente dictada en el curso del tr\u00e1mite ordinario. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado que \u00abla tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb. (Sentencia de 28 de octubre de 2009, exp. T-2009-1496-01, citada el 29 de agosto de 2012, exp. 2012-01295-01, reiterada en STC16630-2015, 4 dic. 2015, rad. 2015-02935-00). <\/p>\n
En otro pronunciamiento dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [l]a Sala ha indicado sobre el punto que \u201cen principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia (\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, adem\u00e1s, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para s\u00ed y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u201d. (Sentencia del 29 de noviembre de 2006, exp. 2006-00079-01, citada en STC638-2017, 26 enero 2017, rad. 2017-00023-00). <\/p>\n
5.2. Finalmente, sobre la afirmaci\u00f3n del libelista de que es sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional \u2013en tanto pertenecer\u00eda a la tercera edad\u2013, esta Corte pone de relieve que no resulta suficiente esa aseveraci\u00f3n para otorgar el amparo en la forma pretendida, pues, sobre el particular, se ha dicho que \u00ab(\u2026) las condiciones personales y econ\u00f3micas invocadas por la gestora como fundamento del amparo, no pueden sobreponerse a lo decidido (\u2026) escenario donde cont\u00f3 con plenas garant\u00edas para la defensa de sus derechos e intereses jur\u00eddicos\u00bb (CSJ. 19 may. de 2011, exp. 00412, reiterada en STC9124-2014, 14 jul.). <\/p>\n
6. Conclusiones. <\/p>\n
6.1. La demanda tutelar se advierte prematura, y en consecuencia improcedente, ya que su pertinencia pierde vigor cuando existen v\u00edas jur\u00eddicas a emplear al interior del proceso cuestionado, cuando las mismas est\u00e1n cursando y\/o se encuentran pendientes de resoluci\u00f3n. <\/p>\n
6.2. El accionante actu\u00f3 con incuria al no impugnar a trav\u00e9s del remedio ordinario pertinente la determinaci\u00f3n frente a la que se muestra inconforme, desperdiciando la posibilidad de replantear ante el funcionario comisionado, las alegaciones que por este mecanismo excepcional propone respecto a la continuaci\u00f3n de la diligencia de entrega, pese a la interposici\u00f3n de la \u00abalzada\u00bb contra el rechazo a la oposici\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo mediante telegrama o por otro medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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