STC11445-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11445-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-00700-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de primero de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 29 de abril de 2021, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Robert Eduardo Herrera Ru\u00edz contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 3 de la Corte Suprema de Justicia y su hom\u00f3loga Laboral del Tribunal Regional de Descongesti\u00f3n con sede en el Distrito Judicial de Santa Marta. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al acceso a la justicia, debido proceso, entre otros, supuestamente vulnerados por las autoridades convocadas en un juicio laboral que inici\u00f3 (SL1895-2019, rad. 64214). <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que el 1 de julio del 2000 empez\u00f3 a laborar como m\u00e9dico de consulta externa en Coomeva EPS S.A., para lo cual \u00able impusieron\u00bb como condici\u00f3n afiliarse a una cooperativa de trabajo asociado que fue constituida \u2013en su criterio\u2013 de forma irregular. Recalc\u00f3 que siempre prest\u00f3 sus servicios profesionales en las instalaciones de la mencionada entidad, con los insumos all\u00ed dispuestos y cumpliendo horarios, pero en 2007 fue despedido. <\/p>\n
Por lo anterior, present\u00f3 demanda, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cartagena, quien accedi\u00f3 al petitum declarando la intermediaci\u00f3n laboral entre la cooperativa y Coomeva EPS S.A. y ordenando el pago de las acreencias prestacionales. Sin embargo, en sede de apelaci\u00f3n, el Tribunal Regional de Descongesti\u00f3n revoc\u00f3 lo resuelto por el a quo, por lo que, inconforme, recurri\u00f3 en sede extraordinaria y la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 3 mantuvo en firme la determinaci\u00f3n desfavorable del ad quem. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3, en resumen, \u00abDECLARAR NULA LA SENTENCIA DE LA SALA DE CASACI\u00d3N LABORAL SL1895-2019 (\u2026) [y] DEJAR EN FIRME LA DECISI\u00d3N DE PRIMERA INSTANCIA EMANADA DEL JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
De conformidad con el recuento realizado por el tribunal a quo, se tienen las siguientes: <\/p>\n
\u00ab2.1 El magistrado JORGE PRADA S\u00c1NCHEZ, integrante de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia solicita negar el amparo, en atenci\u00f3n a que el accionante no satisfizo el requisito de la inmediatez. Lo anterior, por cuanto la sentencia de casaci\u00f3n objetada data del 29 de mayo de 2019. Agrega que, la misma fue emitida con estricto apego a la Constituci\u00f3n y a la ley, fruto del estudio objetivo de los cargos y sin que resulte arbitraria ni lesiva de derecho alguno, de ah\u00ed que goce de la presunci\u00f3n de acierto y legalidad, presupuestos que no fueron atacados por el gestor del reclamo. Allega copia de la sentencia de casaci\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
2.2. El abogado TOB\u00cdAS GALV\u00c1N CORREA manifiesta que a la fecha de intervenci\u00f3n no tiene relaci\u00f3n con la Cooperativa de Trabajo Asociado COOINSEMED, debido a que se extingui\u00f3 el poder otorgado para representarla dentro del proceso ordinario laboral, subrayando que tampoco tiene facultades para asistirla en la actualidad, m\u00e1s a\u00fan cuando desconoce su domicilio. <\/p>\n
2.3. El Procurador Judicial II para Asuntos de Trabajo y Seguridad Social, procurando la declaratoria de improcedencia, expuso con fundamento en la sentencia CC SU-267\/2019 que quien interpone una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales, como acontece en el caso concreto, debe cumplir unos requisitos generales y especiales de procedencia. Por consiguiente, afirma que el reproche que acusa la parte actora no resulta susceptible de correcci\u00f3n por la v\u00eda del amparo constitucional, toda vez que no puede entenderse que la acci\u00f3n de tutela sea una instancia m\u00e1s en el tr\u00e1mite jurisdiccional. <\/p>\n
2.4. La Sala Tercera de Decisi\u00f3n Laboral del Tribunal Regional de Descongesti\u00f3n con sede en el Distrito Judicial de Santa Marta y el Juzgado 2\u00ba Laboral del Circuito de Cartagena-Bol\u00edvar, guardaron silencio\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n deneg\u00f3 amparo, porque \u00abdesde la fecha en que se decidi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n -29 de mayo de 2019- por medio del cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia no cas\u00f3 la sentencia del 15 de junio de 2012 proferida por la Sala Tercera de Decisi\u00f3n Laboral del Tribunal Regional de Descongesti\u00f3n con sede en el Distrito Judicial de Santa Marta, hasta la interposici\u00f3n del presente amparo ha transcurrido un (1) a\u00f1o y 11 meses aproximadamente, lo que es contrario al principio de inmediatez\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El censor recurri\u00f3 la precitada providencia, sin esgrimir argumentos adicionales a los expuestos en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 el gestor (SL1895-2019, rad. 64214) porque confirm\u00f3 la resoluci\u00f3n desfavorable del tribunal ad quem, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas fundamentales. <\/p>\n
2. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema, esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ago. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado, entre otros, en STC11374-2016, 17 ago. rad. 01250-01) Resaltado y negrillas fuera de texto. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la demanda constitucional debe ser promovida dentro de un plazo que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, y de las pruebas allegadas al plenario, encuentra la Sala que habr\u00e1 de ratificarse la negativa del a quo constitucional, comoquiera que el cuestionamiento formulado a trav\u00e9s del amparo no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que se supera con amplitud el t\u00e9rmino de seis (6) meses considerado como razonable por la jurisprudencia para acudir a este mecanismo excepcional, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que la decisi\u00f3n refutada por el recurrente, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 3, con la cual resolvi\u00f3 desfavorablemente la impugnaci\u00f3n extraordinaria que \u00e9l promovi\u00f3, data del 29 de mayo de 2019, mientras que el resguardo se intent\u00f3 el 18 de marzo de 2021, deviniendo di\u00e1fano que se incumple con el prenotado requisito de procedibilidad, sin que se adujera justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al prenotado criterio. <\/p>\n
3.2. De este modo, el presunto afectado con la providencia que considera vulneradora de sus derechos fundamentales debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones atacadas, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a sentencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros (\u2026). As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no, pero, en este caso, no se evidencian situaciones ajenas a la voluntad del promotor que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente al resguardo, haci\u00e9ndolo, se itera, superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El interesado tard\u00f3 en promover este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el principio de inmediatez, y no se advirti\u00f3 una explicaci\u00f3n v\u00e1lida que justificara esa tardanza, raz\u00f3n por la cual se ratificar\u00e1 la negativa del tribunal a quo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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