STC11448-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11448-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2021-00180-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 20 de abril, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por H\u00e9ctor Emilio Fontalvo Montalvo contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y su hom\u00f3loga Seccional de Bogot\u00e1, extensiva a la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando por conducto de apoderado, el accionante acude al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abde defensa\u2026 debido proceso\u2026 acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n obrantes, se pueden extractar los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
2.1. \u00d3scar Fernando Dimat\u00e9 Guauta promovi\u00f3 a favor de H\u00e9ctor Emilio Fontalvo Montalvo una acci\u00f3n de tutela contra la Fiscal\u00eda S\u00e9ptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia por la presunta lesi\u00f3n de la garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 29 Superior, materializada en las providencias por medio de las cuales \u00abdetermin\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal a favor de dos operadores judiciales de la Fiscal\u00eda\u2026 de la ciudad de Barranquilla\u00bb. <\/p>\n
2.2. El conocimiento de dicha actuaci\u00f3n correspondi\u00f3 a la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional Bogot\u00e1, corporaci\u00f3n que emiti\u00f3 sentencia desestimatoria el 30 de enero de 2020. <\/p>\n
2.3. El all\u00ed gestor impugn\u00f3 tal providencia, correspondiendo la alzada a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Superior, la que mediante providencia del 22 de febrero siguiente declar\u00f3 la nulidad de lo actuado por indebida integraci\u00f3n del contradictorio, ordenando, consecuentemente, la devoluci\u00f3n del expediente a la sala a quo para subsanar el yerro. <\/p>\n
2.4. La remisi\u00f3n del asunto se efectu\u00f3 el 10 de marzo de aquel a\u00f1o; sin embargo, narra el quejoso, \u00aba la fecha no ha tenido ni podido obtener informaci\u00f3n sobre el paradero\u00bb de dicho amparo \u00abpese a los m\u00faltiples requerimientos\u00bb realizados \u00aby menos ha sido notificado de nueva providencia\u2026\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, solicit\u00f3 ordenar a la \u00abSala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1\u2026 proferir sentencia de tutela con base en la nulidad\u2026 proclamada por el Consejo Superior de la Judicatura\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Un magistrado que integr\u00f3 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, Seccional Bogot\u00e1 hasta el pasado 12 de enero, fecha de su designaci\u00f3n en la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, indic\u00f3 que en desarrollo de aquella investidura \u00abconoci\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela impetrado por el se\u00f1or Fontalvo y otros en contra de la Fiscal\u00eda 7\u00aa adscrita [sic] a la Corte Suprema de Justicia, profiriendo decisi\u00f3n de primera instancia el 30 de enero de 2020\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que \u00abmediante auto de fecha 5 de febrero de 2020 concedi[\u00f3] la impugnaci\u00f3n\u2026 y hasta ese momento\u2026 tuvo el control material y funcional del proceso\u00bb puesto que la actuaci\u00f3n fue remitida a su superior funcional sin que al momento de dejar su cargo hubiere retornado, de manera que no se le puede atribuir acci\u00f3n u omisi\u00f3n lesiva de los derechos fundamentales del gestor, raz\u00f3n por la cual solicita ser \u00abdesvinculado\u00bb del presente tr\u00e1mite o, en su defecto, negar el amparo en lo que a \u00e9l concierne. <\/p>\n
2. Otro magistrado de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1, afirm\u00f3 que tom\u00f3 posesi\u00f3n de dicho cargo el pasado 5 de marzo. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que, producto de un memorial remitido electr\u00f3nicamente por H\u00e9ctor Emilio Fontalvo Montalvo el 17 de febrero anterior, quien solicitaba informaci\u00f3n acerca del amparo por \u00e9l incoado (2020-00093), se logr\u00f3 establecer que la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria Superior hab\u00eda decretado la nulidad de lo actuado en dicho asunto, mediante auto de 26 de febrero de 2020, pero que, por efectos de la emergencia sanitaria y el cierre de las sedes judiciales, el expediente solo retorn\u00f3 hasta el 3 de marzo del a\u00f1o en curso, siendo remitido al d\u00eda siguiente al Tribunal Superior de Bogot\u00e1, comoquiera que, con la transformaci\u00f3n a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial, les fue retirada la competencia para resolver acciones de tutela. <\/p>\n
Indica no haber tenido \u00abconocimiento e instrucci\u00f3n\u00bb de la salvaguarda constitucional y pide ser excluido de esta actuaci\u00f3n. <\/p>\n
3. El presidente de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1 y la secretaria judicial de dicha colegiatura confirmaron lo dicho por el magistrado titular del despacho accionado y solicitaron \u00abno amparar los derechos invocados por el actor, dado que no fueron vulnerados\u00bb. <\/p>\n
4. Finalmente un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, coment\u00f3 que el pasado 8 de marzo recibi\u00f3 procedente de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1, la acci\u00f3n de tutela promovida por el ac\u00e1 gestor, a la que se le asign\u00f3 la radicaci\u00f3n 2021-00633 y que fue rechazada mediante auto de la misma data \u00abpor cuanto el abogado \u00d3scar Fernando Dimat\u00e9 Guauta, quien la present\u00f3, no alleg\u00f3 el correspondiente poder especial que lo habilite para representar los intereses de H\u00e9ctor Emilio Fontalvo Montalvo dentro de esa acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1ala que el referido profesional del derecho solicit\u00f3 reconsiderar la referida determinaci\u00f3n, petici\u00f3n denegada con providencia del 15 de marzo siguiente. <\/p>\n
Afirma que \u00abdichas decisiones no obedeci[eron] al capricho o arbitrariedad\u2026 sino a la aplicaci\u00f3n ponderada y razonable de las normas y jurisprudencia que regulan la materia\u00bb. <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio dado que, si bien se present\u00f3 \u00abuna situaci\u00f3n de excepci\u00f3n que impidi\u00f3 que el expediente\u00bb de la acci\u00f3n de tutela 2020-00093 (remitido por la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria Superior) arribara al despacho a quo para que se surtiera nuevamente el tr\u00e1mite tutelar, luego de la invalidaci\u00f3n de lo actuado, \u00abeste imprevisto\u2026 se conjur\u00f3 el 3 de marzo de 2021 cuando\u2026 se adelantaron las gestiones requeridas para ubicar el expediente, estableci\u00e9ndose que se manten\u00eda en la empresa de mensajer\u00eda 472, despu\u00e9s de lo cual se logr\u00f3 su remisi\u00f3n a la secretar\u00eda de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1, siendo finalmente repartida a la autoridad competente el 8 de marzo del a\u00f1o en curso\u00bb. <\/p>\n
Consider\u00f3, entonces, que el presente resguardo carec\u00eda de objeto puesto que \u00abinclusive antes de la interposici\u00f3n\u2026 la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales\u2026 hab\u00eda cesado\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor del resguardo, por conducto de su apoderado, dirigiendo el disenso en torno a la determinaci\u00f3n adoptada por el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por medio de la cual rechaz\u00f3 el amparo precedentemente formulado. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que dicho funcionario desconoci\u00f3 que, en efecto hab\u00eda aportado un poder que lo habilitaba para actuar, tanto as\u00ed que las corporaciones disciplinarias que hab\u00edan conocido de la anterior tutela nunca presentaron objeci\u00f3n alguna en torno a la calidad con la que actuaba. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, reiter\u00f3 que, si bien el expediente de aquella salvaguarda fue hallado, d\u00e1ndosele el curso normal, tal situaci\u00f3n no configuraba una carencia de objeto toda vez que pese a haber transcurrido \u00ab365 d\u00edas, la tutela no ha sido decidida\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por el gestor, por no haber resuelto la acci\u00f3n de tutela formulada contra la Fiscal S\u00e9ptima Delegada ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
2. El caso concreto <\/p>\n
2.1. Naturaleza de la acci\u00f3n de tutela y sus presupuestos de procedibilidad <\/p>\n
El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagr\u00f3 este instrumento como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales, ante el menoscabo o la amenaza derivados de acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible a las autoridades o a los particulares, en las situaciones espec\u00edficamente precisadas en la ley. <\/p>\n
Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela; ellos son: \u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que, en el examen previo, se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos y, forzosamente, se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales; de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar, como lo ha sostenido esta Sala al precisar que para la procedencia de este instrumento se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
Acorde con lo anterior, a partir de la intervenci\u00f3n que, en estas diligencias y en respuesta al traslado de la tutela, realizaron las autoridades convocadas, la salvaguarda deviene improcedente, por lo que la decisi\u00f3n impugnada habr\u00e1 de ratificarse. <\/p>\n
En efecto, de las respuestas ofrecidas y los anexos allegados, se puede establecer que el expediente contentivo de la acci\u00f3n de tutela distinguida con radicaci\u00f3n 2020-00093, que conoci\u00f3 en una primera oportunidad la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional Bogot\u00e1, fue ubicado el pasado mes de marzo por cuanto, debido a la emergencia sanitaria y el cierre de sedes judiciales, se encontraba en poder de la empresa 4-72, luego de que la Sala Disciplinaria Superior, en sede de impugnaci\u00f3n, dispusiera la invalidaci\u00f3n de lo actuado y la devoluci\u00f3n a la colegiatura a quo. <\/p>\n
Fue as\u00ed como el asunto retorn\u00f3 a la actual Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1; sin embargo, como a tal jurisdicci\u00f3n le fue suprimida la facultad de resolver acciones constitucionales, el presidente de ese cuerpo colegiado dispuso su env\u00edo inmediato al Tribunal Superior de Bogot\u00e1 para que se procediera con el tr\u00e1mite de rigor; corporaci\u00f3n que, bajo la radicaci\u00f3n 2021-00633, asign\u00f3 el conocimiento a un magistrado de su Sala Penal, quien con auto del pasado 8 de marzo la rechaz\u00f3 habida consideraci\u00f3n que el profesional del derecho que la inco\u00f3 carec\u00eda de postulaci\u00f3n. <\/p>\n
Queda claro que la presunta lesi\u00f3n de la garant\u00eda supralegal a un debido proceso sin dilaciones injustificadas qued\u00f3 conjurada incluso antes de promoverse el presente resguardo coligi\u00e9ndose, entonces, la inexistencia de la vulneraci\u00f3n alegada comoquiera que las autoridades judiciales comprometidas realizaron la actividad extra\u00f1ada por el actor pues, seg\u00fan se verific\u00f3, el expediente de la acci\u00f3n de tutela promovida anteriormente fue hallado y se le dio el tr\u00e1mite de rigor, circunstancia que ratifica el fracaso de la salvaguarda. <\/p>\n
2.2. De la razonabilidad del auto por medio del cual se rechaz\u00f3 el amparo <\/p>\n
En punto de la viabilidad del resguardo constitucional frente a decisiones proferidas al interior de un asunto de similar naturaleza, ha de acudirse al criterio reiterado por la jurisprudencia de la Sala, que refiere que la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta contra actuaciones judiciales y prove\u00eddos de este mismo talante, resulta, por regla general improcedente: <\/p>\n
\u00abla actividad judicial que se inicia en el marco del art\u00edculo 86 de la constituci\u00f3n pol\u00edtica, solo puede ser examinada por los funcionarios competentes para tramitar los instrumentos jur\u00eddicos enunciados y previstos, que frente a los prove\u00eddos que se profieran en el tr\u00e1mite de los incidentes de desacato, no se considera procedente ning\u00fan otro instrumento diferente de reestudio, incluida como es natural la acci\u00f3n de tutela, porque se convertir\u00eda en un mecanismo llamado a minar las determinaciones tomadas en desarrollo de un tr\u00e1mite de indiscutido raigambre constitucional. <\/p>\n
En ese orden de ideas, reexaminando este aspecto por la Sala, se estima que la acci\u00f3n impetrada no resulta procedente habida cuenta que hoy, luego de un nuevo an\u00e1lisis en torno a la actuaci\u00f3n que se cumple a la luz del art\u00edculo 52 del decreto 2591 de 1991, la fase que se origina por cuenta del eventual incumplimiento a la orden impartida, en principio no es dable materializar reproches o censuras a trav\u00e9s de otra acci\u00f3n constitucional so pretexto de haber incurrido en una v\u00eda de hecho, porque las providencias que se profieran en el tr\u00e1mite de los mismos, son de rango constitucional sobre las cuales el legislador no contempl\u00f3 medio de impugnaci\u00f3n alguno. <\/p>\n
Es evidente que la real intenci\u00f3n del legislador, en relaci\u00f3n con el incidente de desacato, era que se regulara a s\u00ed mismo, a trav\u00e9s de la decisi\u00f3n incidental y su eventual consulta cuando se impusiere sanci\u00f3n, con total autonom\u00eda y sin injerencia de \u00f3rganos externos, aun de nivel constitucional, que puedan interferir en sus decisiones\u00bb (CSJ STC, 29 nov. 2006, exp. 01927-01, reiterada, entre otras, en STC13840-2016, 29 sept. 2016, rad. 01680-01). <\/p>\n
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado la procedencia excepcional de la tutela en trat\u00e1ndose de \u00abrevertir o de detener situaciones fraudulentas y graves, suscitadas por el cumplimiento de una orden proferida en un proceso de amparo\u00bb (CC T-951\/13, T-373\/14); luego, recogiendo sus propios precedentes, mediante sentencia SU-627\/15, concluy\u00f3 que \u00absi la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha sostenido su procedencia cuando la providencia reviste caracter\u00edsticas vulneradoras del debido proceso como cuando se omiten etapas de su tr\u00e1mite legal y \u00aben aquellos casos excepcionales, en que se invoca ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 8 feb. 2008 rad. 00344-01, reiterada STC, 9 feb. 2016, rad. 00901-01, entre otras). <\/p>\n
Auscultada la providencia del pasado 8 de marzo, por medio de la cual un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 rechaz\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida en favor de H\u00e9ctor Emilio Fontalvo Montalvo contra la Fiscal S\u00e9ptima Delegada ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal, la Corte advierte que, lejos de ser arbitraria fue el resultado de una hermen\u00e9utica razonable del contexto f\u00e1ctico y jur\u00eddico, as\u00ed como de los medios de convicci\u00f3n allegados para el estudio de la referida solicitud. <\/p>\n
Ciertamente, en el auto en cuesti\u00f3n, el referido funcionario se pronunci\u00f3 en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) El art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2591 de 1991 establece que \u201c\u2026 la acci\u00f3n de tutela podr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. <\/p>\n
Frente a los apoderados judiciales, jurisprudencialmente se ha establecido que su legitimidad para instaurar la acci\u00f3n de tutela en representaci\u00f3n de otra persona deriva, precisamente, de la presentaci\u00f3n del documento constitutivo del poder, mismo que debe ostentar car\u00e1cter especial, es decir, que lo faculte para representar los intereses de terceros \u00fanicamente en punto a la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales (\u2026)\u00bb <\/p>\n
As\u00ed, con apoyo del precedente jurisprudencial que indica que, en caso de carecer de poder especial, la solicitud de amparo debe ser rechazada, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) tal situaci\u00f3n acontece en el presente caso, pues el abogado \u00d3scar Fernando Dimat\u00e9 Guauta no alleg\u00f3 el correspondiente poder especial que lo habilite para cuestionar por v\u00eda de esta acci\u00f3n constitucional las decisiones del 20 de junio y 12 de agosto de 2019 dictadas dentro del proceso penal arriba mencionado, sin que satisfaga dicho presupuesto el poder que aport\u00f3, por cuanto el mismo se present\u00f3 para actuar en otra tutela relacionada con la expedici\u00f3n de copias del multicitado expediente (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Es claro que, contrario a lo afirmado por el ac\u00e1 quejoso, la anterior determinaci\u00f3n encuentra soporte en los anexos presentados junto con el anterior resguardo, los cuales llevaron al magistrado cognoscente a advertir que el mandato presentado por el profesional del derecho no lo habilitaba para accionar en representaci\u00f3n de Fontalvo Monsalvo pues fue extendido para actuar en otra tutela diferente, sin que pueda admitirse, como lo pretende el censor, que la omisi\u00f3n de verificaci\u00f3n de tal requisito por parte de las corporaciones jurisdiccionales disciplinarias que hab\u00edan conocido de esa salvaguarda, convalidara tal falencia. <\/p>\n
De suerte que no puede se\u00f1alarse de caprichosa o arbitraria la decisi\u00f3n adoptada por el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, comoquiera que resolvi\u00f3 conforme lo allegado a la actuaci\u00f3n y el precedente jurisprudencial aplicable al caso concreto. <\/p>\n
Cabe precisar que la simple disparidad de criterios con la autoridad judicial, no puede ser raz\u00f3n para dejar sin efectos el proferimiento reprochado, pues ello atentar\u00eda contra los principios de autonom\u00eda e independencia que rodean las actuaciones judiciales. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales pues la mera expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
3.1. Se refrendar\u00e1 el fallo impugnado por la inexistencia de la trasgresi\u00f3n, pues incluso antes de la interposici\u00f3n de este resguardo el expediente de la anterior acci\u00f3n de tutela fue hallado, d\u00e1ndosele el tr\u00e1mite procedente, <\/p>\n
3.2. La providencia por medio de la cual el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 rechaz\u00f3 la demanda de tutela por ausencia de postulaci\u00f3n, no revela arbitrariedad o desmesura que deba ser conjurada a trav\u00e9s de esta herramienta supralegal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por un medio expedito lo ac\u00e1 resuelto a las partes y a la Sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC11448-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC11448-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2021-00180-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57369","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57369","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57369"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57369\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57369"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57369"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57369"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}