STC11451-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11451-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-02996-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de primero de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Yuri del Pilar D\u00edaz contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal y el Juzgado Promiscuo de Familia de Paz de Ariporo (Casanare), tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al acceso a la justicia, debido proceso, \u00abdoble instancia\u00bb, entre otros, supuestamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que inici\u00f3 la causa con el prop\u00f3sito de que se declarara la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo de Familia de Paz de Ariporo, quien accedi\u00f3 al petitum, con sentencia de 9 de septiembre de 2015 (radicaci\u00f3n 2014-00034). <\/p>\n
Por lo anterior, present\u00f3 demanda de liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial (radicaci\u00f3n 2017-00139), pero el citado estrado la rechaz\u00f3, con prove\u00eddo de 28 de junio de 2017, tras interpretar \u00abde forma errada la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 8 de la Leu 54 de 1990, al disponer de forma equivocada que operaba la caducidad de la acci\u00f3n dentro de la solicitud de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial de hecho, por no presentarse dentro del a\u00f1o siguiente a la sentencia de 9 de septiembre de 2015, que declar\u00f3 la existencia y disoluci\u00f3n de la uni\u00f3n marital\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, formul\u00f3 reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, pero con resoluci\u00f3n de 26 de julio de esa calenda el despacho mantuvo en firme lo resuelto y concedi\u00f3 la alzada, pero luego la declar\u00f3 desierta porque no se suministr\u00f3 el valor de las expensas necesarias dentro del t\u00e9rmino previsto en el inciso 2 del art\u00edculo 324 del C\u00f3digo General del Proceso, incurriendo en irregularidad porque no se le inform\u00f3 tal previsi\u00f3n normativa. <\/p>\n
Sin embargo, nuevamente alleg\u00f3 libelo con el mismo prop\u00f3sito, el cual fue admitido (radicaci\u00f3n 2019-00177), pero con decisi\u00f3n de 4 de noviembre de 2020, el estrado declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de cosa juzgada \u00aba raz\u00f3n de (sic) que mediante providencia de fecha 28 de junio de 2017, el mismo despacho resolvi\u00f3 rechazar la acci\u00f3n de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial por operar la caducidad de la acci\u00f3n\u00bb, por lo que recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n ese prove\u00eddo y, antes de ser concedida, el juzgado \u00abse pronunci\u00f3 frente a un presunto recurso de reposici\u00f3n resolviendo mantener inc\u00f3lume la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Yopal \u00abprocedi\u00f3 a dar tr\u00e1mite a la apelaci\u00f3n interpuesta (\u2026) y observ\u00f3 que en el oficio remitido por el juzgado se indic\u00f3 que el asunto a resolver correspond\u00eda a un \u201cauto\u201d de fecha 4 de noviembre de 2020, no obstante al verificar el contenido del mismo, el juzgado no determin\u00f3 con claridad si se trataba de un interlocutorio o de una sentencia con car\u00e1cter \u201canticipada\u201d\u00bb, por lo que \u00abatendiendo el par\u00e1grafo del art\u00edculo 318 del CGP, proced[i\u00f3] a adecuar la alzada, admiti[\u00e9ndola] en el efecto suspensivo en contra de la sentencia de 4 de noviembre del 2020 (\u2026), ordenando tambi\u00e9n que en firme se corriera traslado a la parte recurrente por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas para que sustentara los reparos\u00bb. <\/p>\n
No obstante, consultado el sistema de gesti\u00f3n judicial por parte de su apoderado, lo \u00abtom\u00f3 por sorpresa\u00bb por cuanto la providencia recurrida se trataba de un auto y no de una sentencia, por lo que \u00abno se requiere volver a sustentar\u00bb, pero \u00abante la fijaci\u00f3n del traslado y que este venc\u00eda ese mismo d\u00eda, mi apoderado procedi\u00f3 inmediatamente a enviar la sustentaci\u00f3n (\u2026) quedando radicada el 22 de junio de 2021 a la hora 07:34 p.m., por medio de correo electr\u00f3nico\u00bb, aspecto que en su criterio constituye \u00aberror judicial\u00bb, porque el ad quem no pod\u00eda adecuar la alzada en virtud de la citada norma. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, con prove\u00eddo de 8 de julio de 2021, el tribunal declar\u00f3 desierta la impugnaci\u00f3n vertical, porque el t\u00e9rmino para sustentar venc\u00eda el 22 de julio anterior y el escrito se radic\u00f3 ese d\u00eda, pero por fuera del horario de los despachos judiciales, esto es, a las 7:34 p.m. Por ello, formul\u00f3 reposici\u00f3n frente a esa determinaci\u00f3n, pero con decisi\u00f3n de 10 de agosto siguiente se dispuso no reponer. <\/p>\n
3. En tal virtud, formul\u00f3 m\u00faltiples pretensiones, consistentes todas en invalidar cada una de las enunciadas providencias, tanto del proceso 2017-00139 como del 2019-00177 y \u00abordenar su revisi\u00f3n\u00bb, por considerar que con ellas se trasgredi\u00f3 su garant\u00eda fundamental al debido proceso. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo de Familia de Paz de Ariporo remiti\u00f3 copia de los expedientes y relat\u00f3 las actuaciones de los asuntos confutados. <\/p>\n
2. La Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal remiti\u00f3 copia de las actuaciones revisadas y adujo que \u00abmediante auto del cuatro (4) de junio de dos mil veintiuno (2021), luego de efectuar las precisiones sobre la determinaci\u00f3n objeto de apelaci\u00f3n, se determin\u00f3 la admisi\u00f3n del recurso y se dispuso adem\u00e1s correr traslado conforme lo establecido en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020; posteriormente, conforme auto del ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021) y ante la falta de sustentaci\u00f3n oportuna del recurso de apelaci\u00f3n se declar\u00f3 desierto, determinaci\u00f3n que fue objeto de reposici\u00f3n. decidido seg\u00fan auto diez (10) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Se manifiesta igualmente, que dentro del tr\u00e1mite surtido en esta Sala se observ\u00f3 el respeto al debido proceso, el derecho de defensa y contradicci\u00f3n de las partes\u00bb. <\/p>\n
3. El apoderado uno de los vinculados al tr\u00e1mite adujo que \u00abrespecto de las providencias de 28 de junio, 26 de julio y 16 de agosto de 2017 proferidas dentro del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial No. 2017 \u2013 00139, no se cumple el requisito de la inmediatez, frente a las providencias de 4 de noviembre de 2020 y 15 de diciembre de 2020 proferidas dentro del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial No. 2019 \u2013 00177, no se cumple el requisito de subsidiaridad, respecto del auto de 4 de junio de 2021, no se acredit\u00f3 el requisito de subsidiaridad [y] frente a los autos de 8 de julio de 2021 y 10 de agosto de 2021, porque a) La accionante no sustent\u00f3 en tiempo el recurso de apelaci\u00f3n de conformidad con el art\u00edculo 14 del Decreto Ley 806 de 2020, declarado exequible en control autom\u00e1tico por la Corte Constitucional, y; b) La aqu\u00ed accionante no sustent\u00f3 en forma tempestiva el recurso de apelaci\u00f3n de acuerdo con el art\u00edculo 109 del CGP\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades enjuiciadas incurrieron en presunta v\u00eda de hecho en los procesos de la referencia, por (i) rechazar la demanda de liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial de hecho (radicaci\u00f3n 2017-00139) y (ii) rehusar nuevamente el libelo por encontrar acreditada la cosa juzgada y declarar desierta la alzada propuesta contra esa determinaci\u00f3n (radicaci\u00f3n 2019-00177). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, esta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Caso concreto: <\/p>\n
3.1. Sobre la demanda de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial de hecho (radicaci\u00f3n 2017-00139). <\/p>\n
3.1.1. Hechos probados. <\/p>\n
3.1.1.1. Con auto de 28 de junio de 2017, el Juzgado Promiscuo de Familia de Paz de Ariporo rechaz\u00f3 la demanda de la referencia. <\/p>\n
3.1.1.2. Inconforme, el apoderado de la gestora interpuso reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, primer medio defensivo que fue resuelto desfavorablemente el 26 de julio de esa calenda, por lo que se otorg\u00f3 el segundo. <\/p>\n
3.1.1.3. Con prove\u00eddo de 16 de agosto de 2017, el estrado declar\u00f3 desierta la impugnaci\u00f3n vertical, porque \u00abla parte apelante no suministr\u00f3 el valor de las expensas necesarias, dentro del t\u00e9rmino que establece el inciso 2 del art. 324 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
3.1.2. Consideraciones. <\/p>\n
Revisadas las diligencias, se advierte que, en el asunto de la referencia, la censura est\u00e1 encaminada a cuestionar que el estrado convocado no dio tr\u00e1mite a la demanda (28 de junio de 2017) y que, frente al recurso de reposici\u00f3n formulado, mantuvo en firme su determinaci\u00f3n (26 de julio siguiente), aunado a que concedi\u00f3 la alzada, pero, con posterioridad, la declar\u00f3 desierta (16 de agosto de la misma calenda), dado el incumplimiento de sufragar las expensas necesarias, situaci\u00f3n de la que se desprende con claridad que el reproche incumple el criterio de inmediatez, teniendo en cuenta la data de esas decisiones y que el amparo se intent\u00f3 el 20 de agosto de 2021. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ago. rad. 01142-01). <\/p>\n
3.2. Sobre el rechazo de la nueva demanda de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial (radicaci\u00f3n 2019-00177). <\/p>\n
3.2.1. Hechos probados. <\/p>\n
3.2.1.1. La convocante, mediante mandatario judicial, formul\u00f3 el libelo de la referencia, que fue admitido. <\/p>\n
3.2.1.2. Con decisi\u00f3n de 4 de noviembre de 2020, se resolvieron las excepciones formuladas por la parte pasiva. Para el efecto, el despacho consider\u00f3 que se acredit\u00f3 el fen\u00f3meno de cosa juzgada, porque \u00abel 28 de junio de 2017 el juzgado resolvi\u00f3 declarar la caducidad de la acci\u00f3n, con base en el art. 8 de la Ley 54 de 1990\u00bb, de modo que dispuso terminar el proceso. <\/p>\n
3.2.1.3. El apoderado de la inconforme interpuso apelaci\u00f3n y el estrado, con prove\u00eddo de 15 de diciembre de 2020, resolvi\u00f3 \u00abel recurso de reposici\u00f3n contra el auto proferido el 4 de noviembre de 2020 (sic)\u00bb, manteni\u00e9ndolo en firme y concediendo la alzada en el efecto suspensivo. <\/p>\n
3.2.1.4. Por su parte, la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Yopal, al hacer la revisi\u00f3n preliminar del asunto, advirti\u00f3 el 4 de junio de 2021 que, \u00abconforme se evidencia del oficio remitido por el Juzgado de primera instancia, se indica que el asunto a resolver en sede de apelaci\u00f3n corresponde a un \u201cauto\u201d de fecha 4 de noviembre de 2020, no obstante al verificar el contenido del mismo, no se determina con claridad si se trata de un interlocutorio o una sentencia en tanto que, por ejemplo no se indica en la parte resolutiva la f\u00f3rmula del inciso segundo del art\u00edculo 280 del CGP\u00bb, por lo que \u00abatendiendo el par\u00e1grafo del art\u00edculo 318 del CGP\u00bb adecu\u00f3 el recurso frente a la \u00absentencia de 4 de noviembre de 2020\u00bb y dispuso el t\u00e9rmino de traslado (5 d\u00edas para la sustentaci\u00f3n), en virtud del Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
3.2.1.5. El 8 de julio siguiente, el tribunal declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n, porque \u00abla parte interesada cont\u00f3 a partir del 16 al 22 de junio para allegar la correspondiente sustentaci\u00f3n, no obstante, estas fueron allegadas el d\u00eda 22 de junio de 2021 a las 7:34 pm, situaci\u00f3n que atendiendo el art\u00edculo 1091 del CGP, norma que regula este asunto, se considera como extempor\u00e1nea, pues se recibi\u00f3 posterior al cierre del despacho el d\u00eda en que venc\u00eda el t\u00e9rmino\u00bb. <\/p>\n
3.2.1.6. Inconforme, la parte censora interpuso recurso de reposici\u00f3n, el cual fue desatado desfavorablemente el 10 de agosto de 2021, con id\u00e9nticas razones. <\/p>\n
3.2.2. Consideraciones. <\/p>\n
Verificadas las actuaciones del radicado de la referencia y cotejados los argumentos expuestos en esta sede con las probanzas recaudadas, precisa la Sala que habr\u00e1 de concederse el amparo deprecado, comoquiera que, al tenor de la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, se colige la incursi\u00f3n en una v\u00eda de hecho por parte de la autoridad accionada, con ocasi\u00f3n de la configuraci\u00f3n de un exceso ritual manifiesto, yerro procedimental que amerita la injerencia del fallador constitucional para conjurar la actuaci\u00f3n constitutiva de vulneraci\u00f3n, tal como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.2.2.1 En primer lugar, es oportuno precisar que no se est\u00e1 ante un caso de tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n entre el tr\u00e1mite espec\u00edfico de apelaci\u00f3n que consagra el estatuto adjetivo general y el que temporalmente prev\u00e9 el Decreto Legislativo 806 de 2020, dado que la actuaci\u00f3n criticada se produjo en vigencia de esta \u00faltima disposici\u00f3n. <\/p>\n
Adicionalmente, est\u00e1 satisfecho el presupuesto de la subsidiariedad, ya que contra la determinaci\u00f3n que declar\u00f3 la deserci\u00f3n de la alzada, esto es, el prove\u00eddo de 8 de julio de 2021, la gestora, a trav\u00e9s de su apoderado judicial, interpuso reposici\u00f3n, que fue desatada con auto de 10 de agosto siguiente, de forma desfavorable. <\/p>\n
3.2. Dilucidado lo anterior, conforme se anunci\u00f3 inicialmente, prosperar\u00e1 la acci\u00f3n constitucional, porque seg\u00fan el criterio mayoritario de esta Sala, recientemente planteado en sentencia STC5790-2021, 24 may., en el marco del Decreto Legislativo 806 de 2020 debe tenerse como sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n la exposici\u00f3n que \u2013a\u00fan bajo la figura de presentaci\u00f3n de reparos concretos\u2013 comprenda la argumentaci\u00f3n suficiente de su inconformidad, que le permita al ad quem pronunciarse de fondo, pese a que esta se hubiera realizado con antelaci\u00f3n al t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas que prev\u00e9 el art\u00edculo 14 de la normativa en comento. <\/p>\n
En efecto, a trav\u00e9s del referido pronunciamiento, al cual se remite la soluci\u00f3n de este asunto, la Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 con claridad que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la discusi\u00f3n en torno a si es viable declarar desierta la apelaci\u00f3n contra una sentencia que se haya sustentado, por escrito, antes de la oportunidad prevista en el art\u00edculo 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020 no es novedosa (\u2026). <\/p>\n
Sin embargo, una nueva mirada del tema impone abordar la problem\u00e1tica anunciada desde el plano constitucional, teniendo en cuenta que el nuevo panorama \u2013escritural- en que transitan las fases de la apelaci\u00f3n en virtud del mencionado Decreto impone una revisi\u00f3n m\u00e1s reflexiva a fin de determinar si de verdad resulta proporcional declarar la deserci\u00f3n, cuando de todos modos el impugnante cumpli\u00f3 la carga argumentativa con anticipaci\u00f3n al t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 14 de esa normatividad. <\/p>\n
(\u2026) El C\u00f3digo General del Proceso estableci\u00f3 que el impugnante debe cumplir tres cargas a fin de que el superior examine la cuesti\u00f3n decidida: i) interponer la apelaci\u00f3n, ii) formular los reparos concretos ante el juez de primera instancia y iii) sustentar el recurso ante el superior, (CSJ STC3969-2018, STC7113-2018, STC6359-2020, entre otras); estructura que cambi\u00f3 con la entrada en rigor del art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
La modificaci\u00f3n realmente radic\u00f3 en la forma de recaudo de los argumentos del recurrente para los casos que no requieren la pr\u00e1ctica de pruebas, esto es, ya no ser\u00e1 oralmente y en audiencia, sino de manera escrita y dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite el recurso o niega la pr\u00e1ctica de pruebas (\u2026). <\/p>\n
Significa que la percepci\u00f3n directa, la inmediaci\u00f3n, el debate hablado, as\u00ed como los otros tantos matices y beneficios que le son propios al r\u00e9gimen de oralidad, ya no son predicables en un contexto guiado por la escrituralidad. <\/p>\n
Lo que estaba en sinton\u00eda con el art\u00edculo 3\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00ab[l]as actuaciones se cumplir\u00e1n en forma oral, p\u00fablica y en audiencias, salvo las que expresamente se autorice realizar por escrito o est\u00e9n amparadas por reserva\u00bb, al igual que con el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 107, que se\u00f1ala c\u00f3mo \u00ab[l]as intervenciones orales no podr\u00e1n ser sustituidas por escritos\u00bb. <\/p>\n
Por ende, la tesis de la Sala recreada sobre el ambiente de la palabra hablada para justificar la deserci\u00f3n del recurso en ese escenario por la ausencia del apelante a la audiencia contiene unos elementos filos\u00f3ficos diferentes a la problem\u00e1tica surgida en un entorno gobernado por la escritura, como lo reglamenta el susodicho Decreto. <\/p>\n
Desde esa l\u00f3gica, a pesar de que las condiciones de tiempo y modo establecidas en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 se muestran estimables frente a libertad de configuraci\u00f3n del legislador, a la hora de observar la tem\u00e1tica en el plano supralegal y en relaci\u00f3n con los casos concretos, no es admisible la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica e irreflexiva de la sanci\u00f3n que contempla la norma en el caso de que se sustente por escrito de forma prematura, esto es, antes de que inicie el conteo de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite el recurso o niega la pr\u00e1ctica de pruebas; pues, esa tarea debe estar soportada en un an\u00e1lisis ponderado en aras de establecer si las particularidades del caso permiten concluir que la sustentaci\u00f3n anticipada era suficiente para la resoluci\u00f3n de la alzada, sin que lo adelantado en esa gesti\u00f3n conlleve a sancionar al litigante de forma tan dr\u00e1stica como es el cercenamiento de la segunda instancia. <\/p>\n
(\u2026) Dicho en otras palabras, sin duda cuando el recurrente aporta el escrito de sustentaci\u00f3n antes de la oportunidad contemplada en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020 act\u00faa de forma deficiente, lo que es censurable en la medida en que desatiente el mandato legal; no obstante, dada la naturaleza del error y su eventual intrascendencia frente a la carga de sustentar la alzada, es desproporcionado que se le sancione con la p\u00e9rdida del derecho constitucional a impugnar la decisi\u00f3n que finiquit\u00f3 la primera instancia\u00bb. Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se sent\u00f3 que \u00ab[c]iertamente los falladores est\u00e1n llamados acatar y hacer cumplir las formas prescritas por el legislador, como las que se han impuesto para sustentar el recurso de apelaci\u00f3n \u2013por escrito y en un momento espec\u00edfico-, de modo que no pueden desconocerlas. Pero tambi\u00e9n lo es que no las pueden exigir irreflexivamente, pues no son simples ritualidades desprovistas de sentido, sino medios destinados para dotar de validez y eficacia los actos procesales designados a hacer efectivos los derechos de las partes, en este caso, el de impugnar las providencias judiciales\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, la Sala precis\u00f3: <\/p>\n
\u00abAhora, no es que la Corte se est\u00e9 contradiciendo con las pautas que traz\u00f3 en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso en virtud de la carga del recurrente de sustentar ante el superior y en audiencia, pues all\u00e1, en el contexto de la oralidad y de la prohibici\u00f3n de sustituir las intervenciones orales por escrito, no luc\u00eda desmesurado sancionar al recurrente con la deserci\u00f3n del recurso, puesto que al no existir otro momento en el que el censor pod\u00eda proponer sus argumentos de inconformidad verbalmente, el no asistir a la vista p\u00fablica destinada para el efecto conllevaba la no sustentaci\u00f3n del acto de impugnaci\u00f3n; pero, en estos tiempos, en el panorama de la escritura, cuando la formalidad a la que est\u00e1 ligada el ejercicio del derecho fundamental a la doble instancia y de impugnaci\u00f3n ha cumplido su finalidad, pese a su cumplimiento imperfecto por parte del recurrente, la imposici\u00f3n de esa consecuencia parece desproporcionada. <\/p>\n
En suma, el recurso de apelaci\u00f3n de sentencias, en vigencia del Decreto 806 de 2020, deber\u00e1 sustentarse ante el superior por escrito y dentro del t\u00e9rmino de traslado indicado en el art\u00edculo 14 de esa norma. Toda sustentaci\u00f3n posterior a ese lapso o la omisi\u00f3n del acto procesal desemboca, sin duda, en la deserci\u00f3n de la opugnaci\u00f3n. Sin embargo, no ocurre lo mismo respecto de aquellas que se realicen con anterioridad a ese l\u00edmite temporal, comoquiera que, aun cuando resulta ser una actuaci\u00f3n inesperada y errada del censor, de todos modos se cumple con el acto procesal aludido y el juzgador de segundo grado, en \u00faltimas, ya conoce de los argumentos de inconformidad que le dan competencia para resolver, sin que ello implique ninguna afectaci\u00f3n a los derechos del no recurrente, pues el apelante no guard\u00f3 silencio, no super\u00f3 los t\u00e9rminos establecidos para el efecto, as\u00ed como \u00abno se causa dilaci\u00f3n en los tr\u00e1mites, ni se sorprende a la contraparte, ni se vulneran sus derechos, ni implica acortamiento de los t\u00e9rminos\u00bb. Lo contrario, provoca incurrir en un exceso ritual manifiesto en el asunto concreto\u00bb (CSJ STC5790-2021, 24 may. 2021, rad. 2021-00975-00). Se destaca y subraya. <\/p>\n
En ese orden, por cuanto la ahora querellante apel\u00f3, a trav\u00e9s de su mandatario judicial, la providencia de primer grado y present\u00f3 el escrito contentivo de los \u00abreparos concretos\u00bb, argumentando su disenso a manera de sustentaci\u00f3n, no pod\u00eda recibir como respuesta que tal actividad era inane frente al medio de impugnaci\u00f3n ordinario por ella incoado, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que el ad quem adecu\u00f3 el tr\u00e1mite de la alzada tras advertir el error en la denominaci\u00f3n que de la decisi\u00f3n hizo el juzgado, de modo que deb\u00eda atenderse con cautela el especial contexto en que se suscit\u00f3 la controversia. <\/p>\n
De esta manera, deviene di\u00e1fano que el fallador de segundo grado incurri\u00f3 en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, pues, aunque la apelante no hubiera sustentado oportunamente dentro del t\u00e9rmino que consagra el art\u00edculo 14 del precitado Decreto 806 de 2020, formul\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n y con antelaci\u00f3n sustent\u00f3 por escrito, exponiendo las razones por las que, en su sentir, la determinaci\u00f3n en cita deb\u00eda ser revocada. <\/p>\n
El yerro en cuesti\u00f3n \u2013y con ello la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia por ver frustrada la segunda instancia\u2013 se configura cuando el juez \u00ab(i) aplica disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; [y] (iii) incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb (CC T-031\/16), tambi\u00e9n, cuando \u00abpor un apego extremo y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva patente en los hechos, deriv\u00e1ndose de su actuar una inaplicaci\u00f3n de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial\u00bb (CC T-234\/17). <\/p>\n
Cabe recordar que este defecto de procedibilidad est\u00e1 \u00edntimamente ligado a lo previsto en el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, referido a la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del principio de prevalencia del derecho sustancial, pues all\u00ed se establece que \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, aunado a que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme con ello, se conceder\u00e1 el amparo solicitado, ordenando, para el efecto, la invalidaci\u00f3n del auto que declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la tutelante y conminando al tribunal ad quem a tramitar el citado medio defensivo, teniendo en cuenta las razones expuestas en precedencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales de Yuri del Pilar D\u00edaz. <\/p>\n
SEGUNDO: DECLARAR sin valor ni efecto el prove\u00eddo de 8 de julio de 2021, mediante el cual la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n, as\u00ed como las decisiones que de \u00e9l se desprendan. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR a la precitada autoridad judicial que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de este pronunciamiento, adopte las medidas necesarias para continuar el tr\u00e1mite pertinente, atendiendo las razones dadas en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
CUARTO: COMUNICAR lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado el fallo, remitir las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-02996-00 <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, expreso los motivos de mi discrepancia con la soluci\u00f3n adoptada. <\/p>\n
La Sala mayoritaria concedi\u00f3 el amparo invocado por Yuri del Pilar D\u00edaz en la tutela que instaur\u00f3 en contra de la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal y el Juzgado Promiscuo de Familia de Paz de Ariporo (Casanare). En consecuencia, dej\u00f3 sin valor ni efecto el prove\u00eddo de 8 de julio de 2021, mediante el cual la Magistratura accionada declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n que la gestora interpuso contra el fallo de primer grado dictado en el proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial de hecho (radicaci\u00f3n 2017-00139), y le orden\u00f3 que dentro de la cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de ese pronunciamiento \u00abadopte las medidas necesarias para continuar el tr\u00e1mite pertinente, atendiendo las razones dadas en la parte motiva de esta providencia\u00bb. <\/p>\n
Determinaci\u00f3n que apoy\u00f3 en la sentencia STC5790-2021 (24 may.), seg\u00fan la cual, \u00aben el marco del Decreto legislativo 806 de 2020, debe tenerse como sustentaci\u00f3n al recurso de apelaci\u00f3n la exposici\u00f3n que a\u00fan bajo la figura de presentaci\u00f3n de reparos concretos, comprenda argumentaci\u00f3n suficiente de su inconformidad que le permita al juez ad quem pronunciarse de fondo, pese a que esta se hubiera realizado con antelaci\u00f3n al t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas que prev\u00e9 el art\u00edculo 14 de la normativa en comento (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Criterio que, aplicado al caso concreto, la llev\u00f3 a concluir que, \u00abEn ese orden, por cuanto la ahora querellante apel\u00f3, a trav\u00e9s de su mandatario judicial, la providencia de primer grado y present\u00f3 el escrito contentivo de los \u00abreparos concretos\u00bb, argumentando su disenso a manera de sustentaci\u00f3n, no pod\u00eda recibir como respuesta que tal actividad era inane frente al medio de impugnaci\u00f3n ordinario por ella incoado, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que el ad quem adecu\u00f3 el tr\u00e1mite de la alzada tras advertir el error en la denominaci\u00f3n que de la decisi\u00f3n hizo el juzgado, de modo que deb\u00eda atenderse con cautela el especial contexto en que se suscit\u00f3 la controversia. <\/p>\n
De esta manera, deviene di\u00e1fano que el fallador de segundo grado incurri\u00f3 en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, pues, aunque la apelante no hubiera sustentado oportunamente dentro del t\u00e9rmino que consagra el art\u00edculo 14 del precitado Decreto 806 de 2020, formul\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n y con antelaci\u00f3n sustent\u00f3 por escrito, exponiendo las razones por las que, en su sentir, la determinaci\u00f3n en cita deb\u00eda ser revocada\u00bb. <\/p>\n
No comparto la decisi\u00f3n, principalmente, porque la protecci\u00f3n no deb\u00eda ser concedida en tanto creo que el Tribunal Superior de Yopal no incurri\u00f3 en excesivo ritual manifiesto que vulnerara los derechos fundamentales reclamados por la actora. Son mis razones las siguientes: <\/p>\n
1.- Conforme con los arts. 322 y 327 del CGP, la tramitaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n contra providencias judiciales comprende dos momentos que deben ser desarrollados en etapas bien definidas: Uno ante el juez de primera instancia – interposici\u00f3n y reparos – y, otro ante el de segunda – admisi\u00f3n, sustentaci\u00f3n y decisi\u00f3n -. <\/p>\n
Sobre el primero, el Decreto 806 de 2020 en su art\u00edculo 14 no estableci\u00f3 modificaci\u00f3n alguna mientras que para el siguiente s\u00ed, respecto de la sustentaci\u00f3n, la que en sentido estricto solo comporta la forma de hacer conocer al juez de segunda instancia los argumentos que soportan los \u201creparos\u201d expresados ante el a quo, ya no oralmente en audiencia sino por escrito, pero en todo caso, una vez \u201cejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n\u201d, competencia adscrita al ad quem y no al a quo. <\/p>\n
En otras palabras, tales modificaciones privilegiaron lo escrito sobre lo oral en la segunda instancia, cuya finalidad no es otra que \u00abevitar el desplazamiento de los usuarios y funcionarios de la administraci\u00f3n de justicia a los despachos judiciales y notar\u00edas y, de esta forma, proteger su salud\u00bb, tambi\u00e9n permiten afirmar que la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la resoluci\u00f3n apelada y, las consecuencias de su desatenci\u00f3n adem\u00e1s que no han variado, no se extendieron a la obligaci\u00f3n misma de \u00absustentar la apelaci\u00f3n\u00bb ante el juez competente, que lo es el ad quem, sino que, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
Tampoco exoner\u00f3 del deber de \u00absustentar\u00bb dentro del t\u00e9rmino all\u00ed previsto, esto es, a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite la alzada, que de no atenderlo acarrea la declaratoria de deserci\u00f3n y, por ende, por su propia omisi\u00f3n, la imposibilidad de acceder a la segunda instancia lo que aleja irreflexividad en la interpretaci\u00f3n, o exceso manifiesto en el rito o, desproporcionalidad en la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Por el contrario, pone de presente el acatamiento de la forma prevista, tambi\u00e9n integradora del derecho fundamental al debido proceso, el cual debe ser aplicado por todos los sujetos procesales, a \u201ctodas las actuaciones\u201d del proceso en coherencia con el precepto conforme al cual este \u201cdebe adelantarse en la forma establecida en la ley\u201d\u2013arts. 29 CN; 7, 13 y 14 Ley 1564 de 2012-; y, hace visible el principio de preclusi\u00f3n, \u201cfundamental del derecho procesal en cuyo desarrollo se establecen las diferentes etapas que han de cumplirse en los diferentes procesos, asi como la oportunidad en que en cada una de ellas deben llevarse a cabo los actos procesales que le son propios, transcurrida la cual no pueden adelantarse\u201d(Corte Constitucional A 232-2001). Subrayado fuera de texto. <\/p>\n
2.- Con independencia de la extensi\u00f3n de los reparos \u2013 breves o extensos \u2013 no puede equipararse la expresi\u00f3n de las inconformidades \u2013 discrepancia o con qu\u00e9 no est\u00e1 de acuerdo – con los argumentos que las soportan \u2013 por qu\u00e9 discrepa o no est\u00e1 de acuerdo -. Aquellas se expresan ante el a quo y \u00e9stos ante el ad quem. As\u00ed lo dispone el legislador ahora de manera clara \u2013 art. 14 D. 806 de 2020-, se consider\u00f3 constitucional antes \u2013 SU 418 de 2019 \u2013, previ\u00f3 el legislador antes de la ley 1564 de 2012 \u2013 art. 360 C.P.C \u2013 y, esta Corporaci\u00f3n con fundamento en esta norma, estim\u00f3 como el momento para fundamentar la alzada \u2013 V.gr. SC 4855 de 2014 y STL 2791 de 2021-. <\/p>\n
3.- Tampoco se trata de cumplimiento anticipado de la carga de sustentaci\u00f3n si atendemos que el legislador previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. Por lo tanto, podr\u00eda aceptarse que se anticipa cuando el acto se realiza ante el juez competente antes del momento previsto legalmente para su realizaci\u00f3n, esto es, durante el tr\u00e1mite de segunda instancia, pero no, cuando se realiza en primera instancia. <\/p>\n
Con el debido respeto, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02996-00 <\/p>\n
Con el respeto debido a todos los integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil paso a consignar las razones por las cuales no acompa\u00f1o el viraje jurisprudencial de la Sala con relaci\u00f3n a la estructura del recurso de apelaci\u00f3n en relaci\u00f3n con su tr\u00e1mite y sustanciaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n de sentencias. <\/p>\n
1. Aun cuando es enorme el esfuerzo que hace la Sala por justificar su nuevo criterio para se\u00f1alar que la nueva posici\u00f3n la toma por razones de justicia material y para superar el \u201cexceso rigor manifiesto\u201d, lo cierto es, la postura ahora defendida representa un retorno a las \u00e9pocas m\u00e1s oscurantistas del proceso en el marco de la segunda instancia, porque se defiende un proceso secreto, m\u00edstico, de escrituralidad y opuesto a la transparencia judicial y a la necesaria publicidad que deben tener los juicios. Ahora en adelante, el juez puede administrar justicia lejos del ciudadano, en otro pa\u00eds, en una urna de cristal, en zonas rec\u00f3nditas. El cara a cara, el derecho a ver el juez, el derecho fundamental a ser o\u00eddo y la audiencia ha muerto para la segunda instancia, y la oralidad queda totalmente aniquilada, en \u00e9pocas donde pareciera que resurge el autoritarismo. <\/p>\n
2. Poco a poco, la Sala renuncia a un legado hist\u00f3rico de publicidad del juicio y a la construcci\u00f3n de un proceso de cara a la ciudan\u00eda con la posibilidad de control endoprocesal y extraprocesal. Queda muy poco, para que luego un ordenador, una m\u00e1quina, los robots o los algoritmos puedan ser los jueces de los hombres y de las mujeres cuando hablamos de la democracia constitucional. <\/p>\n
La apelaci\u00f3n de las sentencias en el marco del C. G. del P. se compone de dos grandes escenarios. El primero ante el juez de primera instancia donde se interpone el recurso y se concede; luego procede la formulaci\u00f3n de los reparos concretos y su remisi\u00f3n al ad quem \u201c(\u2026) una vez presentado el escrito al que se refiere el numeral 3 del art. 322\u201d (Art. 324 del C. G. del P.). Adem\u00e1s, en \u00e9l, se ejecutan los actos \u00fatiles para el diligenciamiento y preparaci\u00f3n del tr\u00e1mite en segunda instancia, tal como el suministro de las \u201cexpensas necesarias\u201d para la reproducci\u00f3n de piezas, as\u00ed como la ejecuci\u00f3n de tareas que debe desplegar el juez de primera instancia mientras se tramita la apelaci\u00f3n ante el superior jer\u00e1rquico; como lo concerniente al pago de copias, a la erogaci\u00f3n de los portes, etc. <\/p>\n
En el segundo estadio encontramos la admisi\u00f3n-inadmisi\u00f3n y la sustentaci\u00f3n. La ejecutoria del auto que la admite marca la posibilidad de pedir el decreto y pr\u00e1ctica de pruebas que ser\u00e1n evacuadas en audiencia de sustentaci\u00f3n o fundamentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
En esta segunda etapa la audiencia de sustentaci\u00f3n constituye la posibilidad para que las partes intervengan ante el juez, y \u00e9ste, sea singular o colegiado se interrelacione con los usuarios del sistema judicial en forma existencial y p\u00fablica. <\/p>\n
3. Ciertamente el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, se\u00f1al\u00f3 en materia de apelaci\u00f3n de sentencias en civil y familia: <\/p>\n
\u201cEl recurso de apelaci\u00f3n contra sentencia en los procesos civiles y de familia, se tramitar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
\u201cSin perjuicio de la facultad oficiosa de decretar pruebas, dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria del auto que admite la apelaci\u00f3n, las partes podr\u00e1n pedir la pr\u00e1ctica de pruebas y el juez las decretar\u00e1 \u00fanicamente en los casos se\u00f1alados en el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso. El juez se pronunciar\u00e1 dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. <\/p>\n
\u201cEjecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. De la sustentaci\u00f3n se correr\u00e1 traslado a la parte contraria por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas. Vencido el t\u00e9rmino de traslado se proferir\u00e1 sentencia escrita que se notificar\u00e1 por estado. Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto. <\/p>\n
\u201cSi se decretan pruebas, el juez fijar\u00e1 fecha y hora para la realizaci\u00f3n de la audiencia en la que se practicaran, se escucharan alegatos y se dictar\u00e1 sentencia. La sentencia se dictar\u00e1 en los t\u00e9rminos establecidos en el C\u00f3digo General del Proceso\u201d. <\/p>\n
Ese Decreto especial dictado por el Gobierno Nacional asest\u00f3 un terrible golpe a la oralidad; sin embargo, no representaba, uno de tanta entidad y gravedad como el que acaba de propinar la Sala con la tesis ahora defendida de la sustentaci\u00f3n escrita anticipada de la apelaci\u00f3n contra la sentencia de primera instancia, al autorizar su presentaci\u00f3n antes de ser remitida la actuaci\u00f3n para el tr\u00e1mite de la segunda instancia. De ese modo deja al borde de la aniquilaci\u00f3n el sistema del C\u00f3digo General del Proceso ante el superior funcional. <\/p>\n
Esa forma de interpretar el C. G. del P., implica una apropiaci\u00f3n indebida de las facultades del Congreso para expedir C\u00f3digos, seg\u00fan paso a mostrar sus falencias. <\/p>\n
El Decreto en cuesti\u00f3n, en primer lugar, tiene serios vicios de inconstitucionalidad porque la modificaci\u00f3n del tr\u00e1mite de segunda instancia como en sus consideraciones aparece, la verdad, no agiliza ni flexibiliza la atenci\u00f3n a los usuarios del servicio de justicia, sino que por el contrario los afecta, para en su lugar facilitar el trabajo de los jueces de segunda instancia al margen de la ciudadan\u00eda y del principio democr\u00e1tico, porque para todas las hip\u00f3tesis donde las partes no pidan pruebas en segunda instancia durante el t\u00e9rmino de ejecutoria de la providencia que admite la apelaci\u00f3n no habr\u00e1 audiencia en segunda instancia, autorizando que un juez desde un lugar secreto donde se halle, sin saberse si sea \u00e9l o un tercero que lo sustituye e imprima su firma electr\u00f3nica, dicte sentencia escrita, remiti\u00e9ndola a la red sin ninguna obligaci\u00f3n de realizar audiencia sin que valga para nada la humanidad del justiciable. <\/p>\n
El Decreto 806 de 2020 se dict\u00f3 en el marco del Estado de Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica con fundamento en las facultades conferidas por el art. 215 de la C. N, de la ley 137 de 1994 y del Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, por medio del cual se declar\u00f3 en \u201cEstado de Emergencia Social y Ecol\u00f3gica el territorio nacional\u201d. <\/p>\n
Entre ese Decreto y las causales de emergencia realmente no existe conexidad alguna, ni relaci\u00f3n de causalidad entre pandemia y modificaci\u00f3n del proceso oral en segunda instancia; constituye la materializaci\u00f3n de las quejas de sectores inconformes con la forma como se dise\u00f1\u00f3 la segunda instancia en el C\u00f3digo General del Proceso y de todos los opositores a la oralidad; as\u00ed como de una parte de jueces y abogados enemigos de la realizaci\u00f3n de la audiencia en segunda instancia o de quienes estaban inc\u00f3modos con la obligatoriedad de la misma en esta fase. Esto justamente lo reconoce la parte considerativa del Decreto cuando expresa: <\/p>\n
\u201cSe regula la segunda instancia en materia civil y familia para que esta se pueda tramitar, en los casos en que no se decreten pruebas en segunda instancia, sin que tenga que adelantarse la audiencia para la sustentaci\u00f3n del recurso, y por el contrario la sustentaci\u00f3n, su traslado y sentencia se har\u00e1 a trav\u00e9s de documentos aportados por medios electr\u00f3nicos. Igualmente, en laboral se establece que la segunda instancia se pueda adelantar sin la audiencia para alegatos de conclusi\u00f3n y sentencia, estas actuaciones se podr\u00e1n hacer mediante documentos electr\u00f3nicos\u201d. <\/p>\n
Si hubiese conexidad entre pandemia y el nuevo sistema procesal, realmente tendr\u00eda que haberse modificado el r\u00e9gimen establecido en las reglas 372 y 373 del C. G. del P. y las dem\u00e1s audiencias previstas durante la primera instancia que implementan el sistema de la oralidad. <\/p>\n
4. En mi condici\u00f3n de integrante de este colegiado, es mi obligaci\u00f3n frente a la Constituci\u00f3n y a la democracia constitucional, y en representaci\u00f3n de quienes defendemos el derecho del usuario a ser o\u00eddo del grave perjuicio que representa este Decreto para los sistemas democr\u00e1ticos de acceso a la justicia, y mucho m\u00e1s ahora, que el Decreto puede mutarse en legislaci\u00f3n permanente y en regla general, que da al traste con la conquista de un proceso democr\u00e1tico y de acceso al usuario al sistema judicial abierto y p\u00fablico. <\/p>\n
En esa tendencia, la Sala de Casaci\u00f3n acaba de agravar el problema para cambiar inopinadamente un creciente desarrollo que ven\u00eda alcanzando el acceso a la justicia en segunda instancia, para que la ciudadan\u00eda, las partes, los usuarios expusieran as\u00ed fuera, virtualmente los motivos de reproche contra la sentencia de primera instancia en forma directa ante el juez o tribunal de segunda instancia, creyendo err\u00f3neamente que los sistemas secretos y escriturales son la forma m\u00e1s adecuada, id\u00f3nea y democr\u00e1tica de administrar justicia, dejando a un lado el derecho del usuario a ser o\u00eddo por el Tribunal o Juez competente. <\/p>\n
La nueva posici\u00f3n, pasa a confundir la elemental distinci\u00f3n de la pretensi\u00f3n impugnaticia con la fundamentaci\u00f3n y realiza una mezcla ininteligible entre reparos concretos y sustentaci\u00f3n. Modifica en ese sentido el C. G. del P. porque los confunde, invent\u00e1ndose un nuevo C\u00f3digo para la segunda instancia. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la apelaci\u00f3n de la sentencia, el 322 del C. G. del P. se halla vigente de tal modo, que ahora, con el nuevo criterio pasan a confundirse esos escenarios de la formulaci\u00f3n de los reparos concretos y de la sustentaci\u00f3n. Quien apela una sentencia no s\u00f3lo debe aducir en forma breve sus reparos concretos respecto de ese pronunciamiento, sino que debe acudir ante el superior para sustentar all\u00ed ese remedio, apoyado, justamente, en esos cuestionamientos puntuales. El inciso 2\u00ba del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 322 establece: \u00abal momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deber\u00e1 precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustanciaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior\u00bb (subrayas ex texto) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
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La Sala en infinidad de decisiones hab\u00eda clarificado puntualmente que el remedio vertical contra las sentencias ten\u00eda un sendero claro: (i) su interposici\u00f3n y (ii) la formulaci\u00f3n de reparos concretos, \u00e9stas ante el a quo, y (iii) la sustentaci\u00f3n oral que corresponde a la exposici\u00f3n de las tesis o argumentos encaminados a quebrar la decisi\u00f3n, conforme a los reparos que en su oportunidad se formularon contra la providencia cuestionada, en la segunda instancia. <\/p>\n
Conforme a la disposici\u00f3n bajo estudio, para la presentaci\u00f3n de esos reparos concretos y determinados que deben realizarse para habilitar la apelaci\u00f3n de una sentencia dictada en audiencia, se establecen dos oportunidades: (i) al momento de interponer el recurso, en forma inmediata a su pronunciamiento y, (ii) dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la finalizaci\u00f3n de dicha audiencia (\u2026). <\/p>\n
De tal modo que, si la providencia se dict\u00f3 en \u201caudiencia\u201d, el interesado podr\u00e1 cumplir la referida carga i) bien \u201cal momento de interponer el recurso\u201d o ii) \u201cdentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n\u201d. Empero, de haberse emitido \u00abpor fuera de audiencia\u201d, deber\u00e1 hacerlo \u201cdentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a [\u2026] la notificaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
5. El nuevo criterio, de paso, deja sin fundamento, y\u00e9ndose en contra del inciso 4\u00ba del 322 cuando prev\u00e9 que: \u00abSi el apelante (\u2026) no (\u2026)precis[a] los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarar\u00e1 desierto el recurso de apelaci\u00f3n contra una sentencia que no hubiere sido sustentado\u00bb (negrillas y subrayas fuera del texto) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
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Por tanto, deroga, sin facultad legal, la atribuci\u00f3n del juez de segunda instancia para disponer como sanci\u00f3n, la declaratoria de desierto del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra una sentencia cuando: (i) no se precisan, de manera breve, los reparos concretos que se le hacen a la decisi\u00f3n, al momento de presentar la impugnaci\u00f3n en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia. <\/p>\n
Lo anterior, porque van a emerger muchas hip\u00f3tesis problem\u00e1ticas por la inusual e il\u00f3gica forma de configurar jurisprudencialmente el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n por parte de la Sala puesto que la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n bien puede ahora equivaler a la formulaci\u00f3n de los reparos en primera instancia, como en los casos que ahora se vienen tutelando, considerando que la presentaci\u00f3n de ellos en primera instancia supone la sustentaci\u00f3n. Por otra parte, pueden dejarse de presentar reparos para pasar a sustentar directamente, transformando en inocua esa exigencia de los reparos, sea porque la fundamentaci\u00f3n tendr\u00e1 los alcances de la presentaci\u00f3n de ellos; o porque \u00e9stos equivaldr\u00e1n a la sustentaci\u00f3n. De modo que por v\u00eda de una doctrina deleznable se le usurpan las funciones al juez de segunda instancia, porque todo queda cumplido ante el a quo. <\/p>\n
<\/p>\n
En lo atinente a la sustentaci\u00f3n, el legislador previ\u00f3, espec\u00edficamente, respecto de las sentencias, que la fundamentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n deb\u00eda darse ante el ad quem a partir de los reparos concretos aducidos ante el a quo. Esto como exigencia del art. 327 del C. G. del P. queda desvertebrada ahora. <\/p>\n
Se infiere, entonces, que trat\u00e1ndose de sentencias, en primera instancia: interposici\u00f3n, formulaci\u00f3n de los reparos concretos y concesi\u00f3n; y, en segunda: admisi\u00f3n o inadmisi\u00f3n con su ejecutoria, fijaci\u00f3n de audiencia con la eventual fase probatoria, sustentaci\u00f3n oral y sentencia, quedan totalmente desintegradas del resto del sistema, y adem\u00e1s, pasa a acogerse, la forma c\u00f3mo el legislador laboral organiz\u00f3 la apelaci\u00f3n, renunciando al propio C. G. del P., para desestabilizarlo, siguiendo la doctrina de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, algo realmente impertinente y absurdo. <\/p>\n
<\/p>\n
6. El principal golpe que se otorga con esta nueva tesis es al principio general de la oralidad de los sistemas procesales contempor\u00e1neos para retornar a una \u00e9poca an\u00e1loga a la feudal. El vigente Estatuto Procedimental Civil, sabiamente en su T\u00edtulo Preliminar, establece sin ambig\u00fcedad la forma como deben surtirse las actuaciones judiciales, esto es, de manera \u201c(\u2026) oral, p\u00fablica y en audiencias (\u2026)\u201d, seg\u00fan lo previsto en el art. 3 all\u00ed se expresa: <\/p>\n
\u201cLas actuaciones se cumplir\u00e1n en forma oral, p\u00fablica y en audiencias, salvo las que expresamente se autorice realizar por escrito o est\u00e9n amparadas por reserva (\u2026)\u201d, se trata de disposici\u00f3n basilar del sistema procesal vigente en la Ley 1564 de 2012. <\/p>\n
<\/p>\n
Al renunciar al principio de la oralidad hay afectaci\u00f3n al respeto y garant\u00eda de los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia. Se perturba la transparencia, la contradicci\u00f3n e inmediaci\u00f3n desarrolladas en los c\u00e1nones 4\u00b0 y siguientes de la dicha obra. Igualmente, las reglas 106 y 107 \u00eddem, que contemplan la metodolog\u00eda a seguir para el desarrollo de los litigios, dirigida, concretamente, a lograr que aqu\u00e9llos, adem\u00e1s de tener una duraci\u00f3n razonable (art. 121 del C.G.P.), comprendan solamente una audiencia inicial y, si es el caso, una de instrucci\u00f3n y juzgamiento. <\/p>\n
<\/p>\n
La contundencia de la oralidad y del derecho a ser o\u00eddos para los justiciables, partes y terceros, es tal que el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 107 consagra la nulidad de la actuaci\u00f3n cuando llegare a presentarse \u201c(\u2026) la ausencia del juez o de los magistrados (\u2026)\u201d en la respectiva diligencia. A su turno, el inciso 5\u00ba de la misma preceptiva impone la convocatoria \u201c(\u2026) a una audiencia especial con el solo fin de repetir la oportunidad para alegar (\u2026)\u201d cuando se presenta el cambio del juez que debe dictar el fallo y, aunado a ello, el numeral 6\u00ba \u00eddem prescribe: \u201c(\u2026) Prohibiciones. Las intervenciones orales no podr\u00e1n ser sustituidas por escritos (\u2026)\u201d; en concordancia con el numeral 7\u00ba del art. 133, donde se prev\u00e9 la invalidez del decurso si \u201c(\u2026) la sentencia se profier[e] por un juez distinto del que escuch\u00f3 los alegatos de conclusi\u00f3n o la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Soslayar la sustentaci\u00f3n oral frente al superior, impuesta en el canon 322 concordante con el art. 327 del C\u00f3digo General del Proceso, contradice los postulados en menci\u00f3n y, de contera, el principio democr\u00e1tico representativo, seg\u00fan el cual es el Congreso de la Rep\u00fablica, revestido de una amplia potestad legislativa, el competente para regular los decursos judiciales (art. 150, C.P.). Lo anterior, con la medida tomada en el Decreto 806 de 2020 y luego con la nueva doctrina escrituralista y secreta. <\/p>\n
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Sobre lo enunciado, la Corte Constitucional en sentencia C- 124 de 1 de marzo de 2011, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l legislador no est\u00e1 facultado para prever, bajo el simple capricho o la arbitrariedad, las ritualidades procesales, \u201c(\u2026) pues no puede desconocer las garant\u00edas fundamentales, y debe proceder de acuerdo con criterios de proporcionalidad y razonabilidad, a fin de asegurar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la administraci\u00f3n de una justicia recta. Por ello las leyes que establecen procedimientos deben propender por (\u2026) hacer efectivos los derechos de defensa, de contradicci\u00f3n, de imparcialidad del juez, de primac\u00eda de lo substancial sobre lo adjetivo o procedimental, de juez natural, de publicidad de las actuaciones y los otros que conforman la noci\u00f3n de debido proceso (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed, indic\u00f3 que el objetivo de dicha reglamentaci\u00f3n <\/p>\n
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\u201c(\u2026) es evidente: obtener la descongesti\u00f3n de los despachos judiciales a partir de reformas al procedimiento que privilegien la celeridad y la consecuci\u00f3n de decisiones sin dilaciones justificadas, de acuerdo con el mandato constitucional, sirvi\u00e9ndose para ello de un modelo procesal regido por la oralidad, de una nueva concepci\u00f3n del procedimiento civil, fundada en la preeminencia de las audiencias orales, en contraposici\u00f3n con el peso espec\u00edfico del proceso escrito (\u2026). El legislador, en ese orden de ideas, hace uso de la amplia facultad de configuraci\u00f3n legislativa, a fin de establecer a la oralidad como un instrumento de superaci\u00f3n de la inveterada congesti\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n civil en Colombia. Esta soluci\u00f3n legislativa, que est\u00e1 dirigida a garantizar un proceso eficiente y, a su vez, respetuoso de los derechos fundamentales de las partes, en especial el debido proceso, se muestra prima facie compatible con la Constituci\u00f3n. A su vez, la preferencia que [se] hace (\u2026) por la oralidad en el proceso civil significa una reconceptualizaci\u00f3n de la funci\u00f3n de administraci\u00f3n de justicia. Por a\u00f1os, el procedimiento civil ha sido arquet\u00edpicamente escrito, incluso respecto de procesos que formalmente han sido denominados por d\u00e9cadas como \u2018verbales\u2019. En tal sentido, la reforma legal en comento busca lograr que la audiencia sea el escenario preferente de desarrollo del proceso (\u2026)\u201d. <\/p>\n
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\u201cEn t\u00e9rminos de autores como Chiovenda, \u2018la experiencia derivada de la historia permite a\u00f1adir que el proceso oral es el mejor y m\u00e1s conforme con la naturaleza y las exigencias de la vida moderna, porque sin comprometer en lo m\u00e1s m\u00ednimo, antes bien, garantizando la bondad intr\u00ednseca de la justicia, la proporciona m\u00e1s econ\u00f3micamente, m\u00e1s simplemente y prontamente\u2019. La instauraci\u00f3n de la oralidad, en ese orden de ideas, tambi\u00e9n es un escenario de satisfacci\u00f3n de derechos constitucionales. Ello en el entendido que la audiencia oral est\u00e1 precedida de garant\u00edas que, si bien tienen raigambre procesal, son parte integrante de los derechos al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia. Estas garant\u00edas refieren a la inmediaci\u00f3n, la concentraci\u00f3n y la publicidad (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
6.1. La oralidad es un postulado rector de la actual Codificaci\u00f3n Procesal Civil y demanda su respeto u observancia con \u00edmpetu dentro de los juicios de esa especialidad, pues a trav\u00e9s de ella se lograr\u00e1 la realizaci\u00f3n de prerrogativas como la contradicci\u00f3n y defensa y ante todo el derecho a ser o\u00eddo por el juez. Adem\u00e1s, se busca garantizarle a los administrados la facultad de ser atendidos directamente y sin intermediarios por los funcionarios judiciales, cuesti\u00f3n que, al final, les impone a todos los sujetos procesales intervenir con transparencia, fundamento de la democracia participativa. <\/p>\n
<\/p>\n
7. El derecho del justiciable a ser o\u00eddo p\u00fablicamente es un derecho fundamental aprobado por Colombia por Ley 74 de 1968 e incorporado tambi\u00e9n a la Constituci\u00f3n por medio de la categor\u00eda \u201cbloque de constitucionalidad\u201d. La tesis opuesta aduce err\u00f3neamente que se trata de la configuraci\u00f3n de un procesalismo a ultranza, al exigirse la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n de una sentencia ante el ad quem, porque, en su criterio, esa autoridad elabora previamente su fallo de fondo, atendiendo, exclusivamente, a los \u201creparos concretos\u201d ventilados frente al a quo y pretiriendo la posterior argumentaci\u00f3n. Esta forma de proceder desconoce los principios prevalentes como la publicidad, transparencia y el derecho a ser o\u00eddo. Adem\u00e1s, pasa por alto, la Observaci\u00f3n 13 del Comit\u00e9 de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuando dispone: <\/p>\n
\u201cLa finalidad de todas estas disposiciones es garantizar la adecuada administraci\u00f3n de justicia y a tal efecto, afirmar una serie de derechos individuales como la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia y el derecho a ser o\u00eddo p\u00fablicamente y con las debidas garant\u00edas por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley\u201d. <\/p>\n
Pero m\u00e1s all\u00e1 de la observaci\u00f3n citada, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidad el 16 de diciembre de 1966, y que entr\u00f3 en vigor el 23 de marzo de 1976, y aprobado por Colombia mediante Ley 74 de 1968, en su art\u00edculo 14 se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201c1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendr\u00e1 derecho a ser o\u00edda p\u00fablicamente y con las debidas garant\u00edas por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n de car\u00e1cter penal formulada contra ella o para la determinaci\u00f3n de sus derechos u obligaciones de car\u00e1cter civil. La prensa y el p\u00fablico podr\u00e1n ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden p\u00fablico o seguridad nacional en una sociedad democr\u00e1tica, o cuando lo exija el inter\u00e9s de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opini\u00f3n del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa ser\u00e1 p\u00fablica, excepto en los casos en que el inter\u00e9s de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores\u201d (Subrayas ex texto). <\/p>\n
El C\u00f3digo General del Proceso concibi\u00f3 la etapa memorada no s\u00f3lo para que las partes act\u00faen p\u00fablicamente y con transparencia, exponiendo sus apreciaciones, con el fin de evitar juicios secretos provenientes de los funcionarios jurisdiccionales, y, ante todo, con el prop\u00f3sito de dar cumplimiento a la Constituci\u00f3n y ante el necesario reconocimiento de las garant\u00edas y derechos previstos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. De tal manera que el nuevo criterio y los oponentes de la oralidad, abogan por el desconocimiento de los derechos fundamentales en los juicios, los cuales deben ser p\u00fablicos y orales, de otra manera se infringe el corpus iuris internacional de los derechos humanos. <\/p>\n
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As\u00ed, la nueva Codificaci\u00f3n Procesal Civil pugna por lograr que los falladores definan los casos bajo su conocimiento en las diligencias establecidas, tras escuchar las aserciones de los extremos de la litis. <\/p>\n
La oralidad es un principio, es una regla general y un medio para conquistar la democracia en el ejercicio de la actividad procesal en la soluci\u00f3n de casos como desarrollo de la tutela judicial efectiva. No es el culto a la forma, mucho menos, como err\u00f3neamente se confunde con leer textos elaborados previamente; no es cuesti\u00f3n de lecto-escritura, porque en estas hip\u00f3tesis subyace las m\u00e1s de las veces una equivocada concepci\u00f3n que traslada la magna y aut\u00e9ntica misi\u00f3n de juzgamiento en cabeza del juez a los auxiliares. Es tornar p\u00fablico y cristalino el juicio y la funci\u00f3n de la judicatura, y por supuesto, la de los representantes de las partes, por cuanto los intervinientes exponen sus argumentos para que sean conocidos, para que haya contradicci\u00f3n y una defensa v\u00e1lida, todo en presencia de la jurisdicci\u00f3n. Procura que el fallo no sea secreto, ni las decisiones se tomen al margen de lo comprobado y vertido en la deliberaci\u00f3n racional e instrucci\u00f3n probatoria p\u00fablica. Es materializar el debido proceso previsto en el art. 29 de la Carta. <\/p>\n
<\/p>\n
Una providencia en esta nueva cultura del Estado constitucional no debe anclarse en lo oculto, en construcciones gramaticales escritas fr\u00edas, que inclusive atentan contra el medio ambiente porque muchas deben acudir a formas materiales contaminantes, que apartan la interpretaci\u00f3n del lenguaje humano y corporeidad, presente en los sentidos y en el proceder de los extremos del litigio. Un sistema oral no puede prescindir del todo de la escrituralidad, es cierto, pero no puede ser un debate de notas o copias o de correos electr\u00f3nicos donde el juzgador se aleja de la parte, de su rostro y de su sentimiento expresado en la conducta. <\/p>\n
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Un procedimiento oral y p\u00fablico, adem\u00e1s, potencia la democracia participativa y la posibilidad de que la actividad y las funciones de los jueces sea objeto de escrutinio ante la comunidad jur\u00eddica y la opini\u00f3n p\u00fablica. Es de esa forma como la ciudadan\u00eda puede de primera mano conocer su desempe\u00f1o, el modelo de juez, los esquemas de administraci\u00f3n de justicia y auscultar a quienes fallan los asuntos de la ciudadan\u00eda en el reconocimiento de prerrogativas. Por supuesto, compete a esa opini\u00f3n y a esos visores sociales respetar la autonom\u00eda e independencia judicial con enorme celo, sin interferir en tan sagrada labor. <\/p>\n
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Esa posibilidad de forjar simult\u00e1neamente democracia participativa y deliberativa, es prop\u00f3sito, que \u00fanicamente se consolida procurando la concentraci\u00f3n de actuaciones para realizar el mayor n\u00famero de actos en el menor tiempo, agot\u00e1ndolos en una audiencia, en lo posible. Adem\u00e1s, ello, da identidad al juzgador que instruye, oye el alegato y resuelve; admite que evac\u00fae los interrogatorios, revise los documentos que se le presentan y analice los testigos y su reacci\u00f3n f\u00edsica y ps\u00edquica a los cuestionarios formulados por los intervinientes o por el propio juez. La audiencia permite que el juez observe directamente las cosas u objetos materia del litigio; facilita que reflexione, oiga y defina con fundamento en lo probado y alegado, en inmediatez f\u00edsica y con la activa participaci\u00f3n de los sujetos legitimados procesal y sustancialmente. Se trata entonces de la adecuaci\u00f3n de la democracia y socializaci\u00f3n del proceso civil. <\/p>\n
<\/p>\n
El citado principio tambi\u00e9n busca el desarrollo de un tr\u00e1mite p\u00fablico, dentro de un tiempo razonable, sin dilaciones injustificadas o inexplicables como ejecuci\u00f3n del debido proceso. <\/p>\n
8. Se insiste, desde la propia arquitectura del C\u00f3digo General del Proceso, la fundamentaci\u00f3n o sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n contra sentencias es durante la segunda instancia en audiencia; y no de otro modo, en desarrollo de la oralidad y de la publicidad, cual de forma puntual lo imponen las premisas insertas en el numeral 5\u00ba, art. 327 del aludido C\u00f3digo, al decir: \u201c(\u2026) ejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, el juez convocar\u00e1 a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo (\u2026)\u201d, reivindicaci\u00f3n consignada en el ep\u00edlogo del 330 ib\u00edd. de la misma manera en: \u201c(\u2026) audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo (\u2026)\u201d, lo anterior, como efecto directo del art. 3\u00ba del ib\u00eddem, cuando consagra: \u201cLas actuaciones se cumplir\u00e1n en forma oral, p\u00fablica y en audiencias, salvo las que expresamente se autorice realizar por escrito o est\u00e9n amparadas por reserva (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto). <\/p>\n
<\/p>\n
Por esas razones el numeral 6\u00ba, art. 107 ej\u00fasdem determina: \u201c(\u2026) Las intervenciones orales no podr\u00e1n ser sustituidas por escritos (\u2026)\u201d, de tal modo que corresponde al juez o\u00edr e instruir y conducir personalmente el decurso, al punto de que \u201c(\u2026) [c]uando se produzca cambio de juez que deba proferir sentencia en primera o segunda instancia, quien lo sustituya deber\u00e1 convocar a una audiencia especial con el solo fin de repetir la oportunidad para alegar. O\u00eddas las alegaciones, se dictar\u00e1 sentencia seg\u00fan las reglas generales (\u2026)\u201d. En fin, no es presentar un escrito de sustentaci\u00f3n ante un juez diferente al que debe resolver la alzada, sino de exponer los fundamentos del disenso por el recurrente, y consecuentemente, de escuchar y o\u00edr los alegatos y la argumentaci\u00f3n por el juez a quien directamente corresponde fallar la cuesti\u00f3n, en desarrollo de la inmediaci\u00f3n, seg\u00fan se infiere cristalinamente de la nueva axiolog\u00eda procesal. <\/p>\n
9. La Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, suscrita el 22 de noviembre de 1969 en San Jos\u00e9-Costa Rica- y aprobada por Colombia mediante la Ley 16 de 1972, en su art\u00edculo 8.1 resalta el derecho fundamental a ser o\u00eddo por un juez o tribunal independiente y aut\u00f3nomo: <\/p>\n
\u201cToda persona tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n penal formulada contra ella, o para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car\u00e1cter (\u2026)\u201d (Subrayas fuera de texto). <\/p>\n
El verbo o\u00edr seg\u00fan la RAE, es \u201c(\u2026) percibir con el o\u00eddo los sonidos (\u2026) Dicho de una persona: Atender los ruegos, s\u00faplicas o avisos de alguien, o a alguien. (\u2026) Hacerse cargo, o darse por enterado, de aquello de que le hablan (\u2026) Tomar en consideraci\u00f3n las alegaciones de las partes antes de resolver la cuesti\u00f3n debatida\u201d3. De tal modo que no se trata de leer correos electr\u00f3nicos o de leer textos escritos. Por consiguiente, el derecho fundamental a ser o\u00eddo solamente se satisface cuando se oye a las partes, cuando se observa e inmedia la conducta procesal y se atienden los reclamos del justiciable. <\/p>\n
La Constituci\u00f3n espa\u00f1ola de 1978 en el art. 120, se\u00f1ala expl\u00edcitamente, tres premisas centrales sobre el principio que vengo exponiendo y frente al cual se rebela la Sala: \u201cLas actuaciones judiciales ser\u00e1n p\u00fablicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. El procedimiento ser\u00e1 predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. Las sentencias ser\u00e1n siempre motivadas y se pronunciar\u00e1n en audiencia p\u00fablica\u201d4. <\/p>\n
10. El antecedente que ahora se adopta es una renuncia a la perspectiva de entender la labor del juez como la de un funcionario p\u00fablico integrante de un sistema democr\u00e1tico que no solamente resuelve un caso concreto cuyas decisiones son objeto de un control endoprocesal t\u00e9cnico y funcional por medio de la apelaci\u00f3n, sino que tambi\u00e9n hay terceros con inter\u00e9s y con legitimaci\u00f3n en la causa para ejercer control, dado el car\u00e1cter p\u00fablico y social de sus decisiones, respecto de cuya actividad tienen derecho la ciudadan\u00eda, la sociedad civil, as\u00ed como los medios de comunicaci\u00f3n a intervenir. No puede desconocerse que la actividad jurisdiccional en el Estado Constitucional y social de derecho debe ser objeto de control p\u00fablico porque la justicia no puede ser secreta, porque el poder judicial al formar parte de \u00e9l, esta tambi\u00e9n sujeto a un control difuso y democr\u00e1tico cuyo titular es la ciudadan\u00eda, la sociedad y la opini\u00f3n p\u00fablica5. La oralidad y la publicidad no atiende, por tanto, exclusivamente al inter\u00e9s de las partes o de los acusados, titulares del control endoprocesal; sino que hoy con mayor rigor comprende a toda la ciudadan\u00eda y a los jueces quienes deben rendir cuentas a la ciudadan\u00eda y exponer sus fallos en forma p\u00fablica y oral. <\/p>\n
11. Ello implica que la prueba, la responsabilidad para fallar, la transparencia, la actuaci\u00f3n del juez debe ser vista y conocida por todos dentro del marco de la democracia constitucional y esta debe ser difundida. Es necesidad hoy, juzgar el compromiso y responsabilidad de los jueces de la forma como investigan, instruyen y resuelven las controversias. Los ciudadanos tienen el derecho y el deber de fiscalizar la decisi\u00f3n judicial, y estos so pretexto de que los ciudadanos son pasivos o neutros, no pueden sustraerse de que los ciudadanos, sepan cu\u00e1l es su rendimiento, c\u00f3mo aplican la ley, c\u00f3mo responden los retos y problemas actuales. Este est\u00e1ndar democr\u00e1tico no lo cumple la Corte Suprema cuando aboga por sustentaciones anticipadas para que los jueces no realicen audiencias y pasen a juzgar y a decidir a espaldas del ciudadano. <\/p>\n
Es tarea de la Corte evitar juzgamientos furtivos, injustos, ocultos, escondidos y encubiertos porque la ciudadan\u00eda y su opini\u00f3n, tambi\u00e9n el periodismo investigativo debe tener puertas abiertas porque no se trata de tribunales secretos, de inquisici\u00f3n o desp\u00f3ticos sino del derecho a una democracia racional y deliberante. No hay Estado Constitucional, donde haya secretos y penumbras y los jueces como garantes del mismo son los primeros llamados a respetar el derecho fundamental a ser o\u00eddo p\u00fablica y directamente por quien va a fallar su causa. <\/p>\n
<\/p>\n
Fecha, ut supra. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 COLOMBIA, CCONST. Sentencia C-124 de 1 de marzo 2011. <\/p>\n
2\u0002 COLOMBIA, CCONST. Sentencia C-124 de 1 de marzo 2011. <\/p>\n
3\u0002 RAE, Real Academia Espa\u00f1ola de la Lengua. Diccionario esencial de la Lengua espa\u00f1ola. 22 edic Madrid: Espasa, 2006, p. 1052 <\/p>\n
4\u0002 ESPA\u00d1A, CONSTITUCI\u00d3N ESPA\u00d1OLA, del 27 de diciembre de 1978. Madrid: Colex, 1988, p.163. <\/p>\n
5\u0002 HABERMAS, Jurgen. Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democr\u00e1tico de derecho en t\u00e9rminos de teor\u00eda del discurso. Traducci\u00f3n de Manuel Jim\u00e9nez Redondo. Valladolid: Trotta 1998 Pp-407-468. <\/p>\n
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