STC11455-2021<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11455-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2021-00329-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del primero de septiembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (06) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 8 junio de 2021 por la Sala Cuarta de Decisi\u00f3n Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que deneg\u00f3 el amparo reclamado por Gregorio Garc\u00eda Pereira contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Isaac Polonia, Nicolle Polonia y Mayra Alejandra Vera Duarte. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, derecho a la prueba y al juez natural e igualdad procesal, presuntamente vulneradas por la autoridad judicial acusada en el proceso ejecutivo adelantado a continuaci\u00f3n del proceso de rendici\u00f3n de cuentas provocadas con radicaci\u00f3n 2014-00386-00. <\/p>\n
2. Del extenso escrito de tutela, se vislumbra que, en sustento de su queja, el actor sostuvo que el se\u00f1or Julio Polan\u00eda Mart\u00ednez present\u00f3 una demanda de rendici\u00f3n de cuentas en su contra, que correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla, bajo el radicado 080013100300520140038600. En las pretensiones solicit\u00f3 que, luego de rendidas las cuentas, se tramitara la devoluci\u00f3n del dinero entregado para inversi\u00f3n en el proyecto inmobiliario Patria M\u00eda. Tal proyecto correspond\u00eda a la uni\u00f3n temporal entre el tutelante, la Gobernaci\u00f3n del Atl\u00e1ntico y la Fundaci\u00f3n Pro Vida \u2013 CORPROVIDA, para \u00abel desarrollo inmobiliario del programa de inter\u00e9s social\u00bb, en el que el accionante fue designado representante y ten\u00eda una participaci\u00f3n del 99%. <\/p>\n
Dijo que suscribi\u00f3 \u00abun contrato de cuentas en participaci\u00f3n con JULIO POLANIA donde con el fin de buscar ayuda para el programa me compromet\u00ed a compartir las ganancias o las p\u00e9rdidas que obtuviera en el proyecto inmobiliario PATRIA MIA al final del ejercicio\u00bb. Sin embargo, por cambio del mandatario departamental, la Gobernaci\u00f3n no financi\u00f3 la parte a la que se hab\u00eda comprometido, por lo que se paraliz\u00f3 la obra y \u00abse solicit\u00f3 la liquidaci\u00f3n del contrato a la Gobernaci\u00f3n del Atl\u00e1ntico, pero esta guard\u00f3 silencio y por dicha situaci\u00f3n incurr\u00ed en incumplimiento frente al socio no gestor u oculto del contrato de cuentas, es decir JULIO POLANIA\u00bb. <\/p>\n
El 13 de agosto de 2015 se adelant\u00f3 la audiencia consagrada en el art\u00edculo 432 del C.P.C., en la que se profiri\u00f3 sentencia ordenando al demandado -ac\u00e1 accionante- rendir cuentas, decisi\u00f3n que fue confirmada el 19 de abril de 2017 por el Tribunal Superior de Barranquilla. <\/p>\n
Las cuentas fueron presentadas el 3 de octubre de 2017 y, durante el traslado, el all\u00e1 demandante formul\u00f3 objeci\u00f3n, para que fueran desestimadas, porque no se anexaron los soportes contables. De la objeci\u00f3n se corri\u00f3 traslado el 1\u00b0 de noviembre de 2017, \u00aba lo cual la parte demandada no di\u00f3 (sic) respuesta\u00bb. <\/p>\n
El 11 de diciembre de 2017, el Juzgado accionado profiri\u00f3 auto, \u00absin haber convocado previamente a audiencia para desarrollar el tr\u00e1mite incidental\u00bb, mediante el que resolvi\u00f3 el incidente de objeci\u00f3n de cuentas y declar\u00f3 probadas las formuladas por el demandante; adem\u00e1s, fij\u00f3 \u00abcomo saldo a favor del demandante la suma de $2.000.000.000 que deber\u00e1 cancelar el demandando\u00bb. <\/p>\n
En criterio del actor, al no adelantarse el tr\u00e1mite del incidente como lo prescribe el art\u00edculo 129 del C.G.P., las pruebas aportadas con la rendici\u00f3n de cuentas y las objeciones no fueron incorporadas en debida forma, a lo cual se sum\u00f3 que, en ese prove\u00eddo, \u00abel juzgado accionado le otorga pleno valor probatorio de la existencia de una obligaci\u00f3n a una \u2018carta obrante a folio 496\u2019 aportada por el demandante con las objeciones, que, en realidad, es la copia de un original no aportado por el demandante al momento de presentar sus objeciones\u00bb. <\/p>\n
La decisi\u00f3n del 11 de diciembre de 2017, seg\u00fan el tutelante, de haber valorado las pruebas en conjunto, \u00abhabr\u00eda llegado a una conclusi\u00f3n totalmente distinta, porque en el contrato de cuentas en participaci\u00f3n celebrado el 13 de agosto de 2010, y aportado con la demanda, fue reformado mediante Otros\u00ed del 10 de junio de 2011\u00bb, con lo que se hubiera establecido que la obligaci\u00f3n de rendir cuentas \u00abno hab\u00eda surgido a la vida jur\u00eddica\u00bb, pues esta depend\u00eda de la firma de un otro s\u00ed diferente, para crear el fondo com\u00fan, que nunca se suscribi\u00f3; adem\u00e1s, el otro s\u00ed del 10 de junio de 2011 \u00abdesvirt\u00faa que el demandado hab\u00eda recibido a cabalidad la suma de dos mil millones de pesos en efectivo como se sostiene en el auto de 11 de diciembre de 2017\u00bb, ya que reform\u00f3 la obligaci\u00f3n original, para establecer que ser\u00eda en especie y en dinero. <\/p>\n
Contra el auto del 11 de diciembre de 2017, el actor interpuso recurso de reposici\u00f3n, el cual fue confirmado el 5 de marzo de 2018 por el Despacho convocado. <\/p>\n
2.1. Posteriormente, la apoderada de Julio Polan\u00eda Mart\u00ednez present\u00f3 ante el accionado una demanda ejecutiva singular de mayor cuant\u00eda, para que fuera tramitada a continuaci\u00f3n del proceso de rendici\u00f3n de cuentas, sin que fueran \u00abaportados con la demanda ejecutiva: ni la copia del auto de fecha 11 de diciembre de 2017, ni la constancia de fijaci\u00f3n de estado, ni se anex\u00f3 la constancia de ejecutoria del auto de 11 de diciembre de 2017\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, se libr\u00f3 mandamiento de pago el 14 de marzo de 2018, ordenando al demandado cancelar a Julio Polan\u00eda Mart\u00ednez $2.000.000.000, m\u00e1s los intereses corrientes y moratorios, \u00absiendo que el auto de 11 de diciembre no condena al pago de intereses\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 el accionante que no fue notificado en debida forma de ese prove\u00eddo. <\/p>\n
De otro lado, el tutelante adujo que, mediante auto del 7 de diciembre de 2020, el accionado corrigi\u00f3 los despachos comisorios sobre los predios que hab\u00eda embargado, no obstante, nada expres\u00f3 en la parte resolutiva sobre la solicitud elevada por su apoderado el 23 de noviembre de 2020, para secuestrar el predio \u00abGLOBO 1 MLAMBITO\u00bb, \u00absino que se se\u00f1al\u00f3 en la parte considerativa que la solicitud del suscrito no resultaba procedente porque el mismo 7 de diciembre se hab\u00eda negado la solicitud de limitaci\u00f3n de las medidas cautelares y adem\u00e1s no pod\u00eda \u2018dejarse de hacer la ordenaci\u00f3n de los embargos solicitados por la apoderada de la parte demandante\u2019\u00bb. <\/p>\n
Contra esa decisi\u00f3n present\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y de apelaci\u00f3n, requiriendo la \u00abrevocaci\u00f3n o nulidad de los autos de 7 de diciembre de 2020, 20 de abril de 2018 y auto de 7 de junio de 2018 por falta de legitimaci\u00f3n de la Dra. MAYRA VERA DUARTE, apoderada del demandante\u00bb, quien solicit\u00f3 a nombre propio (y no como apoderada del demandante) el embargo y secuestro de los remanentes en otro proceso de los inmuebles del demandado, identificados con las matr\u00edculas inmobiliarias 040-394066, 040-357931 y 040-507108. Asegur\u00f3 que, ante esa irregularidad, el convocado no pod\u00eda seguir el tr\u00e1mite de correcciones de los despachos comisorios dispuestos en el auto del 7 de diciembre de 2020. <\/p>\n
Por auto del 5 de febrero de 2021, el despacho manifest\u00f3 que el apoderado Erickson Ilvanovich Acosta, que present\u00f3 una solicitud de nulidad, no ten\u00eda facultad para ello, \u00abya que solo tiene poder para solicitar el secuestro del inmueble GLOBO 1M con folio 041-119862\u00bb; adem\u00e1s, requiri\u00f3 a la doctora Vera Duarte, para que manifestara en qu\u00e9 calidad actuaba cuando pidi\u00f3 los embargos. Sostuvo el gestor que, por esa consideraci\u00f3n, s\u00f3lo se concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto, \u00ablimit\u00e1ndolo tem\u00e1ticamente al secuestro solicitado del inmueble con folio 041-119862\u00bb. <\/p>\n
Frente a esa providencia, el apoderado principal present\u00f3 recursos de reposici\u00f3n y de apelaci\u00f3n, manifestando que coadyuvaba los memoriales presentados por el abogado suplente, al no encontrase en la ciudad, pero, mediante auto del 26 de febrero siguiente, la autoridad judicial accionada sostuvo que el apoderado principal debi\u00f3 presentar un poder de sustituci\u00f3n y que no bastaba con manifestar que estaba ausente, por tanto, no revoc\u00f3 la decisi\u00f3n ni concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Narr\u00f3 el actor que, paralelamente, hab\u00eda solicitado la limitaci\u00f3n de unas medidas cautelares y el levantamiento de otras sobre algunos predios, pues el aval\u00fao de uno de los inmuebles embargados \u00abes m\u00e1s del doble del cr\u00e9dito e intereses\u00bb y, mediante auto del 3 de septiembre de 2019, se neg\u00f3 tal pedimento, porque deb\u00eda aportar un aval\u00fao, el cual, seg\u00fan el accionante, ya hab\u00eda allegado. Interpuestos los recursos de reposici\u00f3n y, en subsidio, de apelaci\u00f3n, el Despacho profiri\u00f3 auto el 7 de diciembre de 2020 confirmando su decisi\u00f3n y concediendo la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
El 4 de marzo de 2021 se profiri\u00f3 auto ordenando seguir adelante con la ejecuci\u00f3n y se dispuso la remisi\u00f3n del expediente a los juzgados de ejecuci\u00f3n; sin embargo, el accionado continu\u00f3 tramitando recursos y solicitudes de nulidad presentadas con anterioridad. <\/p>\n
El 5 de marzo de 2021, el ad quem devolvi\u00f3 las diligencias, para que el expediente fuera organizado conforme a la circular PCSJC20-27 del 21 de julio de 2020, por la cual se se\u00f1ala el protocolo para la formaci\u00f3n del expediente digital, mandato que no se ha cumplido, pese a que la digitalizaci\u00f3n hab\u00eda sido ordenada por el Juzgado mediante auto del 14 de enero de 2021. A la fecha de presentaci\u00f3n de la tutela no se hab\u00eda remitido el expediente al Tribunal, pero s\u00ed se enviaron las diligencias a los juzgados de ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Asegur\u00f3 el accionante que, en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, se tramita, bajo el radicado 11001020300020190235500, la demanda de revisi\u00f3n que \u00e9l interpuso contra la sentencia de segunda instancia en el proceso de rendici\u00f3n de cuentas. <\/p>\n
2.3. Consider\u00f3 que se configur\u00f3 un perjuicio irremediable, pues todos sus bienes est\u00e1n sujetos a medidas cautelares, con orden de remate, cuando su valor supera en m\u00e1s de 15 veces el monto de la obligaci\u00f3n cobrada coactivamente. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se concedan las siguientes pretensiones: \u00abPRIMERA PRINCIPAL\u00bb se amparen sus derechos fundamentales vulnerados en el proceso 2014-00386-00, \u00abPRIMERA SUBSIDIARIA\u00bb en caso de no concederse el ruego, se acceda al amparo transitorio \u00absuspendi\u00e9ndose el proceso radicado 0800131003005201400-38600, para evitar un perjuicio irremediable hasta que se resuelva y quede debidamente ejecutoriado, en ambas instancias, el auto que decida el incidente de nulidad que promueva el apoderado del accionante (\u2026)\u00bb, \u00abSEGUNDA PRINCIPAL: Se declare que es nula de pleno derecho (\u2026) la copia obrante a folio 496 del cuaderno principal No.2 del proceso de rendici\u00f3n de cuentas (\u2026) que fue tenida como prueba en el auto de 11 de diciembre de 2017 (\u2026)\u00bb, \u00abTERCERA PRINCIPAL: Se declare que son nulos de pleno derecho (\u2026) (i) el contrato de cuentas en participaci\u00f3n suscrito el 13 de agosto de 2010 por JULIO POLANIA y GREGORIO GARCIA y (ii) el otros\u00ed modificatorio del contrato de cuentas en participaci\u00f3n de fecha 10 de junio de 2011 aportados con la demanda de rendici\u00f3n (\u2026)\u00bb,\u00abCUARTA PRINCIPAL: (\u2026) que declare la nulidad de lo actuado a partir del auto de fecha 11 de diciembre de 2017 (\u2026) por no ser proferido dicho auto dentro de audiencia que resolviera incidente de objeci\u00f3n a rendici\u00f3n de cuentas\u00bb, \u00abQUINTA PRINCIPAL: (\u2026) revocar el auto de 4 de marzo de 2021 que ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n (\u2026) y se ordene la revisi\u00f3n de oficio, del documento que se haya tenido como t\u00edtulo ejecutivo en el sentido de establecer si el auto de 11 de diciembre de 2017 cumple o no los requisitos formales de ser expedido en audiencia y si est\u00e1 acompa\u00f1ado de Acta de audiencia y nota de ejecutoria\u00bb, \u00abSEXTA PRINCIPAL: (\u2026) revocar y\/o declarar la nulidad de lo actuado a partir del auto de 7 de diciembre de 2020 por el cual se abstuvo de decretar la nulidad de lo actuado a partir del auto de fecha 7 de junio de 2018 por el cual decreta el embargo y secuestro del remanente sobre los inmuebles con folios de matr\u00edcula Nos. 040-394066, 040-357931, 040-507108 (\u2026)\u00bb, \u00abS\u00c9PTIMA PRINCIPAL: (\u2026) decrete el levantamiento de las medidas cautelares de embargo y secuestro sobre los inmuebles con folios de matr\u00edcula Nos. 040-357931, 040-507108 y 040-394066 (\u2026)\u00bb, \u00abOCTAVA PRICNIPAL\u00bb las dem\u00e1s que se estimen necesarias y \u00abNOVENA PRINCIPAL\u00bb ordenar \u00abcrear el expediente digital del proceso radicado 08001310300520140038600 debidamente ordenado de acuerdo al protocolo del Consejo Superior de la Judicatura\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla se\u00f1al\u00f3 que, en el proceso 2014-00386, se profiri\u00f3 sentencia, confirmada en segunda instancia, que orden\u00f3 rendir cuentas al demandante. Presentadas estas cuentas, en su traslado el demandante present\u00f3 objeci\u00f3n que, a su vez, se puso de presente al demandado por el t\u00e9rmino de tres d\u00edas, \u00abvencido los cuales se resolvi\u00f3 las objeciones mediante auto que, si bien no se dict\u00f3 en audiencia, no se viol\u00f3 el derecho de defensa del demandado toda vez que present\u00f3 recurso contra esa objeci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Argument\u00f3 que, si el accionante ten\u00eda inconformidades con el tr\u00e1mite o la valoraci\u00f3n probatoria realizada por ese Juzgado, debi\u00f3 manifestarlas en el momento procesal, en tal medida consider\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
2. La se\u00f1ora Mayra Vera Duarte asever\u00f3 que \u00abtodas y cada una de las mociones y hechos que se\u00f1ala en esta acci\u00f3n de tutela, ya fueron debatidos en sede de apelaci\u00f3n ante el Tribunal, tambi\u00e9n ante la Corte Suprema de Justicia. Y es una situaci\u00f3n que raya en lo temerario\u00bb. Adem\u00e1s, las actuaciones del se\u00f1or Gregorio Garc\u00eda Pereira han estado encaminadas a esquivar el cumplimiento de la sentencia, buscando nulidades, con el fin de revivir etapas ya fenecidas en el proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que las pretensiones dirigidas a que (i) se suspenda el proceso ejecutivo hasta tanto se resuelva el incidente de nulidad, (ii) se declare la nulidad de lo actuado a partir del auto del 11 de diciembre del 2017, (iii) se decrete el levantamiento de las medidas cautelares de embargo y (iv) se declaren nulos \u00abel contrato de cuentas en participaci\u00f3n suscrito el 13 de agosto de 2010 por JULIO POLANIA y GREGORIO GARCIA y el otro s\u00ed modificatorio del contrato de cuentas en participaci\u00f3n de fecha 10 de junio de 2011\u00bb, aportados con la demanda de rendici\u00f3n de cuentas, no cumpl\u00edan con el requisito de subsidiariedad necesario, pues no han sido solicitadas ante el juez de conocimiento. <\/p>\n
En cuanto a las pretensiones encaminadas a que se declare nula \u00abla copia obrante a folio 496 del cuaderno principal No.2 del proceso de rendici\u00f3n de cuentas\u00bb, por haberse obtenida supuestamente con violaci\u00f3n del debido proceso, estableci\u00f3 que tampoco cumpl\u00edan con el requisito de subsidiariedad, en tanto el accionante guard\u00f3 silencio frente a las objeciones presentadas por la parte demandante, oportunidad en la que pudo controvertir el documento; adem\u00e1s, en la eventualidad de no haber tenido la oportunidad de controvertir las pruebas aportadas por la contraparte, no promovi\u00f3 un incidente de nulidad, por pretermisi\u00f3n de etapas procesales o por omisi\u00f3n de oportunidades probatorias. <\/p>\n
Sobre la solicitud de revocar el auto del 4 de marzo de 2021, afirm\u00f3 que no encontraba ning\u00fan defecto de los establecidos jurisprudencialmente para su prosperidad, \u00abm\u00e1s all\u00e1 de la propia inconformidad del accionante con las decisiones judiciales tomadas en el curso de los procesos adelantados en su contra\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, frente a la petici\u00f3n de \u00abrevocar y\/o declarar la nulidad de lo actuado a partir del auto de 7 de diciembre de 2020\u00bb y de \u00abcrear el expediente digital del proceso\u00bb, advirti\u00f3 que, recibidas las diligencias por ese Tribunal, para surtir el recurso de apelaci\u00f3n contra el auto del 7 de diciembre de 2020, las mismas fueron devueltas al Juzgado de origen, para que organizara el expediente de acuerdo con los protocolos de gesti\u00f3n de documentos electr\u00f3nicos. Por tanto, se encuentra pendiente de resolver un recurso contra el cuestionado auto y el expediente ordinario ya fue digitalizado y allegado al tr\u00e1mite constitucional, configur\u00e1ndose el hecho superado. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el gestor, quien reiter\u00f3 su petici\u00f3n de que sea revocado el auto del 4 de marzo de 2021, que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, pues no proced\u00edan recursos en su contra y, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es procedente la revisi\u00f3n del t\u00edtulo ejecutivo a la hora de dictar sentencia. Se\u00f1al\u00f3 que el auto del 11 de diciembre de 2017 no se profiri\u00f3 en audiencia, sino por escrito, aplicando las normas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, siendo que dicho estatuto procesal est\u00e1 derogado y, en ese orden, el t\u00edtulo ejecutado no cumple los requisitos de forma. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el t\u00edtulo ejecutado, al ser un auto que decidi\u00f3 el incidente, no cumple los requisitos exigidos por la nueva ley procesal, en tanto el art\u00edculo 306 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil atribuye al juez de conocimiento el poder seguir con el proceso ejecutivo, pero con base en una sentencia o sumas de dinero liquidadas y ordenadas en aqu\u00e9lla. <\/p>\n
Argument\u00f3 que el silencio guardado en el traslado de las objeciones a la rendici\u00f3n de cuentas no le otorga presunci\u00f3n de autenticidad al documento aportado como prueba de la entrega del dinero al accionado, pues esta consecuencia se establece para el silencio del demandado cuando no contesta la demanda. <\/p>\n
En cuanto a las medidas cautelares, sostuvo que \u00abel ataque se centra en el auto de 7 de diciembre de 2020 donde se plantea la nulidad de dichas medidas decretadas por el juzgado sobre los inmuebles con los folios de matr\u00edcula citados en la pretensi\u00f3n sexta del escrito de tutela, pero no se entiende porque se habla de subsidiariedad, cuando precisamente se presentaron recursos que ahora el despacho en nueva decisi\u00f3n del 8 de junio pretende retrasar al pedir a la Corte Suprema copia de dos autos que faltan en el expediente\u00bb, requisito que, en todo caso, puede ser flexibilizado. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el promotor cuestion\u00f3 la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, con ocasi\u00f3n de las presuntas irregularidades en diferentes actuaciones surtidas en el proceso de rendici\u00f3n de cuentas provocadas y la ejecuci\u00f3n posterior de las mismas, adelantado bajo el radicado 2014-00386 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla. <\/p>\n
2. Pronto advierte la Sala que la decisi\u00f3n del a quo habr\u00e1 de ser confirmada, por cuanto la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, si se tiene en cuenta que las pretensiones no cumplen con los requisitos generales de procedibilidad necesarios para adelantar este especial mecanismo. <\/p>\n
Para resolver lo solicitado, la Sala proceder\u00e1 con el an\u00e1lisis de las pretensiones en el orden procesal de su ocurrencia, haciendo menci\u00f3n del numeral bajo el cual fueron invocadas en el libelo introductorio de la acci\u00f3n. <\/p>\n
2.1. Respecto de la pretensi\u00f3n tercera, ha de se\u00f1alarse que lo solicitado corresponde a la anulaci\u00f3n de documentos aportados como prueba, esto es, el contrato de fecha 13 de agosto de 2010 y el otro s\u00ed del 10 de junio de 2011, incorporados en el juicio que termin\u00f3 con sentencia del 13 de agosto de 20151, confirmada en segunda instancia el 19 de abril de 20172, en las que se orden\u00f3 al se\u00f1or Gregorio Garc\u00eda Pereira rendir cuentas a Julio Polan\u00eda Mart\u00ednez. <\/p>\n
Presentadas las cuentas, el demandante radic\u00f3 un escrito de objeci\u00f3n, al cual anex\u00f3 la \u00abcopia obrante a folio 496\u00bb (constancia de recibo de dinero firmada por el demandado)3, documento que igualmente solicita el actor, en la pretensi\u00f3n segunda, sea declarado \u00abnula de pleno derecho\u00bb. Dispuesto el traslado de la objeci\u00f3n, el se\u00f1or Gregorio Garc\u00eda guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
Ahora bien, mediante auto del 11 de diciembre de 20174, se declar\u00f3, con base en lo allegado, probada la objeci\u00f3n presentada por el demandante y se fij\u00f3 como saldo a su favor la suma de $2.000.000.000, que deber\u00eda cancelar el demandado -ac\u00e1 accionante-, decisi\u00f3n que se solicita declarar nula en la pretensi\u00f3n cuarta de la tutela. <\/p>\n
Al respecto, ha de precisarse que el se\u00f1alado prove\u00eddo fue objeto del recurso de reposici\u00f3n y confirmado el 5 de marzo de 2018 por el Juzgado accionado5. <\/p>\n
En ese orden de ideas, es claro que la acci\u00f3n constitucional, frente a las referidas pretensiones, no cumple con el requisito general de la inmediatez, considerado por la jurisprudencia constitucional como presupuesto necesario para su procedencia, si se tiene en cuenta que, entre el momento en que se profirieron y se desataron los recursos contra esas actuaciones y el de interposici\u00f3n del presente amparo -26 de mayo de 2021-, transcurrieron m\u00e1s de seis meses, t\u00e9rmino superior al previsto para invocar la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En torno al citado principio ha de precisarse que, a pesar de no existir un plazo de caducidad propiamente dicho para instaurar la protecci\u00f3n constitucional, s\u00ed se impone promoverla dentro de un t\u00e9rmino razonablemente prudencial a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los derechos fundamentales de la persona. Lo dicho cobra relevancia sobre todo cuando la urgencia se precisa para predicar lo grave del perjuicio y, justamente, por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha reiterado: <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 Abr 2009, Rad. 2009-00624-00, reiterada en STC2414-2021). <\/p>\n
Cabe resaltar que dicho requisito puede ser flexible por razones que justifiquen la inactividad del accionante para impetrar la s\u00faplica, como la interdicci\u00f3n, la incapacidad f\u00edsica, la minor\u00eda de edad, entre otras, nada de lo cual se acredit\u00f3 en el sub examine. <\/p>\n
Adicionalmente, debe destacarse que, ante esta Sala de la Corte, el accionante present\u00f3 una demanda de revisi\u00f3n frente al proceso de rendici\u00f3n de cuentas 2014-00386, que se tramita bajo el radicado 11001020300020190235500 y se encuentra al Despacho para resolver desde el 20 de agosto de 2021. <\/p>\n
2.2. En cuanto a la pretensi\u00f3n quinta, a trav\u00e9s de la cual se solicit\u00f3 revocar el auto del 4 de marzo de 20216, que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, en tanto se discute la idoneidad del t\u00edtulo valor all\u00ed ejecutado, esto es, el contenido del auto del 11 de diciembre de 2017, por no haber sido emitido en la audiencia que decide el incidente de objeciones, sino por escrito (entre otros reproches), observa la Sala que tales irregularidades se trasladan al momento de su expedici\u00f3n y, en tal medida, se reitera, no es posible realizar un pronunciamiento ante la falta del requisito de inmediatez. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n es la actuaci\u00f3n procesal subsiguiente a la emisi\u00f3n del mandamiento de pago, que permaneci\u00f3 inc\u00f3lume ante el rechazo, mediante auto del 8 de noviembre de 2018, de las excepciones propuestas por el ejecutado, decisi\u00f3n confirmada el 11 de febrero de 2019 y cuyo recurso de apelaci\u00f3n en contra se declar\u00f3 desierto, por auto del 27 de septiembre de 2019, tras la omisi\u00f3n del accionante de pagar oportunamente las expensas correspondientes7. <\/p>\n
Esta circunstancia devela que el ac\u00e1 accionante desperdici\u00f3 la oportunidad procesal con miras a confutar la determinaci\u00f3n adoptada y que, posteriormente, sirvi\u00f3 de fundamento para la emisi\u00f3n de la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, incuria que, desde luego, desnaturaliza la finalidad de la acci\u00f3n constitucional. Frente al particular, ha destacado esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver recientemente CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
En este aspecto, se destaca, que las reclamaciones propias de un juicio deben presentarse y decidirse en el mismo y no por el juez de tutela. <\/p>\n
2.3. Respecto de la solicitud s\u00e9ptima, relacionada con el levantamiento de las medidas cautelares de embargo y secuestro de los inmuebles con matr\u00edculas inmobiliarias Nos. 040-357931, 040-507108 y 040-394066, se observa que las mismas fueron decretadas, mediante auto del 14 de marzo de 20188. De igual forma, el accionante present\u00f3 solicitud de limitaci\u00f3n de embargos, en la que requiri\u00f3 el desembargo de esos inmuebles, en tanto era suficiente con el impuesto al predio con matr\u00edcula inmobiliaria No. 041-119862. Ese requerimiento se resolvi\u00f3 mediante auto del 3 de septiembre de 20199, en el que se advirti\u00f3 de la necesidad de acompa\u00f1ar un aval\u00fao. Presentado el recurso de reposici\u00f3n contra esa decisi\u00f3n, el accionado profiri\u00f3 auto del 7 de diciembre de 2020, resolviendo \u00abno acceder a la revocaci\u00f3n\u00bb y conceder el recurso de apelaci\u00f3n, en el efecto devolutivo10. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, surge evidente el fracaso de esta queja, por resultar prematura, pues, al margen del \u00e9xito del aludido remedio procesal, lo cierto es que corresponde a los jueces naturales resolver, en primer t\u00e9rmino, lo concerniente a los procesos a su cargo y, en tal medida, le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de decisiones sobre aspectos asignados al juzgador de la causa, por cuanto no puede arrogarse facultades ajenas. Sobre el ejercicio prematuro de esta herramienta se ha plasmado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (ver recientemente en STC11209-2020, 9 dic. 2020, rad. 2020-00472-01, entre otras). <\/p>\n
2.4. Acerca de la pretensi\u00f3n sexta, en la que el actor solicita \u00abrevocar y\/o declarar la nulidad de lo actuado a partir del auto de 7 de diciembre de 2020 por el cual se abstuvo de decretar la nulidad de lo actuado a partir del auto de fecha 7 de junio de 2018 por el cual decreta el embargo y secuestro del remanente sobre los inmuebles con folios de matr\u00edcula Nos. 040-394066, 040-357931, 040-507108 (\u2026)\u00bb, se tiene que, en el proceso ejecutivo, se profirieron varios autos con fecha 7 de diciembre de 2020; sin embargo, revisada la providencia que se anex\u00f3 en este punto con la demanda, se estableci\u00f3 que el actor hace referencia al que dispuso \u00abApartarse de los autos de fecha 21 de mayo de 2018, 3 de septiembre de 2019 y 19 de septiembre de 2019, por estar fuera de contexto procesal\u00bb y \u00abOficiar al registrador de instrumentos p\u00fablicos de Soledad se\u00f1al\u00e1ndole los datos que tienen los inmuebles de matr\u00edcula 041-98356, 041-98354 y 041-119862 y que la apoderada de la parte demandante pidi\u00f3 que se le hiciera saber (\u2026)\u00bb. Providencia que hab\u00eda sido emitida, en consideraci\u00f3n a la solicitud del demandante de librar un despacho comisorio, para el secuestro del predio con folio de matr\u00edcula No. 041-11986211. <\/p>\n
Contra esa decisi\u00f3n, el abogado Erickson Ilvanovich Acosta, aduciendo la calidad de apoderado del demandado, interpuso recursos de reposici\u00f3n y de apelaci\u00f3n12. En ese memorial, solicit\u00f3 adem\u00e1s la nulidad de unas medidas cautelares, argumentando que \u00ablos autos de fecha 7 de diciembre de 2020, auto 20 abril de 2018, auto del 7 de junio de 2018 est\u00e1n afectados de nulidad procesal en virtud de violaci\u00f3n del principio de congruencia (causal alegable en materia procesal) pero antes que nada se est\u00e1 en presencia de una falta de legitimaci\u00f3n de la Dra. MAYRA VERA DUARTE lo que implicar\u00eda que no podr\u00eda pronunciarse de fondo el despacho sobre las medidas cautelares que solicit\u00f3 en nombre propio por lo que deviene nulo lo actuado desde la fecha del decreto de los embargos\u00bb. <\/p>\n
En respuesta, por auto del 5 de febrero de 2021 el accionado manifest\u00f3 que, \u00abes del caso se\u00f1alarle al recurrente que sus peticiones de nulidad no pueden ser atendidas porque no le asiste poder para invocar tales nulidades porque como se dijo su poder solamente es para gestionar la comisi\u00f3n del secuestro del inmueble con matr\u00edcula 041119862 (\u2026). Con relaci\u00f3n al segundo punto de argumentaci\u00f3n del recurrente en el cual pide la limitaci\u00f3n de los embargos en virtud del art\u00edculo 600 CGP, tal petici\u00f3n tampoco le puede ser atendida porque no le asiste poder que lo faculte para hacer esa petici\u00f3n ya que va m\u00e1s all\u00e1 de lo que se le encomend\u00f3 que es gestionar el secuestro del bien inmueble con matr\u00edcula 041119862\u00bb. Sin embargo, entre otras decisiones, en ese prove\u00eddo se concedi\u00f3 \u00abel recurso subsidiario de apelaci\u00f3n interpuesto por el doctor Erickson Ilvanovich Acosta, en el efecto devolutivo por lo que se ordena que en formato PDF aporte copia de toda la actuaci\u00f3n referente al ejecutivo a continuaci\u00f3n incluyendo lo relacionado a las medidas cautelares y los poderes que obran en el proceso con respecto al doctor Sergio Fruto Pizarro y del doctor Erickson Ilvanovich Acosta\u00bb. <\/p>\n
De lo anterior se infiere que, a pesar del argumento planteado por el accionado en su providencia, para establecer que el doctor Ilvanovich Acosta no ten\u00eda poder para solicitar la nulidad y recurrir la decisi\u00f3n, se concedi\u00f3 un recurso de apelaci\u00f3n, para que se dilucidara lo pertinente, pues, en la parte resolutiva del auto del 5 de febrero de 2021, se hizo especial referencia a que se deb\u00edan aportar las copias para tramitar la alzada, incluyendo \u00ablos poderes que obran en el proceso con respecto al doctor Sergio Fruto Pizarro y del doctor Erickson Ilvanovich Acosta\u00bb. De modo que, estando pendiente el asunto, de acuerdo con las pruebas obrantes en el plenario, se torna prematuro el amparo interpuesto. <\/p>\n
No obstante, si en gracia de discusi\u00f3n se entendiera que el recurso de apelaci\u00f3n no fue concedido para resolver lo pedido y la nulidad mencionada, ello indicar\u00eda que lo planteado, en sede de tutela, no ha sido puesto de presente ante el juez natural por el apoderado facultado y, por tanto, no se cumplir\u00eda con el requisito de subsidiariedad para interponer este ruego. <\/p>\n
2.5. Sobre la petici\u00f3n novena relacionada con la digitalizaci\u00f3n del expediente de marras, se estableci\u00f3 por el a quo constitucional, juez competente para desatar los recursos de apelaci\u00f3n pendientes, que una vez requerido el Despacho accionado, mediante auto del 5 de marzo de 2021, el sumario fue digitalizado de conformidad con lo dispuesto en la circular PCSJC20-27 del 21 de julio del 2020, protocolo para la gesti\u00f3n de documentos (y allegado a estas diligencias), por lo que proceder\u00eda a resolver la alzada. <\/p>\n
De lo anterior se constata que dicha reclamaci\u00f3n no tiene asidero de cara a la censura inicialmente propuesta, pues, como se observa, se adelant\u00f3 la gesti\u00f3n solicitada y, por lo mismo, el ruego carece de objeto, dado que los hechos alegados, \u00abal momento de cumplirse la sentencia, no existen o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas diferentes a las iniciales\u00bb (STC265-2021). <\/p>\n
Ahora, si el interesado considera que existen inconsistencias o faltantes en la gesti\u00f3n de digitalizaci\u00f3n del expediente por parte del convocado, \u00e9stas deben ser puestas de presente ante el cognoscente, a fin de que proceda a corregirlas, raz\u00f3n que hace improcedente el uso de este extraordinario mecanismo. <\/p>\n
2.6. Por \u00faltimo, en cuanto a la pretensi\u00f3n \u00abPRIMERA SUBSIDIARIA\u00bb, sobre la suspensi\u00f3n del proceso \u00abhasta que se resuelva y quede debidamente ejecutoriado, en ambas instancias, el auto que decida el incidente de nulidad que promueva el apoderado del accionante\u00bb (se subraya), para evitar un perjuicio irremediable, invocada en caso de que no prosperara la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales del actor, se advierte que \u00e9ste hace alusi\u00f3n a un mecanismo ordinario que no habr\u00eda sido ejercido, omisi\u00f3n que imposibilita el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser utilizado por las partes, sin que previamente expongan sus planteamientos en las instancias de defensa ordinarias, cuya eficacia e idoneidad no pueden ser tachadas sin haberse intentado, aspecto que de paso desvirt\u00faa la necesidad del amparo constitucional. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la Sala observa que tal alegaci\u00f3n no amerita la intervenci\u00f3n del Juez de tutela como mecanismo transitorio, dado que no obra prueba alguna en el expediente que demuestre su causaci\u00f3n, de modo que, como lo ha destacado esta Corporaci\u00f3n, \u00abla simple afirmaci\u00f3n del hipot\u00e9tico acaecimiento de un perjuicio irremediable es insuficiente para justificar la procedencia del resguardo\u00bb (STC2194-2021). <\/p>\n
3. Acorde con lo discurrido, el fallo objeto de reproche deber\u00e1 ser confirmado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Expediente 2014-00386, 01PrimeraInstancia, 01ProcesoVerbalCuadernosPrincipales1y2, folio 757 (certificado de ejecutoria luego de sentencia de segunda instancia en folio 787). <\/p>\n
2\u0002 Expediente 2014-00386, 02SegundaInstancia, C06Apelaci\u00f3nSentencia, 01CuadernoTribunalApelaci\u00f3nSentencia, Folio 57. <\/p>\n
3\u0002 Expediente 2014-00386-00, 01PrimeraInstancia, C01ProcesoVerbalCuadernosPrincipales1y2_201400386, folio 903. <\/p>\n
4\u0002 Folio 933 Ib\u00eddem. <\/p>\n
5\u0002 Folio 951 Ib\u00eddem. <\/p>\n
6\u0002 Expediente 2014-00386-00, 01PrimeraInstancia, C01Principal, 48AutoOrdenaSeguirAdelante… <\/p>\n
7\u0002 Expediente 2014-00386-00, 05CuadernoEjecutivoContinuaci\u00f3nSentencia_201400386, folios 25, 36 y 67. <\/p>\n
8\u0002 Expediente 2014-00386-00, 01PrimeraInstancia, C05MedidasCautelares, Documento02. <\/p>\n
9\u0002 Expediente 2014-00386-00, 01PrimeraInstancia, C05MedidasCautelares, Documento04. <\/p>\n
10\u0002 Expediente 2014-00386-00, 01PrimeraInstancia, C05MedidasCautelares, Documento11. <\/p>\n
11\u0002 Documento 05 Ib\u00eddem. <\/p>\n
12\u0002 Expediente 2014-00386-00, 01PrimeraInstancia, C05MedidasCautelares, Documento17. <\/p>\n
1 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC11455-2021 Magistrado ponente STC11455-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2021-00329-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual del primero de septiembre dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., seis (06) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 8 junio de 2021 por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57373","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57373","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57373"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57373\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57373"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57373"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57373"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}