STC11456-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11456-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2021-00206-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del primero de septiembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 15 de junio de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Didier Escobar S\u00e1nchez frente al Juzgado Promiscuo de Familia de Guaduas. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente transgredidos por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Debido a irregularidades en la prestaci\u00f3n del servicio telef\u00f3nico para las personas privadas de la libertad, en particular en cuanto al costo del minuto para llamar, el ac\u00e1 actor solicit\u00f3 que se aplicaran los efectos \u00abinter comunis\u00bb de la sentencia T-276 de 2017, fundamentando su pretensi\u00f3n en las sentencias SU-1023 de 2001, T-760 de 2008, T-541 de 2009, T-698 de 2010, T-213A de 2011 y T-946 de 2011, las cuales, en su sentir, mostraban que se cumpl\u00edan los presupuestos para que operara la figura. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 que se encuentra recluido en la C\u00e1rcel y Penitenciar\u00eda de Alta y Mediana Seguridad de El Barne, desde la cual, el 10 de abril de 2021, present\u00f3 un requerimiento ante el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Guaduas, con el fin de que diera apertura al incidente de desacato, para lograr el cumplimiento de la sentencia T-276 de 2017, \u00abdonde est\u00e1n como accionados el Director General del Inpec y las TIC\u00bb. <\/p>\n
2.3. Mediante \u00aboficio calendado del 19 de mayo del mismo (a\u00f1o), recibi\u00f3 el pronunciamiento [\u2026]\u00bb del juzgado, que \u00abresolvi\u00f3 abstenerse de iniciar por improcedente el tr\u00e1mite incidental por desacato a la sentencia T-276 de 2017 [\u2026]\u00bb, al se\u00f1alar que \u00abno aplica el efecto inter comunis dentro de la sentencia T-276 de 2017, toda vez que \u2018el juez constitucional no considero (sic) ni previo (sic) el efecto inter comunis de dicho fallo\u2019\u00bb y, en esa medida, estim\u00f3 que carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa para promover el incidente de desacato, dado que no hab\u00eda sido parte de la acci\u00f3n de tutela referida y no se encontraba cobijado por sus efectos. <\/p>\n
2.4. Advirti\u00f3 que no fue tenida en cuenta la jurisprudencia a la que hizo referencia en su petici\u00f3n, que se establece que existen situaciones en las que era viable otorgarle dichos efectos a asuntos como el que plante\u00f3, pues all\u00ed se indicaba que los efectos \u00abinter comunis\u00bb se deben aplicar cuando haya identidad de derechos fundamentales vulnerados, hechos lesivos, entidad accionada y pretensiones, lo que, en su criterio, aconteci\u00f3 en su caso. <\/p>\n
3. Inconforme con lo anterior, el actor solicit\u00f3 el amparo de las garant\u00edas fundamentales reclamadas y, en consecuencia, que se ordene a la autoridad accionada aplicar los efectos \u00abinter comunis\u00bb de la sentencia T-276 de 2017 y se d\u00e9 apertura al desacato en el proceso de referencia. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Promiscuo de Familia de Guaduas, luego de hacer un breve recuento de su actuaci\u00f3n en el tr\u00e1mite incidental, manifest\u00f3 que, \u00abal analizar la sentencia T-276 de 2017 (expediente 5.903.939), la Corte Constitucional NO determin\u00f3 expresamente que tal providencia tuviese efectos inter comunis, ni efectu\u00f3 un an\u00e1lisis de los requisitos necesarios que lleven a inferir que se efectu\u00f3 la amplificaci\u00f3n de los efectos de la decisi\u00f3n, raz\u00f3n por la cual debe darse aplicaci\u00f3n a la regla general contenida en los art\u00edculos 48 de la Ley 270 de 1996 y el art\u00edculo 36 del Decreto 2191 de 1991, que determina que operara el efecto inter partes del tal fallo\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que dicha controversia fue estudiada por la Corte Constitucional, la cual, mediante auto del 10 de julio de 2018, se\u00f1al\u00f3 que \u00ab\u2018(…) la Sala S\u00e9ptima de la Corte Constitucional, en la Sentencia T-276 de 2017 no manifest\u00f3 en ninguna ocasi\u00f3n que para proteger los derechos en juego se hiciera necesario que la decisi\u00f3n tuviera efectos inter comunis\u2019\u00bb; adem\u00e1s, destac\u00f3 que, \u00ab[\u2026] aunque las ordenes emitidas en dicha providencia puedan repercutir positivamente en las garant\u00edas de los derechos de la poblaci\u00f3n carcelaria, esto no significa que se transforme el car\u00e1cter inter partes de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, concluy\u00f3 que no era viable \u00abmodular o alterar los alcances de la decisi\u00f3n adoptada por la Corte Constitucional, pues la competencia de este Despacho se limita \u00fanicamente a verificar el cumplimiento de tal decisi\u00f3n\u00bb, raz\u00f3n por la cual pidi\u00f3 declarar la improcedencia del amparo y su desvinculaci\u00f3n de este, dado que no vulner\u00f3 derecho fundamental alguno al actor. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca neg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00abla raz\u00f3n que esgrimi\u00f3 el juzgado para negar el tr\u00e1mite incidental fue que la misma Corte no dispuso la extensi\u00f3n de los efectos de la sentencia T-276 de 2017, lo que reiter\u00f3 en auto del 10 de julio de 2018, siendo este requisito indispensable para su aplicaci\u00f3n, de modo que no contaba el se\u00f1or Escobar con la legitimaci\u00f3n en la causa para promover el desacato. Y es esa una lectura que el Tribunal no encuentra irrazonable ni arbitraria, pues se deriva de la aplicaci\u00f3n sensata de la normatividad y jurisprudencia que rige la acci\u00f3n de tutela y los incidentes de desacato, y primordialmente de lo que fue definido por la Corte Constitucional en su auto del 10 de julio de 2018\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor, quien asegur\u00f3 que la Corte Constitucional ya fij\u00f3 unos par\u00e1metros para dar aplicaci\u00f3n a la figura \u00abinter comunis\u00bb, lo cual, en su opini\u00f3n, evita que se presente otra tutela contra los mismos accionados. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso sub examine, el gestor pretende el amparo de los derechos fundamentales reclamados y que se ordene a la autoridad accionada que se apliquen los efectos \u00abinter comunis\u00bb de la sentencia T-276 de 2017 y, bajo esa circunstancia, que se d\u00e9 apertura al desacato en el proceso de la referencia. <\/p>\n
2. De entrada, advierte la Sala que la providencia constitucional del juez a quo habr\u00e1 de ser confirmada, pues se avizora que el resguardo impetrado carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, dado que la resoluci\u00f3n rebatida no alberga anomal\u00eda que imponga la perentoria salvaguardia, independientemente de que sea o no compartida. <\/p>\n
Sobre el particular, es necesario mencionar que, revisado el expediente del incidente de desacato con radicado 2016-00225, se evidencia que, el 20 de abril de 2021, el se\u00f1or Didier Escobar S\u00e1nchez interpuso incidente de desacato, mediante el cual solicit\u00f3 el cumplimiento de la sentencia T-276 de 2017, proferida por la Corte Constitucional el 28 de abril de ese mismo a\u00f1o, haciendo \u00e9nfasis en el efecto \u00abinter comunis\u00bb de dicho fallo y fundamentando su petici\u00f3n en pronunciamientos de la Corte Constitucional: SU-1023 de 2001, T-760 de 2008, T-541 de 2009, T-698 de 2010, T-241 de2011 y T-946 de 2011. <\/p>\n
Mediante prove\u00eddo del 19 de mayo de 2021, el Juzgado Promiscuo de Familia de Guaduas dispuso abstenerse de iniciar, por improcedente, el tr\u00e1mite incidental por desacato a la sentencia T-276 de 2017. <\/p>\n
Al respecto, el citado despacho comenz\u00f3 por destacar que la sentencia SU\u20131023 de 2001 hace referencia al \u00abefecto inter comunis de dicho fallo frente al proceso de liquidaci\u00f3n obligatoria de la Flota Mercante\u00bb; as\u00ed mismo, en cuanto a las sentencias T-698 de 2010 y T-946 de 2011, manifest\u00f3 que la primera sostiene que \u00abexcepcionalmente cuando la protecci\u00f3n de derechos fundamentales de los peticionarios atenta contra derechos fundamentales de los no tutelantes, la Corte Constitucional ha admitido que los efectos de las sentencias de tutela proferidas en el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n de los fallos de instancia, se extiendan a personas que no han instaurado la acci\u00f3n respectiva, por considerar que al conceder el amparo exclusivamente en beneficio de los tutelantes, sin considerar los efectos que tal decisi\u00f3n tendr\u00eda frente a quienes no interpusieron la acci\u00f3n de tutela, podr\u00eda implicar la vulneraci\u00f3n de otros derechos fundamentales\u00bb y, la segunda, contempla los requisitos que debe observar el juez constitucional a efectos de emitir fallos con efectos \u00abinter comunis\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, luego de analizar la sentencia T-276 de 2017, afirm\u00f3 que \u00abel juez constitucional no consider\u00f3 ni previ\u00f3 el efecto inter comunis de dicho fallo\u00bb y que, inclusive, mediante auto del 10 de julio de 2018, la misma Corte Constitucional, en punto de la citada providencia, precis\u00f3 que \u00ab[\u2026] la Sala S\u00e9ptima de la Corte Constitucional [\u2026] no manifest\u00f3 en ninguna ocasi\u00f3n que para proteger los derechos en juego se hiciera necesario que la decisi\u00f3n tuviera efectos inter comunis\u00bb. Igualmente, sostuvo que, por sentencia T-583 de 2006, dicha Corporaci\u00f3n expres\u00f3 que \u00abNunca los efectos de la decisi\u00f3n de tutela son erga omnes; en todos los casos, aun en aquellos en que la decisi\u00f3n de tutela rebasa los efectos estrictamente inter partes del proceso, \u00e9ste se traba entre una persona o personas que denuncian la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, y otra u otras a quien o quienes se imputa dicha violaci\u00f3n\u00bb, por lo que, en esa medida, \u00abno es posible al juez de tutela verificar la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales en abstracto, a fin de proferir una decisi\u00f3n erga omnes o de car\u00e1cter general, como la que pretende la demanda\u00bb. <\/p>\n
Al analizar lo pretendido por el se\u00f1or Didier Escobar S\u00e1nchez, consider\u00f3 que, de conformidad con lo rese\u00f1ado l\u00edneas atr\u00e1s, era evidente que este no era \u00abaccionante dentro de la acci\u00f3n de tutela incoada por el interno del EPC \u2018La Esperanza\u2019 de Guaduas Oliver Alexander Fern\u00e1ndez Guapacha radicada 25-320-31-84-001-2016-00225-00, tramitada por este despacho judicial, y referenciada por la Corte Constitucional como expediente 5.903.939, hecho que no lo legitima para promover incidente de desacato del citado fallo de tutela, ya que los efectos de \u00e9ste son interpartes, siendo de observancia la Ratio Decidendi o fundamentos de la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, determin\u00f3 que, como \u00ablos efectos de la tutela inicial (radicado 253203184001-00225-00, nuestro y o expediente 5.903.939 Corte Constitucional), no le son aplicables al hoy accionante, existiendo entonces una falta de legitimidad en la causa por pasiva [\u2026]\u00bb, lo pertinente era abstenerse de tramitar el incidente de desacato requerido. <\/p>\n
3. En relaci\u00f3n con lo examinado por el fallador de instancia, considera la Sala que tiene sentido lo resuelto, toda vez que las consideraciones de las m\u00faltiples decisiones exclusivamente contemplan \u00abuno de tantos criterios posibles y que los fallos de tutela producen efectos inter partes\u00bb (STC3572-2016, 18 mar. 2016, rad. 2016-00009-01), aspecto este \u00faltimo frente al cual la Corte Constitucional ha consignado que: <\/p>\n
\u00abla tutela es un mecanismo que se activa exclusivamente a t\u00edtulo individual y la decisi\u00f3n que se adopta tiene efectos entre las partes que concurrieron al proceso y no generales, esto es, en relaci\u00f3n con otras personas que eventualmente puedan encontrarse en la misma situaci\u00f3n\u00bb (CC T-643\/98). <\/p>\n
Esa misma Corporaci\u00f3n ha manifestado que, para acceder al efecto alegado, se hace necesario que los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos obedezcan a tres reglas principales, a saber: <\/p>\n
\u00ab(i) que la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de los peticionarios atente o amenace con atentar contra los derechos fundamentales de los no tutelantes; (ii) que quienes no acudieron a la acci\u00f3n de tutela y los accionantes se encuentren en condiciones objetivas similares; y (iii) que con la adopci\u00f3n de este tipo de fallo se cumplan fines constitucionales relevantes tales como el goce efectivo de los derechos de la comunidad y el acceso a la tutela judicial efectiva\u00bb (C.C. T-479\/2015). <\/p>\n
Requisitos que, en el presente caso, no se evidencian, si en cuenta se tiene que, en la sentencia T-276 de 2017, la Corte Constitucional no determin\u00f3 expresamente que tuviera efectos \u00abinter comunis\u00bb, ni efectu\u00f3 un an\u00e1lisis de los requisitos necesarios que llevaran a inferir que se efectu\u00f3 la amplificaci\u00f3n de los efectos de la decisi\u00f3n, pues, por el contrario, mediante auto del 10 de julio de 2018, precis\u00f3 que: \u00ab[…] la Sala S\u00e9ptima de la Corte Constitucional, en la Sentencia T-276 de 2017 no manifest\u00f3 en ninguna ocasi\u00f3n que para proteger los derechos en juego se hiciera necesario que la decisi\u00f3n tuviera efectos inter comunis\u00bb y, en consecuencia, estableci\u00f3 que, \u00ab[\u2026] aunque las ordenes emitidas en dicha providencia puedan repercutir positivamente en las garant\u00edas de los derechos de la poblaci\u00f3n carcelaria, esto no significa que se transforme el car\u00e1cter inter partes de la sentencia\u00bb, raz\u00f3n m\u00e1s que suficiente para dar aplicaci\u00f3n a la regla general contenida en los art\u00edculos 48 de la Ley 270 de 1996 y 36 del Decreto 2591 de 1991, que determinan que los efectos en los fallos de tutela son inter partes. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, se sigue que la decisi\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, toda vez que fue proferida con base en las pruebas, la normatividad y la jurisprudencia que gobierna el asunto, circunstancia que la condujo a concluir que la Corte Constitucional no dispuso la extensi\u00f3n de los efectos reclamados de la sentencia T-276 de 2017, aspecto que reiter\u00f3 en pronunciamiento del 10 de julio de 2018 y, por tanto, era viable se\u00f1alar que el se\u00f1or Escobar S\u00e1nchez no estaba facultado para promover el incidente de desacato. <\/p>\n
5. En ese orden, los alegatos con los cuales el actor recrimina la actuaci\u00f3n judicial obedecen a un disentimiento particular frente a los argumentos en que el Juzgado Promiscuo de Familia de Guaduas se bas\u00f3 para decidir sobre la improcedencia del incidente de desacato instaurado. <\/p>\n
En consecuencia, en el sub judice se observa una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad judicial cuestionada -en desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01; reiterado en STC. 14 sep. 2020, Rad. 2020-00458-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01; reiterado en STC. 14 sep. 2020, Rad. 2020-00458-01). <\/p>\n
6. Teniendo en cuenta lo anterior, se confirmar\u00e1 la providencia examinada, en cuanto neg\u00f3 el amparo invocado, por las razones expuestas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
5 <\/p>\n
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