STC11592-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11592-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02944-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Arenas y Triturados Santa Fe S.A.S. contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Fe de Antioquia y los intervinientes en el declarativo n\u00ba 2017-00231. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de mandataria judicial, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con la sentencia de 22 de julio de 2021, mediante la cual el tribunal encartado (en el proceso de incumplimiento contractual instaurado por Nelson de Jes\u00fas Vel\u00e1squez contra Constructora Guayacanes S.A.S.) confirm\u00f3 la desestimaci\u00f3n de la demanda ad excludendum que ella formul\u00f3 con miras a obtener el levantamiento de la \u00abimprocedente\u00bb medida cautelar que el fallador a quo decret\u00f3 sobre un predio que la all\u00ed convocada le hab\u00eda prometido en venta. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se deje sin efectos la aludida sentencia de segunda instancia y que, en su lugar, se ordene al tribunal disponer el levantamiento de la referida cautela. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Fe de Antioquia manifest\u00f3 que la decisi\u00f3n que, en realidad, censura el accionante no es la sentencia del tribunal, sino el auto que decret\u00f3 una medida cautelar, a lo que agreg\u00f3 que esta \u00faltima determinaci\u00f3n no fue recurrida ni tampoco involucra alguna v\u00eda de hecho que haga viable la concesi\u00f3n del amparo. <\/p>\n
2. \u00c1ngela Patricia Mendoza Gonz\u00e1lez pidi\u00f3 desestimar la salvaguarda en consideraci\u00f3n a que la actora no tiene un inter\u00e9s directo en las resultas del juicio que incumbe a esta actuaci\u00f3n. Agreg\u00f3 que, en raz\u00f3n de lo anterior, dicha convocante carece de legitimaci\u00f3n en la causa para solicitar la invalidaci\u00f3n de lo actuado, a lo que se suma que las sentencias fustigadas no involucran una v\u00eda de hecho que habilite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la corporaci\u00f3n convocada vulner\u00f3 la garant\u00eda invocada en el escrito introductor, al confirmar la desestimaci\u00f3n de la demanda ad excludendum formulada por quien aqu\u00ed acciona. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto \u2013 razonabilidad de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la autoridad encartada confirm\u00f3 el fallo desestimatorio de primera instancia, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental invocada, en raz\u00f3n a que tal providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, la fustigada colegiatura precis\u00f3 inicialmente que, \u00aben punto a desatar las discusiones propuestas por la sociedad Arenas y Triturados Santa Fe S.A.S en calidad de interviniente ad excludendum, debe memorarse que quien pretenda el derecho controvertido dentro de un proceso pendiente, en todo o en parte, podr\u00e1 hacerse parte en \u00e9l para que se le reconozca el derecho que reclama, en otras palabras, se trata b\u00e1sicamente de hacer valer frente a dos partes contendientes en una controversia judicial un derecho que el interviniente clama ser propio, con lo cual sus pretensiones ser\u00e1n incompatibles como los intereses de las partes\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, record\u00f3 que las pretensiones que elev\u00f3 la aqu\u00ed accionante, se fincaron en \u00abla otrora ocurrencia de un acuerdo negocial entre la sociedad que oficia como interviniente ad excludendum, Arenas y Triturados Santa Fe S.A.S, y la Constructora Guayacanes S.A.S, en la que ambos suscribieron un contrato de promesa de compraventa (\u2026) siendo el objeto de negociaci\u00f3n precisamente el inmueble identificado con el Folio de Matr\u00edcula Inmobiliaria Nro. 029-32468 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Sopetr\u00e1n (\u2026). Aconteci\u00f3 que Arenas y Triturados Santa Fe S.A.S sald\u00f3 por su cuenta la hipoteca existente sobre el lote de terreno y tras acudir a diversas instancias legales, en el marco de un acuerdo conciliatorio, acord\u00f3 con Constructora Guayacanes S.A.S. finalmente la firma de la escritura p\u00fablica, consign\u00e1ndose como propietaria del inmueble Nro. 029-32468 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Sopetr\u00e1n a la sociedad Arenas y Triturados Santa Fe S.A.S. (\u2026). No obstante, mientras todo lo anterior se desarrollaba en tiempo y espacio, ocurri\u00f3 que en la presente controversia y a\u00fan sin sanearse lo relativo al dominio del predio en comento en el tr\u00e1mite ejecutivo, y encontr\u00e1ndose adem\u00e1s sin grav\u00e1menes luego de que Arenas y Triturados Santa Fe S.A.S, por su cuenta, asumiera su saneamiento, se dispuso de la inscripci\u00f3n de la demanda en la c\u00e9dula registral de aquel con ocasi\u00f3n al juicio declarativo que convoca a la Sala ante la verificaci\u00f3n de que su titularidad pertenec\u00eda a Constructora Guayacanes S.A.S. Es por esa raz\u00f3n que considera que lo resuelto respecto a la declaraci\u00f3n de existencia de contrato de obra civil y su posterior incumplimiento formulado en contra de Constructora Guayacanes S.A.S afecta directamente los derechos de dominio que le pertenecen y han sido reconocidos de esa forma en otros escenarios judiciales\u00bb. <\/p>\n
Delimitados en esos t\u00e9rminos los contornos f\u00e1cticos de la controversia, concluy\u00f3 que \u00abacert\u00f3 el a quo al referir que las pretensiones incoadas en la intervenci\u00f3n ad excludendum no guardan relaci\u00f3n sustancial ni directa ni indirecta con las solicitudes declarativas y consecuenciales plasmadas en el escrito demandatorio del se\u00f1or Nelson de Jes\u00fas V\u00e1squez Henao al margen de que logre percibirse una palmaria contradicci\u00f3n entre lo que pueda resolverse en uno y otro estadio procesal. Y es que no puede perderse de vista que el derecho aqu\u00ed controvertido centra su estudio en la comprobaci\u00f3n de las conductas negociales desplegadas por el se\u00f1or Nelson de Jes\u00fas V\u00e1squez Henao y Constructora Guayacanes S.A.S a fin de verificar si entre ambos hubo un acuerdo de voluntades que se tradujo en un contrato verbal de obra civil no estando en duda desde ninguna arista sustancial la titularidad del predio sobre el que se pretende se levante una medida cautelar, por lo que bien habr\u00eda de considerarse improcedente la intervenci\u00f3n excluyente presentada y con ella su inter\u00e9s de levantarse la medida precautelativa vigente, abri\u00e9ndose paso otros escenarios procesales en los que puede salir avante dicho prop\u00f3sito\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una simple resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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