STC11593-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11593-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02851-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Carlos Orjuela Rodr\u00edguez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Veintitr\u00e9s Penal del Circuito de esta capital, as\u00ed como las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2017-01024. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Relata en s\u00edntesis que el Juzgado Veintitr\u00e9s Penal del Circuito de Bogot\u00e1 lo conden\u00f3 a la pena de 128 meses de prisi\u00f3n producto de la aceptaci\u00f3n unilateral de cargos por los delitos de \u00abconcierto para delinquir, estafa simple y estafa agravada, en concurso homog\u00e9neo\u00bb, sentencia condenatoria que apelaron la Fiscal\u00eda, el Ministerio P\u00fablico y la defensa. <\/p>\n
Refiere que, en fallo del 4 de julio de 2019, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 modific\u00f3 la sanci\u00f3n, para en su lugar aumentar el monto punitivo fijado por el a quo e impuso 172 meses de prisi\u00f3n por las conductas objeto de allanamiento, decisi\u00f3n contra la cual, la defensa del procesado interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Destaca que, mediante auto del 9 de junio de 2021, la Sala Especializada Penal de esta Corporaci\u00f3n inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n, al considerar que \u00abno cumpli\u00f3 los requisitos m\u00ednimos de t\u00e9cnica jur\u00eddica\u00bb. Agrega que, solicit\u00f3 a la Procuradur\u00eda Delegada para la Casaci\u00f3n Penal estudiara la posibilidad de interponer el mecanismo de insistencia, pero, el 14 de julio de la presente anualidad, recibi\u00f3 respuesta negativa a dicha petici\u00f3n. <\/p>\n
Cuestiona las providencias proferidas por las autoridades judiciales convocadas; de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, critica que \u00abfalt\u00f3 a la funci\u00f3n y\/o finalidad de ejercer un control legal y\/o constitucional de las decisiones de segundo grado por la evidente vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales y\/o constitucionales\u00bb; y, con especial \u00e9nfasis reprocha la sentencia del tribunal del 4 de julio de 2019, de la que aduce, careci\u00f3 de motivaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, manifiesta que la modificaci\u00f3n de la pena requer\u00eda un nivel argumentativo suficiente, en consideraci\u00f3n de las implicaciones que conlleva el aumento de una sanci\u00f3n de privaci\u00f3n de la libertad. A\u00f1ade que el tribunal desconoci\u00f3 el principio de legalidad, pues la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 no cumpli\u00f3 los lineamientos establecidos por la ley y la jurisprudencia \u00abpara la determinaci\u00f3n y\/o individualizaci\u00f3n de la pena, la cual tuvo como fundamento en el aumento de los guarismos establecidos dentro del concurso de conductas punibles sin la debida motivaci\u00f3n de su proceso de dosimetr\u00eda y\/o determinaci\u00f3n de la pena; [hizo] caso omiso de las reglas propias de la dosificaci\u00f3n penal, lo cual desbord\u00f3 en una sentencia violatoria de las garant\u00edas fundamentales (\u2026)\u00bb; se\u00f1ala tambi\u00e9n que no existi\u00f3 congruencia en el fallo por cuanto \u00abhizo menci\u00f3n de los mismos elementos que tuvo en cuenta el operador de primera instancia (\u2026)\u00bb y aun as\u00ed, resolvi\u00f3 en forma contraria. <\/p>\n
3. En suma, pretende que \u00abse anule y\/o deje sin efectos el fallo proferido el d\u00eda 4 de julio de 2019 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Penal [\u2026] y se ordene [\u2026] proceda a proferir nuevamente sentencia [\u2026] sustituyendo el fallo emitido [\u2026] por un fallo confirmatorio del proferido en primera instancia emitido por el Juzgado Veintitr\u00e9s Penal del Circuito (\u2026)\u00bb; y subsidiariamente pidi\u00f3 que tras dejarse sin efecto la providencia denunciada, se someta \u00abnuevamente a reparto las diligencias de la referencia con el fin de garantizar la imparcialidad judicial y\/o designando una Sala ad hoc\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Veintitr\u00e9s Penal del Circuito de Bogot\u00e1, sin pronunciarse sobre la demanda de tutela, hizo un recuento de lo sucedido en la causa penal que se sigui\u00f3 contra el ac\u00e1 accionante, en la que profiri\u00f3 condena por 108 meses de prisi\u00f3n y multa de 284 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, producto del allanamiento a los cargos de \u00abconcierto para delinquir, estafa simple y estafa agravada\u00bb. <\/p>\n
2. La Procuradora Tercera Delegada para la Casaci\u00f3n Penal, aclar\u00f3 que el accionante solicit\u00f3 se estudiara la viabilidad del mecanismo de insistencia frente a la inadmisi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, empero, \u00abse le indic\u00f3 que no se acced\u00eda a la petici\u00f3n, ya que no se observ\u00f3 yerro en la decisi\u00f3n de la Corte. El recurrente no demostr\u00f3 que la Corte se hubiese equivocado en la decisi\u00f3n [\u2026] o que se hiciera necesaria su revisi\u00f3n de fondo para salvaguardar alg\u00fan derecho\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal, por intermedio del Magistrado Jos\u00e9 Francisco Acu\u00f1a Viscaya, expuso que esa Sala inadmiti\u00f3 el recurso extraordinario propuesto por la defensa del procesado Orjuela Rodr\u00edguez \u00abpor cuanto no reun\u00eda los principios l\u00f3gico-jur\u00eddicos que la misma debe reunir de cara a su admisi\u00f3n, puesto que el libelo no conten\u00eda una debida sustentaci\u00f3n del cargo [\u2026] ni satisfac\u00eda los presupuestos b\u00e1sicos de idoneidad formal y sustancial necesarios para satisfacer los fines del recurso (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las corporaciones judiciales convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas por el quejoso con las decisiones proferidas (al interior del proceso penal que se le adelant\u00f3 por los delitos de \u00abconcierto para delinquir, estafa simple y estafa agravada\u00bb, radicado n\u00ba 2017-01094) (i) el 4 de julio de 2019, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que aument\u00f3 el quantum de la pena impuesta por el juez a quo de 128 a 172 meses de prisi\u00f3n, por presunta falta de motivaci\u00f3n; y, (ii) auto del 9 de junio de 2021 mediante el cual la Sala Especializada Penal inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n interpuesta, incurriendo en supuesta v\u00eda de hecho, al no \u00abejercer el control legal\u00bb de la sentencia del tribunal. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
De la acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional. <\/p>\n
3.1. Auscultadas las discrepancias planteadas por esta v\u00eda excepcional contra las determinaciones del tribunal accionado y la Hom\u00f3loga Penal, se observa que son defensas afines a las presentadas como fundamentos de la apelaci\u00f3n y de la sustentaci\u00f3n del recurso extraordinario; as\u00ed, principalmente respecto de la sentencia del ad quem, se\u00f1al\u00f3 que la motivaci\u00f3n para modificar y aumentar la sanci\u00f3n punitiva fue \u00abdeficiente\u00bb y la dosimetr\u00eda efectuada \u00abdesproporcionada\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, fue reiterativo en que, la colegiatura accionada fue \u00absubjetiva\u00bb al plasmar afirmaciones tales como, que el fallo de primer grado \u00abfue ben\u00e9volo\u00bb, cercenando con ello \u00abel principio de autonom\u00eda judicial e independencia de su inferior jer\u00e1rquico\u00bb. <\/p>\n
Recalc\u00f3 que, no existi\u00f3 un ejercicio \u00abponderado y cr\u00edtico [que] debe ser mucho m\u00e1s estricto en la medida que se restrinja mucho m\u00e1s los derechos y las garant\u00edas fundamentales y para el presente caso con ocasi\u00f3n del aumento de la pena establecida para el concurso de conducta punibles, este ejercicio obliga al operador jur\u00eddico a un an\u00e1lisis con mayor esfuerzo de fundamentaci\u00f3n y argumentaci\u00f3n para la restricci\u00f3n del derecho fundamental a la libertad so pena de incurrir en la prohibici\u00f3n de exceso, prohibici\u00f3n que no se respet\u00f3 en el presente caso, ya que es evidente que no hubo un ejercicio proporcional con los fines de la pena y la retribuci\u00f3n, toda vez que el juzgador de segundo grado sin elementos y\/o argumentos diferentes a los utilizados por el fallador de primer grado aumento la pena y\/o los guarismos del concurso de conductas punibles pr\u00e1cticamente al m\u00e1ximo al que estaba autorizado\u00bb. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en que la sentencia \u00ab(\u2026) no cont\u00f3 con la debida motivaci\u00f3n a la que estaba obligada por el imperio de la ley y del ordenamiento jur\u00eddico colombiano la falladora de segundo grado, sino a su vez, el operador y\/o Colegiatura desconociendo los lineamientos y el principio de legalidad , entre otros, desconoce la prohibici\u00f3n de exceso y el cual a luz del ordenamiento jur\u00eddico tiene car\u00e1cter de constitucional , el cual se trasgrede ya que su incremento se genera con base en un precario y\/o nulo ejercicio de ponderaci\u00f3n, toda vez que en ning\u00fan momento fundament\u00f3 la necesidad, la racionalidad y la proporcionalidad del aumento que estaba realizando para la imposici\u00f3n de la pena y su quantum, por otro lado, el aumento para el concurso de conductas punibles requer\u00eda un ejercicio y\/o an\u00e1lisis de proporcionalidad diferente a los par\u00e1metros utilizados por el a quo y desconociendo este precepto, el quantum por el concurso de conductas punibles lo eleva y\/o aumenta pr\u00e1cticamente hasta el m\u00e1ximo al que estaba autorizado en virtud del imperio de la ley como puede extraerse del ejercicio dosim\u00e9trico que realiz\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Aleg\u00f3 adem\u00e1s que, existi\u00f3 \u00abdesproporci\u00f3n\u00bb y \u00abdesborde\u00bb a la hora de tasar la sanci\u00f3n punitiva \u00abal ce\u00f1irse pr\u00e1cticamente al l\u00edmite al que estaba autorizado por la ley sin un ejercicio riguroso, claro, espec\u00edfico, indudable y serio que pudiese arrojar el resultado que arroj\u00f3 [\u2026] deb\u00eda ser mucho m\u00e1s profundo al restringir con mayor severidad el derecho fundamental a la libertad individual\u00bb. <\/p>\n
Particularmente, recrimin\u00f3 que el incremento que indica el art\u00edculo 31 del C\u00f3digo Penal, que refiere \u00abal otro tanto\u00bb cuando se trata de concurso de conductas fue del \u00ab400% (sic) [\u2026] incremento que se realiz\u00f3 sin el m\u00e1s m\u00ednimo esfuerzo argumentativo por parte de la Magistratura (\u2026)\u00bb, y remarc\u00f3 que, \u00abla concurrencia de tantos yerros en la decisi\u00f3n del juzgador de segunda instancia conlleva a afirmar que la pena fue fijada arbitrariamente, toda vez que como se ha enunciado a lo largo del instrumento tutelar, en el fallo accionado no solo se desconocieron criterios de legalidad que implican la violaci\u00f3n del debido proceso sancionatorio, sino se vulnero a su vez la garant\u00eda fundamental de proporcionalidad de la pena, en tanto su final determinaci\u00f3n irrespeta la m\u00e1xima de prohibici\u00f3n de exceso\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, n\u00f3tese, que alegatos as\u00ed formulados son incompatibles con este auxilio, pues son clara evidencia de que el actor pretende anteponer su propia comprensi\u00f3n a la de los funcionarios accionados y atacar, por esta senda, decisiones que le fueron desfavorables, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que, dada su naturaleza excepcional no fue establecido para erigirse como una instancia m\u00e1s o paralela del juicio ordinario. <\/p>\n
Entonces, observa la Corte que en realidad lo que hace el actor es insistir en puntos que fueron agotados y resueltos de fondo en los escenarios rese\u00f1ados por los jueces de la causa en virtud de sus espec\u00edficas competencias, es decir, lo que contienen sus argumentos es un recurso, pretensi\u00f3n que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En esta ocasi\u00f3n, la intenci\u00f3n del querellante es imponer su particular postura frente al ejercicio ponderativo de la tasaci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal y la forma en que debi\u00f3 el tribunal estimar el aumento del \u00abotro tanto\u00bb en torno al concurso de delitos; en todo caso, un examen que implicar\u00eda, como ya se indic\u00f3, una nueva revisi\u00f3n de instancia en la que el juez de amparo se alejar\u00eda de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la Corte ha sostenido que, <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Finalmente, cabe se\u00f1alar que con suficiencia la Corte ha dicho que \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012). <\/p>\n
3.2. Pese a lo que viene de considerarse para determinar el fracaso del auxilio, es pertinente agregar que, el reparo sobre la impertinencia del incremento punitivo, fue abordado en sede de casaci\u00f3n por la Sala Especializada de esta Corporaci\u00f3n (AP2274-2021, 9 junio 2020, rad. 56485), y aunque concluy\u00f3 que los cargos no fueron adecuadamente formulados conforme la t\u00e9cnica exigida, tras examinar los aspectos cr\u00edticos de las censuras planteadas, y previo a aclarar que, no existi\u00f3 vulneraci\u00f3n al principio de non vis in \u00eddem, precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En el presente caso, la sentencia de primer grado fue oportunamente recurrida por la Fiscal\u00eda, el Ministerio P\u00fablico y la defensa, someti\u00e9ndola con ello al control judicial del Tribunal, quien dio respuesta a los motivos de disenso que, entre otras cosas, atacaban las motivaciones dosim\u00e9tricas de la a quo, respecto de las cuales el casacionista no disiente, pues se conforma con arg\u00fcir que la decisi\u00f3n era inmodificable por tratarse de un fallo de primer grado y que no se realizaron planteamientos novedosos a los all\u00ed esgrimidos, lo cual, por lo dem\u00e1s ri\u00f1e con el principio de correcci\u00f3n material, pues justamente, los razonamientos expuestos por el ad quem, habilitado para ello en virtud del recurso de alzada, se\u00f1alaron: <\/p>\n
\u201cEn punto a los incrementos punitivos en raz\u00f3n del concurso homog\u00e9neo y heterog\u00e9neo de conductas punibles, considera esta Magistratura que, si bien la sentenciadora de primer nivel ten\u00eda el poder discrecional de aumentar la pena m\u00e1s grave de la forma en que lo hizo por las estafas agravadas, simples y el concierto para delinquir agravado, raz\u00f3n le asiste a la delegada Fiscal respecto a que hubo por parte de la a quo una \u201cexcesiva benevolencia\u201d al aplicar los mismos. En efecto, la adici\u00f3n de las penas que hizo la a quo por virtud de dicho instrumento jur\u00eddico -concurso- no resulta proporcional, por el contrario, deviene del todo laxa, pues no puede desconocerse ni pasarse por alto, c\u00f3mo la juzgadora de instancia lo tuvo como referente para no imponer las penas m\u00ednimas para los delitos contra el patrimonio econ\u00f3mico que se trata de m\u00faltiples estafas cuya cuant\u00eda asciende a $7.600\u00b4000.000.oo, generando sin duda un gran perjuicio al patrimonio de las victimas individualmente consideradas, que fueron ejecutadas por un grupo de sujetos concertados para sacar provecho econ\u00f3mico mediante artificios y enga\u00f1os a incautos ciudadanos que pretend\u00edan adquirir vivienda a un bajo costo. As\u00ed, entonces, se impone a esta colegiatura la redosificaci\u00f3n de las sanciones\u201d. <\/p>\n
En otras palabras, al rebatir tanto la Fiscal\u00eda como el Ministerio P\u00fablico el ejercicio dosim\u00e9trico realizado por la juez de primera instancia, el Tribunal adquiri\u00f3 competencia para emprender su revisi\u00f3n, producto del cual, en aplicaci\u00f3n del principio de proporcionalidad de las penas la agrav\u00f3, dado el nivel de lesi\u00f3n patrimonial producido a las v\u00edctimas y la intensidad del dolo con el que se obr\u00f3. <\/p>\n
Nada de ello ri\u00f1e con la garant\u00eda del non bis in \u00edndem como lo postula el censor, pues en manera alguna se trata de un doble juzgamiento o una doble sanci\u00f3n por los mismos hechos, o que de la misma circunstancia se derivaran dos o m\u00e1s consecuencias adversas para el procesado, o que se penara dos veces el mismo comportamiento, o que una misma situaci\u00f3n factual motivara la estructuraci\u00f3n del tipo base y de una causal de agravaci\u00f3n punitiva espec\u00edfica o gen\u00e9rica. <\/p>\n
Se trat\u00f3, por el contrario, de un incremento punitivo a la pena impuesta en primera instancia, debidamente habilitada en virtud de la apelaci\u00f3n incoada, mediante la cual se atac\u00f3 el ejercicio dosim\u00e9trico previamente efectuado por la juez de primer grado, y sin afectaci\u00f3n del derecho a la defensa, al debido proceso y al principio de prohibici\u00f3n de reforma en peor, dado que la defensa no actu\u00f3 como apelante \u00fanico\u00bb. <\/p>\n
Conforme lo transcrito, se reitera, no encuentra esta Sala configurada la v\u00eda de hecho a que se refiere la demanda, ya que las consideraciones expuestas, tanto por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 al modificar la sentencia del a quo respecto de la pena impuesta como de la Sala Especializada denunciada al inadmitir la demanda de casaci\u00f3n, resultan razonadas, sin que devenga propio, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno a esas conclusiones. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Lo pretendido por el accionante resulta improcedente, toda vez que desconoce la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional frente a providencias judiciales, ya que lo que persigue es imponer una determinada tesis sustituyendo al fallador de la causa, como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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STC11593-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC11593-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02851-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Carlos Orjuela […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57378","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57378","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57378"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57378\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57378"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57378"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57378"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}