STC11595-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11595-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2021-01223-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Martha Cecilia Vega Jim\u00e9nez contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, extensiva a su hom\u00f3loga de la seccional Santander. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, obrando en su propio nombre, acude al presente mecanismo buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00aba la igualdad\u2026 debido proceso\u2026 defensa y\u2026 trabajo\u00bb, que estima vulnerados por las autoridades judiciales convocadas dentro del asunto 2014-01144. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n recaudados, se pueden extractar los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
2.1. Producto de una queja formulada por Miryam Blanco Ria\u00f1o, la antigua Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional de Santander dio apertura a un proceso de dicha naturaleza contra la aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
2.2. El 6 de julio de 2018, la aludida colegiatura emiti\u00f3 sentencia a trav\u00e9s de la cual la declar\u00f3 responsable \u00aba t\u00edtulo de dolo\u00bb de las faltas descritas en el art\u00edculo 35, numerales 3 y 4 de la Ley 1123 de 2007, agravadas seg\u00fan el canon 45-4C \u00eddem, imponi\u00e9ndole como sanci\u00f3n la suspensi\u00f3n por un a\u00f1o para ejercer la profesi\u00f3n de abogada. <\/p>\n
2.3. Contra dicha determinaci\u00f3n tanto la aqu\u00ed promotora como su apoderado interpusieron recurso de apelaci\u00f3n que fueron resueltos por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura el 20 de febrero de 2020, confirmando la determinaci\u00f3n de primer grado; dicha providencia fue notificada mediante anotaci\u00f3n en estado n\u00b0 53 del 21 de mayo siguiente. <\/p>\n
3. Para la promotora, las decisiones de las autoridades enjuiciadas adolecen de defecto f\u00e1ctico y de una motivaci\u00f3n adecuada por cuanto \u00abtanto el a quo con la segunda instancia para valorar la falta disciplinaria solo se basaron en algunas de las pruebas o cercenando el contenido de la misma\u00bb omitiendo el estudio de la totalidad de los elementos de convicci\u00f3n v\u00e1lidamente incorporados a la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Por lo anterior solicita \u00abanular la sentencia\u2026 donde se obvia realizar un an\u00e1lisis de todas las normas, valoraciones y argumentaciones necesarias para poderme sancionar [y adoptar] las medidas que su se\u00f1or\u00eda estime conveniente para la salvaguarda de los derechos vulnerados\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El presidente de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial se opuso a la prosperidad del resguardo habida consideraci\u00f3n que \u00abla accionante est\u00e1 intentando reabrir el debate disciplinario, el cual ya fue resuelto en dos instancias y no puede convertirse la acci\u00f3n de tutela en un mecanismo tendiente a genera una tercera instancia dentro del proceso\u00bb. <\/p>\n
2. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Santander, por conducto de uno de sus magistrados, pidi\u00f3 denegar las s\u00faplicas en tanto no existe vulneraci\u00f3n a garant\u00eda fundamental alguna \u00abpues\u2026 a lo largo de la investigaci\u00f3n se respetaron sus derechos y se ofrecieron las garant\u00edas de ley, dado que fue legalmente vinculada y notificada de las actuaciones surtidas\u00bb. <\/p>\n
3. Un abogado que dijo haber representado a la ac\u00e1 gestora en el tr\u00e1mite disciplinario coadyuv\u00f3 las pretensiones de la demanda pues, en su sentir, las autoridades convocadas incurrieron en defecto f\u00e1ctico al momento de valorar la prueba, al tiempo que las decisiones adolecen de falta de motivaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
2. El requisito de inmediatez <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, se se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3. Caso concreto <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que la providencia por medio de la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria resolvi\u00f3 los recursos de apelaci\u00f3n formulados por la quejosa y su defensor contra el fallo sancionatorio de primer grado, fue proferida el 20 de febrero de 2020 y notificada el 21 de mayo siguiente mediante anotaci\u00f3n en el estado n\u00b0 53 de dicha data, mientras que la presente tutela fue instaurada el pasado 19 de agosto, de acuerdo con la constancia de radicaci\u00f3n anexa en formato digital; es decir, superado ampliamente el semestre establecido como razonable para proponer el resguardo. <\/p>\n
Vista desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la presunta afectada con las actuaciones que considera vulneradoras de sus derechos fundamentales debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el an\u00e1lisis preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s exigente en trat\u00e1ndose de ataques a providencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una decisi\u00f3n judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y, de contera, la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Ello, comoquiera que, contrario a lo manifestado en la demanda, la providencia sobre la que recae la queja le fue notificada a la quejosa y a su apoderado a trav\u00e9s de comunicaciones telegr\u00e1ficas de 6 de marzo de 2020 y anotaci\u00f3n en estado del 21 de mayo siguiente, data en la que se considera tuvieron noticia de lo decidido y a partir de la cual se deben contabilizar los seis meses tantas veces referidos. <\/p>\n
En dicho sentido esta Corporaci\u00f3n, en el fallo STC, 6 Jun. 2014, rad, 2014-1134, reiterado en STC9399-2014, rad. 01468-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015- 26 mar. rad. 0590-00, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como los hechos en los que se sustenta la demanda constitucional datan de hace m\u00e1s de seis meses\u2026 aquella no satisface la exigencia de la tempestividad\u2026 circunstancia que deja sin soporte la protecci\u00f3n\u2026 ahora\u2026no se acredit\u00f3 la imposibilidad para presentar el amparo en tiempo\u2026 \u2018en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino ajustado para la interposici\u00f3n de la queja el de seis meses\u00bb Resalta la Sala. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el car\u00e1cter intempestivo de la salvaguarda es criterio suficiente que conduce indefectiblemente a la desestimaci\u00f3n de la s\u00faplica, motivo por el cual no es necesario efectuar an\u00e1lisis en relaci\u00f3n con otras tem\u00e1ticas que, sin duda, est\u00e1n condicionadas a la superaci\u00f3n de la anterior materia. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone la negativa del amparo, dada su evidente improcedencia, porque la gestora tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional; es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez, asimismo no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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