STC11596-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11596-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2021-01245-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, invoc\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo y \u00abbuena fe\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Relata en s\u00edntesis que por queja que formul\u00f3 la se\u00f1ora Sonia Ernestina Benavides Franco, fue procesado y sancionado disciplinariamente en su condici\u00f3n de abogado, a dos (2) a\u00f1os de suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n por desatender el deber contemplado en el art\u00edculo 28 numeral 101 de la Ley 1123 de 2007 \u2013 C\u00f3digo Disciplinario del Abogado \u2013 , incurriendo en la falta del art\u00edculo 37 numeral 1\u00ba2 de esa normativa, a t\u00edtulo de culpa; as\u00ed mismo, por incumplimiento al deber contenido en el canon 28 numeral 6\u00ba3 ejusdem, y las faltas previstas en el 334 numerales 2\u00ba y 9\u00ba de esa disposici\u00f3n, a t\u00edtulo de dolo (expediente n\u00ba 2017-04756) <\/p>\n
Destaca que inicialmente la sanci\u00f3n fue de tres (3) a\u00f1os de suspensi\u00f3n, pero fue disminuida a dos (2) por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura al resolver la apelaci\u00f3n el 5 de noviembre de 2020 (decisi\u00f3n notificada el 21 de marzo de 2021). <\/p>\n
Cuenta que el proceso en cuesti\u00f3n tuvo su origen en el poder que la denunciante Benavides Franco le otorg\u00f3 para que adelantara proceso de sucesi\u00f3n de su c\u00f3nyuge (con el fin de repartir el \u00fanico activo, un inmueble comercial ubicado en la \u00abcarrera 4\u00aa n\u00ba 26B-28 de Bogot\u00e1\u00bb), encargo que no habr\u00eda cumplido inmediatamente a pesar de recibir el pago de honorarios. As\u00ed mismo porque, luego que su poderdante vendiera los derechos gananciales que le correspond\u00edan en la sucesi\u00f3n, \u00e9l los adquiri\u00f3 con posterioridad, y se hizo incluir como arrendador en el contrato de arrendamiento del local comercial se\u00f1alado; despu\u00e9s, ante la supuesta mora en el pago del canon, inici\u00f3 tr\u00e1mite de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, asunto que termin\u00f3 por conciliaci\u00f3n. <\/p>\n
Indica que, finalmente inco\u00f3 la demanda de sucesi\u00f3n en el a\u00f1o 2016, pero lo hizo como acreedor \u00abpretendiendo se le adjudicara el 50% del local comercial\u00bb, y alegando que compr\u00f3 los derechos el 17 de noviembre de 2009 a Ana Cecilia Manzano, quien obtuvo los mismos por venta que le hiciera la c\u00f3nyuge del causante, siendo esas actuaciones las que provocaron la querella. <\/p>\n
En suma, acusa los fallos de disciplinarios dictados en su contra de constituir v\u00edas de hecho por defecto f\u00e1ctico; al respecto, con \u00e9nfasis cuestiona que, \u00abla sentencia de segunda, proferida por v\u00eda de apelaci\u00f3n, al igual que la proferida en primera instancia, desconocieron e ignoraron todas las pruebas allegadas al proceso, expresando motivaciones y razonamientos subjetivos apartadas de los documentos que se allegaron al expediente [\u2026] calificando la actuaci\u00f3n de [\u2026] inescrupuloso, atribuyeron conductas dolosas, presiones indebidas, de demandar en forma fraudulenta, de actuar en detrimento de intereses ajenos, la quejosa y la administraci\u00f3n de justicia, litigar en contra de su procurada y se hace conclusiones totalmente subjetivas que no se compadecen con el material probatorio allegado, pues no se fund\u00f3 en ning\u00fan medio de prueba que mostrara clara y objetivamente los razonamientos que condujeron a la sanci\u00f3n disciplinaria [\u2026] las providencias referidas tuvieron por hechos demostrados, circunstancias f\u00e1cticas frente a las cuales no existi\u00f3 elemento probatorio alguno, a lo largo del procedimiento la magistrada recaud\u00f3 algunas pruebas que no muestran que efectivamente [\u2026] haya incurrido en las conductas que se le endilgaron\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende se deje sin efectos \u00ab(\u2026) las sentencias del 9 de septiembre de 2019 de primera instancia y la sentencia datada el 5 de noviembre de 2020 [\u2026] mediante las cuales se [le] sancion\u00f3 [\u2026] con suspensi\u00f3n en el ejercicio profesional de abogado por el t\u00e9rmino de tres a\u00f1os y la segunda que revoc\u00f3 parcialmente la primera para sancionar, con suspensi\u00f3n del ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado [\u2026] por el t\u00e9rmino de dos a\u00f1os (\u2026) ordenar a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial proferir el fallo correspondiente a la competencia asociada a los reparos planteados [\u2026] respetando las evidencias probatorias arrimadas al proceso (\u2026) \u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n
El presidente de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial explic\u00f3 que, como se trata de una corporaci\u00f3n creada a trav\u00e9s del acto legislativo 02 de 2015, cuyos magistrados se posesionaron solo hasta el 2 de diciembre de 2020, no tendr\u00eda porqu\u00e9 pronunciarse \u00abacerca de las actuaciones y fallos proferidos por la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en la medida en que no los elabor\u00f3, discuti\u00f3 y no tuvo participaci\u00f3n en estos (\u2026)\u00bb; sin embargo, manifest\u00f3 que, lo que se extrae de la demanda de tutela \u00abes la intenci\u00f3n de reabrir un debate sobre el cual ya existi\u00f3 pronunciamiento en la sentencia, lo cual se escapa a la finalidad de la tutela, siendo que no constituye tercera instancia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las corporaciones convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas por el accionante con los fallos del 9 de septiembre de 2019 y 5 de noviembre de 2020, de primera y segunda instancia respectivamente, proferidos en el juicio disciplinario radicado n\u00ba 2017-04756, mediante los cuales le impusieron sanci\u00f3n de dos (2) a\u00f1os de suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado, incurriendo, supuestamente, en v\u00eda de hecho por indebida valoraci\u00f3n probatoria (defecto f\u00e1ctico). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra los fallos de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido el 5 de noviembre de 2020 por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
4. La providencia cuestionada. <\/p>\n
Efectuado el examen pertinente a los argumentos de la queja constitucional y a las piezas procesales allegadas, desde ya la Sala indica que no observa la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales suplicados, tras advertir que el fallo atacado se aprecia coherente, razonable y motivado. <\/p>\n
Para dirimir la controversia planteada por el recurrente, la colegiatura acusada abord\u00f3 con detalle cada uno de los reparos formulados en la apelaci\u00f3n y los contrast\u00f3 con lo probado en la causa. <\/p>\n
As\u00ed, frente al primer argumento, concerniente al an\u00e1lisis efectuado por el a quo en relaci\u00f3n con el juicio de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que promovi\u00f3, dijo; <\/p>\n
\u00abFrente a este punto es menester afirmar que luego de un an\u00e1lisis del fragmento expuesto por la Operadora Jur\u00eddica que dice \u201cEn efecto se encontr\u00f3, que el abogado compr\u00f3 los derechos gananciales, como falsa tradici\u00f3n por parte de la se\u00f1ora Ana Cecilia Vega Manzano, mediante escritura No. 4200 de 17 de noviembre de 2009, un inmueble sobre el cual no tuvo la posesi\u00f3n\u201d, esta Colegiatura concluye que en ning\u00fan momento se dijo que la falsa tradici\u00f3n era une hecho no legal, por el contrario, incluso, se dej\u00f3 claro que se protocoliz\u00f3 por instrumento p\u00fablico. <\/p>\n
Y, si bien es cierto, la Magistrada de Instancia mencion\u00f3 que el doctor CARLOS ESCOBAR CABALLERO adquiri\u00f3 los derechos gananciales de la se\u00f1ora CECILIA VEGA MANZANO haciendo referencia a una \u201cFALSA TRADICI\u00d3N\u201d, este suceso fue tra\u00eddo a colaci\u00f3n como parte de los hechos y para contextualizar el escenario de la compra de los derechos, que por dem\u00e1s son el advenimiento de los conflictos surgidos entre el querellado y la querellante, raz\u00f3n por la cual, en ning\u00fan momento lo anterior se utiliz\u00f3 para endilgar la falta al disciplinado. Consecuentemente, lo argumentado no es de recibo para esta Sala y ser\u00e1 desestimado\u00bb. <\/p>\n
Del segundo reparo, atinente al contrato de arrendamiento en el que se hizo part\u00edcipe el ac\u00e1 actor como arrendador, pese a que la titularidad continuaba siendo de la se\u00f1ora Benavides Franco, precis\u00f3 la magistratura: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Respecto de este punto, cabe resaltar que la menci\u00f3n hecha por parte de la Magistrada de Instancia sobre la titularidad del bien no es del todo innecesaria, toda vez que al ostentar la calidad de propietaria, pudo ceder los derechos a la se\u00f1ora VEGA MANZANO y esta \u00faltima, a su vez, pudo vend\u00e9rselos al doctor CARLOS ESCOBAR, adem\u00e1s, se equivoc\u00f3 el libelista cuando afirm\u00f3 que este hecho no est\u00e1 probado en el proceso disciplinario, pues se encontr\u00f3 en el dossier a folio 17del cuaderno original, Certificado de Tradici\u00f3n y Libertad en el cual se acredita que la titular del derecho real de dominio del bien es la se\u00f1ora Sonia Benavides Franco\u00bb. <\/p>\n
De la tercera alegaci\u00f3n, donde recrimin\u00f3 que la primera instancia calificara de fraudulenta la demanda de restituci\u00f3n del inmueble, puntualiz\u00f3 la autoridad disciplinaria: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Frente a este alegato esta Superioridad encontr\u00f3 que i) La Magistrada de instancia adujo que el proceso era fraudulento no por lo que se pretend\u00eda o por requisitos de forma, sino porque se inici\u00f3 contra la persona equivocada (inquilino), toda vez que como es de conocimiento del togado y como se lee en la cl\u00e1usula SEGUNDA del citado contrato de arrendamiento28, se pact\u00f3 que los valores de los c\u00e1nones deb\u00edan consignarse en los plazos establecidos en la cuenta 03108033133 a nombre de la quejosa y quien en principio le consign\u00f3 al denunciado lo que le correspond\u00eda por este concepto fue la misma se\u00f1ora Sonia Benavides Franco, por lo cual, era a ella a quien \u00e9l deb\u00eda reclamarle y no a terceros que nada ten\u00edan que ver. De lo anterior, para esta Colegiatura es m\u00e1s que claro que la Instructora no incurri\u00f3 ni en yerro, ni en subjetividad alguna, sino que acudi\u00f3 a lo probado, aportado e inspeccionado en el plenario disciplinario\u00bb. <\/p>\n
Del cuarto reproche, adujo el apelante que carec\u00eda de todo fundamento el se\u00f1alamiento sobre la \u00abtacha\u00bb o enmendadura que habr\u00eda realizado a uno de los documentos de prueba, frente a lo cual la Sala accionada, aclar\u00f3: <\/p>\n
\u00abSobre el particular, la Sala concluye que, se mencion\u00f3 la tacha del documento, porque fue motivo de extra\u00f1eza en la diligencia celebrada el d\u00eda 7 de febrero de 2019 y como todo antecedente procesal, debe ser consignado en el prove\u00eddo, sin embargo se transcribe dicha referencia al siguiente tenor (\u2026)entre los cuales se encontraba incluido el proceso de sucesi\u00f3n de Jos\u00e9 Vicente Vesga (F.6C.O), y que sospechosamente aparece tachado con l\u00e1piz en ese folio, precisamente el proceso de sucesi\u00f3n de Jos\u00e9 Vicente Vesga, pero que en la audiencia pr\u00f3xima pasada ese documento fue aportado por la se\u00f1ora quejosa F. 73 C.O), sin tacha alguna\u201d y como se puede evidenciar, lo anterior no significa que se le endilgue ese hecho al togado, sino que es una forma de hacer un recuento de los hechos mas relevantes en el que hacer judicial. Motivo por el cual este argumento ser\u00e1 desestimado\u00bb. <\/p>\n
En la siguiente censura, rechaz\u00f3 el disciplinado que el a quo haya afirmado que \u00ablitig\u00f3 en contra de su propia clienta\u00bb, en tal sentido, explic\u00f3 la demandada, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Frente a este punto, es importante mencionar que, pese a que directamente no se inici\u00f3 un proceso en contra de la se\u00f1ora SONIA BENAVIDES, si existi\u00f3 una contraposici\u00f3n de intereses dentro del proceso de restituci\u00f3n, toda vez que, la quejosa fue llamada por el aquejado como testigo, sin embargo tambi\u00e9n fue llamada como testigo de los inquilinos demandados30, por lo cual es mas que claro que en efecto, si existi\u00f3 dicho encontr\u00f3n de intereses, por lo cual el togado no debi\u00f3 continuar con el proceso. <\/p>\n
As\u00ed mismo, tambi\u00e9n pudo concluir la Operadora Jur\u00eddica que, cuando el doctor CARLOS ESCOBAR inici\u00f3 el tr\u00e1mite de la sucesi\u00f3n, entr\u00f3 en una pugna con la se\u00f1ora SONIA BENAVIDES por la adjudicaci\u00f3n del bien inmueble objeto de repartici\u00f3n, y , luego de revisar el expediente 20160143731, se encontr\u00f3 por esta Sala que el proceso sucesora lo inici\u00f3 el togado a nombre propio, por lo que es evidente que el doctor ESCOBAR CABALLERO litig\u00f3 en un proceso en el cual, la otra parte interesada era su cliente, la hoy quejosa. Por lo expuesto, este argumento ser\u00e1 desestimado\u00bb. <\/p>\n
Y, del cuestionamiento en el que niega haber incurrido en alguno de los verbos rectores que consagra la falta disciplinaria del art\u00edculo 33 numeral 9\u00ba de la ley 1123 de 2007, sostuvo la accionada, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Frente a este tema, es necesario recordar lo transcurrido en la diligencia de formulaci\u00f3n de cargos, donde, la Magistrada de Instancia afirm\u00f3 le enrostro el cargo dispuesto en el art\u00edculo 33 numeral 9 de la Ley 1123 de 2007 al togado porque consider\u00f3 que hab\u00eda iniciado un proceso sucesoral en contra de su clienta y no en representaci\u00f3n suya como era su deber \u00e9tico y profesional y que dicho proceso que instaur\u00f3 el disciplinado claramente fue en detrimento de los intereses de la quejosa, pues incluso tuvo que sobrellevar el secuestro del \u00fanico bien del cual obten\u00eda su sustento y el de sus hijos\u00bb. <\/p>\n
Como puede observarse de lo rese\u00f1ado, la colegiatura acusada abord\u00f3 los elementos centrales objeto de discusi\u00f3n en el recurso, as\u00ed como las pruebas practicadas en el juicio disciplinario para otorgarles el alcance demostrativo que seg\u00fan su criterio era menester conferirles, hermen\u00e9utica que, desde luego, no puede ser alterada por esta v\u00eda, m\u00e1xime si no se aprecia inconsulta, desfasada o irracional, en todo caso, distante de edificar la v\u00eda de hecho denunciada. <\/p>\n
Es que sobre la pretensi\u00f3n de hacer prevalecer una determinada valoraci\u00f3n de las pruebas por sobre la realizada por el juzgador, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC4546-2016, 13 ab. rad, 00770-00). <\/p>\n
De manera que esta particular justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en la esfera probatoria, cuando, eventualmente, el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo cual ciertamente no ocurri\u00f3 en este supuesto. <\/p>\n
De igual forma, valga destacar que al juez constitucional le est\u00e1 vedado interferir, por mera diferencia de opiniones o discrepancia de criterios en asuntos que el legislador asign\u00f3 a un funcionario espec\u00edfico, en este caso a la autoridad jurisdiccional encargada de adelantar las investigaciones correctivas, salvo que se presenten desviaciones jur\u00eddicas o f\u00e1cticas protuberantes y relevantes en la decisi\u00f3n, las cuales no se observan en el caso de an\u00e1lisis. En ese sentido, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
En todo caso, frente a reclamos de similar tenor, con suficiencia ha precisado la Corte que \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012) Se resalta. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Los razonamientos contenidos en la decisi\u00f3n recriminada hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial e inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en el asunto se\u00f1alando una determinada tesis o interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico o las pruebas sustituy\u00e9ndolo, como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 ART\u00cdCULO 28. DEBERES PROFESIONALES DEL ABOGADO. Son deberes del abogado: (\u2026) 10. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, lo cual se extiende al control de los abogados suplentes y dependientes, as\u00ed como a los miembros de la firma o asociaci\u00f3n de abogados que represente al suscribir contrato de prestaci\u00f3n de servicios, y a aquellos que contrate para el cumplimiento del mismo. <\/p>\n
2\u0002 ART\u00cdCULO 37. Constituyen faltas a la debida diligencia profesional: <\/p>\n
1. Demorar la iniciaci\u00f3n o prosecuci\u00f3n de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuaci\u00f3n profesional, descuidarlas o abandonarlas. <\/p>\n
3\u0002 ART\u00cdCULO 28. (\u2026) 6. Colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realizaci\u00f3n de la justicia y los fines del Estado. <\/p>\n
4\u0002 ART\u00cdCULO 33. Son faltas contra la recta y leal realizaci\u00f3n de la justicia y los fines del Estado: (\u2026) 2. Promover una causa o actuaci\u00f3n manifiestamente contraria a derecho; (\u2026) 9. Aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad. <\/p>\n
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STC11596-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC11596-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2021-01245-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). ANTECEDENTES 1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57381","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57381","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57381"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57381\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57381"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57381"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57381"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}