STC11598-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11598-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03059-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jaime Rodr\u00edguez Mondrag\u00f3n contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2014-00043. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente vulnerados por la Sala Especializada convocada. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que, junto a otros ciudadanos, fue procesado bajo el rito procesal de la ley 600 de 2000, por los delitos de \u00abreceptaci\u00f3n; legalizaci\u00f3n y ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilegales agravado\u00bb. <\/p>\n
Refiere que el 26 de febrero de 2018 fue condenado por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1 a la pena de 108 meses de prisi\u00f3n, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 en su integridad el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Penal, el 14 de noviembre de ese mismo a\u00f1o, fallo frente al cual su defensor interpuso recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, destaca que la Sala convocada mediante auto de 28 de octubre de 2020 (AP2973-2020, notificado por estado el 20 de mayo de 2021) inadmiti\u00f3 la demanda extraordinaria sin referirse \u00aba los requisitos de forma y contenido establecidos en el art\u00edculo 212 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal vigente para el momento de los hechos, Ley 600 de 2000, sino que estudi\u00f3 de fondo los cargos propuestos, superando las cuestiones de admisibilidad\u00bb. <\/p>\n
Resalta que la accionada realiz\u00f3 un examen completo de los cargos propuestos, lo que implicaba \u00abcasar o no el fallo proferido, m\u00e1s no emitir una decisi\u00f3n de inadmisi\u00f3n (\u2026)\u00bb, tesis que encuentra respaldo en lo se\u00f1alado en las sentencias de unificaci\u00f3n de la Corte Constitucional SU-635 de 2015 y \u00abSU-296 de 2020 (sic)\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, insisti\u00f3 en que la Sala cuestionada desconoci\u00f3 el precedente jurisprudencial se\u00f1alado por cuanto \u00abal fundamentar su decisi\u00f3n de inadmisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n [\u2026] en consideraciones de fondo o materiales sobre los cargos formulados y no en el incumplimiento de los requisitos formales previstos por el art\u00edculo 212 de la Ley 600 de 2000 que consagra que en la formulaci\u00f3n de los cargos se debe indicar de forma clara y precisa la causal, cargos y normas que se estiman infringidas\u00bb. <\/p>\n
Agrega que, \u00abla decisi\u00f3n fue contraria a la argumentaci\u00f3n utilizada, lleg\u00e1ndose a un fallo incoherente y contradictorio con las consideraciones omitidas, de ah\u00ed que al no existir congruencia entre la parte motiva y la parte resolutiva del auto AP2973-2020 [\u2026] debe admitirse la demanda de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide \u00abse ordene a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, entre otras cosas, admitir la demanda de casaci\u00f3n presentada en el marco del proceso penal que se adelanta en contra de Jaime Rodr\u00edguez y dar curso al tr\u00e1mite de casaci\u00f3n, para que en una tercera de etapa la Corte Suprema de Justicia decida sobre la estimaci\u00f3n del asunto puesto a su conocimiento resolviendo de fondo los cargos propuestos\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Por intermedio de uno de sus magistrados, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 se declare improcedente la demanda tutelar por cuanto, seg\u00fan se\u00f1ala, lo que pretende el actor es contrariar \u00abla autonom\u00eda judicial establecida en la Carta Pol\u00edtica [y] desconocer las decisiones adoptadas por el juez competente y crear instancias y tr\u00e1mites no previstos en la ley (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. El Magistrado Diego Eugenio Corredor Beltr\u00e1n, de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, aclar\u00f3 que, contrario a lo que indica el gestor del amparo, la Corte Constitucional en la sentencia SU-296 de 2020 abord\u00f3 nuevamente el tema de los requisitos que debe cumplir la demanda de casaci\u00f3n \u2013 en la Ley 600 de 2000 \u2013 requisitos que la Sala evalu\u00f3 al momento de pronunciarse frente a la admisi\u00f3n del recurso impetrado por la defensa del procesado y agreg\u00f3 que, \u00ab(\u2026) si en uno de los cargos se dijo que aun asumiendo como inexistente la falencia se\u00f1alada en la sustentaci\u00f3n, no se daba la situaci\u00f3n alegada, fue para motivar que no era necesario que la Corte entrara a casar de oficio\u00bb. <\/p>\n
3. La Procuradora Tercera Delegada para la Casaci\u00f3n Penal, no advirti\u00f3 actuaci\u00f3n atentatoria de las garant\u00edas del actor por parte de la Sala accionada, por cuanto, \u00ab(\u2026) una cosa es que la Sala haya sido did\u00e1ctica y prolija en argumentaci\u00f3n para exponer las razones por las cuales las demandas no fueron admitidas y otra muy diferente que se hubiera estudiado de fondo cada cargo para finalizar diciendo que se inadmit\u00eda los recursos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Especializada convocada vulner\u00f3 las garant\u00edas denunciadas por el actor al inadmitir (mediante auto AP2973-2020 del 28 de octubre de 2020) la demanda de casaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia del tribunal ad quem que confirm\u00f3 la condena en su contra de 108 meses de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abreceptaci\u00f3n; legalizaci\u00f3n y ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilegales agravado\u00bb, incurriendo en v\u00eda de hecho por supuestamente, desconocer el precedente constitucional fijado en las sentencias SU-635\/2015 y \u00abSU-296\/2020 (sic)\u00bb; y, por falta de motivaci\u00f3n, al no pronunciarse en relaci\u00f3n con los defectos presentados en la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Caso concreto \u2013 la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
3.1. Atendidos los argumentos que fundan la decisi\u00f3n de la Sala acusada, no se advierte procedente el amparo, puesto que la misma no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve notoria desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
En efecto, para inadmitir la demanda de casaci\u00f3n, la tutelada se ocup\u00f3 de examinar la pertinencia de la t\u00e9cnica de cada uno de los cargos formulados con miras a establecer si aqu\u00e9llos eran susceptibles de ser estudiados bajo el tamiz propio del control legal y constitucional que se acomete en dicha sede. <\/p>\n
Preliminarmente, sobre los reparos planteados, sostuvo que los dos primeros, en los que solicit\u00f3 nulidad de la actuaci\u00f3n, se encaminaron a recriminar las \u00abdeficiencias en la motivaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n respecto de los elementos estructurales del tipo objetivo por el que se acus\u00f3 [\u2026] y la forma de intervenci\u00f3n en la conducta punible\u00bb; por lo que, tras rese\u00f1ar los requisitos que comporta la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n (SP10998-2015), manifest\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) tal y como se precis\u00f3 en el numeral 4.2.3.3, si ante la sede extraordinaria se proyecta un cargo por nulidad que pretenda derruir la eficacia de la resoluci\u00f3n acusatoria por falencias en su motivaci\u00f3n, es deber del demandante justificar que el asunto fue planteado al interior de las instancias en la oportunidad procesal prevista para el efecto, situaci\u00f3n que en el caso concreto no se avizora, toda vez que, a pesar de que en la audiencia preparatoria la defensa t\u00e9cnica del procesado JAIME RODR\u00cdGUEZ MONDRAG\u00d3N solicit\u00f3 la anulaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n, el pedimento invalidatorio se ci\u00f1\u00f3 a la omisi\u00f3n de ampliaci\u00f3n de prueba testimonial en la etapa instructiva, espec\u00edficamente de GUILLERMO ALEJANDRO PALLOMARI GONZ\u00c1LEZ y DANIEL SERRANO G\u00d3MEZ, a pesar de haberse decretado desde el inicio de la indagaci\u00f3n, pero nada dijo frente a lo que ahora constituye el fundamento de los dos primeros cargos en casaci\u00f3n, raz\u00f3n suficiente para predicar la ausencia de inter\u00e9s jur\u00eddico ante esta sede\u00bb. <\/p>\n
Y a\u00f1adi\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aun si se pasara por alto la mencionada incorrecci\u00f3n que afecta la legitimaci\u00f3n, contrario al inusitado criterio del recurrente, considera la Sala que en este asunto no se present\u00f3 insuficiencia en la motivaci\u00f3n, pues, escrutada la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n, de ella se advierte que de forma espaciosa la delegada instructora, luego de citar la fuente normativa por la que proced\u00eda, se encarg\u00f3 de explicar los pormenores de la conducta atribuida al procesado JAIME RODR\u00cdGUEZ MONDRAG\u00d3N y en muchos de sus apartes aludi\u00f3 al andamiaje creado para consumar la conducta delictiva de lavado de activos, pero, que la segunda instancia, en atenci\u00f3n a los principios de favorabilidad y especialidad, adecu\u00f3 al precepto de receptaci\u00f3n, legalizaci\u00f3n y ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilegales agravado\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 seguidamente que la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n, contrario a lo argumentado por el recurrente, identific\u00f3 el delito que se endilg\u00f3 al procesado y \u00abcompendi\u00f3 el comportamiento imputado\u00bb, asimismo, aclar\u00f3 lo concerniente a la coautor\u00eda que se atribuy\u00f3, por lo que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) No puede el demandante, entonces, recriminar falencias en la motivaci\u00f3n, cuando es claro que, en el pliego de cargos, satisfactoriamente se explican los aspectos que ahora se echan de menos. Por ende, el recurrente no logra justificar, ni la Corte establece, de qu\u00e9 manera se indujo en confusi\u00f3n al procesado o a su bancada defensiva, como para que se les imposibilitara o siquiera dificultara ejercer en toda su amplitud el derecho a defenderse material y t\u00e9cnicamente. <\/p>\n
Las anteriores tem\u00e1ticas, menospreciadas por el libelista en los dos primeros cargos, lejos de constituir una motivaci\u00f3n deficiente o incompleta, en efecto solventan los presupuestos m\u00ednimos de argumentaci\u00f3n en las cuestiones sustanciales objeto de debate\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, complement\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) La ausencia de fundamento de la censura tambi\u00e9n se advierte cuando de recriminar la sentencia de segunda instancia, se trata, toda vez que el Tribunal ad quem metodol\u00f3gicamente abord\u00f3, entre otros t\u00f3picos: (i) la calificaci\u00f3n jur\u00eddica de la conducta; (ii) la nulidad de la sentencia del a quo ante la supuesta falta de motivaci\u00f3n; (iii) aspectos generales de la valoraci\u00f3n probatoria en la que se hicieron m\u00faltiples referencias de JAIME RODR\u00cdGUEZ MONDRAG\u00d3N, hijo de GILBERTO RODR\u00cdGUEZ OREJUELA; (iv) el an\u00e1lisis de la coautor\u00eda en el caso concreto; y, luego, (v) su comportamiento fue debidamente particularizado\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la tercera de las censuras propuestas, puntualiz\u00f3 que el impugnante, aunque critic\u00f3 que la motivaci\u00f3n de la sentencia fue incompleta, no expuso en que radicaba tal deficiencia, a lo cual resalt\u00f3 la Hom\u00f3loga Penal, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no es v\u00e1lido exponer la simple inconformidad con la argumentaci\u00f3n hecha en la providencia, o el descontento con los fundamentos que suministra el funcionario judicial, porque se estimen equivocados, o la aspiraci\u00f3n a que ellos sean presentados de una determinada manera, sino que la censura ha de encaminarse a demostrar con precisi\u00f3n que alguno de los aspectos se\u00f1alados fue ignorado o que los motivos aducidos no son suficientes para resolver el problema jur\u00eddico planteado. En el presente asunto, el casacionista niega su tesis porque, al tiempo que alega la motivaci\u00f3n deficiente, expone los criterios que tuvo en cuenta el ad quem para sustentar su decisi\u00f3n, pero, no para confrontarlos, sino simplemente para dejar al descubierto que no lo dejan satisfecho. <\/p>\n
De esta manera, no logra acreditar la falta de motivaci\u00f3n que aduce, pues, es claro que su cuestionamiento se enfila hacia la valoraci\u00f3n del fallador, desconociendo que, una cosa es que no se motive o ello se haga deficientemente, y otra muy diferente, que no se compartan los argumentos de quien resuelve, que es precisamente lo que aqu\u00ed sucede\u00bb <\/p>\n
Finalmente, sobre el cuarto argumento de disenso, expuesto como \u00abviolaci\u00f3n directa\u00bb, indic\u00f3 que se pretendi\u00f3 atacar la conclusi\u00f3n del tribunal, <\/p>\n
Expl\u00edquese que, aunque el dinero de los hermanos RODR\u00cdGUEZ OREJUELA, proveniente del narcotr\u00e1fico, pudo estar \u00abconsolidado\u00bb o \u00abasegurado\u00bb (para utilizar la propia terminolog\u00eda del recurrente), con anterioridad a la venta de los establecimientos realizada por JAIME RODR\u00cdGUEZ MONDRAG\u00d3N, lo cierto es que el reproche deja de lado el an\u00e1lisis efectuado en las instancias\u00bb. <\/p>\n
Tras un recuento f\u00e1ctico del contexto en que se vio involucrado el gestor y de las razones que motivaron al ente persecutor a endilgarle las conductas por las que finalmente lo acus\u00f3 y luego fue condenado, explicit\u00f3 que sus reproches constituyeron en ese particular aspecto \u00abun manifiesto alegato de instancia, con la pretensi\u00f3n de prolongar un debate jur\u00eddico\u00bb, por lo que enfatiz\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) lo que se avizora es el inter\u00e9s del libelista en imponer su discernimiento al del juzgador, por la senda de denunciar la violaci\u00f3n directa de la ley, bien bajo el ropaje de una aplicaci\u00f3n indebida, ora de la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de la norma, lo que s\u00f3lo permite advertir su inconformidad frente a lo decidido por los jueces unipersonal y plural, pero no un yerro demandable en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Al valerse de la sede extraordinaria para sugerir una forma de apreciaci\u00f3n distinta a la consignada por los funcionarios judiciales, atenta contra la rigurosa metodolog\u00eda que se debe observar en sede de casaci\u00f3n, donde s\u00f3lo tiene cabida el juicio l\u00f3gico que se promueve respecto de la legalidad de la sentencia. <\/p>\n
De esa manera, antes que evidenciar el alcance indebido o el sentido jur\u00eddico errado otorgado a la conducta punible juzgada, se percibe que su verdadera inconformidad se centra en el criterio anal\u00edtico adelantado por la judicatura\u00bb. <\/p>\n
Y precis\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Desatino que cobra relevancia, si se advierte c\u00f3mo se sustrae de enfrentar la estructura argumentativa de los fallos de instancia \u2013que en este caso conforman unidad jur\u00eddica inescindible\u2013 para, en su lugar, interpretarlos a su acomodo, olvidando que en esta sede ninguna censura se puede afianzar en el desacuerdo que se tenga con el criterio judicial, porque \u00e9ste prevalece sobre cualquier otro, salvo que se demuestre, con claridad y precisi\u00f3n, que la hermen\u00e9utica reprochada por la v\u00eda directa, es ajena al contenido de los preceptos enunciados o que el alcance otorgado a los mismos no corresponde a su sentido literal\u00bb. <\/p>\n
Para concluir que, \u00ab(\u2026) los cargos examinados acaso adquirieron el nivel de reclamo formal y sus argumentos quedaron en el plano de mero enunciado, sin justificar\u00bb (AP2973-2020). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, auscultados los razonamientos expuestos por la Hom\u00f3loga Penal, se advierte que la decisi\u00f3n de no dar tr\u00e1mite al estudio de fondo de la demanda de casaci\u00f3n estuvo sustentada en una postura respetable, asentada en ejercicio de las atribuciones constitucionales que le corresponden como tribunal de cierre de la jurisdicci\u00f3n penal. <\/p>\n
Ahora, el que el querellante disienta del soporte de esa determinaci\u00f3n, no por ello se abre camino la prosperidad del reclamo constitucional; no es suficiente una decisi\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que \u00e9sta se encuentre afectada por defectos superlativos y carentes de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que por supuesto no ocurre en el sublite. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala ha expuesto en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Lo dicho, porque en rigor lo que se observa es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que Sala de Casaci\u00f3n Penal apreci\u00f3 el contexto jur\u00eddico planteado y concluy\u00f3 que, los cargos formulados, no satisfac\u00edan la exigencia argumental para la admisi\u00f3n del recurso extraordinario. <\/p>\n
3.2. Por otro lado, en lo que al desconocimiento del precedente constitucional se refiere, concretamente de la sentencia de unificaci\u00f3n SU-635 de 2015, puntual reclamo del gestor del amparo contra la accionada y la providencia que cuestiona, para esta Sala, con vista en lo all\u00ed resuelto, no se configur\u00f3 dicho defecto, pues contrario a lo alegado, lo que para el recurrente constituy\u00f3 un examen de fondo del proceso, en realidad consisti\u00f3 en una rese\u00f1a panor\u00e1mica del mismo a partir del an\u00e1lisis de la colegiatura ad quem para concluir que los reparos, en la forma en que fueron expuestos por el censor, en realidad comprend\u00edan un alegato de instancia improcedentes en dicha sede. <\/p>\n
Ahora bien, al margen de lo anterior, la misma Sala acusada, en acatamiento a la orden de tutela dada por el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional en la aludida SU-635 de 2015, sobre la labor argumentativa que comprende la calificaci\u00f3n de la demanda, en sentencia de casaci\u00f3n con suficiencia explic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) La motivaci\u00f3n del auto que no admite la demanda, entonces, tiene que abarcar las razones l\u00f3gicas y jur\u00eddicas tendientes a demostrar que la sentencia se sustent\u00f3 en un error con incidencia determinante en su parte dispositiva. Si el recurrente no logra establecer esta relaci\u00f3n, es obvio que ha dejado de satisfacer un requisito formal indispensable para la calificaci\u00f3n favorable del escrito y, eventualmente, su an\u00e1lisis de fondo\u00bb. <\/p>\n
Luego, manifest\u00f3: <\/p>\n
\u00abEl juicio de no admisi\u00f3n que efect\u00faa la Sala, en principio, obedece al estudio del cumplimiento de los requisitos formales de la demanda. Es decir, \u00abimplica solamente confrontar el texto del libelo con los requisitos m\u00ednimos legales que establece la ley\u00bb (entre ellos, claro est\u00e1, el de idoneidad sustancial). En otras palabras, admitir la demanda de casaci\u00f3n \u00abcomprende la constataci\u00f3n de los requisitos de procedencia y el cumplimiento de las exigencias de sustentaci\u00f3n m\u00ednima\u00bb. Y, de igual forma, la inadmisi\u00f3n es procedente \u00abcuando se trate de una demanda infundada, es decir, que su fundamentaci\u00f3n no evidencia una eventual violaci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
Dentro de esta labor de verificaci\u00f3n (que en todo caso est\u00e1 aunada al poder-deber de amparar garant\u00edas judiciales), la Sala est\u00e1 facultada para cotejar la demanda de casaci\u00f3n con el fallo recurrido. As\u00ed lo ha precisado esta Corporaci\u00f3n, dentro del sistema de la Ley 600 de 2000, en autos como CSJ AP, 16 jun. 2006, rad. 25215: <\/p>\n
La Corte estima oportuno aclarar que, debido al necesario estudio que debe hacer de los cuadernos que conforman el expediente y de la lectura de las sentencias para ver si en el proceso se respetaron las garant\u00edas de los acusados, pues de lo contrario debe casar de oficio en salvaguarda de esos derechos como lo ordena y autoriza el art\u00edculo 216 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, la verificaci\u00f3n del cumplimiento de las exigencias legales no se realiza ya indefectiblemente revisando solo el texto de la demanda, sino que en ocasiones se confronta con el fallo, lo que permite desechar de una vez, por ejemplo, la postulaci\u00f3n de un falso juicio de existencia por omisi\u00f3n cuando se advierta que el juzgador s\u00ed valor\u00f3 la prueba que se dec\u00eda omitida. <\/p>\n
Este m\u00e9todo, adoptado por la Corte, no implica que desde la calificaci\u00f3n del libelo se haga un pronunciamiento sobre los problemas de fondo que en ella se plantean, pero s\u00ed permite que demandas formalmente estructuradas puedan ser inadmitidas de una vez cuando resulte palmario que el yerro denunciado no existi\u00f3, lo que sin duda redunda en beneficio de la administraci\u00f3n de justicia, tantas veces desgastada en el tr\u00e1mite de casaciones que resultan finalmente carentes de fundamento por defectos que bien se hubieren podido detectar de manera temprana. <\/p>\n
Igualmente, en la no admisi\u00f3n, puede confrontarse de manera excepcional la demanda con el resto de la actuaci\u00f3n (por ejemplo, con la calificaci\u00f3n del m\u00e9rito del sumario), en la medida en que se pretenda constatar la falta de fundamentos en el reproche. En palabras del auto CSJ AP, 2 jun. 2004, rad. 22264: <\/p>\n
La Sala se ha ocupado del contenido de la acusaci\u00f3n \u2013tarea en realidad extra\u00f1a al simple examen del cumplimiento de los requisitos formales que le compete hacer con el fin de decidir si la demanda debe ser admitida por ajustarse a ellos\u2013 solo para verificar que la falta de fundamento del reproche formulado por el libelista fuese real, no producto de la redacci\u00f3n ambigua y descuidada que el escrito refleja. <\/p>\n
En estas condiciones, es evidente que debe darse aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 213 del estatuto procesal por inobservancia de la exigencia contenida en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 212 ib\u00eddem, porque ciertamente no puede entenderse que se ha sustentado en forma clara y precisa un cargo que de su misma formulaci\u00f3n aparece que no se configura\u00bb. <\/p>\n
Y aclar\u00f3: <\/p>\n
\u00abContrastar la demanda para efectos de su no admisi\u00f3n, bien sea con el fallo recurrido o cualquier otra pieza procesal que obre en las diligencias (sentencia de primera instancia, acusaci\u00f3n, etc.), no representa resolver de fondo el problema jur\u00eddico tra\u00eddo a colaci\u00f3n por el demandante. La Corte tan solo se ocupa por verificar en esos eventos la idoneidad sustancial de la demanda. Es decir, que el error propuesto por el censor est\u00e9 sustentado razonablemente y que dichos fundamentos establezcan que tiene incidencia en la parte resolutiva de la decisi\u00f3n\u00bb (SP8292-2016) Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
Por lo tanto, se insiste, la divergencia conceptual por s\u00ed sola no viabiliza el amparo, ni puede este mecanismo utilizarse como una instancia alternativa a la cual pueden acudir los administrados a efectos de debatir de nuevo las tesis jur\u00eddicas sobre un determinado asunto agotado en la sede ordinaria, con el \u00fanico fin de conseguir el resultado que consideran favorable a sus intereses. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Con independencia de que la argumentaci\u00f3n se\u00f1alada sea o no compartida por la Sala, no puede tildarse de abiertamente antojadiza como para ser objeto de ataque en sede constitucional, pues, se fundament\u00f3 en una hermen\u00e9utica respetable en torno a los requisitos que conlleva la calificaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n para su admisi\u00f3n, postura que desde luego no puede ser alterada por esta v\u00eda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC11598-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC11598-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03059-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jaime Rodr\u00edguez Mondrag\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57383","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57383","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57383"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57383\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57383"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57383"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57383"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}