STC11602-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11602-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-03064-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de ocho de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Luisa Emilia D\u00edaz Nossa contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de la misma localidad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja (radicaci\u00f3n 1991-05290). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, vida digna, \u00abintegridad f\u00edsica del adulto mayor\u00bb, entre otros, supuestamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que Juan Leal Osuna present\u00f3 demanda divisoria en su contra, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, quien la admiti\u00f3 y concedi\u00f3 el t\u00e9rmino para contestarla, pero \u00abcomoquiera que la misma (sic) no entend\u00eda de t\u00e9rminos procesales, confiri\u00f3 poder a [un profesional del Derecho] (\u2026), pero al parecer sin siquiera consultar con la demandada dio contestaci\u00f3n (\u2026) sin realizar una defensa t\u00e9cnica\u00bb, aceptando todas y cada una de las pretensiones, sin formular excepciones. <\/p>\n
Por lo anterior, el estrado orden\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta del inmueble en disputa y se\u00f1al\u00f3 fecha para el efecto, porque no era posible la divisi\u00f3n. De esa manera, la gestora otorg\u00f3 poder a otros juristas para que agenciaran sus derechos en el asunto, pero \u00abal parecer dichos apoderados durante ese lapso (\u2026) lo \u00fanico que hicieron fue sacar provecho de la situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, agreg\u00f3 que, el 10 de septiembre de 2003, el proceso fue desarchivado \u00abconforme a la solicitud del demandante para se\u00f1alar fecha para la venta p\u00fablica subasta de bien objeto de divisi\u00f3n, diligencia que fue fijada para el d\u00eda dieciocho (18) de dicho mes y a\u00f1o a las ocho de la ma\u00f1ana (8: 00 A.M), y as\u00ed se estuvo el proceso por varios a\u00f1os solicitando fecha para la venta en p\u00fablica subasta de bien y declaradas desiertas en muchas ocasiones\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, como el aval\u00fao de la propiedad hab\u00eda sido allegado en 1992, el despacho requiri\u00f3 la aportaci\u00f3n de uno nuevo, el cual fue radicado el 17 de marzo de 2014, del cual se le corri\u00f3 traslado el 9 de abril siguiente, pero no tuvo conocimiento al respecto, \u00abtoda vez que no contaba con un apoderado de confianza para revisar su proceso y con motivo de su avanzado estado de edad, no pudo objetar dentro del t\u00e9rmino se\u00f1alado en dicho auto y del cual el se\u00f1or juez no advirti\u00f3 el desequilibrio entre las partes\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n a\u00f1adi\u00f3 que, luego de varios tr\u00e1mites, se subast\u00f3 el citado predio y se orden\u00f3 distribuir el producto \u00aba favor de la demandada, la suma de 92.491.794, a favor del demandante la suma de $98.491.794, y la suma de $6.000.000 a favor del juzgado Tercero Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de esa ciudad por un proceso hipotecario que cursaba en contra de mi poderdante\u00bb. <\/p>\n
Con el prop\u00f3sito de continuar con la ejecuci\u00f3n del fallo, se dispuso la entrega del bien, para lo cual se comision\u00f3 a la Alcald\u00eda Local de Suba, diligencia que se adelant\u00f3 el 25 de abril de 2018, la cual \u00abestuvo enmarcada por una serie de irregularidades, las cuales fueron denunciadas y al d\u00eda de hoy no se tienen conocimiento cual fue el resultado de la investigaci\u00f3n de las mismas\u00bb. En ese sentido, refiri\u00f3 que no se hizo parte en la enunciada entrega para no afectar su estado de salud. <\/p>\n
Adujo que, contra la sentencia de primer grado, interpuso recurso de apelaci\u00f3n \u2013\u00abel cual carece de fundamentos jur\u00eddicos s\u00f3lidos que permitieran una buena defensa\u00bb\u2013, el cual fue dirimido por la Sala Civil del Tribunal Superior de esa localidad el 11 de octubre de 2019, confirmando la decisi\u00f3n recurrida. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3, en resumen, invalidar las actuaciones surtidas y, especialmente, \u00abdeclarar la nulidad a partir del auto por medio del cual se aprob\u00f3 el aval\u00fao del bien inmueble rematado en el proceso Divisorio con radicaci\u00f3n No. 1991-05290, y en consecuencia notificar personalmente a mi poderdante se\u00f1ora LUISA EMILIA D\u00cdAZ NOSSA, el auto por medio del cual se corre traslado del aval\u00fao allegado a dicho proceso, con el fin de ejercer del derecho de contradicci\u00f3n que le asiste a la misma\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que \u00abel expediente fue repartido a este despacho el pasado 4 de agosto pasado, para ejecutar las costas a las que fue condenada la accionante (\u2026), y de los hechos de la demanda puedo decir que el proceso divisorio por venta inici\u00f3 en el a\u00f1o 1991 – hace 30 a\u00f1os- y la sentencia de segunda instancia, confirmando la de primera se expidi\u00f3 por el Tribunal Superior el 11 de octubre del a\u00f1o 2019\u00bb. <\/p>\n
2. El hom\u00f3logo Treinta y Uno Civil del Circuito de la misma ciudad se limit\u00f3 a indicar que actualmente cursa en otro estrado el ejecutivo a continuaci\u00f3n del divisorio previamente referenciado. <\/p>\n
3. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa localidad reliev\u00f3 que la solicitud desatiende el principio de inmediatez, aunado a que \u00aben el proceso divisorio de Juan Bautista Leal Osuna contra Luisa Emilia D\u00edaz Nossa, el 11 de octubre de 2019 se dict\u00f3 sentencia y el 24 de octubre siguiente se devolvi\u00f3 el expediente al juzgado de origen.\u00bb. <\/p>\n
4. El estrado Tercero Civil del Circuito de la enunciada urbe aclar\u00f3 que no conoce de las diligencias confutadas en este tr\u00e1mite. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades enjuiciadas incurrieron en presunta v\u00eda de hecho en el divisorio de la referencia (radicaci\u00f3n 1991-05290), por adelantar el tr\u00e1mite y proferir las respectivas sentencias de instancia sin observar el debido proceso de la gestora, as\u00ed como por aprobar el aval\u00fao del inmueble en disputa. <\/p>\n
2. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
Esta exigencia impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos se concluye, en lo que respecta a las providencias mediante las cuales se definieron tanto la primera como la segunda instancia en el divisorio de la referencia, que el cuestionamiento no atiende el postulado que viene de comentarse, comoquiera que, en primer lugar, la decisi\u00f3n del Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 data del 8 de marzo de 2019, aunado a que la resoluci\u00f3n confirmatoria de segundo grado, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior de esa localidad, est\u00e1 fechada del 11 de octubre de esa misma calenda, mientras que la presente tutela se radic\u00f3 el pasado 17 de agosto de 2021; es decir, transcurri\u00f3 m\u00e1s del semestre establecido como prudente para proponer el resguardo. <\/p>\n
Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la presunta afectada con las decisiones que considera vulneradoras de sus derechos fundamentales debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones atacadas, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a sentencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
4. Precisi\u00f3n adicional sobre los cuestionamientos frente al aval\u00fao: temeridad. <\/p>\n
4.1. Por \u00faltimo, aunado a la prenotada causal de improcedencia \u2013falta de tempestividad\u2013, no pasa por alto esta Corporaci\u00f3n que, a trav\u00e9s de agente oficioso, la memorialista promovi\u00f3 con antelaci\u00f3n otro amparo, puntualmente contra el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, con id\u00e9nticos contornos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos a los de esta nueva actuaci\u00f3n, en lo que respecta a las supuestas irregularidades suscitadas con ocasi\u00f3n del auto que corri\u00f3 traslado del aval\u00fao del inmueble en controversia. <\/p>\n
En efecto, con sentencia STC2113-2016, 25 feb, rad. 2016-0018-01, esta Sala de Casaci\u00f3n conoci\u00f3 de la impugnaci\u00f3n formulada en el citado asunto contra la providencia emitida por la Sala Civil del Tribunal Superior de esta ciudad, en la cual se confirm\u00f3 la desestimaci\u00f3n del resguardo por la omisi\u00f3n en el uso de los medios defensivos, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00abEn el caso que es objeto de estudio, de entrada, se advierte la improcedencia de la solicitud de amparo, pues la actora cont\u00f3 con otros mecanismos al interior del tr\u00e1mite del que deriva su queja, a fin de conseguir lo pretendido, de lo que se deduce que, a trav\u00e9s de esta v\u00eda, no se pueden sustituir esos mecanismos de contradicci\u00f3n ordinarios, que en su momento no emple\u00f3 para proteger las garant\u00edas constitucionales cuya protecci\u00f3n reclama. <\/p>\n
En efecto, se observa que la peticionaria no acudi\u00f3 al despacho a exponer sus inconformidades frente al auto de 26 de septiembre de 2013 mediante el que se autorizaron las copias solicitadas por el demandante, no pidi\u00f3 la declaratoria del desistimiento t\u00e1cito, no puso en conocimiento del despacho la existencia del proceso de pertenencia que promovi\u00f3 ni el cambi\u00f3 de la direcci\u00f3n catastral. <\/p>\n
Tampoco cuestion\u00f3 el prove\u00eddo de 17 de febrero de 2014 que dispuso tener a Miguel Nicol\u00e1s Chaves Maldonado como sucesor procesal del demandante Juan Bautista Leal, no objet\u00f3 el aval\u00fao presentado el 14 de marzo de 2014, y no recurri\u00f3 el auto de 17 de noviembre de 2015 a trav\u00e9s del que el estrado acusado aprob\u00f3 el remate. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala en un caso de similares contornos indic\u00f3: respecto a los reparos que plantea la actora frente a la falta de notificaci\u00f3n personal del memorado acto de cesi\u00f3n, se advierte, que de manera alguna plante\u00f3 el accionante dicha situaci\u00f3n ante el juzgado accionado, luego, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de cuestiones que corresponde dirimir al juez natural en un escenario que no se suscit\u00f3, pues el amparo no se ha concebido como un mecanismo sustitutivo de los medios de intervenci\u00f3n establecidos por la ley que el interesado ha desaprovechado debido a su incuria (CSJ STC, 6 jun. 2013, rad. 00590-01). <\/p>\n
Deviene entonces, ostensible que si la peticionaria de este excepcional tr\u00e1mite no agot\u00f3 correctamente los mecanismos de defensa contemplados por el ordenamiento adjetivo respecto de las determinaciones que considera transgresoras de sus garant\u00edas fundamentales, no puede pretender que por medio de la queja constitucional se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que correspond\u00eda dirimirse por el juez de conocimiento a trav\u00e9s de los medios que dej\u00f3 de formular\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Cabe se\u00f1alar que las referidas determinaciones quedaron en firme, en tanto el expediente fue excluido de la selecci\u00f3n con fines de revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional, con prove\u00eddo de 29 de abril de 2016, tal como se observa en la consulta realizada en la p\u00e1gina web de la Secretar\u00eda de dicha Corporaci\u00f3n (radicaci\u00f3n T5475621), la cual se anexa a la foliatura. <\/p>\n
4.2. Conforme con ello, es claro para la Sala que las s\u00faplicas de estas tramitaciones son fundamentalmente las mismas en lo que respecta al plurimencionado aval\u00fao, dado que se orientan, por igual, a combatir las supuestas irregularidades acaecidas en esa actuaci\u00f3n, aspecto que ya fue zanjado por las precitadas autoridades en las providencias que vienen de memorarse. <\/p>\n
Sobre el particular, ha sostenido el precedente que: \u00ab(\u2026) admitir tal proceder implicar\u00eda que cada actuaci\u00f3n judicial pudiera atomizarse por hechos, derechos e interpretaciones, ad-libitum del interesado, y que con los resultados aislados de la separaci\u00f3n \u00e9ste pudiera entablar un amparo, lo cual contrar\u00eda totalmente la prohibici\u00f3n de reiterarlo, pues, en verdad no est\u00e1 justificando la repetici\u00f3n, sino dando un pretexto para volver sobre situaciones ya juzgadas (CSJ STC, 21 mar. 2013, exp. 2012-00517-01 y STC-2015, 12 feb. rad. 00213-00). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La gestora tard\u00f3 en acudir a este mecanismo excepcional, de modo que la queja soslaya el criterio de inmediatez que rige para esta clase de asuntos, aunado a que, en relaci\u00f3n con el reproche atinente al aval\u00fao del bien en disputa, tambi\u00e9n se evidenci\u00f3 el ejercicio temerario del amparo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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