STC11614-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11614-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2021-01266-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Marcel Hernando Vega Manzano contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, extensiva a la Seccional Bogot\u00e1 y a los sujetos procesales dentro de la actuaci\u00f3n disciplinaria 2019-00086. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, actuando en su propio nombre, acude a la presente herramienta para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia y\u2026 petici\u00f3n\u00bb que estima vulnerados por las convocadas. <\/p>\n
2. Refiere que en el a\u00f1o 2019 formul\u00f3 queja disciplinaria contra el abogado William Montenegro Moreno, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 a la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional Bogot\u00e1, corporaci\u00f3n que, \u00aba mediados del mes de julio del a\u00f1o 2020\u00bb profiri\u00f3 fallo por medio del cual declar\u00f3 la responsabilidad disciplinaria del referido letrado, por incurrir en la falta descrita en el art\u00edculo 37-1 de la Ley 1123 de 2007, a t\u00edtulo de culpa, imponi\u00e9ndole, en consecuencia, una sanci\u00f3n de cuatro meses de suspensi\u00f3n en el ejercicio profesional. <\/p>\n
Afirma que, contra dicha determinaci\u00f3n, el disciplinado interpuso recurso de apelaci\u00f3n, por lo que el expediente fue remitido al \u00abTribunal Superior del Consejo de la judicatura [sic] el tres (3) de agosto del a\u00f1o 2020\u00bb, sin que a la fecha exista pronunciamiento por parte de dicha colegiatura, \u00abo al menos no se [le] ha notificado una decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1ala que, \u00abpor medio de derecho de petici\u00f3n\u00bb, solicit\u00f3 en repetidas ocasiones a la autoridad convocada, la \u00faltima de ellas el pasado 16 de julio, \u00abse [le] informara sobre el estado del proceso\u00bb y se le diera curso a la actuaci\u00f3n, profiriendo la determinaci\u00f3n que le ponga fin; no obstante, la \u00fanica respuesta que ha obtenido es que \u00abel expediente fue ingresado a la secretar\u00eda del consejo superior [sic] desde el tres (3) de agosto de 2020\u2026 sin por lo menos informarme si se est\u00e1 tramitando de alguna forma o el motivo de la demora en la resoluci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, solicita \u00abordenar al Consejo Superior de la Judicatura o quien haga sus veces, dar tr\u00e1mite a la respectiva actuaci\u00f3n judicial, o en su defecto justificar de forma razonable la demora y proceder a dar una fecha cierta de resoluci\u00f3n para el caso\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
El magistrado de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, a cuyo cargo se encuentra la ponencia del fallo de segundo grado, dijo que \u00abuna vez posesionado como miembro de [esa corporaci\u00f3n] le fueron asignados como reparto inicial el 3 de febrero de 2021, m\u00e1s de 700 de los expedientes que se estaban tramitando en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria\u2026 entre los cuales se encontraba el proceso disciplinario n\u00famero\u2026 201900086, siendo entregado efectivamente en el despacho el 11 de marzo de 2021, luego de lo cual se procedi\u00f3 a la revisi\u00f3n de los expedientes asignados y los que se han recibido por reparto desde esa fecha (230 procesos) a fin de priorizarlos de conformidad con la fecha de prescripci\u00f3n, por lo cual el referido asunto se encuentra en turno para proferir la correspondiente decisi\u00f3n\u00bb por lo que solicit\u00f3, declarar improcedente el resguardo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
2. De la mora judicial <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica la jurisprudencia de esta Corte ha sido abundante en referirse al incumplimiento del juez en sus deberes de proferir oportunamente las providencias a su cargo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u201cinjustificadas\u201d, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC 15 feb. 1995, rad. 1937, reiterada entre otras en STC598-2015, 3, feb. 2015, rad. 02398-01, entre otras). <\/p>\n
As\u00ed entonces, resultar\u00eda viable la protecci\u00f3n si logra verificarse que la dilaci\u00f3n denunciada carece de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, esto es, \u00ab(\u2026) que sean el indisimulado producto \u201cde un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u201d (\u2026)\u00bb (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
En lo que tiene que ver con la presunta mora atribuida a la autoridad judicial querellada para resolver el recurso de apelaci\u00f3n formulado frente a la sentencia sancionatoria emanada de la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional Bogot\u00e1, prontamente se advierte que no existe la transgresi\u00f3n denunciada por el ac\u00e1 promotor, y en tal sentido habr\u00e1 de desestimarse el resguardo, habida consideraci\u00f3n que la aludida corporaci\u00f3n no ha incurrido en el comportamiento de mora judicial injustificada atribuido que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional con el prop\u00f3sito de remediarla. <\/p>\n
En efecto, al analizar los hechos en que se fundamenta la presente queja, de cara a la informaci\u00f3n brindada por el magistrado sustanciador accionado, para la Corte el tiempo que ha transcurrido entre el arribo de la actuaci\u00f3n a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y la fecha de interposici\u00f3n del resguardo no luce inexcusablemente desproporcionado, como para predicar de la judicatura una patente vulneraci\u00f3n de las prerrogativas superiores, si en cuenta se tiene la reciente entrada en funcionamiento de la aludida colegiatura (13 de enero de 2021, data en que se posesionaron sus miembros) circunstancia que, sin duda, ha generado traumatismos en la resoluci\u00f3n de procesos que se encontraban asignados a la desaparecida Sala Jurisdiccional Disciplinaria. <\/p>\n
Para el caso concreto, como bien lo inform\u00f3 el funcionario que tiene a cargo la ponencia de la decisi\u00f3n que se reclama, al momento de su posesi\u00f3n se le asignaron \u00abpor reparto\u2026 m\u00e1s de 700 de los expedientes que se estaban tramitando en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria\u2026 entre los cuales se encontraba el\u2026 201900086\u00bb que le fue \u00abentregado efectivamente\u2026 el 11 de marzo de 2021\u00bb, encontr\u00e1ndose en turno para proferir la correspondiente providencia, ello sin contar con los restantes 230 procesos que se le repartieron con posterioridad a la \u00faltima calenda indicada. <\/p>\n
Debe recordarse, que este instrumento excepcional se viabiliza ante una queja de esta naturaleza siempre y cuando se acredite que la falta de resoluci\u00f3n que se denuncia ha tenido su origen en la negligencia de la autoridad enjuiciada, pues el simple paso del tiempo, analizado en forma aislada, no se erige objetivamente en raz\u00f3n suficiente para que se estructure la morosidad se\u00f1alada. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha puntualizado que, en este tipo de situaciones de \u00abmora judicial\u00bb, solo podr\u00e1n considerarse aquellas que carezcan de defensa, es decir, que resulte indudable la existencia de un comportamiento flagrantemente omisivo. Al respecto se anot\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (\u2026)\u00bb (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 01138-00, reiterada entre muchas otras en STC1863-2017, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01). <\/p>\n
En suma, se itera, no todo \u00abretraso\u00bb dentro de un proceso judicial es vulnerador de derechos fundamentales, por lo que la tutela no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos legales por parte del funcionario atacado, m\u00e1xime si hasta ahora, como se dijo, el tiempo denunciado no podr\u00eda calificarse como desmedido o atentatorio de los plazos razonables, o producto de una evidente dejadez del responsable. <\/p>\n
En todo caso, la Corte ha indicado que el juez constitucional carece de facultades para inmiscuirse en asuntos que son de exclusiva competencia de otros funcionarios judiciales, esto es, que no le es posible invadir el \u00e1mbito que la propia Constituci\u00f3n Pol\u00edtica les ha reservado, so pena de violar los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el operador judicial a cuyo cargo est\u00e1 la direcci\u00f3n del proceso, es el encargado de organizar sus labores, que entre otras est\u00e1 la de dictar las providencias, de tal suerte que resultar\u00eda extra\u00f1o a su tr\u00e1mite que el juez de tutela dispusiera la expedici\u00f3n de una determinada decisi\u00f3n o realizaci\u00f3n de alguna diligencia, sin advertir previamente la cantidad de expedientes o su orden de llegada, y menos a\u00fan, orientar el sentido de la providencia que le corresponde adoptar. <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo anterior, es necesario que se verifique que con la mora se genere un perjuicio irremediable que haga necesaria la protecci\u00f3n, aspecto que ni siquiera fue alegado por el promotor. Al respecto, se recuerda que la simple afirmaci\u00f3n del hipot\u00e9tico acaecimiento de un perjuicio irremediable es insuficiente para justificar la procedencia del amparo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se colige de lo expuesto, que no hay lugar a otorgar salvaguarda contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, bajo el supuesto de una tardanza injustificada, teniendo en cuenta que el reclamante no acredit\u00f3 los componentes que fueron previamente indicados y que, en forma excepcional, permiten al juez constitucional interferir en la \u00f3rbita de competencia de los ordinarios cuando \u00e9stos dilatan sin raz\u00f3n alguna la definici\u00f3n de los juicios. <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n final <\/p>\n
Ahora bien, en torno a la supuesta lesi\u00f3n al derecho de petici\u00f3n, debe decirse que, en forma reiterada, la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado la inviabilidad de la mencionada prerrogativa trat\u00e1ndose de tr\u00e1mites judiciales (salvo en el caso de temas de car\u00e1cter administrativo) en raz\u00f3n a que aqu\u00e9llos est\u00e1n sometidos a etapas o fases reguladas por el ordenamiento jur\u00eddico procesal de imperiosa aplicaci\u00f3n, cuyo desconocimiento eventualmente dar\u00eda lugar a quebrantar prerrogativas esenciales de igual linaje. <\/p>\n
Entonces, como las solicitudes formuladas por Vega Manzano (las que -dicho sea de paso- fueron presentadas ante la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial y remitidas por competencia a la colegiatura superior), no versaban sobre asuntos de \u00edndole administrativo, sino que ten\u00edan por objeto reclamar de la autoridad judicial cognoscente un pronunciamiento de fondo en torno al proceso disciplinario, no es posible invocar la lesi\u00f3n a la garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 23 Superior pues no se puede exigir a la querellada proferir una respuesta en los t\u00e9rminos consagrados en la Ley 1755 de 2014. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, se negar\u00e1 el resguardo porque no es posible atribuir a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial una actitud negligente u omisiva a partir de la cual resulte evidente la vulneraci\u00f3n al debido proceso por mora judicial. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese por un medio expedito lo ac\u00e1 resuelto a las partes, y de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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