STC11615-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11615-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03094-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la Distribuidora de Cementos Nacionales Ltda., contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de esta capital; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el proceso declarativo de mayor cuant\u00eda radicado n\u00ba 2011-00207. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La compa\u00f1\u00eda solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Relata en s\u00edntesis que, el 7 de agosto de 2007 suscribi\u00f3 contrato de construcci\u00f3n de obras civiles, bodegas y locales en la autopista norte de Bogot\u00e1 con la firma \u00abArkmo Construcciones Ltda.\u00bb, negocio que aseguraron con p\u00f3lizas de cumplimiento n\u00ba \u00ab94000003127 y 94000003930\u00bb. <\/p>\n
Refiere que el \u00abArkmo Construcciones Ltda.\u00bb incumpli\u00f3 el contrato, por lo que acudi\u00f3 en reclamo ante la \u00abAseguradora Solidaria de Colombia\u00bb la cual, acept\u00f3 el siniestro y nombr\u00f3 como \u00abAjustador\u00bb a la firma \u00abMarco Montenegro y Asociados\u00bb que valor\u00f3 como faltante por ejecutar la suma de \u00ab$77\u2019871.460.\u00bb (cifra similar a la que fij\u00f3 el interventor); sin embargo, en comunicaci\u00f3n del 4 de febrero de 2009 \u00abla aseguradora [\u2026] decide ofrecer un pago del siniestro [\u2026] por la suma de $2\u2019816.793\u00bb. Al no aceptar el valor liquidado, demand\u00f3 ante la justicia civil. <\/p>\n
Destaca que, el Juzgado Cincuenta Civil del Circuito en sentencia de primera instancia del 21 de agosto de 2020, conden\u00f3 al pago del siniestro por la cuant\u00eda reconocida finalmente por la aseguradora, es decir, \u00ab$2\u2019816.793\u00bb, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 en su integridad la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en fallo del 25 de noviembre de 20201. <\/p>\n
Cuestiona las anteriores providencias, las que acusa de constituir v\u00edas de hecho por defecto f\u00e1ctico; al respecto alega que, tanto el \u00abel juez individual y colegiado desconocieron el valor y m\u00e9rito probatorio de los medios de prueba \u2013 documentos obrantes en el plenario, espec\u00edficamente el informe de la interventora, el comunicado del ajustador y el comunicado de la aseguradora. En los cuales se da cuenta de manera un\u00e1nime la aceptaci\u00f3n de la cuant\u00eda del siniestro por un valor de $77`871.460 por parte de la aseguradora y el beneficiario\u00bb. <\/p>\n
Agrega asimismo que, \u00ablas sentencias recurridas en v\u00eda constitucional rompen el principio de libertad probatoria, en el entendido que, no es dable a los falladores restarle el m\u00e9rito probatorio a las documentales obtenidas en etapas prejudiciales, exigiendo en las judiciales que sea probado el mismo hecho con medios probatorios distintos a los conseguidos en instancias extrajudiciales. En este caso en particular, los medios de prueba que demuestran la cuant\u00eda del siniestro que fueron alcanzados extraprocesalmente se allegaron oportunamente al proceso\u00bb. <\/p>\n
Sostiene que tambi\u00e9n existi\u00f3 defecto sustantivo, por cuanto se desconocieron por cuenta de los falladores disposiciones tales como, el 1602 del C\u00f3digo Civil que se\u00f1ala que los contratos \u00abson ley para las partes\u00bb y el 871 del C\u00f3digo de Comercio que resalta que el principio de la buena fe debe regir las relaciones comerciales. <\/p>\n
Finalmente, indic\u00f3 que el requisito de inmediatez de la presente demanda se cumple, dado que la sentencia de segunda instancia adquiri\u00f3 firmeza solo hasta el 26 de febrero de 2021, mediante el auto de \u00abobed\u00e9zcase y c\u00famplase\u00bb – aclaraci\u00f3n de la sentencia \u2013 proferido por el juzgado de conocimiento. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que, \u00abse deje sin efecto parcialmente, la sentencia proferida por el Juzgado 50 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, respecto del valor del siniestro y en su lugar disponga estarse a lo que inform\u00f3 el recaudo probatorio que procede de la aseguradora en lo documental, la confesi\u00f3n por apoderado judicial, la fijaci\u00f3n del litigio y la contestaci\u00f3n de la demanda por valor de $77\u2019871.460, atado a la cobertura que se\u00f1ale las p\u00f3lizas por el amparo de incumplimiento (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 relacion\u00f3 lo acontecido en la actuaci\u00f3n en cuesti\u00f3n e indic\u00f3 que, tras culminarse la segunda instancia, profiri\u00f3 el auto del 26 de febrero de 2021 \u00abdando cumplimiento a lo dispuesto por el superior, adem\u00e1s, dispuso que por secretar\u00eda se liquidaran las costas. Agreg\u00f3 que, en todo caso, la demanda incumple el requisito de la inmediatez \u00abteniendo en cuenta que la accionante no indic\u00f3 la raz\u00f3n de la demora en acudir a la queja constitucional, ello si se tiene en cuenta que desde la fecha en que el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por este despacho a la presentaci\u00f3n de la tutela, han transcurrido m\u00e1s de 9 meses\u00bb. <\/p>\n
2. El magistrado del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, ponente de la sentencia atacada, sin pronunciarse frente a las pretensiones de la demanda de tutela, simplemente manifest\u00f3 que, en efecto, luego de proferir la decisi\u00f3n que le correspondi\u00f3 el 25 de noviembre de 2020 \u00abel expediente fue devuelto al juzgado de origen seg\u00fan da cuenta el historial del mismo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente y, de superarse lo anterior, si la corporaci\u00f3n accionada vulner\u00f3 las garant\u00edas denunciadas por el ac\u00e1 actor dentro del proceso declarativo radicado n\u00ba 2011-00207 que promovi\u00f3 contra la Aseguradora Solidaria de Colombia al proferir el 25 de noviembre de 2020 sentencia de segunda instancia que confirm\u00f3 la del a quo, incurriendo en v\u00eda de hecho por, supuestamente, indebida valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2. El requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2.1. Esta Sala ha sostenido que se desconoce el principio de la inmediatez, vista como la urgencia de la protecci\u00f3n, cuando desde la providencia a la que se le atribuye el perjuicio hasta cuando se implora el auxilio, se supera el t\u00e9rmino prudencial para acudir a dicho remedio, frente al cual ha dicho que: <\/p>\n
\u00absi bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (CSJ. STC 2 de agosto de 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada STC4650-2016, 15 abr. 2016, rad. 00857-00 y STC12287-2016, 1\u00ba sep. 2016, rad. 00537-01, entre otras). <\/p>\n
2.2. En este asunto, la sociedad actora discute la sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, proferida el 25 de noviembre de 2020 (notificada por estados del 26 de noviembre de ese a\u00f1o) dentro del proceso radicado 2011-00207, mediante la cual, esa colegiatura, ratific\u00f3 lo resuelto en primer grado por el Juzgado Cincuenta Civil del Circuito esa ciudad. <\/p>\n
De manera que, resulta evidente la desatenci\u00f3n del referido presupuesto de procedibilidad de la acci\u00f3n, comoquiera que si la empresa tutelante consideraba que esa decisi\u00f3n vulneraba sus prerrogativas o constitu\u00eda una v\u00eda de hecho y ya hab\u00eda agotado los medios ordinarios al interior de la causa judicial, debi\u00f3 acudir al resguardo de manera tempestiva, pero no lo hizo dentro del t\u00e9rmino se\u00f1alado como prudente por la jurisprudencia constitucional (acci\u00f3n de tutela radicada el 25 de agosto de 2021). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la verificaci\u00f3n preliminar de la tempestividad del amparo es criterio que debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de ataques a sentencias judiciales, postura reiterada de esta Corte que en tal sentido ha dicho, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
Efectivamente, el mentado requisito adquiere relevancia cuando la censura se circunscribe a una providencia judicial y su an\u00e1lisis requiere mayor rigor, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, al fallador constitucional le concierne no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio. <\/p>\n
2.3. El presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si es viable sortearlo o no; sin embargo, en esta ocasi\u00f3n, la empresa actora no aleg\u00f3 y menos prob\u00f3, por qu\u00e9 situaciones ajenas a su voluntad estuvo en imposibilidad de interponer tempranamente al resguardo. <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado que puede prescindirse de este requisito de procedibilidad de la acci\u00f3n cuando se presentan circunstancias puntuales que expliquen la inactividad del actor de cara a la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n; en las providencias CC T-136\/07, CC T-647\/08, CC T-743\/08, CC T-867\/09, CC T-037\/13, CC T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Y, aunque la sociedad accionante pretende demostrar el cumplimiento del principio a partir de una posterior solicitud de aclaraci\u00f3n, resuelta, seg\u00fan afirma, el 26 de febrero de 2021, no acredit\u00f3 su presentaci\u00f3n en estas diligencias y, adem\u00e1s, dicho tr\u00e1mite no figura en el historial del proceso del sistema de consulta web; en todo caso, se ha dicho en precedencia por esta Corte que, peticiones o incidentes promovidos con posterioridad a la decisi\u00f3n que puntualmente se ataca, no necesariamente alteran el an\u00e1lisis sobre la \u00abinmediatez\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, bajo ese contexto, al no advertirse la concurrencia de alguno de los rese\u00f1ados eximentes del presupuesto destacado, este emerge suficiente para la desestimaci\u00f3n de la salvaguarda, motivo por el cual no hace falta an\u00e1lisis en relaci\u00f3n con otras tem\u00e1ticas, sin duda condicionadas a su superaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La sociedad accionante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez; as\u00ed mismo, no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC11615-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC11615-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03094-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la Distribuidora de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57386","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57386","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57386"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57386\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57386"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57386"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57386"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}