STC11625-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-03150-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Luis Pab\u00f3n Ap\u00edcella contra la Sala Especial de Instrucci\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n., tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes en la investigaci\u00f3n penal radicado n\u00ba 00309. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la Sala Especializada convocada. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que formul\u00f3 denuncia penal contra el Representante a la C\u00e1mara Carlos Alberto Cuenca Chaux, miembro de la comisi\u00f3n de investigaci\u00f3n y acusaciones del Congreso de la Rep\u00fablica, por los presuntos delitos de \u00abextorsi\u00f3n, prevaricato por omisi\u00f3n, prevaricato por acci\u00f3n y omisi\u00f3n, abuso de autoridad y concierto para delinquir [\u2026] por su actuaci\u00f3n gravemente omisiva en la denuncia penal formulada contra magistrados entonces integrantes de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
Refiere que la indagaci\u00f3n contra el mencionado representante le correspondi\u00f3 adelantarla al Magistrado Cesar Augusto Reyes Medina, de la Sala Especial de Instrucci\u00f3n, que el 6 de mayo de 2021 profiri\u00f3 auto inhibitorio a favor del indagado \u00abpor inexistencia de las conductas investigadas\u00bb y orden\u00f3 el archivo de las diligencias. <\/p>\n
Resalta que, inconforme con lo resuelto, promovi\u00f3 incidente de nulidad con fundamento en que, para resolver, la Sala tutelada aplic\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Penal \u2013 Ley 600 de 2000 \u2013 anteponi\u00e9ndolo a la ley 5\u00aa de 1992 (ley org\u00e1nica que regula el procedimiento de la comisi\u00f3n de investigaci\u00f3n y acusaciones) y a la 270 de 1996 estatutaria de la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Sin embargo, aduce, \u00abla sala especializada [\u2026] omiti\u00f3 dolosamente tramitar y resolver el incidente de nulidad formulado en oportunidad [\u2026] al punto que la magistrada integrante de la sala [\u2026] Cristina Lombana Vel\u00e1squez hizo salvedad de voto (sic,) precisando que el denunciante formul\u00f3 claramente recurso de nulidad, el cual debi\u00f3 ser tramitado y no lo fue, a pesar de su ostensible y n\u00edtida proposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Agrega que, paralelamente a la solicitud de nulidad, inco\u00f3 petici\u00f3n de \u00abcorrecci\u00f3n oficiosa\u00bb del se\u00f1alado auto inhibitorio, el que tambi\u00e9n, arguye, la Sala accionada \u00abdecidi\u00f3 dolosamente omitirlo [\u2026] a su capricho y abuso\u00bb. <\/p>\n
En definitiva, recrimina que, los memoriales que radic\u00f3, contentivos de las solicitudes de nulidad y correcci\u00f3n oficiosa, no fueron tramitados, constituy\u00e9ndose aquello en una v\u00eda de hecho, que representa un nuevo \u00abfavorecimiento ilegal [\u2026] al denunciado penalmente\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide que, se declare que \u00abel auto inhibitorio de fecha 6 de mayo de 2021 es violatoria de los derechos humanos del denunciante (\u2026) que igualmente es violatoria de los derechos fundamentales [\u2026] la omisi\u00f3n de la Sala especializada y de su magistrado instructor Cesar Augusto Reyes Medina en tramitar y resolver el incidente de nulidad [\u2026] y el pedido de correcci\u00f3n oficiosa (\u2026) se condene a [los magistrados integrantes de la Sala accionada] a indemnizar [al accionante] por lo perjuicios materiales y morales sufridos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
2. El Magistrado Luis Benedicto Herrera D\u00edaz, de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite tutelar por cuanto, no se evidencia ning\u00fan reproche espec\u00edfico por parte del actor respecto de la actuaci\u00f3n de dicha Sala. Por otro lado, inform\u00f3 que, esa Sala Especializada, conformada por Conjueces, conoci\u00f3 de una acci\u00f3n de tutela en sede de impugnaci\u00f3n por hechos similares a la presente, resuelta el 27 de agosto de 2021 (STL11456-2021). <\/p>\n
3. El Defensor del Pueblo, Regional Bogot\u00e1, en el mismo sentido, manifest\u00f3 que el accionante no dirige reclamo alguno contra la defensor\u00eda, motivo por el cual pide ser desvinculada de la demanda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Especial de Instrucci\u00f3n de esta Corte vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por el quejoso al, supuestamente, omitir pronunciarse frente a las solicitudes de nulidad y \u00abcorrecci\u00f3n oficiosa\u00bb formuladas por el quejoso, respecto del auto inhibitorio proferido el 6 de mayo de 2021 dentro de la investigaci\u00f3n con radicado n\u00ba 003909 (interno de la Corte). <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular la Sala ha precisado que para su procedencia se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Arguy\u00f3 el querellante, como aspecto medular de la s\u00faplica, que la Sala Especial de Instrucci\u00f3n omiti\u00f3 pronunciarse frente a sendas solicitudes que inco\u00f3, una de nulidad, promovida como incidente, y la otra, que denomin\u00f3 \u00abcorrecci\u00f3n oficiosa\u00bb del auto inhibitorio del 6 de mayo de la presente anualidad. <\/p>\n
Aun cuando el accionante es enf\u00e1tico en dicha queja, a partir de la revisi\u00f3n del expediente del proceso censurado se tiene que, contrario a esa manifestaci\u00f3n, la Sala tutelada, mediante prove\u00eddo del 17 de junio de 2021 absolvi\u00f3 los cuestionamientos formulados por el denunciante, condensando sus alegaciones, y en aplicaci\u00f3n del principio de caridad, las resolvi\u00f3 como si aqu\u00e9llos reparos constituyeran un recurso de reposici\u00f3n frente a la citada decisi\u00f3n inhibitoria, medio de impugnaci\u00f3n procedente contra esa determinaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed, en la referida providencia, del 17 de junio de 2021, preliminarmente aclar\u00f3 que abordar\u00eda los fundamentos de la nulidad alegada y la aplicaci\u00f3n de la correcci\u00f3n oficiosa, rese\u00f1ando que, el peticionario, sostuvo que, \u00aben su sentir no debi\u00f3 d\u00e1rsele aplicaci\u00f3n a la ley 600 de 2000 sino a la 906 de 2004 que las normas que debi\u00f3 aplicar el representante instructor son las contenidas en la ley estatutaria de la administraci\u00f3n de justicia y no la ley 600 de 2000 y, que esta Sala debi\u00f3 hacer una investigaci\u00f3n profunda de los 82 casos que tiene asignados el aqu\u00ed investigado para determinar si existieron o no demoras en cada uno de ellos\u00bb. <\/p>\n
Descendiendo a la discusi\u00f3n, luego de explicitar que la ley 600 de 2000 contin\u00faa vigente para los hechos acaecidos despu\u00e9s del 1\u00ba de enero de 2005 respecto de los casos donde el sujeto pasivo de la acci\u00f3n penal sea un Congresista y\/o cuando las conductas punibles tengan relaci\u00f3n con sus funciones, complement\u00f3 que, la Sala de Casaci\u00f3n Penal en tal sentido ha indicado que, <\/p>\n
\u00ab\u2026con el aval de constitucionalidad en los t\u00e9rminos indicados, qued\u00f3 definido en la ley que los procesos seguidos en contra de Congresistas, en tanto ostenten la investidura de tales, o cuando las conductas punibles tengan relaci\u00f3n con las funciones desempe\u00f1adas, ser\u00edan objeto de pesquisa penal bajo los derroteros y procedimiento prevenido por la ley 600 de 2000, con prescindencia de cualquier otra consideraci\u00f3n, con mayor raz\u00f3n dado el car\u00e1cter vinculante propio de las normas referidas a la competencia fijada por mandato legal. <\/p>\n
De ah\u00ed que, con la fuerza y contenido normativo constitucional derivado de la Carta Pol\u00edtica de 1991, sin modificaciones sobre este particular hasta el momento, pese al cambio con car\u00e1cter esencial en el procedimiento adoptado en nuestro pa\u00eds para la investigaci\u00f3n de conductas punibles a trav\u00e9s de la ley 906 de 2004, se ha mantenido la competencia en la Corte Suprema de Justicia para investigar a los aforados constitucionales congresistas, con sujeci\u00f3n a la ley contenida en el Estatuto Procesal Penal del a\u00f1o 2000, en una conexi\u00f3n de interdependencia que tiene por causa y condici\u00f3n indefectible que el sujeto de la acci\u00f3n penal mantenga el fuero que la determina o que las conductas punibles tengan relaci\u00f3n con las funciones\u201d\u00bb. <\/p>\n
Frente a lo cual, agreg\u00f3 que, \u00abno existe duda para esta Sala que el procedimiento aplicado en este asunto \u2013 Ley 600 de 2000 \u2013, corresponde al establecido por el legislador bajo el entendido que la actuaci\u00f3n se sigue contra el actual representante a la c\u00e1mara Carlos Alberto Cuencia Chaux, quien tiene adem\u00e1s como funci\u00f3n judicial, adelantar la investigaci\u00f3n cuestionada por el denunciante dentro del proceso 5126\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, sobre la normativa especial que consider\u00f3 el censor es la aplicable al asunto, resalt\u00f3, <\/p>\n
\u00abSe\u00f1al\u00f3 el inconforme que la Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia tiene una regulaci\u00f3n espec\u00edfica respecto del procedimiento que adelanta la Comisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n y Acusaciones de la C\u00e1mara de Representantes, art\u00edculos 182 y 183; advirtiendo que lo all\u00ed establecido no puede ser modificado ni derogado por la ley 600 de 2000; por ello, su reparo se concreta en que se haya tenido en cuenta el contenido de esta \u00faltima ley y no la regulaci\u00f3n concreta que debe operar\u00bb. <\/p>\n
Procedi\u00f3 a contrastar el canon 182 de la mencionada ley estatutaria, con el 424 de la ley 600 de 2000, ambos relacionados con la investigaci\u00f3n previa para destacar que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) presentan el mismo contenido, es decir, ambos preceptos hacen referencia a id\u00e9ntico procedimiento y como para el momento de la decisi\u00f3n cuestionada a\u00fan no se ha iniciado tal etapa \u2013 investigaci\u00f3n previa \u2013 , no se puede afirmar que el t\u00e9rmino all\u00ed referido hubiera fenecido, como insistentemente lo aduce el recurrente. <\/p>\n
Pero debe tenerse en cuenta, adem\u00e1s, que la ley 270 de 1996 lo que est\u00e1 regulando es el funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia, como valor superior consagrado en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y, de manera concreta, destina el t\u00edtulo VII para hacer referencia al ejercicio de la funci\u00f3n jurisdiccional por parte del Congreso de la Rep\u00fablica, para estar a tono desde luego, con el mandato constitucional dispuesto en el art\u00edculo 116 de la Carta Pol\u00edtica, el cual establece de manera perentoria en relaci\u00f3n con quienes administran justicia en Colombia que \u201cEl congreso ejercer\u00e1 determinadas funciones judiciales\u201d. <\/p>\n
Y en esa l\u00f3gica, por supuesto, al referirse precisamente a la funci\u00f3n jurisdiccional del Congreso de la Rep\u00fablica, en la parte final del art\u00edculo 178, puntualmente establece \u201clos procedimientos ser\u00e1n los contemplados en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en la ley\u201d, m\u00e1s all\u00e1 de que a rengl\u00f3n seguido establezca una regulaci\u00f3n puntual frente a la denuncia, as\u00ed como a la investigaci\u00f3n previa y la apertura de investigaci\u00f3n, que como se dijo en apartado anterior, ostentan igual contenido a las normas que sobre la materia establece la ley 600 de 2000, llamada a regular el tr\u00e1mite procesal que debe cumplir aqu\u00e9lla c\u00e9lula legislativa; sin que por consiguiente se trate de dos procedimientos diferentes\u00bb. <\/p>\n
Luego, sobre los hechos denunciados, precis\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abla denuncia del abogado Pab\u00f3n Ap\u00edcella se dirigi\u00f3 en contra del actual Representante a la C\u00e1mara Carlos Alberto Cuenca Chaux, como miembro de la Comisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n y Acusaci\u00f3n del Congreso de la Rep\u00fablica, de quien se dijo, se abstuvo de dar tr\u00e1mite a las denuncias por \u00e9l presentadas en el a\u00f1o 2018 en contra de los entonces magistrados de la Sala Laboral de esta Corporaci\u00f3n, en raz\u00f3n de la sentencia de casaci\u00f3n SL17526-2016 del 23 de noviembre de 2016 dictada en el proceso laboral ordinario de John Peluffo Amador contra la Naviera Fluvial Colombiana S.A. y Ecopetrol S.A., valga reiterar, en relaci\u00f3n puntual con la investigaci\u00f3n radicada con el n\u00ba 5126\u00bb <\/p>\n
Explic\u00f3 adicionalmente que, la querella se refiri\u00f3 a que exist\u00eda una mora judicial de \u00abcentenares de casos detenidos por m\u00e1s de 28 a\u00f1os en la Comisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n y Acusaci\u00f3n\u00bb sin que dichas aseveraciones estuvieran soportadas en datos concretos, qued\u00e1ndose en \u00abse\u00f1alamientos gen\u00e9ricos carentes de fundamento\u00bb; por lo que la Sala puntualiz\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se vislumbr\u00f3 la ocurrencia de ninguna conducta punible, m\u00e1s all\u00e1 de que en las otras 81 investigaciones asignadas al Representante investigador, puedan existir situaciones irregulares, pero que no es el caso dilucidar en esta oportunidad, comoquiera que frente a las mismas no se tiene ning\u00fan cuestionamiento penal o por lo menos, la Sala los desconoce\u00bb. <\/p>\n
Y finaliz\u00f3 resaltando que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el querellante solamente adicion\u00f3 esta manifestaci\u00f3n luego de conocer el auto inhibitorio, en el que se hizo referencia a la carga laboral del investigado y, puntualmente, a las 82 investigaciones penales, por cuanto en su denuncia claramente se verifica que nunca se refiri\u00f3 a esos casos en espec\u00edfico, pues solamente aludi\u00f3 al contenido en el radicado 5126; sin que por consiguiente, se pueda pronunciar la Sala sobre supuestos f\u00e1cticos ajenos al asunto espec\u00edfico sometido a su consideraci\u00f3n\u00bb (AEI00137-2021). <\/p>\n
Como se observa, para esta Sala la actuaci\u00f3n de la Hom\u00f3loga Especializada no amerita reproche frente a este punto, pues ninguna vulneraci\u00f3n puede colegirse de la decisi\u00f3n rese\u00f1ada ya que, los planteamientos del gestor del amparo, all\u00ed denunciante, fueron abordados pertinentemente a modo de resoluci\u00f3n de recurso de reposici\u00f3n, conforme adecuaci\u00f3n que, en atenci\u00f3n al principio de caridad1, efectu\u00f3 para dirimir la controversia propuesta. <\/p>\n
4.2. Ahora bien, aunque pudiere demandarse que el ajuste realizado a las solicitudes impetradas a fin de examinarlas bajo el tamiz del remedio horizontal, vulnera las prerrogativas invocadas por el actor al darle un alcance distinto a lo pretendido por aqu\u00e9l, (como se sostiene en el salvamento de voto de la rese\u00f1ada determinaci\u00f3n \u2013 Magistrada Cristina Lombana Vel\u00e1squez), aqu\u00e9l planteamiento debe ser evaluado desde la trascendencia constitucional que dicho proceder reviste de cara a la supuesta transgresi\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, obs\u00e9rvese, la disertaci\u00f3n consignada en el proferimiento comprendi\u00f3 los reclamos esbozados en los petitorios, agot\u00e1ndose con detalle las alegaciones principales dirigidas contra la decisi\u00f3n inhibitoria del 6 de mayo en torno a la incorrecta aplicaci\u00f3n de una normativa procedimental que, supuestamente, favorecer\u00eda al indagado. <\/p>\n
Adem\u00e1s, hizo un recuento de las regulaciones aludidas por el precursor, contrast\u00e1ndolas, para definir finalmente por qu\u00e9 es la Ley 600 de 2000 la aplicable al asunto; y, adicionalmente, expuso las razones que llevaron a la Sala a inhibirse de abrir la investigaci\u00f3n, tras advertir que las conductas endilgadas por el denunciante no contaban con soporte probatorio y sus se\u00f1alamientos no pasaron de ser \u00abacusaciones gen\u00e9ricas\u00bb. <\/p>\n
De manera que, con todo, no podr\u00eda afirmarse categ\u00f3ricamente que esa providencia adolece de una motivaci\u00f3n deficiente, pues abarc\u00f3 de forma panor\u00e1mica los contornos de la discusi\u00f3n para arribar a la conclusi\u00f3n de su improcedencia; de suerte que, el hecho de haber abordado el debate propuesto y resolverlo como recurso de reposici\u00f3n no es circunstancia que trascienda a la esfera constitucional como para sea ineludible la invalidaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n, pues, se repite, la discusi\u00f3n que propici\u00f3 el ac\u00e1 tutelante frente al prove\u00eddo del 6 de mayo de 2021, seg\u00fan se observ\u00f3, se agot\u00f3 y decant\u00f3 con suficiencia. <\/p>\n
Frente a situaciones que no comportan relevancia jur\u00eddico-constitucional, ha dicho la Corte Constitucional, \u00ab(…) la procedencia de la tutela se encuentra condicionada a que el conflicto planteado trascienda el \u00e1mbito puramente legal, sobre la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de la ley (\u2026) para comprender un aspecto de naturaleza constitucional que demande la protecci\u00f3n especial del juez de tutela de manera inmediata. (…) Es as\u00ed como a partir del an\u00e1lisis de las causas invocadas y (\u2026) en lo que ata\u00f1e a la tutela, debe verificarse si las causas aludidas por los accionantes vulneran sus derechos fundamentales (…)\u00bb (CC T-978\/06). <\/p>\n
Asimismo, en la sentencia C-590 de 2005 esa Alta Corporaci\u00f3n expuso que el estudio de la \u00abrelevancia constitucional\u00bb a fin de considerar la preponderancia del presunto agravio o defecto atribuido al accionado persigue principalmente tres finalidades: \u00ab(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acci\u00f3n de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acci\u00f3n de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces\u00bb. Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En definitiva, no se evidencia que el cuestionamiento aducido represente la arbitrariedad denunciada con la repercusi\u00f3n sustancial en las garant\u00edas fundamentales en los t\u00e9rminos alegados por el gestor del amparo. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
No se aprecia configuraci\u00f3n de irregularidad alguna o de un proceder atentatorio del debido proceso por la forma en que la Sala accionada resolvi\u00f3 la controversia, pues, el pronunciamiento recriminado (AEI00137-2021) abord\u00f3 con suficiencia los cuestionamientos planteados en las solicitudes incoadas por el quejoso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 \u00ab(\u2026) se trata de una forma de superar los yerros de sustentaci\u00f3n a efectos de encontrar el verdadero sentido del recurso en procura de dar efectividad al derecho material subyacente. En ese orden, debe existir un ejercicio de fundamentaci\u00f3n que, aunque impreciso, permita desentra\u00f1ar el contenido de la censura\u00bb (CSJ AP del 9 de septiembre de 2015 exp. 46235). <\/p>\n
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STC11625-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-03150-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Luis Pab\u00f3n Ap\u00edcella contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57391","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57391","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57391"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57391\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57391"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57391"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57391"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}