STC11638-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11638-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2021-01537-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de septiembre de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 4 de agosto de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Nubia Mar\u00eda Celis Zabala contra el Juzgado Primero Transitorio Civil del Circuito de esta ciudad (o Juzgado Cuatrocientos Catorce Civil del Circuito), tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el proceso ordinario radicado n\u00ba 2011-00547. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y defensa, presuntamente vulnerados por el estrado judicial convocado. <\/p>\n
2. Expuso que, funge como demandada en el proceso de responsabilidad civil contractual promovido por la empresa HDI Seguros S.A. (antes Generali Colombia Seguros) que cursa en el Juzgado Primero Transitorio Civil del Circuito de esta capital, que el 8 de julio de la presente anualidad, fij\u00f3 para el 28 del mismo mes la realizaci\u00f3n de la audiencia del art\u00edculo 373 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, el 16 de julio solicit\u00f3 al despacho le suministraran copias del expediente del proceso a su correo electr\u00f3nico nmcz66@hotmail.com, necesarias para reunirse previo a la diligencia \u00abcon los especialistas t\u00e9cnicos para la audiencia por medio de mi apoderado Richard G\u00f3mez Vargas\u00bb, quien tambi\u00e9n elev\u00f3 la misma petici\u00f3n. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, a los requerimientos referidos el juzgado contest\u00f3 que, por tratarse de un despacho creado recientemente los expedientes a su cargo no se encontraban digitalizados, por lo tanto, para acceder al de su inter\u00e9s deb\u00eda agendar cita para asistir personalmente a la sede judicial; pero indic\u00f3 que, como actualmente reside en los Estados Unidos y su abogado es paciente \u00abde alto riesgo\u00bb, no puede comparecer. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, aunque con la respuesta recibi\u00f3 un link \u00abpara que conociera tan solo una parte que estaba digitalizada\u00bb, dicho enlace debe habilitarse con una clave y el juzgado no entreg\u00f3 informaci\u00f3n al respecto. En suma, cuestion\u00f3 que no tuvo acceso al expediente \u00aba pesar de los continuos requerimientos que le hemos hecho al despacho\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 que se ordene el env\u00edo de las copias del expediente digital al correo electr\u00f3nico que aport\u00f3 para ese prop\u00f3sito. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La titular del juzgado accionado en primer lugar, anunci\u00f3 que fue tramitada paralelamente una acci\u00f3n de tutela por los mismos hechos y pretensiones (rad. 2021-1502) cuya ponencia correspondi\u00f3 a otro magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, evidenci\u00e1ndose un actuar \u00abtemerario\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte explic\u00f3 que, en marzo de este a\u00f1o fueron creados por el Consejo Superior de la Judicatura los juzgados transitorios civiles del circuito, los que, desde mayo recibieron de los despachos de origen los expedientes que ser\u00edan de su conocimiento, y en el caso particular del proceso que involucra a la accionante, no se encontraba digitalizado \u00aba pesar de constar de 3.380 folios; por ende, ante las solicitudes de consulta se ha dado preferencia a la asignaci\u00f3n de citas, ya que no cuenta con la capacidad tecnol\u00f3gica ni humana para reproducirlo\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, remiti\u00f3 la totalidad de la foliatura al Consejo Superior de la Judicatura para escanearlo, y ya est\u00e1 disponible, \u00abpero su entrega est\u00e1 supeditada al suministro de un dispositivo USB de gran capacidad, dada la cantidad de informaci\u00f3n almacenada\u00bb. As\u00ed mismo, manifest\u00f3 que, como la digitalizaci\u00f3n que efect\u00faa el Consejo Superior puede tomar hasta un mes, decidi\u00f3 aplazar la audiencia programada. <\/p>\n
En una segunda comunicaci\u00f3n inform\u00f3 que, finalmente llev\u00f3 a cabo la audiencia, aunque \u00abno fue la de instrucci\u00f3n y juzgamiento y que [\u2026] estuvo atenta a que la accionante o su apoderado allegaran una USB para copiar los archivos, pero nunca comparecieron a hacerlo\u00bb. <\/p>\n
2. La Sociedad Inducolvi S.A.S., vinculada, asever\u00f3 que, \u00abresultaba inaceptable que la demandada no conozca todas las actuaciones que se han surtido en el interior del plenario\u00bb pese a tratarse de un asunto iniciado en el a\u00f1o 2011. <\/p>\n
3. HDI Seguros S.A., indic\u00f3 que se tramit\u00f3 una tutela similar por cuenta del apoderado de la ac\u00e1 accionante ante el mismo tribunal. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Concedi\u00f3 la salvaguarda a fin de garantizar el ejercicio de los derechos de las partes en igualdad de condiciones, para lo cual, explic\u00f3 que, \u00abdebe asegurarse la entrega del expediente de forma completa antes que se lleve a cabo la mencionada audiencia\u00bb; y reproch\u00f3 que, \u00abaunque en un primer momento la juez accionada manifest\u00f3 que aplazar\u00eda la audiencia rese\u00f1ada e incluso, que otorgar\u00eda a las partes un t\u00e9rmino no inferior a veinte (20) d\u00edas despu\u00e9s de que tuvieran acceso \u00edntegro al expediente [\u2026] para programarla, sorpresivamente la pr\u00e1ctico el 28 de julio, esgrimiendo sus poderes de ordenaci\u00f3n e instrucci\u00f3n, pero dejando de lado el principio de confianza leg\u00edtima que se deriv\u00f3 de su contestaci\u00f3n en esta acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 el tribunal que, la juez gener\u00f3 una expectativa entre las partes de que podr\u00edan contar con el plenario digitalizado, y hasta tanto as\u00ed no fuera, no llevar\u00eda a cabo la diligencia, \u00ablo que evidentemente a la fecha no result\u00f3 ser cierto\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, concluy\u00f3 que \u00ablo que debe hacerse en este caso es asegurar que la accionante tenga acceso al expediente, bien sea al digital o al escaneado; en cualquier caso, ante la dificultad que presenta para comparecer personalmente al juzgado, debe utilizarse cualquier herramienta tecnol\u00f3gica que permita enviarle la totalidad de la informaci\u00f3n al correo electr\u00f3nico se\u00f1alado por la quejosa\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, orden\u00f3 \u00abdejar sin valor ni efecto la audiencia celebrada el 28 de julio de 2021 ante la imposibilidad que la se\u00f1ora Celis Zabala hubiera podido consultar el expediente antes de su pr\u00e1ctica, y [\u2026] ordenarle al juzgado accionado [\u2026] acredite la remisi\u00f3n del plenario [\u2026] digitalizado o escaneado al correo electr\u00f3nico (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, decidi\u00f3 compulsar copias a la autoridad disciplinaria para que investigue el proceder de la juez tutelada que, en criterio del tribunal, no cumpli\u00f3 la medida provisional decretada al inicio de la actuaci\u00f3n, consistente en que escaneara la totalidad del proceso y lo remitiera al correo electr\u00f3nico de la quejosa, \u00ab(\u2026) pues a pesar de que manifest\u00f3 que lo escane\u00f3 el 24 de julio, de un lado, nunca lo envi\u00f3 a la citada direcci\u00f3n, y del otro, supedit\u00f3 su entrega a que se allegara un dispositivo USB\u00bb; y porque, aunque anunci\u00f3 a las partes que no realizar\u00eda la audiencia del art\u00edculo 373 del C\u00f3digo General del Proceso, s\u00ed la inici\u00f3. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1. La formul\u00f3 la jueza accionada, en primer t\u00e9rmino, adujo que s\u00ed dio cumplimiento a la medida provisional decretada, porque \u00abenvi\u00e9 a digitalizaci\u00f3n el proceso\u00bb, y porque, aunque pidi\u00f3 a la accionante proporcionara una USB con capacidad para copiar todo el plenario, pero aqu\u00e9lla no lo hizo. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, en otras solicitudes y nulidades planteadas por la demandada a trav\u00e9s de su apoderado, \u00abjam\u00e1s hab\u00eda mencionado que no tuviera copias para alegar de conclusi\u00f3n, sino que, de manera temeraria, lo que ha pretendido es la que la actuaci\u00f3n procesal se retrotraiga al 24 de junio de 2021 para subsanar su falta de diligencia en la atenci\u00f3n del proceso y poder controvertir un dictamen del cual se le corri\u00f3 traslado en oportuna y legal forma\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo tambi\u00e9n que, la decisi\u00f3n de darle curso a la audiencia del 28 de julio la tom\u00f3 en uso de sus facultades de \u00abordenaci\u00f3n e instrucci\u00f3n\u00bb; adem\u00e1s, porque la tutelante no cumpli\u00f3 con su carga de proveer la USB para el copiado del proceso y, por lo tanto, \u00abno deb\u00eda yo sacrificar la oportunidad procesal de cumplir a todos los dem\u00e1s sujetos procesales con una citaci\u00f3n hecha 20 d\u00edas atr\u00e1s\u00bb. Precis\u00f3 que, la vista p\u00fablica referida finalmente fue de tr\u00e1mite, pues en ella resolvi\u00f3 aplazar la presentaci\u00f3n de los alegatos para el 10 de agosto de 2021; empero, como el tribunal a quo la dej\u00f3 sin efecto, se pregunta, \u00ab\u00bfdeber\u00e9 esperar a que el juez constitucional me indique cu\u00e1ndo puedo llamar a audiencia para alegar de conclusi\u00f3n? Nada m\u00e1s ajeno a las competencias del juez constitucional\u00bb; y complement\u00f3 puntualizando que, su \u00ab(\u2026) decisi\u00f3n de respetar a todos los sujetos procesales y no solamente a uno de ellos, acudir a la audiencia programada el 28 de julio de 2021, y all\u00ed aplazar la audiencia de alegaciones, son actos procesales que [\u2026] exhiben m\u00ed criterio jur\u00eddico y solo pueden ser impugnados a trav\u00e9s de los recursos ordinarios y ante mi superior funcional, es decir, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u2013 Sala Civil, pero no en sede de tutela\u00bb. <\/p>\n
2. La aqu\u00ed demandante, alleg\u00f3 escrito de r\u00e9plica a la impugnaci\u00f3n impetrada por la accionada; en dicho memorial, inicialmente solicita a esta Corporaci\u00f3n se decrete \u00abcambio de radicaci\u00f3n del proceso\u00bb pues asevera que, por las controversias generadas con la juez, perdi\u00f3 imparcialidad ya que, \u00abexiste un malestar, fastidio e incomodidad\u00bb en la funcionaria, por cuanto \u00abnos viene tratando de constre\u00f1idores, apelativos, ep\u00edtetos desobligantes e injuriosos, expresiones extravagantes o manifiestamente ofensivas o irrespetuosas a las actuaciones por mi desplegadas y de mi apoderado y ahora en contra del alto tribunal\u00bb. Seguidamente, insisti\u00f3 en que no tuvo acceso a las copias del expediente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico. <\/p>\n
En el presente asunto, corresponde a la Corte establecer si la funcionaria convocada (Jueza Primera Transitoria Civil del Circuito de Bogot\u00e1) vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales denunciadas por, supuestamente, no atender la solicitud de la quejosa (radicada el 16 de julio de 2021) dirigida a obtener copias digitales de la totalidad del expediente del proceso n\u00ba 2011-00547, y adelantar la diligencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento del 28 de julio, pese a anunciar, en la contestaci\u00f3n al traslado de la tutela, que no la llevar\u00eda a cabo si las partes no ten\u00edan en su poder el plenario completo. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular la Sala ha precisado que para su procedencia se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto <\/p>\n
Al analizar el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se estima que la tutela invocada no est\u00e1 llamada a prosperar por cuanto no se encuentra acreditada la amenaza o efectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que se denuncian por parte de la accionante como desconocidos por la jueza tutelada, lo que impone revocar la sentencia de origen, por las razones que pasar\u00e1n a explicarse. <\/p>\n
3.1. En primer t\u00e9rmino, corresponde se\u00f1alar que, no se vislumbra que la referida funcionaria, como lo alega la peticionaria, le haya negado sistem\u00e1ticamente el acceso al expediente del proceso de su inter\u00e9s. <\/p>\n
Por el contrario, al contestar al pedimento, brind\u00f3 la alternativa de comparecer a la sede judicial para tal fin; y, al acatar la medida provisional decretada por el a quo constitucional de primer grado, no solo habilit\u00f3 un link o enlace virtual al contenido del proceso, sino que, para suministrarle las copias reclamadas de manera directa, requiri\u00f3 de la interesada que allegara al despacho un dispositivo USB con suficiente capacidad de almacenamiento para grabar all\u00ed lo escaneado. <\/p>\n
Ahora, si bien inform\u00f3 la tutelante que no le es posible acudir al juzgado pues reside por fuera del pa\u00eds y su apoderado es un \u00abpaciente de alto riesgo\u00bb, son situaciones que, en todo caso, escapan a la responsabilidad de la funcionaria. <\/p>\n
En ese sentido es relevante para la Corte aclarar que, al margen de las complejidades que conlleva la virtualidad o el manejo adecuado de los canales digitales que pudieron eventualmente repercutir en que no se concretara el acceso al plenario de la forma en que espec\u00edficamente lo pretendi\u00f3 la actora, no advierte la Sala una actitud omisiva o negligente por parte de la accionada al respecto, en tanto que, se reitera, en ning\u00fan momento neg\u00f3 la petici\u00f3n y procur\u00f3 dentro de sus posibilidades t\u00e9cnicas garantizar a la parte su requerimiento. <\/p>\n
3.2. De otro lado, para esta Sala no se consolida la supuesta vulneraci\u00f3n al principio de la confianza leg\u00edtima, en la forma en que lo consider\u00f3 el tribunal a quo, porque, aunque la accionada manifest\u00f3 que aplazar\u00eda la audiencia del 28 de julio de 2021 prevista para alegar de conclusi\u00f3n y la condicion\u00f3 a la obtenci\u00f3n de las copias del expediente por todas las partes, y, luego, decidi\u00f3 dar inicio a esa vista p\u00fablica, esta finalmente no cumpli\u00f3 su prop\u00f3sito pues fue la misma jueza quien resolvi\u00f3 reprogramarla para el 10 de agosto de 2021 (fecha en la que tampoco se agot\u00f3 en acatamiento a la orden de tutela de primer grado). <\/p>\n
De manera que, en estricto sentido no existi\u00f3 la afectaci\u00f3n denunciada, por lo tanto, no se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional si la circunstancia que se denuncia como presuntamente transgresora de las garant\u00edas supralegales en realidad no acaeci\u00f3, y en este puntual caso, porque la diligencia no cumpli\u00f3 con su objeto. <\/p>\n
El an\u00e1lisis precedente parte del criterio sostenido por esta Corte que destaca que, no cualquier desacierto de un operador judicial en el curso de un proceso obligatoriamente se traduce en una v\u00eda de hecho, y menos si aqu\u00e9l no causa un perjuicio irremediable. <\/p>\n
As\u00ed, respecto de la censura que hace el a quo a la tutelada, y pese a que, en principio, aqu\u00e9lla no procedi\u00f3 consecuentemente con lo manifestado, el que no se haya llevado a cabo la audiencia hace perder relevancia jur\u00eddico-constitucional a la situaci\u00f3n y torna inane prodigar la salvaguarda. <\/p>\n
Frente a contextos afines, la Corte Constitucional de anta\u00f1o ha dicho que, \u00ab(\u2026) la procedencia de la tutela se encuentra condicionada a que el conflicto planteado trascienda el \u00e1mbito puramente legal, sobre la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de la ley (\u2026) para comprender un aspecto de naturaleza constitucional que demande la protecci\u00f3n especial del juez de tutela de manera inmediata. (…) Es as\u00ed como a partir del an\u00e1lisis de las causas invocadas y (\u2026) en lo que ata\u00f1e a la tutela, debe verificarse si las causas aludidas por los accionantes vulneran sus derechos fundamentales (…)\u00bb (CC T-978\/06). <\/p>\n
En definitiva, se recalca que, no se evidencia que lo reprochado a la jueza demandada represente la arbitrariedad alegada con la repercusi\u00f3n sustancial en las prerrogativas fundamentales y en los t\u00e9rminos planteados, m\u00e1xime si, seg\u00fan informe que rindi\u00f3 la funcionaria a esta Corporaci\u00f3n, las consabidas copias del plenario del proceso en cuesti\u00f3n fueron entregadas en su totalidad a la accionante y la audiencia de alegatos de conclusi\u00f3n a\u00fan no se ha tramitado. <\/p>\n
4. Consideraciones adicionales. <\/p>\n
4.1. Es menester aclararle a la accionante que, la solicitud de \u00abcambio de radicaci\u00f3n\u00bb que formula en el escrito de r\u00e9plica a la impugnaci\u00f3n, corresponde a un asunto jur\u00eddicamente aut\u00f3nomo y excede el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de esta especial senda, raz\u00f3n por la cual, le corresponde radicarlo ante la instancia judicial competente para dirimirlo. <\/p>\n
4.2. Finalmente, aunque seg\u00fan la accionada y los vinculados existi\u00f3 una acci\u00f3n de tutela similar contra la misma agencia judicial e impetrada ante el mismo Tribunal Superior de Bogot\u00e1, cabe aclarar que se descarta la reiteraci\u00f3n indebida en el ejercicio del resguardo ya que, si bien, en la acci\u00f3n n\u00ba 2021-01502 los antecedentes y las pretensiones coinciden con la actual, aqu\u00e9lla fue formulada por Richard G\u00f3mez Vargas en su propio nombre, y pese a que es quien funge como apoderado de la ac\u00e1 gestora, la se\u00f1ora Celis Zabala, en el litigio 2011-00547, no lo hizo en esa calidad ni bajo el respaldo de un poder especial que lo facultara para hacerlo en su representaci\u00f3n, aspecto que desvirt\u00faa el paralelismo de acciones. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
No se present\u00f3 la afectaci\u00f3n de las prerrogativas invocadas dado que, conforme qued\u00f3 precisado, las copias solicitadas fueron efectivamente entregadas a la accionante, y la diligencia adelantada el 28 de julio de 2021 no constituye per se vulneraci\u00f3n de garant\u00eda superior alguna, en tanto que, finalmente no cumpli\u00f3 con su objeto y fue aplazada, todo lo cual imponer revocar la sentencia impugnada para en su lugar desestimar el auxilio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, REVOCA el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
En su lugar, conforme a los razonamientos que anteceden, se NIEGA la tutela impetrada por Nubia Mar\u00eda Celis Zabala, y por tanto se deja sin efecto la actuaci\u00f3n que se hubiera desplegado en cumplimiento de la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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