STC11639-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11639-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 54001-22-13-000-2021-00199-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta el 28 de julio de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Richard Rizo Mendoza contra el Juzgado Civil del Circuito de Los Patios \u2013 Norte de Santander, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado, la Procuradur\u00eda Regional y la Contralor\u00eda Departamental de Norte de Santander, as\u00ed como las partes e intervinientes en el proceso de expropiaci\u00f3n n.\u00ba 2019-00097. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, actuando a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y \u00abpropiedad privada\u00bb, supuestamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que el municipio de Los Patios inici\u00f3 en su contra el asunto de la referencia, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de esa localidad, quien ha negado en varias oportunidades las solicitudes de entrega del dep\u00f3sito judicial que se encuentra consignado a \u00f3rdenes de esa autoridad. <\/p>\n
En ese sentido, recalc\u00f3 que \u00abel 13 de enero del a\u00f1o 2020 radiqu[\u00e9] solicitud, la cual fue reiterada en dos oportunidades de fechas 3 de diciembre de 2020 y 23 de junio de 2021\u00bb, las cuales fueron desestimadas con prove\u00eddos de 27 de enero, 21 de junio y 19 de julio de la misma calenda, con fundamento en el numeral 4 del art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso, aspecto que, en su criterio, es irregular, porque \u00abno existi\u00f3 oposici\u00f3n para la entrega del bien inmueble y tampoco existen sobre [este] ning\u00fan tipo de gravamen, hipoteca, embargos, ni demandas registradas\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 que \u00abse ORDENE al Juzgado Civil del Circuito de Los Patios proceda a realizar la entrega del dep[\u00f3]sito judicial a favor de mi mandante por considerar vulnerado el derecho a la propiedad privada y una vivienda digna\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Alcald\u00eda Municipal de Los Patios se\u00f1al\u00f3 que \u00abhemos cumplido con la carga procesal que nos establece la Ley, principalmente en el art\u00edculo 399 del C.G.P., en el mismo sentido se ha atendido a lo dispuesto en la Ley 388 de 1997, en su art\u00edculo 58\u00bb, aunado a que \u00abel despacho judicial accionado ha garantizado el debido proceso de las partes intervinientes, permitiendo ejercer una defensa t\u00e9cnica a las partes\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Civil del Circuito de esa localidad relat\u00f3 las actuaciones del asunto confutado y reliev\u00f3 que se han resuelto las peticiones del memorialista, por lo que solicit\u00f3 declarar la improcedencia del resguardo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio porque no encontr\u00f3 satisfecho el requisito de subsidiariedad, en la medida en que el actor no recurri\u00f3 los autos a trav\u00e9s de los cuales se deneg\u00f3 la entrega del dep\u00f3sito judicial, \u00abpor cuanto una vez fue notificado de los autos (fechados 5 de febrero de 2020 y 27 de enero y 21 de junio de 2021) contentivos de la negativa por parte del juzgado de acceder la \u201centrega del dinero\u201d constituido mediante deposito judicial a su favor, lo decidido no fue discutido a trav\u00e9s de los mecanismos procedentes dispuestos para ese fin por el legislador, puesto que contra dichas decisiones era viable el recurso de reposici\u00f3n, de conformidad con lo preceptuado en los art\u00edculo 318 del estatuto procesal civil vigente. De esta manera, desaprovech\u00f3 la oportunidad de controvertir en el campo id\u00f3neo, esto es, dentro del litigio, las se\u00f1aladas providencias\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La apoderada del accionante recurri\u00f3 la precitada sentencia, reiterando los argumentos presentados en su escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad judicial convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso de expropiaci\u00f3n de la referencia, por resolver desfavorablemente las solicitudes que el memorialista ha formulado en procura de la entrega del dep\u00f3sito que se encuentra a \u00f3rdenes de ese despacho. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no fue incorporado al ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas. De ah\u00ed que, mientras subsistan medios regulares de defensa, o los mismos est\u00e9n siguiendo el cauce previsto por el legislador, no sea viable acudir al remedio constitucional previsto en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica (a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable). <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad iusfundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u201d\u00bb (CSJ STC 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01). <\/p>\n
<\/p>\n
3. De la incuria. <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa, dado el car\u00e1cter residual de esta acci\u00f3n. De otra manera, esta se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo que terminar\u00eda desdibujando el prop\u00f3sito de esta excepcional herramienta constitucional de protecci\u00f3n. <\/p>\n
En lo relativo a esta tem\u00e1tica, la Corte ha sostenido lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC 6 jul. 2010, rad. 2010-00241-01; ratificada en CSJ STC5123-2018, 20 abr.). <\/p>\n
Por ese mismo sendero, se ha decantado que: <\/p>\n
\u00ab[N]o basta que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (CSJ STC6320-2018, 16 may.). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Caso Concreto. <\/p>\n
Bajo las premisas que anteceden, y de la revisi\u00f3n de las piezas procesales del litigio que se cuestiona, establece la Sala que el fallo impugnado deber\u00e1 respaldarse, porque, en el sub ex\u00e1mine, la tutela se torna improcedente al no superar el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto la acci\u00f3n se dirige a cuestionar, principalmente, los prove\u00eddos de 27 de enero de 2021 y 21 de junio de la misma calenda, mediante los cuales el Juzgado Civil del Circuito de Los Patios deneg\u00f3 las solicitudes que el gestor formul\u00f3 para obtener la entrega del dep\u00f3sito que obra en tr\u00e1mite de expropiaci\u00f3n en cita; y, pese a que se encuentra inconforme con esas resoluciones, no ejerci\u00f3 ning\u00fan medio de defensa contra aquellas. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, el 23 de junio del presente a\u00f1o, la mandataria judicial del accionante insisti\u00f3 en el ruego objeto de esta tutela \u2013tal como se ratifica en el escrito inaugural\u2013, el cual nuevamente fue dirimido de forma desfavorable por el despacho acusado, con auto de 19 de julio de los cursantes \u2013en el que adem\u00e1s se conmin\u00f3 a la apoderada para que \u00aballegue la prueba mediante la cual se demuestran los requisitos establecidos en la norma transcrita\u00bb\u2013, determinaci\u00f3n que tampoco fue objeto de pronunciamiento alguno por parte del extremo convocante. <\/p>\n
De este modo, las argumentaciones aqu\u00ed expuestas por el interesado pudieron haber sido planteadas ante la enunciada autoridad, pues contra esas resoluciones proced\u00eda, con efectos de idoneidad y eficacia, el recurso de reposici\u00f3n, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso. Sobre la omisi\u00f3n en el uso de la impugnaci\u00f3n horizontal, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido: <\/p>\n
\u00abY, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u00bb (CSJ STC, 20 de feb. 2014, exp. 00201-00, reiterada entre otras, en STC11979-2014, 5 sep., rad. 00138-01 y STC16341-2016, 10 nov. 2016, rad. 00397-01). <\/p>\n
En esas condiciones, se reitera que \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01, entre otras). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo expuesto, se impone confirmar el fallo de primer grado mediante el cual se deneg\u00f3 el amparo solicitado por la omisi\u00f3n en el uso de los mecanismos de defensa previstos en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por telegrama u otro medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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