STC11640-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11640-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2021-00685-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u201cX\u201d el 2 de agosto de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cA\u201d contra el Juzgado \u201cY\u201d de Familia de esta \u201cX\u201d, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Comisar\u00eda \u201cZ\u201d de Familia y los intervinientes en el proceso de Medida de Protecci\u00f3n por Violencia Intrafamiliar n\u00b0 00000. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de la menor involucrada en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido, suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama el amparo del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el accionado al resolver la segunda instancia en el asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que \u00abel 2 de diciembre de 2020, la Comisar\u00eda \u201cZ\u201d, avoc\u00f3 conocimiento de la medida de protecci\u00f3n (\u2026) promovida por \u201cB\u201d contra \u201cA\u201d, por presuntos hechos de violencia intrafamiliar (\u2026). El 16 de diciembre de 2020 se llev\u00f3 a cabo la audiencia de tr\u00e1mite (\u2026), en la cual la se\u00f1ora \u201cB\u201d amplio los hechos [y] el [denunciado] present\u00f3 sus descargos, se fij\u00f3 el litigio y se suspendi\u00f3 la diligencia para el decreto y pr\u00e1ctica probatoria. <\/p>\n
Sostuvo que el 14 de enero de 2021 se realiz\u00f3 la audiencia antes fijada, y al cabo de la misma la Comisar\u00eda \u00abresolvi\u00f3 declarar que los hechos denunciados no pod\u00edan ser tr\u00e1mite de la medida de protecci\u00f3n al ser extempor\u00e1neos, ordenando la terminaci\u00f3n del proceso y el levantamiento de las medidas provisionales, decisi\u00f3n frente a la cual el apoderado de la se\u00f1ora \u201cB\u201d interpuso recurso de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que con prove\u00eddo del 27 de abril de 2021 -notificado por estado electr\u00f3nico el 3 de junio-, el Juzgado \u201cY\u201d de Familia \u00abrevoc\u00f3 la decisi\u00f3n proferida en primera instancia (\u2026), imponiendo medida de protecci\u00f3n a favor de la se\u00f1ora \u201cB\u201d y en contra de \u201cA\u201d\u00bb, incurriendo en \u00abdefecto procedimental absoluto\u00bb, en tanto actu\u00f3 al margen de lo previsto en el inciso final del art\u00edculo 9\u00b0 de la Ley 294 de 1996, pues seg\u00fan la denunciante, los hechos de violencia intrafamiliar ocurrieron \u00abel 18 de octubre de 2020\u00bb y la querella data del 2 de diciembre del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
3. Pretende \u00abse declaren extempor\u00e1neos los hechos objeto de la medida de protecci\u00f3n y se ordene al Juzgado \u201cY\u201d levantar las medidas de protecci\u00f3n impuestas y el archivo del tr\u00e1mite\u00bb; en subsidio, ordenar a la autoridad convocada \u00ablevantar las medidas de protecci\u00f3n impuestas y ordenar la devoluci\u00f3n de las diligencias a la Comisar\u00eda de origen [para] que contin\u00fae con el tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez \u201cY\u201d de Familia de \u201cX\u201d, inform\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n se encuentra fundamentada en las pruebas allegadas, la normatividad que rige al respecto, el C\u00f3digo General del Proceso y precedentes jurisprudenciales\u00bb, comoquiera que \u00abcontiene los argumentos de la apelante, tanto los reparos en audiencia como los puntos detallados en escrito posterior, y el an\u00e1lisis realizado por el Juzgado en ese sentido, no es como afirma el tutelante, que el Despacho actu\u00f3 al margen del art\u00edculo 9\u00ba de la ley 294 de 1996\u00bb. Pidi\u00f3 denegar la acci\u00f3n porque \u00abrefulge claro que esta Juzgadora no ha vulnerado los derechos fundamentales al tutelante\u00bb. <\/p>\n
2. La Comisaria \u201cZ\u201d de Familia, tras referir que el ataque no est\u00e1 enfilado contra la decisi\u00f3n de ese despacho, record\u00f3 que \u00abla tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos, pues los principios de seguridad jur\u00eddica y de coherencia del ordenamiento jur\u00eddico no permiten la revisi\u00f3n de las decisiones que all\u00ed se adoptan (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. El Defensor de Familia del ICBF adscrito al juzgado accionado, aunque realiz\u00f3 un pronunciamiento, no se refiri\u00f3 de manera concreta al caso objeto de examen. <\/p>\n
4. \u201cB\u201d, a trav\u00e9s de apoderado judicial se opuso a lo pretendido, aduciendo que no puede perderse de vista \u00abla conducta nociva de la violencia de g\u00e9nero que en nuestra sociedad se despliega contra la mujer y en este caso el se\u00f1or \u201cA\u201d la ha realizado por a\u00f1os en contra de esta, y que al acudir a la tutela mecanismo excepcional para amparar derechos fundamentales, pretende solamente no tener restricci\u00f3n para acercarse a la se\u00f1ora \u201cB\u201d\u00bb, y aparte de ese enfoque, invoc\u00f3 tambi\u00e9n la \u00abprevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental\u00bb, para que se dispusiera una orden que \u00abcesara con su continuada y prolongada agresi\u00f3n hacia ella y de contera hacia su hija menor\u00bb. Concluy\u00f3 entonces que \u00abal observar la motivaci\u00f3n que tuvo el juez (\u2026) para proferir la decisi\u00f3n atacada, se ve de bulto que la misma est\u00e1 debidamente sustentada y que el accionante lo \u00fanico que pretende es invadir el \u00e1mbito de la tutela (\u2026) como si se tratara de un recurso m\u00e1s (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio al considerar que la determinaci\u00f3n consistente en revocar lo resuelto por la Comisar\u00eda y en su lugar imponer medida de protecci\u00f3n, \u00abse encuentra debidamente fundamentada, porque, contrario a lo sostenido por el actor, la incidentante no solo denunci\u00f3 el maltrato ocasionado, v\u00eda mensajes de datos, el 18 de octubre de 2020, sino que, como lo se\u00f1al\u00f3 en la audiencia inicial, lo hizo porque \u201cel acoso [del citado] ha sido constante tomando fotos de mi casa, si la luz est\u00e1 prendida o apagada, en este momento siento temor de salir de la casa\u2026tanto que me toca cambiar el n\u00famero celular\u201d, raz\u00f3n por la cual era viable tener como prueba del maltrato los mensajes enviados a la actora, inclusive, con posterioridad a la fecha que, inicialmente, se\u00f1al\u00f3, esto es, los del 30 de octubre siguiente [ya que] ciertamente, se puede concluir que hubo maltrato psicol\u00f3gico y hostigamiento por parte de este, ya que se trata de unas recriminaciones a su ex pareja, por su nueva vida sentimental (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el promotor del resguardo para se\u00f1alar que \u00abel argumento que se plante\u00f3 frente a la v\u00eda de hecho invocada, no fue si del debate probatorio deb\u00eda o no imponerse una medida de protecci\u00f3n [sino] de manera principal fue que la Juez \u201cY\u201d de Familia, incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho al fallar un asunto en el que era evidente la extemporaneidad de los hechos denunciados\u00bb. Tambi\u00e9n, que \u00abde considerarse que los hechos no son extempor\u00e1neos, lo que el Juzgado de Familia debi\u00f3 hacer, en aplicaci\u00f3n del debido proceso, fue remitir las diligencias a la comisaria para que se continuara su tr\u00e1mite, en el que no se hab\u00edan practicado todav\u00eda todas las pruebas decretadas, en pleno ejercicio del derecho de contradicci\u00f3n y defensa y no hacer una valoraci\u00f3n probatoria incompleta (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n de manera invariable ha se\u00f1alado, por regla general, que esta acci\u00f3n no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones, cuando con ellas se produzca vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos del presente reclamo, de la informaci\u00f3n que arrojan las piezas procesales allegadas, en particular la sentencia de segundo grado proferida por el Juzgado \u201cY\u201d de Familia de \u201cX\u201d el 27 de abril de 2021, esta Sala ratificar\u00e1 la denegaci\u00f3n del auxilio implorado, comoquiera que la decisi\u00f3n censurada obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable y por tanto no configura defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla, aunado a que, lo pretendido es utilizar el amparo como instancia adicional. <\/p>\n
3.1. En efecto, las discrepancias tra\u00eddas en esta oportunidad por la parte actora son incompatibles con la salvaguarda, pues persiguen anteponer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica a la de la autoridad accionada y atacar, por esta senda, la determinaci\u00f3n que le fue adversa, finalidad que la decantada jurisprudencia de esta Corte ha dicho que es ajena a la acci\u00f3n tuitiva, porque dada su naturaleza excepcional, no puede utilizarse a modo de instancia paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
En ese orden, se ha venido reiterando que incumbe a quien ejercite la herramienta supralegal contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional, no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la hermen\u00e9utica o la sind\u00e9resis del juzgador, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura. As\u00ed, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando la labor interpretativa del juez, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran actuaci\u00f3n defectuosa. <\/p>\n
3.2. Ciertamente, en el presente caso, el accionante atribuye a la sentencia judicial, vulneraci\u00f3n al debido proceso por incursi\u00f3n en defecto procedimental absoluto, porque en su sentir actu\u00f3 al margen de lo previsto en el inciso final del art\u00edculo 9\u00b0 de la Ley 294 de 1996, seg\u00fan el cual los hechos de violencia intrafamiliar deb\u00edan denunciarse dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes a su ocurrencia, y en el caso sub judice, la actora lo hizo de manera \u00abextempor\u00e1nea\u00bb, no obstante, fueron tenidos en cuenta para sancionarlo. <\/p>\n
En ese sentido, el despacho convocado expuso que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien se prob\u00f3 que el 30 de octubre de 20920 fue el \u00faltimo evento de maltrato propinado por el investigado, conforme con lo determinado en el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo General del Proceso [seg\u00fan el cual \u201cen los t\u00e9rminos de d\u00edas no se tomar\u00e1n en cuenta los de vacancia judicial ni aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el juzgado\u201d] y la jurisprudencia expuesta [CC C-059\/05], habi\u00e9ndose acreditado que [la violencia] se ha generado por hechos sucesivos, constantes y permanentes en el tiempo, sin esperar que culmine en fecha determinada para contabilizar el t\u00e9rmino exigido por el art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 575 de 2000, hay lugar a concluir que la decisi\u00f3n de la Comisar\u00eda debe modificarse, dado que resulta necesaria e indispensable una medida de protecci\u00f3n a favor de la accionante, para garantizarle su integridad f\u00edsica, mental y personal y, de ser necesario, tomar otras medidas, inclusive, por cuanto el Estado est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de proporcionarle (\u2026), frente a las conductas reiteradas y desplegadas por el se\u00f1or \u201cA\u201d, quien dada su condici\u00f3n personal debe atener un proceso terap\u00e9utico de autoestima y valores, que le permitan manejar el duelo de la separaci\u00f3n, para asumir un acercamiento pac\u00edfico con la actora y por ende acceder al contacto con la menor hija de las partes de manera respetuosa, afectiva y amorosa\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que \u00aben desarrollo de la preceptiva constitucional antes citada [C-652\/97], el legislador mediante la ley 294 de 1996 ha creado un sistema normativo cuyo prop\u00f3sito radica en prevenir, corregir y sancionar la violencia intrafamiliar, a trav\u00e9s de medidas pedag\u00f3gicas protectoras y sancionatorias que permiten a las personas solucionar sus desavenencias familiares por medios civilizados como el di\u00e1logo concertado, la conciliaci\u00f3n y, en fin, otros medios judiciales, proscribiendo cualquier comportamiento agresivo o violento. Este procedimiento especial aumenta los mecanismos de acci\u00f3n del Estado, en lo que tiene que ver con la protecci\u00f3n de las personas que han sido v\u00edctimas de actos violentos o amenazas por parte de alguno de sus familiares o de terceros (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Prevalido de lo antedicho, precis\u00f3 que contrario a lo decidido por la Comisar\u00eda de Familia dentro de la querella promovida por \u201cB\u201d, de manera inmediata deb\u00eda procederse a: <\/p>\n
(i) \u00abImponer medida de protecci\u00f3n definitiva a favor [de la v\u00edctima en menci\u00f3n] y en contra del se\u00f1or \u201cA\u201d, para que se abstenga de ejecutar cualquier acto constitutivo de maltrato f\u00edsico, verbal y psicol\u00f3gico contra la citada\u00bb; (ii) \u00abAdvertir al se\u00f1or \u201cA\u201d (\u2026), que deber\u00e1 cesar de inmediato todo acto de agresi\u00f3n f\u00edsica verbal o psicol\u00f3gica, intimidaci\u00f3n, amenaza, agravio, acoso, persecuci\u00f3n o cualquier otro acto que cause da\u00f1o f\u00edsico o emocional a la demandante, en lugar p\u00fablico o privado, as\u00ed como mantenerse alejado del lugar de domicilio de aquella (\u2026)\u00bb; (iii) \u00abOrdenar al se\u00f1or \u201cA\u201d, adelantar tratamiento psicoterap\u00e9utico en el cual se desarrollen aspectos relacionados con el duelo de la separaci\u00f3n, relaci\u00f3n de padres separados y con su menor hija, diligencia que deber\u00e1 acreditar ante la Comisar\u00eda de conocimiento, quien efectuar\u00e1 los seguimientos del caso\u00bb; (iv) \u00abAdvertir al se\u00f1or \u201cA\u201d, que el incumplimiento a esta orden (\u2026), dar\u00e1 lugar a las sanciones contempladas en el art\u00edculo 7\u00b0 de la ley 294 de 1996, modificada por la ley 575 de 2000, art\u00edculo 4\u00b0 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3.3. Los anteriores planteamientos se muestran ajustados a la normativa que rige la tem\u00e1tica, pues tras un debate jur\u00eddico suficiente para zanjar la controversia jur\u00eddica, frente al reparo sobre la supuesta caducidad invocada, adopt\u00f3 una decisi\u00f3n diferente a la del juzgador a-quo, por lo que las discrepancias nuevamente esbozadas por el actor en el caso bajo examen, demuestran que la intenci\u00f3n es imponer su personal apreciaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico frente al criterio de los falladores de la causa, que de accederse convertir\u00eda la tutela en un recurso adicional que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado que no es viable invocar este instrumento como medio para realizar una reconsideraci\u00f3n de instancia, porque ello dar\u00eda lugar a que el juez constitucional se aleje de su rol y entre a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, citada en STC9152-2021, 22 jul. 2021, rad. 00358-01, entre otras). <\/p>\n
Adicionalmente se reitera que la tutela procede solo cuando lo actuado se encuentre afectado por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite, ya que este remedio \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada, entre otras, en STC2853-2021, 19 mar. 2021, rad. 00060-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Atendiendo lo antes discurrido, se confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del auxilio, toda vez que los argumentos de la providencia dictada por el despacho acusado, se tornan razonables y por tanto no comportan desafuero susceptible de correcci\u00f3n mediante esta excepcional senda jur\u00eddica. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020 \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
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