STC11642-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11642-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2021-00157-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia el pasado 4 de agosto, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Sandrineannick Juillard EP. Liegey; Dora Elena, Gloria Stella, Guillermo Le\u00f3n, Mar\u00eda Victoria y Olga Luc\u00eda Restrepo Mar\u00edn; Andr\u00e9s Felipe, Juan Guillermo y Sandra Milena Restrepo Sierra; Carmen Amalia y Gabriel Camilo Restrepo Torres y Esteban Restrepo Osorio contra los Juzgados Primero Civil del Circuito de Rionegro (Ant.) y Segundo Promiscuo Municipal de Guarne (Ant.). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Dicen que promovieron proceso de titulaci\u00f3n de propiedad (Ley 1561 de 2012) respecto de varios inmuebles segregados de uno de mayor extensi\u00f3n distinguido con matr\u00edcula 020-191540, que curs\u00f3 en el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Guarne, despacho que mediante auto de 15 de septiembre de 2020 rechaz\u00f3 la demanda con fundamento en el art\u00edculo 375-4 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Afirman que contra la anterior determinaci\u00f3n interpusieron recurso de apelaci\u00f3n que fue resuelto por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Rionegro el pasado 21 de julio confirmando el rechazo, porque \u00abante la inexistencia de titulares inscritos con derechos reales de dominio sobre los bienes inmuebles que se pretenden usucapir\u00bb operaba sobre los predios la presunci\u00f3n de ser bald\u00edo. <\/p>\n
Los gestores se\u00f1alan que \u00abno entienden el actuar de los juzgados accionados en cuanto a la no aplicaci\u00f3n de leyes vigentes y que a la fecha no han sido derogadas ni declaradas inexequibles [las cuales] s\u00ed est\u00e1n siendo aplicadas por juzgados de otras jurisdicciones en casos de la misma naturaleza\u00bb. <\/p>\n
3. Finalmente, sin atribuir a las decisiones defecto alguno, solicitan \u00abse ordene al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Guarne\u2026 darle tr\u00e1mite al proceso de titulaci\u00f3n de propiedad conforme ley 1561 de 2012 [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Rionegro se limit\u00f3 a remitir el expediente objeto de escrutinio en formato digital. <\/p>\n
2. De la providencia de primer grado se extracta la respuesta ofrecida por el Juez Segundo Promiscuo Municipal de Guarne1, quien se opuso a la prosperidad del resguardo manifestando que \u00abla decisi\u00f3n atacada se encontraba conforme a derecho, porque fue emitida en consideraci\u00f3n a los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y en atenci\u00f3n a lo establecido por el art\u00edculo 375 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb y que \u00abal no existir titulares de derechos reales principales inscritos sobre el predio pretendido, no era procedente dar tr\u00e1mite a la demanda\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que explic\u00f3 a los demandantes que \u00abdeb\u00edan remitir a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos correspondiente, los documentos que fueran necesarios e id\u00f3neos con los que se pudiera identificar el bien y se determinara con precisi\u00f3n la matr\u00edcula inmobiliaria, el \u00e1rea, localizaci\u00f3n, linderos y titulares de los derechos reales de dominio principales, con lo cual pueden presentar una nueva\u00bb <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Para el Tribunal Superior de Antioquia, los juzgadores de instancia lesionaron la garant\u00eda de los convocantes a un debido proceso al rechazar in limine la actuaci\u00f3n, a pesar de que la presunci\u00f3n sobre la que descansa dicha determinaci\u00f3n admit\u00eda prueba en contrario. <\/p>\n
Seg\u00fan la colegiatura, por tratarse de una presunci\u00f3n iuris tantum, \u00abpara definir la naturaleza del inmueble, una vez superado el examen de admisi\u00f3n de la demanda, el juez tiene la obligaci\u00f3n de decretar las pruebas que sean necesarias para determinar la naturaleza del inmueble\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, dej\u00f3 sin efectos las providencias objeto de escrutinio y le orden\u00f3 al juzgado de primer grado proceder \u00abcon el an\u00e1lisis necesario para la admisi\u00f3n de la demanda, conforme con los requisitos exigidos por la Ley 1561 de 2012 y los art\u00edculos 90 y siguientes [sic]. Haci\u00e9ndosele la advertencia que, al considerar cumplidos los requisitos para la admisi\u00f3n de la demanda, est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de decretar las pruebas que estime pertinentes para clarificar la naturaleza del predio, en caso de considerarlo necesario\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el Juez Promiscuo Municipal de Guarne, se\u00f1alando que el rechazo de la demanda no desconoci\u00f3 garant\u00eda fundamental alguna de los convocantes porque, la decisi\u00f3n cuestionada \u00abno es caprichosa o arbitraria y mucho menos se quiere con la misma ser un obst\u00e1culo para el acceso a la administraci\u00f3n de justicia [,] incluso ni siquiera se busca hacer prevalecer un exceso ritual manifiesto, ya que se encuentra debidamente sustentada en la normatividad y la jurisprudencia vigentes\u00bb, adem\u00e1s de haberse adoptado al amparo de los medios de convicci\u00f3n allegados por la parte demandante, entre los que se encuentra una certificaci\u00f3n de la \u00abSuperintendencia de Notariado y Registro\u2026 [que] consign\u00f3 que: \u201c(\u2026) no se encontr\u00f3 registro alguno de titular de pleno dominio determin\u00e1ndose de esta manera la inexistencia de pleno dominio y\/o titular de derechos reales sobre el mismo (\u2026) por ende no se puede certificar a ninguna persona como titular de derechos reales (\u2026) puede tratarse de un predio de naturaleza bald\u00eda (\u2026)\u201d\u00bb <\/p>\n
Expuso, a espacio, diferentes antecedentes jurisprudenciales, tanto de esta Corporaci\u00f3n como de la Corte Constitucional, entre los cuales se refiri\u00f3 a las sentencias T-488 de 2014 y T-548 de 2016, STC11392 de 2017, STC9845 de 2017 y STC19654 de 2017 de las que dijo que \u00abactualmente existe una postura un\u00e1nime en las Altas Cortes y la misma impone dar plena aplicaci\u00f3n a la presunci\u00f3n de bien bald\u00edo cuando el bien objeto de prescripci\u00f3n\u2026 carezca de titulares de derechos reales de dominio y de antecedente registral, qued\u00e1ndole al demandante la carga de demostrar lo contrario\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que el proceso de pertenencia no tiene por objeto \u00abestablecer la imprescriptibilidad de un bien, sino la posibilidad de adquirir uno mediante ese modo originario de adquisici\u00f3n\u00bb y que el rechazo de la demanda no constituye una v\u00eda de hecho por cuanto \u00abes el mismo art\u00edculo 375 del C.G.P. que permite dicha posibilidad\u00bb, siendo que es carga de la parte interesada aportar elementos de juicio \u00abque permitan refutar la presunci\u00f3n [de bien bald\u00edo] que recae sobre el bien que busca adquirir\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, indic\u00f3 que los demandantes no quedaron \u00absin alternativa sobre la determinaci\u00f3n de la naturaleza de su predio o la posibilidad de adquirirlo[,] dado que tienen la posibilidad de hacer estudios de t\u00edtulos donde se pueda constatar un hist\u00f3rico de estos y establecer de d\u00f3nde se desmembr\u00f3 con el fin de determinar un titular de derechos reales de dominio[,] puede hacer solicitudes ante las autoridades respectivas para buscar las aclaraciones que requiera o incluso acudir al proceso de clarificaci\u00f3n respectivo ante la Agencia Nacional de Tierras\u00bb. <\/p>\n
Pidi\u00f3, en consecuencia, revocar el fallo y, en su lugar, denegar el resguardo suplicado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Primero Civil del Circuito de Rionegro, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por los accionantes, al confirmar el rechazo de la demanda de titulaci\u00f3n de la propiedad por ellos instaurada, respecto de unos bienes aparentemente segregados de otro de mayor extensi\u00f3n, distinguido con matr\u00edcula inmobiliaria 020-191540. <\/p>\n
Lo anterior porque, si bien el reclamo involucra los autos de 15 de septiembre de 2020 y 21 de julio de 2021 proferidos por las autoridades convocadas, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al de segunda instancia, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir a esta herramienta supralegal para debatir la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Del caso concreto <\/p>\n
Efectuado el an\u00e1lisis pertinente a la queja constitucional y con observancia en las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala establece que habr\u00e1 de revocar el fallo de primer grado, mediante el cual se dispens\u00f3 la protecci\u00f3n implorada, por cuanto i) la decisi\u00f3n adoptada por el acusado no constituye defecto espec\u00edfico de procedibilidad que conlleve su revisi\u00f3n, sino que, por el contrario, obedece a un criterio jur\u00eddicamente fundamentado, y ii) los accionantes cuentan con otros mecanismos para la protecci\u00f3n de sus derechos. <\/p>\n
3.1. La razonabilidad de la decisi\u00f3n <\/p>\n
3.1.1. Para que el juzgador ad quem confirmara el rechazo de la demanda de titulaci\u00f3n de la posesi\u00f3n, dijo que si bien, \u00ablos documentos p\u00fablicos aportados con la demanda, gozan de la presunci\u00f3n de autenticidad, a m\u00e1s que re\u00fanen los requisitos consagrados en el art. 244 del CGP\u00bb, no menos cierto era que, de ellos, no se lograba inferir que los predios a usucapir tuvieran antecedente registral o de tradici\u00f3n, (v. gr., el certificado especial expedido por la Registradora de Instrumentos P\u00fablicos de Rionegro), pues no se identific\u00f3 al propietario y tampoco se acredit\u00f3 que hiciera parte de un predio de mayor extensi\u00f3n que contara con titular inscrito. <\/p>\n
Se refiri\u00f3, entonces, a varios precedentes jurisprudenciales que se\u00f1alan que la presunci\u00f3n de bien bald\u00edo de aquellos bienes que carecen de registro o due\u00f1o es una presunci\u00f3n iuris tantum; sin embargo, <\/p>\n
\u00abla Corte Suprema de Justicia en sentencia STC9845 del 10 de julio de 2017\u2026 aclar\u00f3 que la presunci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 200 de 1936 solo es predicable para demostrar la buena fe del colono al momento de solicitar la adjudicaci\u00f3n de terrenos, pues de acuerdo con el art\u00edculo 675 del C\u00f3digo Civil, se presumen bald\u00edos los fundos que carecen de otro due\u00f1o, luego entonces\u2026 es una carga probatoria del prescribiente acreditar siempre la naturaleza del predio, ya sea para que le sea adjudicado a trav\u00e9s del tr\u00e1mite administrativo o se declare la usucapi\u00f3n a trav\u00e9s del proceso judicial. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) As\u00ed las cosas, ante la ausencia de titulares inscritos de derechos reales de dominio sobre el bien inmueble objeto del proceso, su presunci\u00f3n de imprescriptibilidad subsiste, por tanto\u2026 puede concluirse que el a quo acert\u00f3 al rechazar la demanda al considerar que de las certificaciones especiales, se encuentra demostrado que los bienes pretendidos se presumen bald\u00edo[s], sin que pueda indicarse en tal sentido que la prueba testimonial que dej\u00f3 de practicarse en el proceso, resultara pertinente y eficaz para desvirtuar la presunci\u00f3n, pues la declaraci\u00f3n de un tercero no permite a la autoridad judicial tener plena certeza al momento de declarar una prescripci\u00f3n que el bien a usucapir no tenga la naturaleza de bald\u00edo, debido a que tal convicci\u00f3n se encuentra garantizada por el propio Estado a trav\u00e9s de sus entidades competentes y, en este caso, la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, no certific\u00f3 que se tratara de un bien privado, por tanto la presunci\u00f3n de bald\u00edo no fue desvirtuada por la parte actora. <\/p>\n
En tal contexto, procedente resulta precisar que en raz\u00f3n a que el numeral 4 del art\u00edculo 375 del C.G.P. permite al juez rechazar de plano la demanda o declarar la terminaci\u00f3n anticipada del proceso de pertenencia, cuando advierta que la pretensi\u00f3n recae sobre bienes imprescriptibles, el a quo no vulner\u00f3 el debido proceso de la parte al no darle tr\u00e1mite a la demanda\u00bb. <\/p>\n
3.1.2. De acuerdo con lo que acaba de verse, la motivaci\u00f3n adoptada por el juzgado accionado no determina una v\u00eda de hecho susceptible de enmendarse por esta senda, lo que descarta defecto sustantivo, f\u00e1ctico o de otra \u00edndole que amerite la intervenci\u00f3n del juez excepcional, pues en momento alguno denota ser irrazonable. <\/p>\n
En tales condiciones, se ha dicho que mientras las providencias cuestionadas no revelen arbitrariedad o desmesura, no es posible conceder la tutela, pues la sola divergencia conceptual no es fuente de la demanda de amparo, porque, m\u00e1s all\u00e1 de que se comparta o no la hermen\u00e9utica utilizada por el juzgador, \u00ab(\u2026) ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada entre otras en STC2293-2018, 22 feb. 2018, rad. 2017-00427-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha sostenido que al juez del auxilio \u00ab(\u2026) le est\u00e1 vedado inmiscuirse en ese an\u00e1lisis tanto f\u00e1ctico como jur\u00eddico, para entrar a reexaminar sin reatos la prueba en que se bas\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada o sopesar los razonamientos esgrimidos, pues mal podr\u00eda interponerse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica). En estas condiciones, resulta palmario que el peticionario pretende, a trav\u00e9s de este mecanismo, revivir el debate propuesto en el referido asunto, desconociendo el car\u00e1cter residual y subsidiario de esta acci\u00f3n, as\u00ed como que la misma no est\u00e1 llamada a servir de soporte para retomar o promover discusiones definidas por el juez natural, conforme a unas reglas de tr\u00e1mite preestablecidas y de acuerdo con la asignaci\u00f3n legal de competencias\u00bb (CSJ STC9556-2014, 22 jul. 2014, rad. 01097-01, reiterada entre otras en STC6066-2018, 10 may. 2018, rad. 00102-01). <\/p>\n
As\u00ed, el hecho de que los gestores del amparo disientan de la postura que atacan, no por ello se abre camino la prosperidad del reclamo constitucional, pues no es suficiente una decisi\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que \u00e9sta se encuentre afectada por defectos superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, es decir, que desborden el orden jur\u00eddico, situaci\u00f3n que no ocurre en el presente asunto. <\/p>\n
3.2. De la subsidiariedad <\/p>\n
Ahora, en cuanto al requisito gen\u00e9rico de subsidiariedad, baste se\u00f1alar que para intentar remediar el motivo que aqueja a los reclamantes sobre el tr\u00e1mite de su demanda de pertenencia, cuentan con los instrumentos jur\u00eddicos ordinarios para obtener dicho prop\u00f3sito, en tanto pueden realizar las gestiones necesarias ante las autoridades administrativas a efectos de dar claridad sobre la condici\u00f3n del bien y de ser ello procedente presentar nuevamente la demanda. <\/p>\n
En esas circunstancias, en el presente caso se establece la causal de improcedencia de la tutela consagrada en el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, consistente en la existencia de otro recurso o medio de defensa judicial, el cual se muestra con la eficacia suficiente para los efectos ahora pretendidos por esta excepcional sede, y es precisamente el de plantear similar argumentaci\u00f3n, pero por los canales ordinarios, los que no pueden ser sustituidos por la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Finalmente, tampoco procede la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, ya que no se invoc\u00f3, y menos se prob\u00f3 la configuraci\u00f3n de las m\u00ednimas exigencias que as\u00ed la hagan posible, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, reiterada, entre otras, en STC860-2018, 31 ene. 2018, rad. 00439-01). <\/p>\n
A tono con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha dicho que la concesi\u00f3n del auxilio bajo esa modalidad, \u00abse encuentra subordinada al ejercicio de otro medio de defensa judicial ordinario\u00bb, pues de lo contrario \u00abno podr\u00eda hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n\u00bb (CC T-480\/11), y en el caso particular, esos elementos determinantes no fueron acreditados. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario de las anteriores precisiones, se revocar\u00e1 el fallo objeto de revisi\u00f3n para, en su lugar, negar la salvaguarda implorada, en tanto la decisi\u00f3n censurada no comporta desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda y los accionantes cuentan con otros mecanismos legales para hacer valer los derechos que consideran afectados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA el fallo impugnado y en su lugar NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese por un medio expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Toda vez que al expediente digital remitido para surtir la impugnaci\u00f3n no se adjunt\u00f3 dicha pieza procesal <\/p>\n
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STC11642-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC11642-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2021-00157-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57397","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57397","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57397"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57397\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57397"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57397"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57397"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}