STC11643-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11643-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-01322-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de ocho de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 13 de julio de 2021, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Francia Helena Herrera de Ru\u00edz contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2 de la Corte Suprema de Justicia y su hom\u00f3loga del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al acceso a la justicia, debido proceso, m\u00ednimo vital, entre otros, supuestamente vulnerados por las autoridades convocadas en un juicio laboral que inici\u00f3 (SL3905-2019, rad. 74217). <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que formul\u00f3 solicitud de reconocimiento de sustituci\u00f3n pensional ante el Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de Cartagena, porque su fallecido esposo labor\u00f3 al servicio de varias entidades de esa localidad, la cual fue denegada, por lo que present\u00f3 demanda en procura del citado reconocimiento, la cual correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esa ciudad, quien accedi\u00f3 al petitum. <\/p>\n
Sin embargo, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad revoc\u00f3 la decisi\u00f3n favorable del a quo, por lo que, inconforme, recurri\u00f3 en sede extraordinaria, pero la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2 mantuvo en firme la determinaci\u00f3n del ad quem, dadas las deficiencias t\u00e9cnicas del recurso, aspecto que considera irregular, porque no se tuvo en cuenta \u00abla favorabilidad\u00bb ni los precedentes jurisprudenciales que la desarrollan. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3, en resumen, \u00abREVOCAR la sentencia de casaci\u00f3n del 17 de septiembre de 2019 (\u2026) obrando como ponente la Dra. CECILIA MARGARITA DUR\u00c1N UJUETA de la Corte Suprema de Justicia [y] dejar sin efectos jur\u00eddicos la sentencia de 28 de octubre de 2015 de la Sala de Decisi\u00f3n Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la decisi\u00f3n confutada manifest\u00f3 que \u00abcorresponde precisar que la tutelante quiere llevar a error al Juez Constitucional al afirmar que esta Sala se limit\u00f3 a repetir lo dicho por el tribunal, sin embargo, ello no es sino una interpretaci\u00f3n sesgada y contraria a la realidad. Lo anterior, debido a que olvida la accionante que, en materia del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, la Sala solo tiene competencia para abordar los reparos planteados en la demanda a fin de verificar la legalidad de la sentencia de segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, \u00abera necesario que [la] recurrente atacara los pilares de la decisi\u00f3n atacada, sin embargo, esto no sucedi\u00f3 pues la demandante se concentr\u00f3 en endilgar un error jur\u00eddico al entender que la entidad llamada a reconocer la prestaci\u00f3n era el Distrito de Cartagena de indias, sin embargo, el Tribunal no solo neg\u00f3 el derecho peticionado por no ser esta la entidad llamada a responder sino que tambi\u00e9n fund\u00f3 su sentencia en no poder acceder a las pretensiones debido a que estas se encaminaron exclusivamente a solicitar la prestaci\u00f3n de sobrevivientes de \u00ablos acuerdos celebrados entre los trabajadores de la empresa de servicios p\u00fablicos domiciliarios de Cartagena\u00bb, sin embargo, estos no fueron aportados al proceso en la demanda, as\u00ed mismo pese a que la demandada alleg\u00f3 uno de fecha 4 de agosto de 1995, el mismo no era aplicable puesto que el causante labor\u00f3 para esta entidad hasta 1992\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n expuso que \u00abse denunci\u00f3 la aplicaci\u00f3n indebida y la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de los art\u00edculos 46 de la Ley 100 de 199, 21 del CST y 10 del Decreto 2709 de 1994, esto es, que hizo alusi\u00f3n a dos submotivos de infracci\u00f3n, respecto a las mismas disposiciones legales, modalidades de violaci\u00f3n legal incompatibles, desconociendo que no es posible, bajo las reglas de la l\u00f3gica, aplicar incorrectamente un precepto, que es le\u00eddo con error, a un caso que no corresponde\u00bb, de modo que \u00absi lo que se pretendiera en tal proceso era la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de la norma, no fue posible su estudio debido a que no se se\u00f1al\u00f3 cual fue el desv\u00edo interpretativo que supuestamente le imprimi\u00f3 el ad quem, lo que impidi\u00f3 a la Corte verificar tal reparo\u00bb. <\/p>\n
2. La oficina asesora jur\u00eddica de la Alcald\u00eda de Cartagena adujo que \u00abrealiz\u00f3 traslado del auto de admisi\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional de la referencia con sus anexos al Fondo Territorial de Pensiones del Distrito, por competencia funcional, a trav\u00e9s del Sistema para la Gesti\u00f3n de Gobernabilidad \u2013 SIGOB\u00bb y, en virtud de lo anterior, \u00abde acuerdo con el informe del Director del Fondo de Pensiones, deviene en improcedente, por cuanto, una vez revisados los hechos que dieron origen a la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional no existe violaci\u00f3n al debido proceso; el acceso a la administraci\u00f3n de justicia; la seguridad social, m\u00ednimo vital, esto debido a que la accionante busca es un pago de acreencias dinerarias de una mesada pensional mensual que el juez competente debe determinar qui\u00e9n tiene el derecho lo cual NEGO, y que esta dispone e hizo uso de otros medios faltando el requisito de subsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
3. El Director Administrativo del Fondo Territorial explic\u00f3 que \u00abes evidente la falta de inmediatez por el tiempo transcurrido desde cuando la administraci\u00f3n resuelve lo cual confiesa la gestora al indicar que \u201cel Distrito de Cartagena de indias, por medio del Director del Fondo Territorial Pensiones Distritales, expidi\u00f3 el acto administrativo No. 1466 del 19 de mayo de 2020\u201d, hace m\u00e1s de 11 a\u00f1os tal como lo prueba y confiesa la parte accionante\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo declar\u00f3 improcedente el resguardo, porque \u00abla solicitud de amparo no se radic\u00f3 en un plazo razonable pues lo fue el 25 de junio de 2021 y la sentencia que puso fin al proceso ordinario laboral data del 17 de septiembre de 2019, es decir, hace 1 a\u00f1o y 9 meses. Adicionalmente, la sentencia del tribunal sobre la cual el accionante manifiesta sus reparos, se profiri\u00f3 el 28 de octubre de 2015, fecha desde la cual han trascurrido 5 a\u00f1os y 7 meses, lapso que no es razonable, toda vez que no est\u00e1 demostrada alguna circunstancia excepcional que le impidiera acudir al ejercicio de esta acci\u00f3n constitucional con anterioridad\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La censora recurri\u00f3 la precitada sentencia, sin esgrimir argumentos adicionales a los expuestos en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 la convocante (SL3905-2019, rad. 74217), por no casar el fallo del ad quem, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. Flexibilizaci\u00f3n del principio de inmediatez. <\/p>\n
Aunque podr\u00eda entenderse que este presupuesto de temporalidad impedir\u00eda el estudio de la acci\u00f3n, comprendiendo que la sentencia controvertida se dict\u00f3 el 17 de septiembre de 2019 y la tutela se intent\u00f3 el 25 de junio de 2021, lo cierto es que por encontrarse en discusi\u00f3n en este asunto un derecho pensional, el cual tiene car\u00e1cter imprescriptible e irrenunciable, su presunta afectaci\u00f3n siempre se considerar\u00e1 actual, tal como lo estableci\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia de unificaci\u00f3n 1073 de 2012, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u00abEn lo que tiene que ver con el requisito de inmediatez, la acci\u00f3n de tutela resulta procedente en todos los casos estudiados, pues: (i) a pesar del paso del tiempo, es claro que conforme a la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, las mesadas pensionales son imprescriptibles y (ii) la jurisprudencia constitucional ha referido que esta caracter\u00edstica hace que la vulneraci\u00f3n tenga el car\u00e1cter de actual, incluso luego de pasados varios a\u00f1os de haberse proferido la decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
(\u2026) En este sentido, se debe entender que los casos objeto de an\u00e1lisis de la presente providencia, cumplen con este requisito general de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, puesto que todos los accionantes tienen una pensi\u00f3n de vejez reconocida, y est\u00e1n viendo negado su derecho a la indexaci\u00f3n de su primera mesada pensional. Es as\u00ed como, trat\u00e1ndose de un derecho fundamental imprescriptible, y habiendo cumplido los accionantes con el requisito de acudir previamente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, no entrar\u00e1 a analizar la Corte el tiempo transcurrido entre las decisiones que negaron el derecho a la indexaci\u00f3n y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela por parte de los accionantes, pues en este caso se debe entender que la afectaci\u00f3n al derecho fundamental tiene un car\u00e1cter de actualidad\u00bb. <\/p>\n
De esta forma, resulta importante aclarar que, pese a que la formulaci\u00f3n del amparo supera el t\u00e9rmino prudencial se\u00f1alado por la jurisprudencia de esta Sala para acudir a \u00e9l, se tiene por satisfecho ese requisito de procedibilidad teniendo en cuenta la naturaleza de las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
3. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2 de esta Corporaci\u00f3n mantuvo en firme el fallo desestimatorio del ad quem, tras colegir las numerosas deficiencias t\u00e9cnicas en la formulaci\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n presentado por la gestora, no se evidencia la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al estudiar el cargo \u00fanico propuesto por la memorialista, relacionado con que la sentencia de segundo grado vulner\u00f3, por la v\u00eda directa, en la modalidad de aplicaci\u00f3n indebida, el art\u00edculo 10 del Decreto 2702 de 1994, la autoridad convocada reliev\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abEl cargo est\u00e1 orientado a que se determine jur\u00eddicamente que el m\u00ednimo de 6 a\u00f1os de aportes que exige el art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2709 de 1994, para establecer la entidad de previsi\u00f3n social que debe reconocer y pagar la pensi\u00f3n de sobrevivientes del art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993 original, corresponde al tiempo de cotizaci\u00f3n \u00abcontinuo o discontinuo\u00bb, lo que condujo al Tribunal a darle a tales preceptos legales un entendimiento errado al estimar que para estos efectos \u00fanicamente se ten\u00eda en cuenta la \u00faltima empleadora del fallecido, trayendo como consecuencia el haber dejado de considerar el tiempo aportado el causante, en las Empresas P\u00fablicas de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios, el cual supera el lapso mencionado y, en estas condiciones, considerar que no es la demandada quien est\u00e1 obligada a otorgar la pensi\u00f3n. <\/p>\n
No obstante, revisada la sentencia de segunda instancia, se advierte que la negativa de la prestaci\u00f3n se fundament\u00f3 en que: i) el causante, al momento de su deceso, trabajaba en la Asamblea Departamental de Bol\u00edvar, lo cual indicaba que ser\u00eda el fondo de pensiones al cual se encontraba afiliado o en caso de omisi\u00f3n a la misma, el sistema de pensiones de esa Corporaci\u00f3n, al que le corresponder\u00eda entrar a estudiar si se cumpl\u00eda con el derecho a la prestaci\u00f3n, seg\u00fan lo consagrado en la mencionada norma; ii) para realizar el c\u00f3mputo de las semanas cotizadas, conforme lo establecido en el texto original del art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993, deb\u00eda tener en cuenta lo dispuesto en el par\u00e1grafo 1\u00ba, art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993, que exige que antes de su vigencia, el fallecido deber\u00eda tener vigente la relaci\u00f3n laboral a favor de la demandada, lo que no ocurri\u00f3, pues dej\u00f3 de prestar sus servicios a Empresas P\u00fablicas de Cartagena el 10 de noviembre de 1992, esto es, antes de la vigencia de la ley referida, por lo que no pod\u00eda contabilizar dicho periodo y, iii) al realizar un entendimiento a la demanda que dio inicio al examine, consider\u00f3 que no pod\u00eda aplicarse el acuerdo suscrito el 4 de agosto de 1995, entre la Alcald\u00eda Mayor de Cartagena de Indias, Empresa de Servicios P\u00fablicos de Cartagena en Liquidaci\u00f3n y sus extrabajadores representados por su organizaci\u00f3n Sindical, porque a la fecha de suscripci\u00f3n del mismo -10 de noviembre de 1992-, no laboraba para la empresa. <\/p>\n
De lo anterior, se desprende con claridad que la censura dej\u00f3 libre de ataque las consideraciones del ad quem, que constituyen los cimientos reales de la decisi\u00f3n impugnada, lo que conduce a que se mantenga inc\u00f3lume su presunci\u00f3n de legalidad y acierto\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
En ese orden, la Sala querellada se\u00f1al\u00f3 que \u00ab(\u2026) en la acusaci\u00f3n se denunci\u00f3 la aplicaci\u00f3n indebida y la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de los art\u00edculos 46 de la Ley 100 de 199, 21 del CST y 10 del Decreto 2709 de 1994, esto es, que hizo alusi\u00f3n a dos sub motivos de infracci\u00f3n, respecto a las mismas disposiciones legales, modalidades de violaci\u00f3n legal incompatibles, desconociendo que no es posible, bajo las reglas de la l\u00f3gica, aplicar incorrectamente un precepto, que es le\u00eddo con error, a un caso que no corresponde\u00bb, de modo que: <\/p>\n
\u00abCiertamente, la aplicaci\u00f3n indebida es la de que el juzgador entiende rectamente la norma, pero la aplica a un hecho o a una situaci\u00f3n no prevista o regulada por ella o le hace producir efectos distintos a los contemplados en la propia norma; mientras que la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea se produce cuando yerra en cuanto al contenido del precepto legal por desconocimiento de los principios interpretativos, desvi\u00e1ndose del cabal y genuino sentido de la disposici\u00f3n <\/p>\n
Ahora, en punto a la colisi\u00f3n que se crea cuando se plantea la aplicaci\u00f3n indebida y la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea al un\u00edsono, la Corporaci\u00f3n ha explicado, por ejemplo, en la sentencia CSJ SL, 22 nov. 2006, rad. 27237, reiterada en la CSJ SL1392-2018, que: <\/p>\n
[\u2026] es incoherente afirmar que una norma simult\u00e1neamente fue aplicada indebidamente e interpretada err\u00f3neamente como reiteradamente lo ha explicado la jurisprudencia, en tanto son modalidades diferentes de violaci\u00f3n de la ley sustancial. En efecto, precisamente una de las caracter\u00edsticas m\u00e1s notables de la infracci\u00f3n de la ley por aplicaci\u00f3n indebida es la de que el juzgador entiende rectamente la norma pero la aplica a un hecho o a una situaci\u00f3n no prevista o regulada por ella o le hace producir efectos distintos a los contemplados en la propia norma; mientras que la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea se produce cuando yerra en cuanto al contenido del precepto legal por desconocimiento de los principios interpretativos, desvi\u00e1ndose del cabal y genuino sentido de la disposici\u00f3n. <\/p>\n
Aunado a lo expuesto, importa precisar que, a efectos de que el ataque enfilado por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea tenga vocaci\u00f3n de prosperidad, el recurrente asume la carga de se\u00f1alar y demostrar cu\u00e1l fue la inteligencia equivocada que el Tribunal le dio a las normas legales denunciadas y cu\u00e1l es el entendimiento que, a su juicio, debi\u00f3 asignarse a \u00e9stas. <\/p>\n
En este caso, [la censora] no se\u00f1al\u00f3 en concreto cu\u00e1l fue el desv\u00edo interpretativo que supuestamente le imprimi\u00f3 el ad quem a las citadas disposiciones, que vaya en contrav\u00eda de la verdadera inteligencia de la norma y cu\u00e1l ser\u00eda la correcta intelecci\u00f3n o alcance que les debi\u00f3 haber dado a las mismas, que conduzca a su vulneraci\u00f3n, am\u00e9n de que los preceptos legales citados no fueron tenidos en cuenta por el Tribunal, por lo que mal hubiera podido interpretarlos con error\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la censora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
4.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sublite. Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La decisi\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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