STC11648-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11648-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2021-01687-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 17 de agosto de 2021 que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Ana Milena, Olga Patricia y Martha Luc\u00eda Mera Guevara contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el litigio n\u00b0 2014-00619 y el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de este lugar. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Actuando en nombre propio, la parte actora reclama la protecci\u00f3n de su garant\u00eda esencial al debido proceso, supuestamente vulnerada por la autoridad convocada, en desarrollo del hipotecario n\u00ba 2014-00619, promovido por David Eduardo S\u00e1nchez Moreno contra Mery Ordo\u00f1ez Rodr\u00edguez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo refieren, en s\u00edntesis, que ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1 se tramita, actualmente, el referido juicio en el que est\u00e1 involucrado el inmueble identificado con matr\u00edcula n\u00ba 50C-212742. <\/p>\n
Relatan, que el predio era de propiedad de su padre, Enrique Mera Sandoval, quien falleci\u00f3 en junio de 2019, por lo que, con la finalidad de dar inicio al proceso de sucesi\u00f3n al consultar el certificado de libertad y tradici\u00f3n, sorpresivamente, se enteraron que sobre este reca\u00eda la medida de embargo decretada por la referida autoridad judicial. <\/p>\n
Indican, que \u00abluego de conocer la existencia del proceso ejecutivo, investiga[ron] cuales fueron las circunstancias que originaron ese litigio y se pudo establecer que [su] padre hab\u00eda firmado en noviembre 8 de 2011 un documento de promesa de compra venta con JORGE ENRIQUE LIZCANO ZEA\u00bb (\u2026) en desarrollo de esa indagaci\u00f3n [pudieron] encontrar el documento aludido y en \u00e9l se hac\u00eda constar que el precio de la negociaci\u00f3n fue por $210\u2019000.000, que se cubrir\u00edan as\u00ed: $7\u2019000.000 como arras del negocio. La entrega del apartamento #402 inscrito al folio 50C-1117596 ubicado en la calle avenida 72 # 91-65 del Barrio FLORIDA BLANCA SEGUNDO SECTOR, junto con un parqueadero al cual se le se\u00f1al\u00f3 la matr\u00edcula inmobiliaria d71B 914817, sin asign\u00e1rsele un valor determinado\u00bb. <\/p>\n
Agregan, que \u00aba su turno LIZCANO ZEA adem\u00e1s se compromet\u00eda a pagar las hipotecas debidas a GLADIS G\u00d3MEZ BORJA con c.c.# 36.551.521 el 20 de diciembre de 2011 por $45\u2019000.000 y una segunda hipoteca por $20\u2019000.000 a MARTHA LUC\u00cdA MEDINA GELVES con c.c.# 51.913.766 para pagar el 5 de diciembre de 2011 y $13\u2019000.000 para el 15 de diciembre de ese a\u00f1o. Se consign\u00f3 en el documento que la escritura que perfeccionara ese negocio se suscribir\u00eda en la Notar\u00eda 76 de Bogot\u00e1 el 15 de diciembre de 2011, momento en el que se entregar\u00eda el bien. Se acord\u00f3 finalmente una cl\u00e1usula penal por $21\u2019000.000 por el incumplimiento\u00bb. <\/p>\n
Sostienen, que su progenitor fue \u00abenga\u00f1ado\u00bb en la celebraci\u00f3n de dicho acuerdo, y afirman que aqu\u00e9l \u00abjam\u00e1s se desprendi\u00f3 del derecho de posesi\u00f3n de su vivienda\u00bb, por lo que concluyen que \u00ablas ventas aqu\u00ed referidas son actos ilegales y abusivos, que atentan contra el patrimonio de la sucesi\u00f3n de Enrique Mera Sandoval\u00bb. <\/p>\n
Aducen, que la solicitud de amparo se interpone como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable que se concretar\u00eda si se lleva a cabo la diligencia de remate del referido inmueble. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pretenden que a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo se ordene (i) \u00abla suspensi\u00f3n inmediata del proceso y de suyo del REMATE del inmueble inscrito al folio de matr\u00edcula inmobiliaria 50C 212742 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1, ubicado en la calle 63 F # 80 A 22 y distinguido con el n\u00famero 3 de la manzana 51 de la URBANIZACI\u00d3N VILLA LUZ de esta capital, el cual se halla inscrito a nombre de nuestro padre ENRIQUE MERA SANDOVAL fallecido el 21 de Junio de 2019 en esta ciudad\u00bb, (ii) \u00abel bloqueo del folio de matr\u00edcula inmobiliaria 50C 212742 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1\u00bb, y (iii) \u00abla compulsaci\u00f3n de copias para investigar las conductas que se consideren punibles por los hechos ocurridos y consumados\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
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1. La titular del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta capital se\u00f1al\u00f3 que seg\u00fan la informaci\u00f3n acreditada en el proceso que origina el resguardo, del plurimencionado predio aparece como propietaria Mery Ordo\u00f1ez Rodr\u00edguez, en raz\u00f3n a la venta que Enrique Lizcano Zea le hiciera en el a\u00f1o 2012. <\/p>\n
Relat\u00f3, que \u00ab(\u2026) el inmueble fue secuestrado el 29 de julio del a\u00f1o 2015, diligencia que fue atendida por el se\u00f1or Enrique Mera Sandoval y no present\u00f3 oposici\u00f3n alguna (fls. 78 y 79 C1) Quien otorg\u00f3 poder a una profesional del derecho el 27 de agosto siguiente a quien se le reconoci\u00f3 personer\u00eda jur\u00eddica (sic) el 14 de febrero de 2017 (fl 70 C2) para que se tramitara un incidente para levantar las medidas cautelares sobre el inmueble hipotecado, motivo por el cual se le requiri\u00f3 para que presentara la cauci\u00f3n de que trata el art. 687 del C\u00f3digo de procedimiento civil (fl 70 C2), incidente que fuera rechazado por auto del 9 de abril del a\u00f1o 2017 (fl 93 C2) , por no haberse presentado la cauci\u00f3n en t\u00e9rmino\u00bb. <\/p>\n
Inform\u00f3, que \u00ablas accionantes no han presentado ninguna solicitud al despacho ni hay peticiones pendientes por resolver\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Quien adujo ser el apoderado judicial de Esmeralda Ordo\u00f1ez Rodr\u00edguez se opuso a la prosperidad del resguardo indicando que \u00ab(\u2026) lo \u00fanico que busca es dilatar el proceso y entorpecer el tr\u00e1mite de las actuaciones\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 defendi\u00f3 su proceder y asegur\u00f3 que lo actuado por ese despacho en citado litigio se ajust\u00f3 a la normativa aplicable. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el resguardo destacando que \u00abal Juez de tutela no le es dable fungir como juez de instancia arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden, m\u00e1xime cuando, se itera, las accionantes no han actuado al interior del proceso base de la presente acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la parte actora sin exponer argumentos adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 transgredi\u00f3 las garant\u00edas esenciales reclamadas en desarrollo del hipotecario n\u00ba 2014-00619, promovido por David Eduardo S\u00e1nchez Moreno contra Mery Ordo\u00f1ez Rodr\u00edguez, que torne imperiosa la suspensi\u00f3n de la diligencia de remate del inmueble identificado con matr\u00edcula n\u00ba 50C-212742 conforme a lo pretendido por las gestoras. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Naturaleza de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
3. El presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
Este particular mecanismo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su inobservancia se presenta no solo por haber dejado de emplear los medios de defensa ordinarios previstos en la ley, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otros mecanismos tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos cuya tutela se reclaman o, cuando ejercidos \u00e9stos, se encuentra pendiente su resoluci\u00f3n, tornando el auxilio en prematuro. <\/p>\n
4. El caso concreto. <\/p>\n
Analizados los fundamentos de la solicitud de amparo la Sala considera inviable el auxilio reclamado, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo de primera instancia por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian: <\/p>\n
<\/p>\n
1. En cuanto a la suspensi\u00f3n de la diligencia de remate. <\/p>\n
Preliminarmente, esta Sala encuentra que la controversia planteada en torno a la suspensi\u00f3n de la almoneda del predio de matr\u00edcula n\u00ba 50C-212742 deviene improcedente si se tiene en cuenta que las cuestiones aducidas por las accionantes resultan ajenas al campo de actuaci\u00f3n del juez constitucional, puesto que no se encuentra acreditado en las diligencias del proceso que origina el reclamo, petici\u00f3n, solicitud o escrito mediante el cual las gestoras planteen el debate que ahora divulgan en esta excepcional senda. <\/p>\n
N\u00f3tese que las aqu\u00ed convocantes no han comparecido ante el juez de conocimiento del hipotecario n\u00ba 2014-00619, para exponer ante la autoridad competente las supuestas anomal\u00edas que en su criterio se presentaron y que por lo tanto, tornan imperiosa la suspensi\u00f3n de la diligencia de remate, hechos sobre los cuales gravita la solicitud de amparo. <\/p>\n
Lo enunciado enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. La Corte sobre ese puntual aspecto ha se\u00f1alado, que <\/p>\n
\u00absi el actor considera que alg\u00fan acto concreto de los acusados le est\u00e1 transgrediendo las garant\u00edas esenciales, debe dirigirse a ellos para que se pronuncien al respecto; es decir, el quejoso debe plantear sus inconformidades ante los demandados, para que \u00e9stos, de ser pertinente, tomen una determinaci\u00f3n sobre su situaci\u00f3n, sin que con este mecanismo pueda anticiparse a las decisiones de dichas entidades\u00bb (mencionada tambi\u00e9n en CSJ STC11463-2016 y STC9840-2017). <\/p>\n
En otro asunto en el que se acudi\u00f3 a esta v\u00eda sin efectuar antes solicitud al funcionario encargado de resolver el tema objeto de debate, la Sala sostuvo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la protecci\u00f3n reclamada no puede salir exitosa porque, en las copias allegadas con esta acci\u00f3n no se encuentra ninguna prueba distinta de la afirmaci\u00f3n de la demandante que indique a la Sala que la petente haya elevado ante el accionado petici\u00f3n en el sentido pretendido y que ahora alega por esta v\u00eda subsidiaria, que permita endilgar a la entidad demandada una acci\u00f3n u omisi\u00f3n vulneratoria de los derechos que reclama\u2026 Expone la peticionaria unos hechos hu\u00e9rfanos de toda prueba, sobre los que no se concede el amparo\u2026, es decir, la interesada accion\u00f3 en tutela, sin haber hecho ninguna gesti\u00f3n ante la entidad demandada y ciertamente que la falta de petici\u00f3n directa ante \u00e9sta no le ha permitido pronunciarse concretamente sobre el asunto por cuya defensa se propende\u2026\u00bb (CSJ. STC de 13 de feb. de 2013, exp. 00193-01, reiterada en STC10498-2019, 6 ago. 2019, rad. 02462-00). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del ejercicio de la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
4.3. Consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
Finalmente, la pretensi\u00f3n de las querellantes encaminada a que se ordene \u00abla compulsaci\u00f3n de copias para investigar las conductas que se consideren punibles por los hechos ocurridos y consumados\u00bb habr\u00e1 de precisarse que este particular mecanismo no ha sido erigido para dar tr\u00e1mite a ese tipo de pedimentos, por lo que, si las accionantes consideran que en el asunto que origina el reclamo se han presentado conductas susceptibles de investigaci\u00f3n penal deber\u00e1n acudir ante las autoridades competentes para formular las respectivas denuncias. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se confirmar\u00e1 el fallo denegatorio del auxilio, ya que desatiende el car\u00e1cter subsidiario que la gobierna en tanto que las interesadas no demostraron haber solicitado ante la autoridad judicial, y previo a acudir a esta especial jurisdicci\u00f3n constitucional, la suspensi\u00f3n de la diligencia de remate que reclaman se ordene en esta particular senda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por las razones arg\u00fcidas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
7 <\/p>\n
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