STC11653-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11653-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00281-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Dando cumplimiento a lo ordenado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en el fallo STL10693-2021, se procede a resolver la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 2 de marzo, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Margarita Castillo Garc\u00eda contra la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Penal del Circuito de la misma especialidad con sede en el municipio de Neiva; tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso de extinci\u00f3n de dominio 2018-00135 (ED 414). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando en su propio nombre, acude al presente mecanismo constitucional buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal debido proceso\u2026 y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente desconocidos por las autoridades jurisdiccionales convocadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor se extracta que, mediante sentencia de 13 de marzo de 2020, el Juzgado Penal del Circuito Especializado en Extinci\u00f3n de Dominio de Neiva declar\u00f3 la p\u00e9rdida del derecho de propiedad, con fundamento en la causal 5\u00aa del art\u00edculo 16 de la Ley 1708 de 2014, del inmueble ubicado en la manzana 86, casa 3 del barrio Modelia de Ibagu\u00e9 e identificado con matr\u00edcula inmobiliaria \u00ab350-105789\u00bb, cuya titularidad se encontraba en cabeza de la ac\u00e1 gestora. <\/p>\n
Contra la anterior determinaci\u00f3n la afectada interpuso recurso de apelaci\u00f3n que fue resuelto por la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 5 de octubre de aquel a\u00f1o, en el sentido de confirmar lo decidido por la c\u00e9lula judicial a quo. <\/p>\n
3. La accionante se\u00f1ala que los falladores de instancia incurrieron en \u00abdefecto f\u00e1ctico o procedimental\u00bb habida consideraci\u00f3n que, a instancia suya, se realiz\u00f3 doble designaci\u00f3n de defensor p\u00fablico, sin que ninguno de ellos pudiera actuar, adem\u00e1s que extendi\u00f3 mandato a uno de los asignados para que la representara, pero \u00e9ste \u00abno acept\u00f3 el poder\u00bb por lo que estaba \u00abinhabilitado\u00bb para representarla pese a que el juzgado de primer grado le reconoci\u00f3 personer\u00eda para actuar. <\/p>\n
Estima que el hecho de que el profesional del derecho al que le confiri\u00f3 poder \u00abno hubiera aceptado el mandato\u2026\u00bb lo inhabilitaba \u00abpara legal, leg\u00edtima y v\u00e1lidamente actuar en el proceso como [su] defensor y es por esa raz\u00f3n que\u2026 no hace contestaci\u00f3n de la demanda ni hace solicitud de decreto y pr\u00e1ctica de pruebas ni ejerce el derecho de contradicci\u00f3n a trav\u00e9s de la interposici\u00f3n de los recursos legales contra el auto del 29 de mayo de 2019 por medio del cual se descalificaron y desestimaron los medios de prueba que hab\u00eda allegado\u2026 solo viene a dar inicio al ejercicio del poder o mandato, mucho despu\u00e9s con la presentaci\u00f3n del escrito que contiene las alegaciones de conclusi\u00f3n o sustentaci\u00f3n en segunda instancia [sic]\u00bb <\/p>\n
Adicionalmente acusa la incursi\u00f3n en un \u00abdefecto sustantivo\u00bb, seg\u00fan dice, porque se realiz\u00f3 una \u00abinterpretaci\u00f3n irrazonable del numeral 5\u00ba del art\u00edculo 16 de la Ley 1708 de 2017 [sic]\u00bb, pues tanto el cognoscente de primer grado, como la colegiatura de segundo, \u00abincurri[eron] en un grave error en la interpretaci\u00f3n de la normatividad aplicable a la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio\u2026 habida consideraci\u00f3n que se hizo una valoraci\u00f3n sumamente extensiva, con la que se desbordaron los l\u00edmites de los aspectos que realmente est\u00e1n comprendidos en la causal invocada como base de la acci\u00f3n\u2026 por lo que de paso decidida e intencionalmente se olvidaron los aspectos sustanciales y subjetivos que inequ\u00edvocamente deben demostrarse o ser acreditados [sic]\u00bb <\/p>\n
En tal sentido, afirma, que se le otorgaron \u00abunos alcances excesivos [a la citada disposici\u00f3n legal] para concluir forzosamente dentro de ella una serie de aspectos subjetivos que corresponden m\u00e1s a especulaciones de los juzgadores, que a hechos que aparecieran realmente acreditados en el expediente y, a los cuales, en todo caso, no se extiende dicha causal [sic]\u00bb, y que \u00abcon todos los medios probatorios que fueron omitidos [sic] y no se tuvieron en cuenta, quedaba y est\u00e1 plenamente demostrado que la suscrita\u2026 como propietaria del inmueble afectado\u2026 nunca lo destin\u00e9 ni directa ni indirectamente al delito\u00bb por lo que, considera, \u00abel Tribunal antepuso de manera arbitraria su propia voluntad a aquella que deriva de manera razonable del ordenamiento jur\u00eddico [sic]\u00bb. <\/p>\n
4. Por lo anterior, solicita \u00abdejar sin efectos la sentencia\u2026 [y] ordenar al Tribunal\u2026 que profiera una nueva\u2026 en la cual se interprete las normas de extinci\u00f3n de dominio conforme el orden jur\u00eddico, valorando la prueba conforme los postulados de la sana cr\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s del magistrado ponente de la decisi\u00f3n de segunda instancia cuestionada, se opuso a la prosperidad del resguardo porque \u00ablas premisas f\u00e1cticas que sustentan el libelo tutelar fueron postuladas y debatidas al interior de su escenario natural\u00bb en el cual se realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n integral de las pruebas \u00aby las circunstancias de tiempo modo y lugar en que se suscitaron los hechos que dieron lugar a la acci\u00f3n, que ahora pretende desconocer la demandante ante el juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que la pretendido por la gestora es \u00abrevivir el debate\u2026 al proponer cuestiones novedosas que no fueron postuladas en el decurso del proceso extintivo\u00bb siendo que el tr\u00e1mite procesal se adelant\u00f3 \u00abde conformidad con las previsiones legales aplicables al caso, con observancia de los procedimientos\u2026 y garantizando los derechos de las personas que se hicieron parte en el proceso\u00bb pues, contrario a lo afirmado, la censora \u00abestuvo asistida de profesional del derecho que represent\u00f3 sus intereses actuando en primera instancia y promoviendo recurso de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, finalmente, que lo que se busca con la formulaci\u00f3n del presente resguardo, es la activaci\u00f3n de una tercera instancia, situaci\u00f3n inadmisible por cuanto la tutela no es una \u00abv\u00eda alternativa o paralela en la cual puedan controvertirse una vez m\u00e1s los supuestos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos ventilados en las oportunidades procesales correspondientes\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Neiva, luego de rememorar lo acontecido en la actuaci\u00f3n objeto de escrutinio, manifest\u00f3 que \u00ablas razones expuestas para extinguir el dominio del bien no fueron producto del capricho del fallador, sino de [una] seria y s\u00f3lida motivaci\u00f3n, soportada en el material probatorio obrante y la normativa que regula la materia\u00bb. <\/p>\n
3. La Fiscal 59 Especializada en Extinci\u00f3n de Dominio pidi\u00f3 ser \u00abdesvinculada\u00bb del presente tr\u00e1mite habida consideraci\u00f3n que si bien \u00abconoci\u00f3 de las diligencias en comento\u2026 [las mismas] fueron remitidas al juzgado especializado\u2026 [quien] profiri\u00f3 sentencia de extinci\u00f3n\u2026 que fue confirmada\u2026 el 5 de octubre de 2020\u00bb. <\/p>\n
4. El director jur\u00eddico del Ministerio de Justicia y del Derecho dijo que esa cartera ministerial \u00abno es el contradictor legitimado para actuar en esta causa\u00bb y carece de \u00ablegitimaci\u00f3n material en la causa por pasiva toda vez que las pretensiones no guardan relaci\u00f3n directa con las funciones y competencias propias\u00bb. <\/p>\n
5. El vicepresidente jur\u00eddico de la Sociedad de Activos Especiales se refiri\u00f3 exclusivamente a las funciones de dicha persona jur\u00eddica como administrador de los bienes vinculados a procesos de extinci\u00f3n del derecho de dominio, sin realizar manifestaci\u00f3n alguna en torno a los hechos en que se fundamenta la presente acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la protecci\u00f3n al advertir que \u00abno es posible establecer la materializaci\u00f3n del defecto invocado\u2026 pues al margen de si las decisiones objeto de an\u00e1lisis se amoldan o no a sus expectativas, asunto que, por principio, es extra\u00f1o a la acci\u00f3n de tutela, las mismas se sustentan en argumentos razonables, comoquiera que para arribar a esa conclusi\u00f3n las autoridades accionadas realizaron una amplia ponderaci\u00f3n probatoria y normativa, propia de una adecuada actividad judicial\u00bb. <\/p>\n
Consider\u00f3 que \u00abel tribunal analiz\u00f3 a fondo el asunto, realiz\u00f3 un an\u00e1lisis detenido y debidamente fundamentado de los elementos de prueba que ten\u00eda a su disposici\u00f3n\u2026 todo dentro del marco de una argumentaci\u00f3n respetuosa de los postulados de la persuasi\u00f3n racional que no es posible calificar de caprichosa o absurda\u00bb al tiempo que record\u00f3 que \u00abla tutela no es una tercera instancia, ni\u2026 un estadio superior de revisi\u00f3n de la actividad de evaluaci\u00f3n probatoria de los jueces ordinarios\u2026 ni un mecanismo de impugnaci\u00f3n supletorio que pueda ser utilizado para continuar discutiendo pronunciamientos que no se comparten\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, resalt\u00f3 que la doble designaci\u00f3n de defensor p\u00fablico \u00abno comprometi\u00f3 garant\u00edas\u2026 comoquiera que se trat\u00f3 de una situaci\u00f3n pasajera que de inmediato se aclar\u00f3 y remedi\u00f3 y que a partir de ese momento la accionante siempre estuvo asistida por\u2026 profesional del derecho que desempe\u00f1\u00f3 cabalmente su papen y agenci\u00f3 sus intereses de manera activa dentro de las posibilidades que le ofrec\u00eda el asunto a su cargo ejerciendo oposici\u00f3n a las pretensiones de la Fiscal\u00eda\u2026 solicitando la pr\u00e1ctica de pruebas e interponiendo recursos\u00bb de manera que el resultado adverso no pueda atribuirse a una ineficiente actividad profesional del abogado. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las garant\u00edas fundamentales de la accionante, al extinguir el derecho de dominio del bien vinculado al proceso 2018-00135 (ED 414). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
Si bien la censora extiende el reclamo a cuestionar la valoraci\u00f3n e inferencias a las que arribaron los funcionarios judiciales en las sentencias de primera y segunda instancia, el examen que en esta oportunidad har\u00e1 la Corte se circunscribir\u00e1 al fallo de 5 de octubre de 2020 proferido por la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por cuanto fue la que defini\u00f3, en sede ordinaria, la discusi\u00f3n planteada, pues tal como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, resulta inane detenerse en la decisi\u00f3n de primer grado por cuanto, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015) <\/p>\n
Aclarado lo anterior, la Sala resalta que ninguna irregularidad se advierte en la determinaci\u00f3n objeto de reproche, pues en ella, la colegiatura convocada, efectu\u00f3 una valoraci\u00f3n razonada y pormenorizada tanto de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica como de los medios de convicci\u00f3n allegados al expediente, para concluir la configuraci\u00f3n de la causal de extinci\u00f3n contemplada en el ordinal 5\u00ba del art\u00edculo 16 de la Ley 1708 de 2014. <\/p>\n
En efecto, la autoridad judicial, luego de un breve recuento procesal y de identificar el problema jur\u00eddico a resolver, se refiri\u00f3 a los motivos en que la afectada en el tr\u00e1mite objeto de escrutinio (hoy accionante), por intermedio de apoderado, fund\u00f3 su disenso respecto del fallo de primera instancia. <\/p>\n
Inici\u00f3 recordando la naturaleza de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio, as\u00ed como su independencia y autonom\u00eda frente a otras causas, en particular, las penales, tal cual se desprende de los art\u00edculos 34 de la Carta Pol\u00edtica y 18 de la Ley 1708 de 2014, as\u00ed como de la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional. <\/p>\n
Seguidamente se refiri\u00f3 a la causal que sirvi\u00f3 de soporte a la pretensi\u00f3n extintiva de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, con fundamento en el precedente constitucional, ante lo cual se\u00f1al\u00f3 que la acreditaci\u00f3n de esta implicaba el examen de factores objetivos y subjetivos. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) El primero implica que, con base en los medios suasorios\u2026 debe establecerse inequ\u00edvocamente que el acontecer f\u00e1ctico que da origen a la investigaci\u00f3n encuentra correspondencia con la aludida prescripci\u00f3n legal, esto es que el patrimonio comprometido hubiere tenido un uso o aprovechamiento contrario al orden jur\u00eddico, es decir, en detrimento de los fines sociales y ecol\u00f3gicos que debe cumplir la propiedad en un Estado Social y Democr\u00e1tico de Derecho y que se hallan consagrados en el art\u00edculo 58 constitucional. <\/p>\n
El segundo, por su parte, exige demostrar\u2026 que el supuesto f\u00e1ctico de la causal sea atribuible a quienes detentan la titularidad del dominio o cualquier otro derecho real\u2026 En otros t\u00e9rminos, requiere la constataci\u00f3n de que aquellos hubieren consentido, permitido, tolerado o, de manera directa, realizado actividades il\u00edcitas, quebrantado de ese modo las obligaciones de vigilancia, custodia, control y proyecci\u00f3n del patrimonio a los fines previstos en la Constituci\u00f3n y la ley (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, abord\u00f3 el estudio del caso concreto de cara a los reproches puntuales formulados por la afectada y a la luz del material probatorio obrante en el plenario. <\/p>\n
En torno al aspecto objetivo de la causal de extinci\u00f3n invocada, se\u00f1al\u00f3 que el mismo se encontraba acreditado con los informes de Polic\u00eda (fuente humana y fijaci\u00f3n fotogr\u00e1fica), las labores de verificaci\u00f3n in situ y la diligencia de allanamiento y registro practicada el 1\u00ba de diciembre de 2016 en la que se hallaron en poder de Gineth Paola Hern\u00e1ndez Var\u00f3n, inquilina de la ac\u00e1 gestora, 318,3 gramos de marihuana y una granada de fragmentaci\u00f3n IM26. <\/p>\n
Y frente al presupuesto subjetivo indic\u00f3 que para la \u00e9poca de los hechos la propietaria del bien -accionante en este tr\u00e1mite- lo hab\u00eda entregado en arriendo, por lo que, como estrategia defensiva se apoy\u00f3 en la \u00abtesis civil de responsabilidad por el hecho de las cosas inanimadas\u2026 porque el acontecer delictuoso ocurri\u00f3 a partir de los hechos de un tercero, responsable del da\u00f1o ocasionado por las cosas que tiene en custodia, quien ostent\u00f3, mediante t\u00edtulo leg\u00edtimo, la tenencia de [la vivienda]\u00bb <\/p>\n
Para referirse a este planteamiento la colegiatura ad quem, con apoyo en precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional, puntualmente en las sentencias C-595 de 1995 y C-740 de 2003, indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Para la Sala no es de recibo el reproche consistente en que no puede declararse la p\u00e9rdida del derecho de propiedad porque el bien estaba en manos de la arrendataria y no era posible\u2026 tener conocimiento de los delitos cometidos y de ese modo impedir su ejecuci\u00f3n, como quiera [sic] que el hecho de celebrar un contrato de alquiler sobre un determinado bien, en manera alguna exime al titular de cumplir el compromiso que tiene con el Estado, relativo al ejercicio del ius vigilandi sobre su patrimonio, para orientarlo hacia el cumplimiento de los fines y funciones constitucionalmente establecidos, mismos que\u2026 son de obligatorio cumplimiento, en beneficio de los intereses supremos de la sociedad (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3, entonces, la exigencia constitucional al titular del derecho de propiedad de vigilar y controlar la destinaci\u00f3n de su bien no solo cuando lo detenta materialmente, sino tambi\u00e9n cuando ha sido entregado a terceras personas, como, por ejemplo, a trav\u00e9s de la figura contractual del arrendamiento, pues dicho desprendimiento no implica la renuncia al dominio. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en el sub lite, con base en las pruebas allegadas\u2026 resulta v\u00e1lido afirmar, por un lado que Margarita Castillo Garc\u00eda adquiri\u00f3 de manera l\u00edcita el inmueble\u2026; sin embargo, el an\u00e1lisis de la prueba documental trasladada de la actuaci\u00f3n penal, permite evidenciar\u2026 que las actividades il\u00edcitas fueron de especial gravedad pues vulneraron bienes jur\u00eddicos importantes porque no solo se destin\u00f3 la vivienda para el resguardo de sustancias il\u00edcitas, sino tambi\u00e9n de una granada\u2026 en perfecto estado de funcionamiento, a m\u00e1s de catalogarse como de uso privativo de las Fuerzas Armadas. <\/p>\n
Y es que la actividad no era ajena a los habitantes del sector, ya que por la informaci\u00f3n suministrada precisamente por fuente humana y posteriormente corroborada con las labores adelantadas por Polic\u00eda Judicial y entrevistas\u2026 a residentes del lugar, se logr\u00f3 identificar la il\u00edcita destinaci\u00f3n del predio, lo cual permite inferir v\u00e1lidamente que no se trataba de una conducta soterrada [sino] que f\u00e1cilmente pod\u00eda ser advertida por la titular del inmueble con la informaci\u00f3n que suministran al efecto sus vecinos, quienes adem\u00e1s sab\u00edan que all\u00ed habitaban otros sujetos diferentes a la persona con quien celebr\u00f3 el contrato (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Fue as\u00ed como arrib\u00f3 a la conclusi\u00f3n de que la afectada (propietaria del inmueble y accionante en este asunto) \u00abno atendi\u00f3 los deberes de control, vigilancia y cuidado de su peculio, sino que, simplemente, se limit\u00f3 a entregar la propiedad en arriendo y percibir una renta mensual por ella, sin efectuar verificaci\u00f3n alguna de que la arrendataria destinaria el bien de manera exclusiva para su vivienda\u00bb. <\/p>\n
A lo que agreg\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Tampoco es admisible el reproche consistente en que su conducta fue diligente y prudente, por el hecho de ejercer una administraci\u00f3n mediante t\u00edtulo leg\u00edtimo por medio del cual cedi\u00f3 la facultad a una tercera persona de gozar el inmueble bajo precisos t\u00e9rminos legales consignados en el contrato de arrendamiento, pues insiste la Sala en que, si bien la existencia de [ese] contrato\u2026 supone que las partes ejecuten sus cl\u00e1usulas de buena fe, tambi\u00e9n es cierto que el propietario, en tanto conserva la titularidad del dominio, est\u00e1 obligado a velar porque su peculio cumpla los fines contemplados en el art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n, deber del que en manera alguna puede desligarse por un acuerdo particular (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Y, finalmente, en torno a la buena fe alegada por la quejosa dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como quiera que el presente diligenciamiento se adelant\u00f3 por la causal quinta del art\u00edculo 16 de la Ley 1708 de 2014, la cual hace referencia a los bienes que \u201chayan sido utilizados como medio o instrumento para la ejecuci\u00f3n de actividades il\u00edcitas\u201d, no es posible predicar la condici\u00f3n de tercero de buena fe exento de culpa del afectado [sic] pues acorde con el an\u00e1lisis probatorio precedente, se estableci\u00f3 que \u00e9ste omiti\u00f3 cumplir sus deberes constitucionales y legales de control, cuidado y vigilancia de su patrimonio. <\/p>\n
Ahora, el art\u00edculo 3\u00ba del C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio se\u00f1ala que se presume la buena fe en todo acto o negocio jur\u00eddico relacionado con la adquisici\u00f3n o destinaci\u00f3n de los bienes, pero en trat\u00e1ndose [sic] de la causal consagrada en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 16 ejusdem dicho principio se debe estudiar a la luz de la prudencia y diligencia en el actuar del propietario a la hora de ejercer los deberes de vigilancia y cuidado, as\u00ed como en el cumplimiento de la funci\u00f3n social de la propiedad (\u2026)\u00bb <\/p>\n
De acuerdo con el anterior recuento, es claro que la sentencia objeto de reproche se encuentra debidamente sustentada en tanto que la corporaci\u00f3n demandada indic\u00f3 las razones por las que hall\u00f3 acreditada la causal de p\u00e9rdida del derecho de propiedad invocada por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, comoquiera que las afirmaciones de la afectada, relativas al desprendimiento del bien producto de un contrato de arrendamiento, no resultaron suficientes para enervar la pretensi\u00f3n del Ente Investigador pues, como acertadamente concluy\u00f3 el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, los deberes de vigilancia, cuidado y control son inherentes al derecho de propiedad privada conforme lo establece el segundo inciso del art\u00edculo 58 Constitucional, referente a la funci\u00f3n social y ecol\u00f3gica de tal prerrogativa. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, no se observa el acaecimiento de una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada, porque la demandante encamin\u00f3 la presente queja a tratar de imponer su particular intelecci\u00f3n de las pruebas y normas que gobiernan la extinci\u00f3n del derecho de dominio, sobre la hermen\u00e9utica de la sala convocada lo que desnaturaliza la verdadera esencia del resguardo supralegal que no ha sido concebido para ser una tercera instancia dentro de los procesos ordinarios; adem\u00e1s, la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la procedencia de la salvaguarda pues, como enf\u00e1ticamente lo ha reiterado esta Sala, m\u00e1s all\u00e1, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al margen del criterio que esta Corporaci\u00f3n pudiera tener frente al razonamiento expresado por la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en torno al asunto debatido, mientras el mismo no se observe infundado, no hay lugar a la intervenci\u00f3n de esta particular justicia, reservada para casos de indiscutible arbitrariedad judicial. <\/p>\n
4. Precisi\u00f3n final <\/p>\n
Por \u00faltimo, en cuanto al supuesto desconocimiento del derecho de defensa de la querellante, la Sala comparte los planteamientos de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal habida consideraci\u00f3n de la intrascendencia del presunto yerro que se pretende atribuir a la \u00abdoble asignaci\u00f3n\u00bb de defensor p\u00fablico, pues, por un lado para el adelantamiento de la acci\u00f3n extintiva, a diferencia de la penal, no es requisito sine qua non la designaci\u00f3n de abogado que asista a los afectados dado que \u00e9stos, de acuerdo con el art\u00edculo 13-1 de la Ley 1708 de 2014, pueden ejercer su propia representaci\u00f3n o, si lo prefieren, otorgar poder a un profesional del derecho que lo haga y, por otro, la revisi\u00f3n de la actuaci\u00f3n remitida por la colegiatura convocada permite concluir, al margen de lo anterior, que Castillo Garc\u00eda cont\u00f3 con la asistencia de un abogado quien present\u00f3 oposici\u00f3n a la pretensi\u00f3n extintiva, solicit\u00f3 la pr\u00e1ctica de pruebas e interpuso recurso de apelaci\u00f3n frente al fallo de primera instancia. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar la negativa del amparo porque, seg\u00fan se verific\u00f3, la decisi\u00f3n cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda, denot\u00e1ndose que lo pretendido por la gestora es anteponer su propia e interesada intelecci\u00f3n de las pruebas y normas que gobiernan el tr\u00e1mite de extinci\u00f3n de dominio, frente a la hermen\u00e9utica de la autoridad judicial falladora. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo y expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la Sala a quo; asimismo, a efectos de acreditar el cumplimiento de lo ordenado por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral, rem\u00edtase copia de este prove\u00eddo con el fin de que obre en el resguardo 2021-01071 e igualmente a la Corte Constitucional para que se contin\u00fae con el tr\u00e1mite de la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC11653-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC11653-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00281-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Dando cumplimiento a lo ordenado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57406","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57406","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57406"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57406\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57406"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57406"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57406"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}