STC11656-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11656-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-03110-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la acci\u00f3n de tutela que Beatriz Helena Cadavid Mac\u00edas le instaur\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, extensiva a los intervinientes en el asunto n\u00b0 1100160191129290555800. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista solicit\u00f3 que se ordene a la Corporaci\u00f3n enjuiciada que avoque el conocimiento del recurso de casaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 28 de febrero de 2019, en la causa que se le adelant\u00f3 por los delitos de falsedad en documento privado, falsedad material de documento p\u00fablico y fraude procesal. <\/p>\n
Expuso, en esencia, que la Magistratura denunciada mediante la providencia AP682-2021 (24 feb.) inadmiti\u00f3 la impugnaci\u00f3n extraordinaria que intent\u00f3 contra el veredicto del Tribunal, que tras modificar la condena que le impuso el Juzgado Cuarenta y Uno Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1, la responsabiliz\u00f3 de los punibles de fraude procesal y obtenci\u00f3n de documento p\u00fablico. <\/p>\n
Adujo que la repulsi\u00f3n del libelo se expidi\u00f3 bajo el argumento de que \u00abse limit\u00f3 a exponer las mismas razones que ventil\u00f3 al sustentar el recurso de apelaci\u00f3n, pero no tuvo en cuenta los argumentos expuestos por el Tribunal\u00bb, y \u00abno explic\u00f3 cu\u00e1les fueron los errores cometidos por el Tribunal que pudieran encajar en alguna de las modalidades de error de hecho\u00bb, cuando lo cierto es que los planteamientos esbozados en la demanda de casaci\u00f3n son suficientes para que se abriera paso el citado sendero. <\/p>\n
Ello, porque, en primer lugar, \u00abno existe norma jur\u00eddica alguna que establezca que el censor no puede plantear su inconformidad en sede de casaci\u00f3n con fundamento en las mismas causas que llevaron a fundamentar su recurso de alzada\u00bb. En segunda medida, a trav\u00e9s del cargo \u00aberror de hecho por falso juicio de identidad por adici\u00f3n\u00bb advirti\u00f3 que \u00abel ad quem atribuy\u00f3 la calidad de propietaria del predio a la denunciante Gloria Patricia Cadavid Mac\u00edas\u00bb. Y finalmente, por medio de la acusaci\u00f3n alegaron que \u00abuna valoraci\u00f3n en conjunto del material probatorio, en el que se hubiere superado el citado yerro, se hubiera podido llegar a conclusiones distintas a las que se llegaron en el fallo condenatorio\u00bb, dado que qued\u00f3 demostrada la mendacidad de las declaraciones de la denunciante en torno a que su progenitora, Blasina Mac\u00edas de Cadavid, y ella, \u00abutilizaron un documento \u2018poder\u2019 a efectos de enajenar la primera como vendedora y la segunda como compradora el citado inmueble, ello a t\u00edtulo de dolo, generando as\u00ed un beneficio a esta \u00faltima\u00bb. <\/p>\n
2.- No hubo pronunciamientos para el momento en que esta decisi\u00f3n fue proyectada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El resguardo implorado no puede abrirse paso, ya que la interesada desperdici\u00f3 el instrumento que ten\u00eda a su disposici\u00f3n para que se reexaminara la decisi\u00f3n confrontada, y, en todo caso, se descarta la existencia de un vicio que deba ser conjurado por este sendero. <\/p>\n
1.- Lo primero, porque a pesar de que era viable acudir al \u00abmecanismo especial de insistencia\u00bb con el fin de que se revisara la inadmisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n, la gestora no acudi\u00f3 a \u00e9l, o al menos no demostr\u00f3 que lo hubiese hecho antes de usar esta herramienta. <\/p>\n
A su turno, la Sala hom\u00f3loga penal ha puntualizado: <\/p>\n
(i) (\u2026) [s]e trata de un mecanismo especial al que puede acudirse luego que la Sala decidi\u00f3 no seleccionar la demanda de casaci\u00f3n, con el fin de provocar que \u00e9sta reconsidere su decisi\u00f3n. <\/p>\n
(ii) La insistencia s\u00f3lo puede ser promovida por el demandante, por ser \u00e9l a quien asiste inter\u00e9s en que se reconsidere la decisi\u00f3n. (\u2026). <\/p>\n
(iii) La solicitud de insistencia puede elevarse ante el Ministerio P\u00fablico, a trav\u00e9s de sus delegados para la casaci\u00f3n penal, o ante alguno de los Magistrados integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, seg\u00fan lo decida el demandante. <\/p>\n
(iv) La solicitud respectiva puede tener dos finalidades: la de rebatir los argumentos con fundamento en los cuales la Sala decidi\u00f3 no seleccionar la demanda, o para demostrar por qu\u00e9 no empece las incorrecciones del libelo, es preciso que la Corte haga uso de su facultad para superar sus defectos y decidir de fondo. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
A su turno, como quiera que la ley no establece t\u00e9rminos para el tr\u00e1mite de la insistencia, es preciso fijarlos conforme la facultad que en tal sentido se consagra en el art\u00edculo 159 de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
Con tal prop\u00f3sito, teniendo en cuenta que la decisi\u00f3n a trav\u00e9s de la cual no se selecciona la demanda est\u00e1 contenida en un auto a cuyo enteramiento o publicidad debe procederse obligatoriamente, con arreglo a lo dispuesto en sentencia C-641 del 13 de agosto de 2002, por v\u00eda del procedimiento se\u00f1alado en el art\u00edculo 169, inciso 3, de la Ley 906 de 2004, esto es \u00abmediante comunicaci\u00f3n escrita dirigida por telegrama, correo certificado, facs\u00edmil, correo electr\u00f3nico o cualquier otro medio id\u00f3neo que haya sido indicado por las partes\u00bb, se establecer\u00e1 el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas contados a partir de la fecha en que se produzca alguna de las anteriores formas de notificaci\u00f3n al demandante, como plazo para que \u00e9ste solicite al Ministerio P\u00fablico o a alguno de los Magistrados integrantes de la Sala, si a bien lo tiene, insistencia en el asunto (CSJ AP 12 jun. 2005, rad. 24322, reiterado, entre otros, en AP 5 sep. 2012, rad. 36578). <\/p>\n
Sin embargo, la peticionaria no agot\u00f3 ese instrumento, lo que descarta el buen suceso de este camino, pues, como lo ha reiterado esta Corte, dado el car\u00e1cter residual y especial de la acci\u00f3n de tutela, no ha sido instituida para reemplazar los remedios contemplados por el legislador para definir las protestas de quienes participan en un proceso. <\/p>\n
2.- Con todo, lo cierto es que la directriz objetada no merece reproche constitucional alguno. <\/p>\n
En efecto, si la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n inadmiti\u00f3 el libelo contentivo de la demanda de casaci\u00f3n fue porque encontr\u00f3 serias deficiencias t\u00e9cnicas que imped\u00edan, mediante ese remedio extraordinario, analizar la legalidad de la resoluci\u00f3n del Tribunal de Bogot\u00e1. <\/p>\n
En s\u00edntesis, concluy\u00f3 que los embistes planteados por la quejosa contra la resoluci\u00f3n del ad quem no se dirigieron a controvertir los razonamientos que lo condujeron a declararla responsable del delito de obtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso. Esto, porque, aunque denunci\u00f3 que la directriz de la Colegiatura de esta capital desconoci\u00f3 \u00ablas reglas de producci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia\u00bb, al tenor de lo previsto en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 181 de la Ley 906 de 2004, no dirigi\u00f3 esfuerzo alguno a desvirtuar los pilares argumentativos del fallo, seg\u00fan los cuales, ella y su progenitora falsificaron un poder a efectos levantar el patrimonio de familia que pesaba sobre el inmueble que posteriormente adquiri\u00f3. <\/p>\n
Sobre el punto la Magistratura querellada esboz\u00f3: <\/p>\n
En efecto, la condena se basa en lo siguiente: (i) est\u00e1 demostrada la falsedad del poder utilizado por la procesada y su progenitora para levantar la afectaci\u00f3n que pesaba sobre el bien objeto de venta \u2013patrimonio de familia-; (ii) tambi\u00e9n lo est\u00e1 que el mismo fue utilizado para eliminar la referida afectaci\u00f3n, lo que era necesario para vender el bien; (iii) con esa informaci\u00f3n falsa, se obtuvo la respectiva escritura p\u00fablica; y (iv) se hizo incurrir en error a los servidores p\u00fablicos a cargo del registro de ese tipo de bienes. <\/p>\n
Sobre la participaci\u00f3n de la procesada, se resalt\u00f3 que: (i) est\u00e1 demostrado que suscribi\u00f3 la aludida escritura p\u00fablica; (ii) ella se benefici\u00f3 directamente de la falsificaci\u00f3n de la firma de su padre, pues solo de esa manera su progenitora pod\u00eda venderle el bien, habida cuenta de su afectaci\u00f3n a patrimonio de familia; y (iii) ya hab\u00eda tenido problemas con la denunciante \u2013su hermana- en raz\u00f3n del inmueble. <\/p>\n
Y, sobre la falsificaci\u00f3n del poder, el Tribunal hizo \u00e9nfasis en que: (i) de ello da cuenta el perito en grafolog\u00eda; y (ii) la denunciante declar\u00f3 bajo juramento que esa no era la firma de su padre y que, adem\u00e1s, no es posible que le haya otorgado poder a su esposa, ya que desde hac\u00eda varios a\u00f1os no ten\u00eda comunicaci\u00f3n con ella. <\/p>\n
Enseguida describi\u00f3 los ataques de la censora, con el fin de hacer ver su desenfoque en relaci\u00f3n con las inferencias del fallador plural, as\u00ed: <\/p>\n
Ante esta realidad, el memorialista, seg\u00fan se indic\u00f3, opt\u00f3 por reiterar los argumentos de la apelaci\u00f3n, sin tener en cuenta los especiales requerimientos del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed, por ejemplo, se\u00f1al\u00f3 que \u201cexiste duda de si el se\u00f1or Salvador colocaba ordinariamente alguna r\u00fabrica en los documentos que suscrib\u00eda, no obstante la Fiscal\u00eda, tom\u00f3 las muestras escriturales de documentos aportados por la denunciante quien demostrado est\u00e1, hab\u00eda hecho manifestaciones contrarias a la realidad\u2026\u201d. <\/p>\n
Al respecto, no tuvo en cuenta lo expuesto por el Tribunal acerca de la autenticidad de las muestras indubitadas, derivada de la correcta aplicaci\u00f3n de los protocolos de cadena de custodia, as\u00ed como de lo expuesto por la denunciante sobre las caracter\u00edsticas de las graf\u00edas de su progenitor. Tampoco se refiri\u00f3 a los plurales argumentos que soportan la conclusi\u00f3n del fallador de segundo grado sobre la verosimilitud de este testimonio. <\/p>\n
En la misma l\u00ednea, reiter\u00f3 que \u201cnunca se realiz\u00f3 una prueba grafol\u00f3gica respecto a la se\u00f1ora Blascina Mac\u00edas de Cadavid (madre de la procesada) y a la denunciada BEATARIZ HELENA CADAVID MAC\u00cdAS, a efectos de determinar si alguna de ellas impone la r\u00fabrica del poderdante, lo que dar\u00eda un verdadero sustento a la acusaci\u00f3n formulada\u201d. <\/p>\n
Seguidamente apunt\u00f3 que: <\/p>\n
Este tipo de argumentos no pueden tenerse como sustentaci\u00f3n adecuada del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, entre otras cosas porque el censor: (i) se limita a cuestionar la actividad investigativa de la Fiscal\u00eda; (ii) no tuvo en cuenta las razones expuestas por el Tribunal para concluir que la falsedad del poder se acredit\u00f3 a plenitud; y (iii) no explica el yerro en el que incurrieron los juzgadores y, mucho menos, su trascendencia a la luz del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Del mismo nivel es lo que sostiene en el sentido de que el ciudadano suplantado no impugn\u00f3 el documento en menci\u00f3n, a pesar de que transcurrieron alrededor de 4 a\u00f1os entre la falsificaci\u00f3n y su fallecimiento. De nuevo, el memorialista elude las razones expuestas por el Tribunal, omiti\u00f3 precisar en qu\u00e9 consisti\u00f3 el yerro, as\u00ed como la explicaci\u00f3n de su trascendencia. <\/p>\n
Al respecto, en el fallo cuestionado se explic\u00f3 que el principal efecto de la falsificaci\u00f3n de la firma es que la persona suplantada no se enter\u00f3 de la creaci\u00f3n del documento, por lo que es entendible que nunca lo hubiera impugnado, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que pr\u00e1cticamente no ten\u00eda relaci\u00f3n con el inmueble adquirido por la procesada y que desde hac\u00eda varios a\u00f1os hab\u00eda perdido contacto con su esposa. <\/p>\n
Bajo la misma metodolog\u00eda, esto es, emitiendo su opini\u00f3n sobre la valoraci\u00f3n de las pruebas, sin tener en cuenta las razones expuestas por los juzgadores, el impugnante hizo alusi\u00f3n al testimonio de Antonio S\u00e1nchez Marriaga, para resaltar que, seg\u00fan este, la denunciante siempre tuvo conocimiento del tr\u00e1mite que estaban adelantando la procesada y su progenitora. Este testimonio fue desestimado por el Tribunal por m\u00faltiples razones, entre ellas, que no resulta cre\u00edble que tantas personas hayan acudido a adelantar el tr\u00e1mite de solicitud y aprobaci\u00f3n del cr\u00e9dito, m\u00e1xime aquellas que no ten\u00edan nada que ver con el mismo. El censor no dedic\u00f3 una sola l\u00ednea a explicar por qu\u00e9 los razonamientos de los juzgadores son contrarios a la sana cr\u00edtica, ni expone alguna otra raz\u00f3n para concluir que incurrieron en un error que deba corregirse en el \u00e1mbito del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Y remat\u00f3: <\/p>\n
En suma, tal y como se indic\u00f3 en la primera parte de este apartado, el Juzgado y el Tribunal expusieron los fundamentos de la condena. El Tribunal se refiri\u00f3 ampliamente a los motivos de disenso expuestos en la apelaci\u00f3n que, en esencia, coinciden con los ventilados por el defensor en la demanda de casaci\u00f3n. Ante esa realidad, el impugnante se limit\u00f3 a emitir algunas opiniones sobre la valoraci\u00f3n de la prueba, sin precisar los yerros en que incurrieron los juzgadores, su trascendencia, ni por qu\u00e9 los mismos deben ser corregidos por la Corte en sede del recurso extraordinario. <\/p>\n
Por \u00faltimo, de la revisi\u00f3n del expediente no se advierte la vulneraci\u00f3n de alguna garant\u00eda fundamental que amerite el ejercicio de las facultades oficiosas de la Corte y la lleve a pronunciarse en camino a su protecci\u00f3n. <\/p>\n
Como puede verse, la autoridad reprochada inadmiti\u00f3 el libelo presentado por la gestora por circunstancias objetivas que, adem\u00e1s, tienen sustento en el inciso segundo del art\u00edculo 148 de la Ley 906, seg\u00fan la cual: <\/p>\n
No ser\u00e1 seleccionada, por auto debidamente motivado que admite recurso de insistencia presentado por alguno de los magistrados de la Sala o por el Ministerio P\u00fablico, la demanda que se encuentre en cualquiera de los siguientes supuestos: Si el demandante carece de inter\u00e9s, prescinde de se\u00f1alar la causal, no desarrolla los cargos de sustentaci\u00f3n o cuando de su contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir algunas de las finalidades del recurso (se enfatiza). <\/p>\n
<\/p>\n
Y es que, si la impulsora denunci\u00f3 que el fallador de segunda instancia incurri\u00f3 en errores en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, a efectos de desahogar el deber de \u00abdesarrollar los cargos de sustentaci\u00f3n\u00bb, estaba llamada a revelar los desafueros cometidos por el enjuiciador al valorar los medios de convicci\u00f3n que tuvo en cuenta para sostener que la actora falsific\u00f3 un poder que le permiti\u00f3 hacerse al dominio de un predio, y c\u00f3mo a partir de ellos quedaba descartada su responsabilidad como coautora de los punibles que se la atribuyeron. Es decir, no bastaba, como lo pretende, traer un discurso en el que expusiera nuevamente los argumentos esbozados en la alzada contra la directriz del Juzgado Cuarenta y Uno del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento, sino que deb\u00eda controvertir los supuestos que tuvo por demostrados el juzgador para sentenciar como lo hizo. No de otra manera podr\u00eda desvirtuar la presunci\u00f3n de acierto y legalidad de que est\u00e1 revestido el acto jurisdiccional controvertido. <\/p>\n
En ese sentido la Sala hom\u00f3loga penal ha indicado que: <\/p>\n
Tambi\u00e9n es oportuno recordar que cualquiera que sea la causal invocada, la demanda de casaci\u00f3n no es un escrito de libre elaboraci\u00f3n en tanto debe cumplir con los requisitos establecidos en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, esto es, en esencia, citar las normas que se consideren infringidas, determinar la clase de quebrantamiento, indicar los fundamentos completos con claridad, precisi\u00f3n y l\u00f3gica, en armon\u00eda con la naturaleza del vicio reprochado, adem\u00e1s de demostrar la trascendencia del yerro en la decisi\u00f3n, as\u00ed como sustentar en cargos separados cada uno de los reparos de los que se acusa a la sentencia de segunda instancia. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En efecto, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n fue instituido como medio de control constitucional y legal de las sentencias de segunda instancia dictadas por los Tribunales Superiores y, como lo determina el art\u00edculo 180 de la Ley 906 de 2004, su finalidad es \u00abla efectividad del derecho material, el respeto de las garant\u00edas de los intervinientes, la reparaci\u00f3n de los agravios inferidos y la unificaci\u00f3n de la jurisprudencia\u00bb. <\/p>\n
Las caracter\u00edsticas del recurso determinan la elaboraci\u00f3n de una demanda bajo los criterios t\u00e9cnicos decantados por la jurisprudencia, identificando claramente la causal o causales invocadas y efectuando un desarrollo argumentativo l\u00f3gico y coherente, que corresponda con los motivos y el sentido de la violaci\u00f3n invocada, as\u00ed como la clara demostraci\u00f3n de la necesidad de un nuevo fallo con el que se logre concretar alguna de las finalidades del recurso. Por ende, es un recurso rogado e interpuesto frente una sentencia que goza de la doble presunci\u00f3n de acierto y legalidad, respecto del cual el accionar de la Corte est\u00e1 limitado, en principio, s\u00f3lo a las causales alegadas por el demandante. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte reiteradamente ha se\u00f1alado que los errores que se pueden materializar cuando se trata del an\u00e1lisis probatorio, son de hecho o de derecho. Los primeros ocurren al desconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica por incurrir en falsos juicios de existencia, de identidad o raciocinio. <\/p>\n
El falso juicio de existencia se presenta cuando el juzgador ignora una prueba que existe materialmente en el proceso (error de existencia por omisi\u00f3n) o cuando no estando presente en la actuaci\u00f3n la supone (error de existencia por suposici\u00f3n). En el falso juicio de identidad, por su parte, el juez s\u00ed tiene en cuenta la prueba, pero en la apreciaci\u00f3n le recorta o suprime aspectos fundamentales (error de identidad por cercenamiento), le agrega aspectos o circunstancias que no corresponden con el texto (error de identidad por adici\u00f3n), o le cambia el significado a la literalidad de la expresi\u00f3n (error por distorsi\u00f3n o tergiversaci\u00f3n). El falso raciocinio ocurre cuando el funcionario judicial se aparta, al momento de apreciar los medios de convicci\u00f3n, de los principios de la sana cr\u00edtica, es decir, de los postulados de la l\u00f3gica, las leyes de la ciencia o de las m\u00e1ximas de la experiencia (se enfatiza, CSJ AP2987-2021). <\/p>\n
Ahora, que en criterio de la impulsora la narraci\u00f3n expuesta en la demanda bastara para estructura el cargo que propuso, no es raz\u00f3n para desconocer lo objetado, porque, como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n, <\/p>\n
La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo constitucional porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional (CSJ STC20888-2017). <\/p>\n
3.- En conclusi\u00f3n, el amparo implorado deviene inf\u00e9rtil por falta del requisito de subsidiariedad y la razonabilidad de la resoluci\u00f3n combatida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Beatriz Helena Cadavid Mac\u00edas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC11656-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC11656-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-03110-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Se resuelve la acci\u00f3n de tutela que Beatriz Helena Cadavid Mac\u00edas le […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57409","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57409","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57409"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57409\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57409"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57409"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57409"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}